La situación de la salud pública en Río Negro atraviesa una de sus peores crisis, marcada por deficiencias en la infraestructura, falta de insumos, renuncias de profesionales y riesgos laborales que exponen a trabajadores y pacientes a situaciones extremas. Un ejemplo reciente que refleja este estado de precarización es el fallo judicial que determinó la indemnización para una enfermera de Viedma, quien sufrió graves quemaduras tras la explosión de una salita de salud debido a una fuga de gas. El hecho, que evidenció la falta de mantenimiento en las instalaciones, dejó a la trabajadora con secuelas físicas y psicológicas permanentes, resaltando las condiciones de riesgo a las que están expuestos los trabajadores de la salud.
La renuncia de la ministra de Salud, Ana Senesi, y la interinidad de la cartera en manos del Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, no hacen más que profundizar la incertidumbre. Senesi dejó su cargo en medio de conflictos laborales y demandas insatisfechas del personal hospitalario, que reclama mejores condiciones laborales y salariales. Su salida se suma a un gabinete que se encuentra en plena reestructuración y que enfrenta el desafío de encontrar un liderazgo capaz de afrontar la grave crisis sanitaria que atraviesa la provincia.
En paralelo, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) expresaron su preocupación por la ausencia de una conducción clara y por la falta de recursos económicos suficientes para garantizar la atención médica adecuada. Los gremios advierten sobre la necesidad urgente de una respuesta económica y política que permita revertir la situación, especialmente en un momento en el que se están discutiendo reformas legales que podrían afectar aún más los derechos de los trabajadores de la salud.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, subrayó que el número creciente de reclamos se debe a que los gobiernos provinciales dieron aumentos salariales muy por debajo de la inflación, con una pauta del 5% mensual que está lejos de las necesidades reales. Boriotti advirtió que estas políticas salariales, alineadas con la estrategia del gobierno nacional de ofrecer aumentos insignificantes del 2% en septiembre y 1% en octubre, están profundizando el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la salud. La dirigente anticipó que el próximo lunes 9 de septiembre, el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA se reunirá para evaluar la situación y definir posibles medidas de apoyo a las luchas provinciales.
Un informe reciente del Ministerio de Salud de Río Negro detalla el deterioro del sistema hospitalario. A pesar de que las autoridades aseguran una respuesta «ininterrumpida y continua» en los hospitales, los datos muestran una realidad distinta: problemas de infraestructura no resueltos, equipamiento médico en mal estado, y un parque automotor obsoleto que incluye ambulancias con más de dos décadas de uso. Además, las deudas con prestadores externos, que alcanzan los 4.026 millones de pesos, ponen en evidencia la falta de recursos para cubrir la atención básica de los pacientes.
El éxodo de médicos del sistema público agrava aún más el panorama. Profesionales de especialidades críticas como ginecología, pediatría y clínica médica están abandonando sus puestos en los hospitales públicos para trasladarse al sector privado, donde encuentran mejores condiciones laborales y salarios más competitivos. Este éxodo no solo implica una pérdida de recursos humanos clave, sino que también genera un vacío en la atención médica que difícilmente puede ser cubierto. Los profesionales que aún permanecen en el sistema denuncian la falta de incentivos para atraer y retener médicos, y advierten que, de seguir así, muchos servicios podrían desaparecer en los próximos años.
La situación plantea un escenario de alta complejidad. Por un lado, la falta de liderazgo en el Ministerio de Salud y la ausencia de un plan claro dificultan la implementación de medidas que puedan revertir la crisis. Por otro, la constante tensión con los gremios y la carencia de recursos económicos suficientes limitan la capacidad del gobierno provincial para responder de manera efectiva a las demandas del sector. En términos de probabilidad, la continuidad de la crisis es el escenario más previsible si no se producen cambios sustanciales en la gestión de la salud pública en Río Negro.
La interpelación a la sociedad es inevitable. La pregunta que surge es hasta cuándo la comunidad rionegrina puede tolerar un sistema de salud que no garantiza condiciones mínimas de seguridad y calidad en la atención. La precarización no solo afecta a los trabajadores, que día a día enfrentan riesgos y cargas laborales insostenibles, sino también a los pacientes, que se ven privados de una atención digna y accesible. Es una necesidad exigir respuestas concretas y construir un sistema de salud que priorice el bienestar de toda la comunidad, con políticas públicas que pongan a la salud como un derecho esencial y no como una promesa incumplida.
