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La Unidad Procesal N° 11 de Cipolletti resolvió que un vecino de Catriel deberá destinar el 35% de su salario mensual para cubrir los gastos de sus tres hijos menores, que viven con su madre. La jueza María Gabriela Lapuente dictó la sentencia el 21 de octubre de 2025, luego de que la madre presentara una demanda por alimentos.

Según el fallo, el trabajador —empleado en relación de dependencia— deberá pagar la cuota por descuento directo de haberes, entre el 1 y el 10 de cada mes, además de la mitad de los gastos extraordinarios, como salud, educación o actividades deportivas, y todas las asignaciones familiares que perciba.

La resolución fija que el aporte comenzará a contarse desde noviembre de 2024, fecha en que el hombre fue notificado formalmente del reclamo, por lo que también deberá regularizar la deuda acumulada con los intereses correspondientes.

Durante el proceso, la madre detalló los gastos escolares, médicos y deportivos de los chicos, y explicó que asume sola el cuidado diario. El padre, por su parte, había ofrecido un 30% de sus ingresos y sostuvo que colabora con otros gastos, como indumentaria y obra social.

La jueza consideró que el 35% era un monto “razonable y acorde” a las necesidades de los niños y a los ingresos del alimentante, estimados en 1,29 millones de pesos mensuales, según los recibos de sueldo incorporados al expediente.

El tribunal también ordenó a la empresa empleadora que retenga ese porcentaje del salario y lo deposite en la cuenta judicial correspondiente. Además, impuso las costas del juicio al padre y reguló los honorarios profesionales de las abogadas de ambas partes en $1.708.338,60 cada una.

La sentencia puede ser apelada, aunque una vez firme, la cuota alimentaria se mantendrá vigente de forma automática y se ajustará junto con los aumentos salariales.

El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9 de Cipolletti resolvió el 21 de julio de 2025 rechazar la demanda por daños y perjuicios iniciada dos vecinos contra la Municipalidad de Catriel. Según el fallo, los vecinos circulaban de noche en un cuatriciclo no habilitado para transitar por la vía pública, lo que constituyó culpa de las víctimas del accidente y eximió de responsabilidad al municipio.

La resolución, dictada por el juez Mauro Marinucci, ordenó que los gastos del proceso sean asumidos por los demandantes y fijó una base regulatoria de $19.003.425,96 para calcular los honorarios. El fallo es de primera instancia y aún no se encuentra firme.

El caso se originó por un accidente ocurrido el 24 de noviembre de 2014 sobre la calle Roque Sáenz Peña, en Catriel. Los actores aseguraron que fueron sorprendidos por un lomo de burro sin señalización y de gran tamaño, lo que provocó que perdieran el control del vehículo y sufrieran lesiones. En su reclamo exigieron $2.626.647,36 en concepto de daño físico, moral, estético y gastos médicos.

Sin embargo, el tribunal determinó que el cuatriciclo Yamaha utilizado carecía de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) exigida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Resolución 108/2003. En el título del rodado figuraba expresamente la leyenda “vehículo no apto para circular en la vía pública”.

Para el juez, este dato fue clave: “Fueron los propios actores quienes asumieron el riesgo de conducir por la vía pública un vehículo no autorizado para ello”, señala la sentencia. Por esa razón, el tribunal entendió que no podía atribuirse responsabilidad alguna al municipio.

La pericia accidentológica incorporada al expediente describió la calle como recta, de ripio y con iluminación artificial, y constató la existencia de carteles que advierten la presencia de reductores de velocidad. El especialista indicó que no pudo determinar la mecánica del hecho ni el punto exacto del siniestro por falta de documentación, como fotografías o intervención policial.

El juzgado concluyó que “no se acreditó con la suficiencia requerida que el lomo de burro fuera antirreglamentario o carente de señalización”, motivo por el cual rechazó la demanda en su totalidad.

En materia de costas y honorarios, el fallo aplicó el principio objetivo de la derrota, según el cual quien pierde el juicio debe asumir los gastos. Se estableció una base de $19.003.425,96 —que incluye intereses— y se reguló $1.330.239,81 a las abogadas de la parte actora y $314.805 a cada uno de los peritos intervinientes.

La sentencia puede ser apelada ante la Cámara de Apelaciones. Si queda firme, los demandantes deberán afrontar la totalidad de los costos. Más allá del caso puntual, el fallo vuelve a poner en debate el uso de cuatriciclos en zonas urbanas y la necesidad de señalización adecuada en reductores de velocidad, especialmente en calles de ripio.

El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9 de Cipolletti, a cargo del juez Mauro Marinucci, resolvió condenar al conductor, a la titular registral, a la empresa petrolera y a la aseguradora La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la víctimauna indemnización total de $113.549.976,52. La sentencia, dictada el 1° de octubre de 2025, es definitiva en primera instancia.

El fallo determinó que el conductor, quien manejaba una camioneta Toyota Hilux de la empresa petrolera, no cedió el paso y provocó el accidente ocurrido el 14 de febrero de 2018 en la intersección de Avenida Rawson y calle Pico Truncado, en la ciudad de Catriel. La víctima, que circulaba en motocicleta, sufrió lesiones severas: fractura de muñeca izquierda, traumatismo de cráneo y múltiples contusiones, que derivaron en una incapacidad permanente del 30%.

Según el expediente, el vehículo conducido por el hombre se encontraba al servicio de una SRL, y su aseguradora, mantenía vigente una póliza de responsabilidad civil por hasta $6 millones. No obstante, la sentencia aplicó la Doctrina Legal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (fallo “Levian”), que ajusta los límites de cobertura al valor vigente del seguro automotor obligatorio, fijado en $160 millones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El fallo calificó el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo creado, establecido en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las pericias accidentológica y médica fueron determinantes: confirmaron que la camioneta invadió el carril de circulación de la motociclista, obstruyendo su paso y generando una colisión perpendicular.

La víctima estuvo internada una semana y debió ser operada dos veces, luego de que su cuerpo rechazara el material quirúrgico implantado. La pericia médica determinó que padece limitación funcional permanente en la muñeca y dolor crónico, con impacto en sus actividades laborales y cotidianas.

El tribunal fijó $62,7 millones por incapacidad física, $7 millones por daño moral (actualizados a $10,9 millones con intereses), $1,3 millones por tratamiento psicológico y $180.000 por gastos médicos. El rubro por reparación del motovehículo fue desestimado por falta de prueba.

La sentencia impuso además las costas del proceso a los demandados y a la aseguradora, y reguló honorarios profesionales y periciales por más de $18 millones para la representación de la actora.

De acuerdo con la resolución, los responsables deberán abonar el monto total en un plazo de diez días, más los intereses previstos por la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia en los precedentes “Jerez”, “Guichaqueo” y “Fleitas”.

El fallo podrá ser apelado ante la Cámara de Apelaciones. En caso de quedar firme, representará una de las indemnizaciones judiciales más altas dictadas en la región en materia de accidentes de tránsito urbanos con participación de empresas de servicios petroleros.