Una de las discusiones más intensas de la última sesión del Concejo Deliberante de Catriel se produjo durante el tratamiento de un proyecto de la oposición pidiendo que se realicen audiencias públicas antes de desafectar reservas fiscales. La propuesta finalmente fue rechazada por mayoría, con 6 votos negativos (cinco del oficialismo y uno la Banca del Pueblo) y 2 positivos (oposición), luego de un extenso intercambio entre oficialismo, oposición y representantes barriales.
El debate se centró en la aplicación del artículo 284 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la realización de audiencias públicas previas para aquellas ordenanzas que requieren mayoría especial.
La concejal Elizabeth Cofré, de Primero Río Negro (PRN), abrió la discusión al señalar que existen “irregularidades por omisiones y errores” en el funcionamiento legislativo. Sostuvo que el Concejo no estaría aplicando mecanismos previstos por la Carta Orgánica y afirmó que las audiencias públicas son un requisito fundamental para garantizar transparencia en decisiones sensibles.
Según expresó, incluso proyectos que la oposición acompañó anteriormente habrían sido aprobados sin cumplir ese procedimiento. “Tenemos que demostrar que lo que está en la ley se cumple”, planteó.
Desde el oficialismo respondió Carolina Piris (FAVC), quien aseguró que su espacio también defiende la transparencia, aunque advirtió que el proyecto requería un análisis más profundo y eventualmente asesoramiento constitucional.
Piris sostuvo que la legitimidad también se construye con las mayorías especiales exigidas por la normativa vigente. Remarcó que toda iniciativa relevante que necesite 6 de 8 votos positivos ya cuenta con un estándar institucional reforzado.
Además, cuestionó la postura opositora al afirmar que se intenta instalar que la audiencia pública es el único camino de participación ciudadana. En ese sentido, defendió la Banca del Pueblo como herramienta de representación vecinal a través de las juntas barriales.
“La búsqueda de transparencia no puede transformarse en una forma de entorpecer el acceso a la tierra de los vecinos”, sostuvo la edil, en referencia a los expedientes de tierras tratados en la misma sesión.
ART. 284 – AUDIENCIA PÚBLICA:
Aquellas ordenanzas, para cuya sanción esta Carta Orgánica exija una mayoría
especial, no podrán ser tratadas sobre tablas y estarán sujetas en su trámite, al
mecanismo de consideración en audiencia pública, con una antelación de no menos
de cuarenta y ocho (48) horas a su tratamiento por las comisiones del Concejo
Deliberante. En tales supuestos, la Cámara difundirá previamente la convocatoria por
todos los medios a su alcance.
En las audiencias, los vecinos e instituciones podrán expresar ante los
concejales, sus opiniones y propuestas en relación a las ordenanzas a tratar.
Luego tomó la palabra Juana Cárdenas (JSRN), quien respondió que si no se respetan los pasos establecidos por la Carta Orgánica, las normas carecen de legitimidad formal. Recordó que el artículo 284 no se limita a las reservas fiscales, sino a toda ordenanza que requiera mayoría especial.
También remarcó que la audiencia pública no implica una demora indefinida, ya que la norma fija una anticipación mínima de 48 horas. “Es grave desconocer un artículo de la Carta Orgánica. Si no tenemos en cuenta esto como base de nuestro trabajo, el Concejo está en problemas”, señaló.
En una segunda intervención, Cofré endureció el tono y afirmó que no se trata de incorporar nuevas exigencias, sino de cumplir una norma ya vigente. Señaló que el Concejo debe actuar como custodio de las leyes locales y advirtió sobre posibles consecuencias institucionales de aprobar ordenanzas sin respetar el procedimiento previsto.
Piris volvió a responder y recordó que la figura de la audiencia pública ya existía en la Carta Orgánica de 1991. Según indicó, durante distintos períodos también se aprobaron desafectaciones sin ese mecanismo, incluso con participación de sectores hoy opositores.
En la misma línea, Gonzalo Gerez consideró que el planteo tenía un trasfondo político. Señaló que el municipio debe priorizar soluciones habitacionales y evitar trabas administrativas que perjudiquen a vecinos con urgencia de acceso a la tierra.
Uno de los momentos más sensibles llegó con la intervención de Verónica Gattas, quien cuestionó los tiempos con los que se remiten expedientes a las juntas vecinales. Según manifestó, muchas veces reciben los proyectos el mismo día de la reunión o apenas un día antes, lo que dificulta consultar a los vecinos.
Gattas sostuvo que una audiencia pública podría aportar tiempo adicional para escuchar opiniones barriales antes de votar temas sensibles.
Finalmente, el proyecto fue rechazado y el debate dejó expuesta una diferencia de fondo dentro del Concejo: si la prioridad debe estar en agilizar decisiones políticas o en reforzar los mecanismos formales de participación y control previstos por la Carta Orgánica.
