Durante cinco días intensos, del 9 al 13 de julio, la ciudad de Rosario fue sede del 70° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa. En el predio ferial del Parque Independencia, se congregaron los mejores talentos del país en las categorías Menores y Todo Competidor. La delegación de Catriel volvió a destacar, reafirmando una trayectoria de más de una década en lo más alto del deporte nacional.
Ignacio Serra y Santiago Serra compitieron en cuatro modalidades. Juntos obtuvieron medalla de plata en Dobles Sub 19 y medalla de bronce en Equipos Sub 19. En individual, Ignacio se colgó el bronce en Sub 15 y llegó hasta los octavos de final en Sub 17. Santiago, por su parte, alcanzó los dieciseisavos de final en Sub 19 y los cuartos en Sub 23.
Manu Pereyra también aportó al medallero local con una destacada actuación en Sub 19, donde logró el tercer puesto. En la categoría Todo Competidor (Mayores), no logró avanzar de la zona Top.
Completaron la participación Priscila Jara, quien quedó fuera en la zona de equipos Sub 19, y Franco De Renzis (Cipolletti), que compitió en Sub 23 y Mayores, cayendo en fase de grupos.
El entrenador valoró el rendimiento general: “Una vez más, los representantes catrielenses están en un gran nivel deportivo, como lo vienen demostrando desde hace más de diez años”. También destacó el presente de Ignacio Serra, quien regresó al podio nacional después de tres años, y la continuidad competitiva de Manu Pereyra, quien ya acumula 9 medallas nacionales, entre ellas seis de oro.
Con cada torneo, la escuela catrielense de tenis de mesa confirma su proyección y compromiso con el alto rendimiento, dejando el nombre de la ciudad en lo más alto del deporte argentino.
Este jueves 11 de julio se realizó en Catriel una nueva audiencia judicial en el marco de la causa contra Alberto Ariaudo, expresidente del Concejo Deliberante local, imputado por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego. La investigación se encuentra cerrada y, según informó el fiscal jefe Gustavo Herrera, ya fue solicitada la elevación a juicio.
Durante la audiencia, Herrera repasó los hechos que motivaron la acusación y solicitó la prórroga de las medidas cautelares impuestas, argumentando que aún era necesario preservar la integridad del proceso hasta la realización del juicio. Indicó que está prevista una audiencia de control para el próximo 21 de julio y pidió que las restricciones se mantengan por cuatro meses más o hasta la realización del juicio.
El abogado de la intendenta Daniela Salzotto, querellante en la causa, adhirió al pedido fiscal.
Por su parte, el defensor de Ariaudo, doctor Pablo Barrionuevo, se opuso a la prórroga, señalando que su cliente cumplió con todas las condiciones impuestas y que las medidas habían sido establecidas para garantizar una correcta investigación, ya finalizada. Propuso el retiro del dispositivo de monitoreo electrónico y una reducción del radio de prohibición de acercamiento, manteniendo la restricción de contacto con víctimas y testigos.
El juez Juan Puntel resolvió mantener las medidas cautelares por otros cuatro meses, argumentando que, si bien comprendía el impacto que generan en una ciudad pequeña como Catriel, era necesario garantizar la protección de las partes involucradas y preservar la validez del proceso ante la gravedad de las acusaciones, que involucran amenazas, coacción y la exhibición de un arma de fuego en espacios institucionales.
Barrionuevo solicitó la reserva de impugnación al cierre de la audiencia.
La Ruta Nacional 151, clave para el tránsito hacia Vaca Muerta y la conexión entre provincias, atraviesa uno de sus peores momentos. La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, volvió a denunciar el «abandono total» de esta vía, por donde circulan a diario trabajadores petroleros, ambulancias, vecinos y turistas. «Intransitable, rota, olvidada», describió.
«Desde hace años vengo reclamando por esta situación: como concejal, como legisladora y ahora como intendenta. No es un reclamo nuevo. Lo que sigue siendo nuevo es la indiferencia de los gobiernos nacionales responsables de esta ruta», expresó. Ante la falta de respuestas, el municipio decidió intervenir con fondos propios: «Nos hacemos cargo de lo que no nos corresponde, porque no podemos seguir esperando mientras se pone en riesgo la vida de nuestra comunidad», sostuvo.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que “la Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta” en toda la región. “Hay un mínimo o nulo mantenimiento. El pavimento ha cumplido su vida útil y hay ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad, lo que la hace extremadamente peligrosa”, advirtió.
La situación de la ruta no solo afecta la seguridad vial, sino que obstaculiza el acceso a la salud, la educación y golpea la economía regional. Por ello, Río Negro presentó un amparo judicial colectivo, acompañado por municipios e instituciones, para que el Estado nacional asuma su responsabilidad en el mantenimiento de este corredor vital.
Mientras tanto, la comunidad sigue enfrentando los efectos concretos del abandono: desmejoras en la calidad de vida, riesgos diarios y una infraestructura que no acompaña el crecimiento ni las exigencias del polo energético que la ciudad representa.
Una vecina de Catriel fue protagonista involuntaria de un choque en cadena ocurrido este jueves cerca de las 17 horas en la Ruta Nacional 151, a la altura del corralón Carlos Isla, en la ciudad de Cipolletti. El hecho generó importantes demoras en la circulación vehicular en plena hora pico.
Según informaron fuentes de la Policía de Río Negro, el siniestro se desencadenó cuando una Toyota Hilux roja, conducida por un hombre de 39 años domiciliado en Cinco Saltos, no advirtió que los vehículos estaban detenidos por el semáforo y colisionó desde atrás a otra Hilux gris, manejada por una mujer de 38 años oriunda de Catriel.
El impacto alcanzó también a un tercer vehículo, un Volkswagen Gol negro, que era conducido por un hombre de 50 años con domicilio en General Roca.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizó los controles de alcoholemia a los tres conductores, los cuales resultaron negativos.
Agentes de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y despejar la vía, que sufrió importantes demoras. Las autoridades recomendaron a quienes transitan por la zona hacerlo con extrema precaución o buscar rutas alternativas.
El hecho vuelve a poner el foco sobre la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los tramos más transitados del Alto Valle.
La edición 2025 de la Doble Apolo Raid Adventure volvió a reunir a cientos de corredores y corredoras en el desafiante circuito de Paso Córdoba, en Roca. En su 16ª edición, la tradicional competencia de trail run contó con la participación de más de 1.100 atletas de ocho provincias, y entre ellos se destacó el desempeño de Maira Mardones, de Catriel, quien logró subirse al podio en la general femenina de los 28 kilómetros.
Mardones completó el recorrido en 2 horas, 25 minutos y 11 segundos, ubicándose en el tercer lugar detrás de la neuquina Mia Pan —ganadora de la prueba con 2:23:13— y de la roquense Belén Sepúlveda (2:24:07). De esta manera, fue la mejor representante rionegrina en la distancia principal y una de las protagonistas destacadas de la jornada.
La Doble Apolo es una de las carreras más convocantes de la Patagonia, y combina terrenos técnicos, subidas exigentes y tramos de alta velocidad. Este año atrajo a competidores de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
En la rama masculina, el allense Ignacio “Nacho” Reyes se coronó bicampeón al cruzar la meta en 1:51:36, mejorando su propia marca del año anterior. El podio se completó con Ramiro Alias (1:57:15), de Neuquén, y Silvio Coraza (1:59:08), de Maquinchao.
La actuación de Maira Mardones consolida su presencia en el circuito regional de carreras de montaña y pone a Catriel nuevamente en escena deportiva a nivel provincial y patagónico.
Una vecina de Catriel denunció en redes sociales el robo de la bicicleta de su hijo, ocurrida recientemente en calle Puerto Príncipe, en el barrio Preiss. El rodado, que estaba pinchado, había quedado estacionado en la vía pública. Según relató Alejandra Ávila, se trata del único medio que su hijo tiene para ir a la escuela.
“La dejó porque estaba pinchada, y se la llevaron”, escribió Ávila en un mensaje en redes, apelando a la solidaridad de la comunidad para recuperar el rodado. La mujer pidió que, ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicar la bicicleta, se comuniquen con ella.
El hecho vuelve a poner en foco los robos menores que afectan a familias trabajadoras y a estudiantes que dependen de medios propios para movilizarse. En Catriel, la bicicleta no sólo representa un medio económico de transporte, sino que muchas veces es indispensable para garantizar la asistencia escolar.
Por el momento, no se informó si la denuncia fue radicada en la Comisaría local o si interviene alguna autoridad. Desde Viento Sur Noticias recordamos que los robos deben ser denunciados formalmente ante la Policía de Río Negro para su investigación y eventual recuperación de los bienes sustraídos.
Un grupo de vecinos del barrio Marini decidió acudir a la justicia tras años de padecer desbordes cloacales en calles y veredas. Denuncian que, pese a reiterados reclamos por los canales oficiales, la situación no solo no mejora sino que se agrava, afectando la calidad de vida y generando riesgos para la salud pública y el ambiente.
“Ya no sabemos qué hacer. Hicimos notas, llamados al 0800 y reclamos formales. Nadie responde. Esto es inadmisible”, señalaron en un comunicado vecinal. Los fluidos cloacales contienen gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno, metano, amoníaco y dióxido de carbono, que según advierten, pueden tener efectos graves sobre la salud.
Los vecinos apuntan tanto a Aguas Rionegrinas, empresa prestataria del servicio, como a la Municipalidad de Catriel, por su rol de contralor: “Si en mi casa algo se rompe, yo soy responsable. Acá también hay responsabilidades que no se están asumiendo”, expresaron en un comunicado.
El malestar vecinal también incluyó una mención al reciente paso del gobernador de Río Negro por la ciudad. “No creemos que no haya visto las calles desbordadas”, afirmaron, y calificaron el manejo del sistema cloacal como “perverso”.
Con este paso, los vecinos del barrio Marini suman una nueva voz a los reclamos por infraestructura básica en Catriel, exigiendo respuestas concretas antes de que la situación derive en consecuencias mayores.
En medio de un clima político cada vez más álgido, la intendenta Daniela Salzotto salió el viernes (04-07) a responder los cuestionamientos lanzados contra el proyecto aprobado por el oficialismo para exigir a los integrantes del Tribunal de Cuentas que acrediten nuevamente su idoneidad.
“Esto no es un atentado contra la democracia, como se quiere instalar. Es simplemente un pedido para que se acredite la formación y capacitación adquirida por los miembros del Tribunal en el último año y medio”, sostuvo Salzotto en conferencia de prensa. En su defensa, remarcó que cuando fueron designados los síndicos del Frente de Acción Vecinal, también debieron presentar antecedentes formativos para ser validados por la junta electoral.
Para la jefa comunal, el accionar del Tribunal ha pasado de ser un ejercicio legítimo de control a una “obstrucción sistemática” de la gestión. “Recibimos tres notas diarias. La Secretaría de Finanzas trabaja más para contestar esas observaciones que para gestionar”, aseguró. También cuestionó que miembros del Tribunal “dejaron de participar en reuniones de concursos y adjudicaciones” desde hace tres meses, y que “han trabado pagos esenciales por observaciones mínimas”.
“Yo quiero que me controlen, pero con criterio, y que me dejen gobernar. No voy a seguir pagando contadores externos ni abogados cuestionados éticamente.”
En un intento de contextualizar la medida impulsada por el bloque oficialista en el Concejo, Salzotto contrastó con la etapa anterior: “Durante 12 años no hubo este tipo de controles, y ahora quieren hacer creer que se está rompiendo la institucionalidad. Lo que se está haciendo es ordenar lo que otros dejaron en deuda”.
La intendenta señaló además que persisten rendiciones sin cerrar desde hace más de una década, lo que impide, por ejemplo, acceder a nuevos créditos provinciales. “No podemos avanzar con obras delegadas porque la provincia no puede cerrar rendiciones de gestiones anteriores. Necesitamos que el Tribunal nos ayude, no que complique más las cosas”, planteó.
También abordó de forma directa los cuestionamientos personales lanzados hacia miembros del Tribunal, mencionando causas judiciales abiertas por presunto ocultamiento de bienes, elementos culturales no entregados, y observaciones sobre conductas previas. “Si hay funcionarios con causas, serán apartados. Pero no estamos hablando de eso, sino de formación. No voy a seguir pagando contadores externos ni abogados que mitigan contra este municipio”, afirmó.
“Esto no es un atentado contra la democracia. El único atentado que debemos combatir es el de los poderosos que manipulan a la gente y la dejan sin trabajo ni oportunidades.”
Finalmente, Salzotto llamó a la oposición a sumarse a los reclamos comunitarios por infraestructura, salud y empleo. “Me sentí amenazada cuando hablaron de judicializar todo. Pero yo sigo rindiendo cuentas. Esto no es un ataque a la democracia. Lo único que la amenaza son los poderosos que manipulan y dejan sin trabajo a la gente”, concluyó.
El cruce político institucional deja en evidencia un conflicto de fondo sobre el rol del Tribunal de Cuentas y los límites del control mutuo entre poderes. Mientras el oficialismo busca reafirmar su capacidad de gestión, la oposición denuncia un avance sobre la autonomía de los órganos de control. La tensión pareciera escalar con cada nuevo capítulo, mientras la comunidad catrielense espera que se habiliten las instancias de diálogo y resolución política que garanticen el equilibrio democrático.
En una sesión atravesada por gritos, cruces y un clima de tensión creciente, la concejala Elizabeth Cofré (Primero Río Negro) lanzó una dura advertencia contra el proyecto aprobado por mayoría por el Frente de Acción Vecinal, mediante el cual se exige acreditar nuevamente la idoneidad de los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal, bajo apercibimiento de revisar sus designaciones.
“¿Y tan dramático es?”, citó Cofré con ironía a su par oficialista Carolina Piris, para responderse de inmediato: “Y sí. Es dramático. Porque acá no se está discutiendo la idoneidad de los integrantes del Tribunal. Se está discutiendo algo mucho más amplio: el avasallamiento a la democracia”.
La edil denunció que la iniciativa del oficialismo es “extemporánea” y fue presentada un año y medio después de la designación de los integrantes del órgano de control. “Hace ruido. Y cómo no va a hacer ruido si las normas, cuando me gustan, soy democrático, y cuando me molestan, el que las impulsa se transforma en enemigo público”, disparó.
“Y como tengo cinco manos y soy mayoría, hago lo que quiero. Lo subo, lo bajo, lo borro. Eso es lo que se está discutiendo hoy: vamos a defender la democracia sin importar el color partidario o solo cuando me conviene, y entonces ya no se llama democracia”, sostuvo.
«Como tengo cinco manos y soy mayoría, hago lo que quiero. Lo subo, lo bajo, lo borro. Eso es lo que se está discutiendo hoy».
La sesión avanzaba con interrupciones desde el público en algunos tramos, pero Cofré continuó: “Esto no es una cuestión de nombres. Es la defensa de la división de poderes. El Concejo no tiene facultades para revisar ni remover miembros del Tribunal de Cuentas. No lo dice la Carta Orgánica, no lo establece la ley. Si alguno hizo algo indebido, vayan a la Justicia”.
A lo largo de su alocución, Cofré citó los artículos 327, 328 y del 329 al 330 de la Carta Orgánica de Catriel para sostener que el Tribunal de Cuentas tiene “autonomía institucional y funciones propias” y que el control sobre su funcionamiento debe surgir del propio órgano, a través del síndico y sus integrantes, no del Concejo.
“El artículo 328 fija los requisitos de idoneidad como requisitos de acceso, no de permanencia. La evaluación se hace en el momento de la designación. Salvo falsedad o causal de remoción, no se puede revisar nada después. Eso no lo puede hacer este cuerpo”, explicó.
En ese punto, apuntó directamente a la legalidad del procedimiento: “Si tanto creen que los integrantes del tribunal han perjudicado al Ejecutivo o han hecho mal su trabajo, hagan la denuncia correspondiente. Pero no vengan acá a jugar a la Justicia con cinco votos”.
¿Vamos a defender la democracia sin importar el color partidario? ¿O vamos a defender la democracia cuando me conviene, y entonces no se llama democracia?
Cuando Cofré intentó defender la designación de Franco Rivero, su representante en el Tribunal —quien ya había sido validado como suplente del síndico por la justicia electoral— el público comenzó a gritar “acosador”, “abusador”, y otros calificativos. La concejal no se amilanó: “Todos los que presentamos listas lo hicimos ante la Junta Electoral de Viedma. Rivero fue oficializado y avalado. Ustedes lo aceptaron de forma unánime en la primera sesión del Concejo”, les dijo a los oficialistas.
Ofuscado por los gritos e interrupciones, exigió al presidente del Concejo, Nelson Díaz, que restableciera el orden. “¿No tiene la autoridad para que el vecino común y corriente no me interrumpa?”, reclamó. El intercambio con Díaz subió de tono cuando ella lo desafió: “¿Qué va a hacer, me va a sacar por la fuerza pública? Acá estoy. Lléveme”.
Cofré cerró su intervención reafirmando su compromiso democrático: “Yo fui expulsada del partido por el que me conocieron. Quise internas, no me dejaron. Y lo acepté porque fue dentro de la ley. Defendí la democracia aunque me doliera. Pero esto no es lo mismo. Esto es otra cosa. Esto es usar la mayoría para someter al poder de control. Y eso no lo voy a permitir”.
La sesión finalmente con la aprobación del proyecto por mayoría del oficialismo (cinco positivos, una abstención de la Banca del Pueblo, dos votos negativos de JSRN y PRN) y marcada por una grieta institucional que probablemente vaya a escalar en las próximas semanas.
Tras la sesión, Cofré reafirmó su postura a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “No me van a callar”, escribió en mayúsculas, denunciando que fue “abucheada y hostigada por funcionarios enviados por la propia intendenta, en un acto de intolerancia política”. La concejal sostuvo que no piensa “claudicar en sus convicciones” ni permitir que se naturalicen estas prácticas. “Sigo firme, defendiendo los valores que nos trajeron hasta acá: respeto por las instituciones, pluralismo y justicia”, concluyó.
Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Catriel, la concejala Juana Cárdenas (Juntos Somos Río Negro) se pronunció en contra del proyecto aprobado por el Frente de Acción Vecinal que exige a los integrantes del Tribunal de Cuentas acreditar su idoneidad. La edil defendió la conformación actual del órgano de control y advirtió que la iniciativa podría interpretarse como un intento de condicionar su funcionamiento.
Cárdenas señaló que su rol como representante de la primera minoría es cumplir con el mandato que establece la Carta Orgánica Municipal, la cual faculta a los bloques opositores a proponer integrantes para el Tribunal de Cuentas. “No podemos ser, ni creernos con tanto poder de cambiar la Carta Orgánica, que son las reglas que los constituyentes decidieron para nosotros”, remarcó.
Recordó que, al momento de elevar las propuestas para la integración del Tribunal, no se solicitaron antecedentes ni documentación adicional, y que los nombres fueron aprobados por unanimidad del cuerpo. “No me vengan con excusas. Sabíamos que la designación exigía consenso. Ustedes me dijeron: con ellos no hay problema”, indicó.
“¿Qué pretenden? ¿Que les traiga dos personas de mi espacio que no los controle?”
Para la concejala, el cambio de postura del oficialismo obedece a la actividad reciente del Tribunal. “Cuando los informes y dictámenes empezaron a llegar al Concejo, eso empezó a molestar. Ahora quieren ajustar el nivel de control”, sostuvo. Cárdenas expresó su preocupación por lo que consideró una posible “intromisión” en un poder independiente: “Esto no es sobrecontrol. Son las facultades que tiene el Tribunal por Carta Orgánica”.
También cuestionó la falta de respuesta institucional ante los informes presentados por el órgano de control. “No hay relación institucional hoy. Cuando el Tribunal pide explicaciones, se manda todo a archivo. Así no se construye el diálogo”, afirmó.
“No hay relación institucional hoy, porque cuando piden explicaciones se mandan a archivo.”
La legisladora consideró que el proyecto no apunta a mejorar el sistema de control sino a modificar las reglas de juego. “¿Qué pretenden? ¿Que les traiga dos personas de mi espacio que no los controle? ¿Y si no les gusta dentro de un año, también los van a sacar?”, interrogó.
Finalmente, Cárdenas llamó a respetar el principio de autonomía municipal y el rol que cumple cada poder dentro de la institucionalidad local. “La COM es nuestra ley madre. Hay que defenderla respetando las funciones de cada uno”, concluyó.
