Estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Catriel se encuentran movilizados debido a la falta de un edificio propio y a la reciente orden de desocupar el lugar que hoy tienen que, según señalan, fue emitida por el gobierno provincial. La comunidad educativa convocó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a participar de una asamblea abierta hoy a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples de la ESRN N° 78, donde actualmente opera la institución, para exponer la situación y exigir soluciones.
El reclamo del IFDC no es nuevo; desde su fundación, el instituto enfrenta la precariedad de no contar con un espacio propio, lo que obligó a estudiantes y docentes a desplazarse entre distintas sedes, afectando la continuidad de las trayectorias educativas. Estudiantes del IFDC, expresaron que la orden de dejar el edificio fue comunicada por Marcelo Bustos, Consejero de Educación del gobierno provincial, sin ofrecer alternativas definitivas para la relocalización. Esta medida, afirmaron, agrava una problemática histórica, dejando al instituto en una situación de vulnerabilidad.
Por su parte, Bustos explicó que se propusieron dos alternativas: la Escuela N° 306, disponible desde las 16:30 o 17 horas (respondiendo a la solicitud de respetar el horario habitual de ingreso), y la Escuela N° 204, cuyo uso podría comenzar a partir de las 19 horas, siguiendo el modelo de otros institutos provinciales sin edificio propio, como el CENT 44 que funciona en el CET 7. Según Bustos, se acordó con el Director del IFDC -Gustavo Germanier- y algunas coordinadoras llevar estas propuestas a la comunidad educativa a través del Consejo Consultivo para que definan la opción más adecuada.
A la izquierda, Gustavo Germanier, director del IFDC.
Bustos también reconoció que, si bien el IFDC no es considerado un nivel obligatorio dentro del sistema educativo, esto no debería ser un argumento para limitar el acceso a condiciones dignas de formación. No obstante, aclaró que la prioridad en la asignación de espacios corresponde a los otros seis niveles educativos, lo que explica la negativa de otorgar el ex edificio de la ESRN 21, en calle Canadá, al instituto.
Los estudiantes del IFDC rechazan los comentarios que cuestionan la legitimidad de su derecho a la educación, argumentando que la falta de políticas públicas que garanticen un espacio propio es una constante. En la asamblea de hoy, exigirán al gobierno provincial una solución que contemple la asignación de un edificio propio y garantice la estabilidad institucional. Los estudiantes enfatizaron que «la falta de un lugar propio no solo nos afecta a nosotros como estudiantes, sino que compromete el futuro de la formación docente en la región».
La comunidad educativa solicita al gobierno provincial proporcionar una solución definitiva que permita la continuidad educativa del IFDC de manera estable y en condiciones adecuadas en Catriel.
El enfrentamiento entre la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y el gobierno provincial continúa escalando. En las últimas semanas, con acusaciones cruzadas y medidas de fuerza que tensan la relación entre el sindicato docente y el gobernador Alberto Weretilneck. A raíz de una serie de resoluciones y políticas gubernamentales, UnTER denuncia lo que considera una «persecución» por parte del gobierno, acusándolo de cercenar derechos laborales y de imponer decisiones unilaterales que afectan la representación gremial y el funcionamiento del sistema educativo.
Ayer, 14 de octubre, UnTER emitió un comunicado denunciando la designación unilateral de instructores sumariantes en Bariloche, Viedma y Jacobacci, cargos que según el sindicato, deberían ser elegidos por la Junta de Disciplina Docente, como lo establece la Ley Provincial de Educación. Para UnTER, esta medida no responde a un supuesto ahorro económico, sino a un intento de «disciplinamiento» hacia los docentes y su representación gremial. La organización gremial también acusa al gobierno de propagar un discurso que demoniza la tarea docente y al sindicato, afectando la percepción pública y abriendo espacio para discursos de odio.
Este comunicado se suma a una larga lista de reclamos que el sindicato planteó en los últimos meses. El 12 de septiembre, UnTER solicitó una audiencia urgente con el gobernador Weretilneck para discutir la situación crítica del sistema educativo y los derechos laborales de los docentes. Sin embargo, hasta la fecha, el gobernador no respondió a este pedido. En un segundo intento, el 18 de septiembre, el sindicato exigió la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que consideran un ataque a las licencias gremiales, y rechazó el nuevo sistema de auditorías médicas implementado por una empresa privada sin consulta previa.
La situación se agravó el 25 de septiembre, cuando se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes de UnTER durante una movilización en Viedma. La protesta, que coincidió con el debate legislativo sobre el proyecto de ley que busca declarar la educación como un servicio estratégico esencial, resultó en una represión policial que dejó heridos entre los docentes, incluida la secretaria general del gremio, Silvana Inostroza. Weretilneck afirmó que ese día diez efectivos policiales resultaron heridos por agresiones de gremialistas de Unter. Esta ley, que aún debe recibir un segundo tratamiento parlamentario, busca limitar las huelgas en el sector educativo, lo que es interpretado por UnTER como un intento de restringir los derechos laborales de los docentes.
El conflicto escaló aún más cuando el 26 de septiembre, Weretilneck criticó duramente a UnTER, calificando de «violentos» a los docentes que participaron en las manifestaciones. “Lo más triste es que estos violentos educan a nuestros hijos”, expresó el gobernador, reforzando su postura a favor de la declaración de la educación como un servicio esencial. A su vez, UnTER respondió denunciando el uso desmedido de la fuerza policial y acusando al gobierno de legislar en contra de los derechos de los trabajadores.
El gobierno también tomó medidas drásticas, anunciando el 30 de septiembre que daría de baja las licencias gremiales de 20 miembros de UnTER, argumentando que las mismas le costaban más de 20 millones de pesos mensuales al Estado provincial. Esto provocó una nueva ola de rechazo por parte del sindicato, que convocó a un paro zonal de 24 horas y a una huelga y marcha federal el 2 de octubre en adhesión a la protesta nacional convocada por los gremios universitarios.
Este conflicto, que polariza a la sociedad rionegrina, refleja una disputa sobre el control de las políticas educativas y los derechos laborales de los docentes. Mientras el gobierno provincial defiende sus acciones como necesarias para garantizar la continuidad del ciclo lectivo y el buen uso de los recursos públicos, UnTER sostiene que se trata de un ataque directo a la autonomía gremial y a los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación. Las acciones tendientes a tensar más la situación siguen sucediéndose, y no se vislumbran aún señales claras de un posible acuerdo o de la apertura de un canal de diálogo entre las partes.
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El gremio docente Unter celebró el pasado sábado un Plenario de Secretarios Generales, en el cual se definió la continuidad de las medidas de fuerza mediante nuevos paros zonales, tras una semana de movilizaciones en localidades como Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel. La situación forma parte de un conflicto sostenido con el Gobierno de Río Negro, que comenzó en septiembre y fue escalando en intensidad.
Los paros zonales continuarán esta semana en distintas localidades de la provincia. El lunes 7 de octubre, se realizarán paros en Valcheta, Sierra Grande y San Antonio Oeste, acompañados por una volanteada en la Ruta 23. Además, el martes 8 será el turno de Jacobacci y la Región Sur Medio, y el miércoles 9, las acciones se trasladarán a las seccionales de Viedma, Conesa y Valle Medio-Río Colorado. El 15 de octubre se ha previsto un paro en las localidades de Roca, Allen, Villa Regina y Alma Fuerte. En el marco de estas acciones, Unter busca visibilizar sus reclamos y reforzar la presión sobre el gobierno provincial.
El conflicto entre Unter y el Gobierno de Río Negro tiene como puntos de mayor tensión la discusión sobre la ley de esencialidad educativa —que establece la obligación de mantener guardias mínimas en las escuelas durante las huelgas— y la tercerización en el control de las licencias médicas, temas que son fuertemente cuestionados por el gremio. Según Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de Unter, el plenario ratificó las medidas previamente adoptadas en el último Congreso, asegurando la continuidad de las acciones que se habían programado.
Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó en declaraciones radiales que «no hay mucho por dialogar» con el gremio docente. El mandatario indicó que en septiembre se pidieron 25.000 días de licencias médicas en el sector educativo y afirmó que más del 50% de esas licencias «no correspondían». En un contexto de medidas de ajuste y control del gasto público, Weretilneck también justificó la baja de 27 licencias gremiales, lo cual fue denunciado por Unter como un intento de limitar la actividad sindical. Durante el fin de semana, el gremio lanzó una serie de videos en sus redes sociales mostrando los puestos que habrían sido afectados por esta decisión.
Algunas seccionales del gremio, como las de Allen y Valle Medio, pidieron que se convoque un Congreso Extraordinario para discutir más profundamente las estrategias del conflicto, ya que consideran insuficiente la instancia del plenario. En un comunicado, estas seccionales expresaron: «Creemos que es la mejor instancia para discutir de manera amplia y democrática las medidas a tomar, y construir un plan de acción que defienda los derechos de nuestro sindicato frente a las acciones del gobierno provincial». Desde la conducción del gremio aseguraron que la posibilidad de un nuevo Congreso está en agenda, aunque prefieren esperar a que finalicen las jornadas de protestas zonales para tomar una decisión definitiva.
Entretanto, Weretilneck defendió las acciones del gobierno, asegurando que la revisión de las licencias médicas es una medida necesaria para controlar el ausentismo y aumentar la eficiencia del sector público. «No se puede privar al Estado de controlar las licencias, no solo de los docentes sino de todos los empleados del Estado. Buscamos mayor eficiencia del funcionamiento del Estado, porque la cantidad de empleados públicos ya es más de la que necesita», señaló el gobernador. Agregó que si los empleados cumplen sus tareas adecuadamente, se puede mejorar el servicio del Estado.
En respuesta, la seccional de Cipolletti de Unter publicó una carta abierta dirigida al gobernador, coincidiendo con el aniversario de la ciudad, en la que se exige al mandatario que «retome la cordura». En dicha carta, el gremio denuncia las condiciones en que se encuentra el sistema educativo de la provincia, haciendo hincapié en problemas edilicios, deficiencias en el transporte escolar y los bajos salarios de los docentes, que están por debajo de la línea de pobreza (de acuerdo con Weretilneck, los docentes rionegrinos son los mejores pagos del país). Asimismo, reiteraron sus críticas hacia la tercerización de las auditorías médicas, calificándola como «una negociación turbia» y un ataque a los derechos de los docentes.
«Queremos darle a conocer la grave situación en la que se encuentran las escuelas públicas y sus docentes», aseguraron desde la seccional. Además, pidieron que el gobierno cese con lo que consideran «actos y expresiones de violencia institucional» hacia la docencia y aumente la inversión en el mantenimiento de escuelas y transporte escolar. La carta concluyó con una crítica hacia los salarios de los políticos, comparándolos con la situación económica de los trabajadores de la educación: «Nosotros sí trabajamos y no vivimos de los abultados sueldos de la política».
El conflicto entre Unter y el Gobierno de Río Negro continúa escalando sin un aparente punto de consenso. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de implementar medidas de control sobre el sector público, incluyendo la esencialidad educativa y el control de licencias médicas, el gremio docente denuncia lo que consideran intentos de limitar sus derechos laborales y sindicales.
La situación se encuentra en un punto crítico, con ambas partes reafirmando sus posturas y sin señales de un acercamiento en el corto plazo. Los paros zonales continuarán como medida de presión, mientras la comunidad educativa se mantiene expectante sobre el impacto que estas acciones tendrán tanto en las negociaciones con el gobierno como en el desarrollo del ciclo lectivo. Porque sí, mientras el Gobierno y el sindicato docente no se ponen de acuerdo, los estudiantes tienen que seguir educándose.
ABUSO DEL SISTEMA DE LICENCIAS: MÁS DE LA MITAD RECHAZADAS EN SEPTIEMBRE
En septiembre, de los 48.518 días de licencia solicitados por empleados públicos provinciales, más del 53%, es decir, 25.796 días, fueron rechazados por irregularidades, mientras que solo 22.722 días fueron… pic.twitter.com/LHWn8arO9s
El Desafío ECO YPF 2024 se aproxima con una edición que promete ser emocionante y transformadora. Programado para los primeros días de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, este evento reunirá a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, quienes se enfrentarán en la construcción y carrera de vehículos eléctricos de emisión cero.
Desde su lanzamiento en 2012, el Desafío ECO YPF llegó a más de 6.000 alumnos de 400 escuelas, fomentando la competitividad, la colaboración y el aprendizaje en el campo de las energías renovables. En esta sexta edición, destaca la participación del Centro de Educación Técnica N° 7 de Catriel, cuyos estudiantes de tercer año del ciclo superior, junto a sus profesores, se preparan para convertirse en agentes de cambio hacia un futuro más sostenible.
El equipo «Racing Team» de Catriel está compuesto por jóvenes apasionados que trabajan extracurricularmente en la carrocería del vehículo. Cada equipo recibirá un kit homologado que garantizará condiciones equitativas en la competencia, mientras buscan apoyo de patrocinadores y contribuciones de la comunidad para llevar a cabo su proyecto.
Con un enfoque en la sostenibilidad y el trabajo en equipo, el Desafío ECO YPF 2024 no solo será una competencia, sino una celebración del ingenio y el compromiso de estudiantes y docentes hacia un mundo más limpio y eficiente. Esta experiencia educativa es crucial para preparar a las nuevas generaciones en sistemas de transporte alternativos, esenciales para el futuro del país.
El gremio docente Unter definió una serie de medidas de fuerza que afectarán la actividad educativa en Río Negro. Durante una asamblea realizada el lunes, con la participación de las 18 seccionales, se acordó la realización de paros zonales, comenzando este jueves 3 de octubre en Bariloche y El Bolsón, con una jornada de cese de actividades de 24 horas.
Además, Unter ratificó su adhesión al paro nacional convocado para el miércoles 2 de octubre, acompañado por una marcha en defensa de la universidad pública. En su comunicado, el gremio repudió la «escalada de violencia» que, afirman, es impulsada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, contra los trabajadores de la educación y la escuela pública. Asimismo, rechazaron la declaración de la educación como servicio estratégico esencial, exigiendo que cualquier cambio en las condiciones laborales sea discutido con el sindicato.
El conflicto entre el gremio docente y el gobierno provincial continúa en aumento, luego de los incidentes de represión registrados frente a la Legislatura en Viedma. El gobernador Weretilneck, a través de su cuenta en la plataforma X, anunció la baja de 20 licencias especiales que utilizaban los docentes de Unter para cumplir tareas gremiales, las cuales -señaló- representaban un costo mensual superior a los 20 millones de pesos para la provincia. Además, informó que se está evaluando el marco legal para anular otras 65 licencias, que suponen un costo de más de 132 millones de pesos al mes.
El principal reclamo de Unter se centra en el rechazo al nuevo sistema de control de ausentismo y a la ley de esencialidad, aprobada en primera instancia el pasado jueves, la cual exige la presencia de guardias mínimas en las escuelas durante los días de paro docente. Desde el sindicato se mantiene la postura de rechazar estas iniciativas por considerarlas un intento de disciplinamiento hacia las voces disidentes.
Durante un acto en Viedma, en el que se anunciaron licitaciones para la construcción de redes de servicios y viviendas, Weretilneck defendió las acciones del gobierno en medio del conflicto con Unter. Afirmó que los docentes de Río Negro perciben el mejor salario del país y que el gobierno no ha implementado medidas de ajuste en su contra. Sin embargo, señaló que la actitud del gremio no reconoce estos beneficios y que, ante lo que describió como una «actitud de violencia», el gobierno tomará las medidas que considere necesarias para proteger los intereses de la provincia y de los estudiantes.
Denuncias por represión y rechazo a la ley de esencialidad
En respuesta a los hechos de represión registrados frente a la Legislatura el 26 de septiembre, Unter denunció penalmente ante la Fiscalía de la Primera Circunscripción las lesiones y otras agresiones sufridas por los manifestantes. Además, se presentaron como querellantes en la causa, solicitando a la Justicia esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios y el personal policial involucrado. Desde el sindicato enfatizaron que no permitirán «el atropello de la policía ni del gobierno» y rechazaron el discurso que los acusa de ser violentos, afirmando que quienes actúan de forma violenta son aquellos que «definen políticas en contra de las clases populares».
En el marco del paro nacional del 2 de octubre, Unter reiteró su rechazo al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio esencial, insistiendo en que «la educación es un derecho, no un servicio». Además, exigieron la derogación de las resoluciones que privatizan el sistema de auditorías médicas, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y un mayor presupuesto para la educación y las universidades. También expresaron su oposición a las reformas jubilatorias y al sistema de presentismo, en defensa de los derechos conquistados por los trabajadores de la educación.
Este miércoles 2 de octubre, diversas ciudades de Neuquén y Río Negro serán escenario de lo que se espera sea la mayor marcha del año en defensa de la educación pública. Facultades, sindicatos y estudiantes de la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro y otros centros educativos de la región se preparan para una movilización federal que tiene como objetivo visibilizar el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una legislación que buscaba garantizar un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades públicas.
La marcha se desarrollará simultáneamente en Neuquén, Roca, Viedma, Bariloche, San Martín de los Andes, San Antonio Oeste, entre otras localidades, y promete una amplia participación de docentes, estudiantes y trabajadores del sector universitario, además del apoyo de gremios locales. Esta movilización busca rememorar la multitudinaria marcha de abril pasado, cuando la comunidad educativa salió masivamente a las calles en defensa de la universidad pública.
En Neuquén, la concentración será a las 18 horas en el playón de la sede central de la Universidad del Comahue, y se espera que el recorrido avance por la avenida Argentina hasta la Ruta 22, para finalizar en el Monumento a San Martín, en el centro de la ciudad. Ciudades vecinas como Cipolletti y Cinco Saltos también se sumarán a esta movilización. Víctor Curapil, secretario General de Cediunco, confirmó que la convocatoria tiene una alta adhesión, lo que hace prever una participación masiva.
En Roca, las actividades comenzarán a las 14:30 con una «plaza activa» en la plaza San Martín, seguida de una movilización a las 18 horas desde el mismo lugar. Además, el Frente Sindical Universitario del Alto Valle y los centros de estudiantes de la ciudad realizarán una conferencia de prensa el martes para brindar detalles sobre la marcha. En Viedma, la marcha fue convocada a las 17 horas en la intersección de Guido y Bvard Sussini, con la participación de estudiantes y docentes de ambas universidades, quienes concluirán el recorrido en la plaza San Martín.
Bariloche, San Martín de los Andes, Regina, San Antonio Oeste y Las Grutas también serán parte de la movilización. Cada ciudad organizará sus actividades, desde concentraciones y conferencias de prensa hasta marchas y abrazos simbólicos a las sedes universitarias, con el propósito de visibilizar la defensa del sistema universitario público y exigir el financiamiento adecuado.
La Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso, garantizaba la previsibilidad presupuestaria para las universidades y una respuesta a la crítica situación salarial que atraviesan los trabajadores del sector. Sin embargo, el anuncio del veto presidencial ha generado un profundo descontento y una fuerte reacción por parte de la comunidad educativa. Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó la postura del Gobierno y señaló que la situación financiera de las universidades se ha vuelto insostenible, con más del 70% de los trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza.
En un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hizo un llamado al presidente y a los legisladores nacionales para que reconsideren el veto y garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario y científico. «No hay en las universidades y en la ciencia un problema; allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos», expresó el CIN, al tiempo que convocó a la sociedad a acompañar nuevamente a la universidad pública, como ya lo hizo en otras ocasiones.
La marcha federal universitaria del 2 de octubre no solo busca revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sino también subrayar la importancia de la educación pública como columna vertebral de la nación. En un contexto de desfinanciamiento y desjerarquización del sistema universitario, la movilización es un acto de defensa de un derecho fundamental que ha sido, históricamente, un motor de desarrollo y un pilar de igualdad para la sociedad argentina.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró una postura de «tolerancia cero» hacia quienes intenten «atentar contra las instituciones democráticas de la provincia». A raíz de los incidentes registrados el 26 de septiembre en la Legislatura provincial durante una manifestación del gremio docente UnTER, el mandatario ordenó a la Fiscalía de Estado intervenir en las investigaciones judiciales sobre el accionar de los manifestantes, y exigir la aplicación del Artículo 241 del Código Penal.
«Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias», afirmó Weretilneck, remarcando que no permitirá que se ataque la democracia ni se interfiera en el funcionamiento de las instituciones.
La protesta de UnTER, que marcó el primer día de un paro de 48 horas, culminó con un enfrentamiento violento entre manifestantes y la Policía de Río Negro en las inmediaciones de la Legislatura de Viedma. La marcha, organizada en rechazo a la privatización de auditorías médicas y la declaración de la educación como un «servicio esencial estratégico», reunió a cientos de docentes de la provincia.
El operativo policial derivó en el uso de gas lacrimógeno y golpes para dispersar a los manifestantes. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, resultó herida, y varios manifestantes fueron atendidos en el hospital local. Weretilneck justificó la actuación de las fuerzas de seguridad, argumentando que los manifestantes «provocaron incidentes violentos» con palos y botellas llenas, dejando heridos a varios efectivos y ocasionando daños materiales en el edificio legislativo.
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del bloque opositor Vamos con Todos, condenó la represión policial y exigió la renuncia de la jefa de la Policía provincial, afirmando que «lo ocurrido es inaceptable en un Estado democrático».
El paro docente continuó durante el 27 de septiembre, con nuevas manifestaciones y acciones políticas locales. Desde UnTER, ñ advertieron sobre la continuidad del plan de lucha con paros zonales a partir del 30 de septiembre y una marcha federal educativa el 2 de octubre, en reclamo por el presupuesto educativo y la defensa de los derechos de los docentes.
La primera jornada de paro de 48 horas convocada por el gremio docente UnTER en Río Negro finalizó en un clima de alta tensión tras la represión policial frente a la Legislatura, en la capital provincial.
La protesta, que reunió a cientos de docentes de diversas localidades, fue organizada en rechazo a las recientes políticas del gobernador Alberto Weretilneck, en particular la privatización de auditorías médicas y la propuesta de declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”.
Desde las primeras horas de la mañana, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) inició un paro provincial en reclamo de mejores condiciones laborales, salarios dignos, y el respeto a los derechos adquiridos, como el régimen de licencias. Asimismo, exigen la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que trasladan a empresas privadas la gestión de auditorías médicas para los docentes.
La adhesión al paro, que según fuentes sindicales alcanzó el 90%, incluyó una marcha hacia la Legislatura de Viedma, donde hoy se dio tratamiento a un proyecto de ley que para declarar la educación como un «servicio esencial». Fue aprobado por mayoría. La propuesta, presentada por el bloque oficialista, fue duramente criticada por los gremios docentes, que sostienen que esta medida limitaría el derecho a huelga y precarizaría aún más las condiciones de enseñanza en la provincia.
Durante la concentración frente a la Legislatura, se produjo un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía de Río Negro. Según UnTER, el operativo policial incluyó el uso de gas lacrimógeno y golpes para impedir que los docentes ingresaran al recinto legislativo. Varios trabajadores de la educación resultaron heridos, entre ellos la secretaria general del gremio, Silvana Inostroza, quien sufrió un esguince en su pie izquierdo tras ser golpeada por la policía. Otros manifestantes fueron atendidos por descompensaciones y efectos del gas pimienta en el hospital local.
El gobernador Alberto Weretilneck emitió un comunicado oficial en el que justificó el accionar policial, acusando a los manifestantes de haber provocado «incidentes violentos» con el uso de palos y botellas llenas, que dejaron a varios efectivos heridos y daños materiales en el edificio de la Legislatura. «Esto no es una manifestación, es un acto delictivo que no vamos a tolerar. La violencia nunca es el camino», señaló el mandatario.
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del bloque opositor Vamos con Todos, condenó la represión y exigió la renuncia de la jefa de la Policía provincial. Durante la sesión, que continuaba en medio de las protestas, Odarda afirmó: «No podemos legislar como si acá no pasara nada. Lo que ocurrió hoy es inaceptable en un Estado democrático.»
El conflicto se enmarca en un contexto nacional de tensión con los gremios docentes, quienes denuncian un ajuste presupuestario en la educación pública y la precarización del sistema educativo. En diálogo con Sudestada, Patricia Ponce, secretaria general de la seccional de UnTER en Roca, criticó la iniciativa de declarar la educación como servicio esencial, argumentando que «el Estado debería garantizar las condiciones necesarias para enseñar y aprender, en lugar de atacar a los docentes que luchan por un sueldo digno y escuelas en condiciones».
El paro docente continuará mañana, viernes 27 de septiembre, mientras crece la incertidumbre respecto a la escalada del conflicto. Las movilizaciones también contaron con el apoyo del gremio estatal ATE, que lleva a cabo una medida de fuerza en el marco de un paro nacional.
La situación sigue en desarrollo.
Desde el Partido Justicialista de Río Negro, repudiamos enérgicamente los hechos ocurridos en la legislatura provincial en donde se está reprimiendo y gasearon a los docentes que solo buscan ser escuchados por los legisladores y legisladoras. pic.twitter.com/HZksej3hUv
Este viernes 20 de septiembre, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) realizará un congreso extraordinario en Viedma, con la participación de representantes de sus 18 seccionales. El objetivo es analizar las medidas a tomar ante la implementación de un nuevo sistema de control del ausentismo docente, que está siendo gestionado por una empresa privada. La secretaria general del gremio, Silvana Inostroza, enfatizó que «nunca nos negamos a un sistema de control como el que había antes», pero expresó serias preocupaciones sobre cómo se está aplicando actualmente.
El motivo principal de las quejas radica en el hecho de que la auditoría de las licencias médicas se realiza de manera online por parte de la empresa Dienst Consulting S.A., sin claridad sobre si los responsables del control son médicos calificados. «No sabemos si estos auditores son profesionales de la salud o si es inteligencia artificial», agregó Inostroza, advirtiendo que la falta de información precisa genera desconfianza en el sector docente.
Inostroza también denunció que en varias localidades de la provincia los médicos ya dejaron de emitir certificados por temor a que estos sean cuestionados por la empresa auditora. Esto, según la dirigente, llevó a situaciones críticas, como la de un docente con gripe A, a quien solo se le otorgaron cinco días de licencia, sin autorización final. «Están obligando a los docentes a ir enfermos a trabajar, lo que pone en riesgo a las escuelas», afirmó.
El gremio subraya que no está en contra de los controles, sino que reclama un sistema justo y transparente, similar al que existía anteriormente, donde los docentes eran visitados en sus hogares para verificar sus condiciones de salud. «Lo que antes aceptábamos era un control más humano, pero ahora se trata de un ajuste disfrazado de modernización», sostuvo Inostroza, cuestionando la decisión del gobierno de delegar estas funciones en una empresa privada.
Por su parte, el gobierno provincial evita por el momento dar detalles públicos sobre la contratación de Dienst Consulting S.A. para la implementación de este sistema. La falta de información generó inquietud en distintos sectores, incluidos legisladores de la oposición, que solicitaron al gobierno que explique las condiciones del contrato y los costos involucrados. El legislador José Luis Berros se preguntó: «¿Por qué el Estado delega en una empresa privada lo que debería quedar bajo el control de las juntas médicas públicas?»
El gremio Unter también elevó un pedido formal de información al gobierno, solicitando precisiones sobre las condiciones de la contratación y las garantías del resguardo de los datos sensibles de los docentes. Además, exigieron que se detalle cómo se está observando el cumplimiento del contrato y cuál es la dependencia pública encargada de supervisar el proceso.
Finalmente, otros gremios como UPCN se sumaron al reclamo, cuestionando los costos del contrato con la empresa privada y por qué no se utiliza el sistema público de salud para realizar estas auditorías. Mientras tanto, desde Unter continúan exigiendo un diálogo con el gobernador, quien aseguró que se reunirán pero hasta ahora no respondió a los pedidos de audiencia.
