El Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó, por mayoría, el planteo presentado por la defensa de Alberto Alfredo Ariaudo, expresidente del Concejo Deliberante de Catriel, y mantuvo la validez del proceso penal que lo tiene imputado por amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego.
La resolución descartó el pedido de nulidad de la detención, de la audiencia de formulación de cargos y de los actos posteriores. En términos simples, el tribunal entendió que el trámite penal iniciado contra Ariaudo sigue en pie y que no correspondía anular lo actuado por el planteo formulado por su defensa.
El caso suma un nuevo capítulo a una causa de alto impacto político e institucional en Catriel. VientoSur ya había informado que la Justicia imputó al entonces presidente del Concejo Deliberante por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego, y que luego se extendieron las medidas cautelares contra Ariaudo hasta el juicio.
El planteo por los fueros municipales
El eje de la nueva discusión fue institucional y jurídico: la defensa sostuvo que Ariaudo, al momento de los hechos investigados, ejercía la presidencia del Concejo Deliberante de Catriel y contaba con una protección constitucional que impedía su detención sin un desafuero previo.
Según esa postura, la detención habría sido inválida y, como consecuencia, también debían caer otros actos posteriores, entre ellos el secuestro del teléfono celular, los allanamientos, la audiencia de formulación de cargos y la renuncia al cargo municipal.
Ese punto no es menor. En marzo de este año, Ariaudo también pidió volver a la presidencia del Concejo Deliberante y reclamó la nulidad de su renuncia, con un argumento similar: sostuvo que había dimitido bajo coerción, mientras estaba detenido y con sus fueros vulnerados.
La mayoría del Tribunal de Impugnación no hizo lugar a ese planteo. El voto mayoritario sostuvo que la Constitución de Río Negro reconoce a las autoridades municipales una inmunidad funcional por las opiniones o votos emitidos en el desempeño del mandato, pero no una inmunidad de arresto equivalente a la que tienen los legisladores provinciales.
Ese punto es clave para entender el alcance de la resolución. No es la primera vez que la Justicia rionegrina analiza los fueros municipales, pero el caso Ariaudo puede leerse como un antecedente relevante y actual porque el Tribunal de Impugnación rechazó aplicar esa protección como una inmunidad de arresto equiparable a la de legisladores provinciales o nacionales.
Para la mayoría del tribunal, los hechos atribuidos a Ariaudo —amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego— no están comprendidos dentro de la protección constitucional vinculada a opiniones o votos en el ejercicio deliberativo.
La causa se originó por hechos que, según la acusación fiscal, habrían ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2025. Entre ellos, se mencionan mensajes de contenido amenazante dirigidos a personas vinculadas con el ámbito municipal.
También forma parte de la acusación que Ariaudo, en la sede del Concejo Deliberante, habría portado un arma de fuego tipo revólver sin autorización legal y la habría exhibido ante una cámara de seguridad interna de manera intimidante hacia la intendenta de Catriel.
Esos hechos integran la acusación y todavía deben ser discutidos en el proceso penal. El rechazo de la impugnación no implica una condena ni una declaración de culpabilidad, sino que mantiene la validez del camino judicial iniciado.
La fiscalía defendió la legalidad de la detención. Según esa postura, la orden se dictó en un contexto de riesgo, después de hechos que incluían amenazas y la presunta exhibición de un arma. También señaló que Ariaudo se presentó en una comisaría y que allí se cumplió la orden de detención.
La querella acompañó esa posición y sostuvo que no se acreditó una amenaza concreta que invalidara la voluntad expresada por Ariaudo respecto de su renuncia al cargo.
Sobre ese punto, la mayoría del tribunal remarcó que Ariaudo contó con asistencia de su defensa durante la audiencia de formulación de cargos. El fallo citó el intercambio mantenido ante la jueza y señaló que la decisión se expresó en ese acto con asesoramiento profesional.
La resolución tiene impacto institucional en Catriel porque vuelve a poner bajo análisis los límites de la protección constitucional de autoridades municipales frente a una investigación penal. Para la mayoría del tribunal, esa protección no alcanza a hechos comunes atribuidos fuera del ejercicio específico de votar u opinar como representante público.
El expediente también se inscribe en una crisis política que modificó la dinámica interna del Legislativo local. Tras la renuncia de Ariaudo, el Concejo Deliberante tuvo que reorganizar su conducción, en un proceso que VientoSur reflejó en la nota Crisis institucional en Catriel: los cambios en el Concejo.
El caso sigue siendo uno de los expedientes más sensibles de la política local reciente. Involucra al expresidente del Concejo Deliberante, hechos presuntamente ocurridos en ámbitos municipales y una acusación que derivó en medidas cautelares, renuncia al cargo y continuidad del proceso penal.
Con esta decisión, la defensa no logró frenar el avance de la causa por la vía de la nulidad. Lo que resta ahora es que el expediente continúe su recorrido judicial, con los hechos todavía bajo discusión y sin una sentencia de culpabilidad.
