A diez años del primer grito: En Catriel se concentraron por el «Ni Una Menos»

La movilización local reunió a organizaciones y vecinas en la Plazoleta de la Familia. A una década del inicio del movimiento, se renovaron los reclamos por justicia, políticas públicas efectivas y presupuesto para prevenir la violencia de género.

El martes 3 de junio, Catriel fue parte de una nueva jornada nacional de lucha contra la violencia de género. Al cumplirse diez años de la primera marcha bajo la consigna «Ni Una Menos», organizaciones locales convocaron a una concentración en la Plazoleta de la Familia. La actividad fue impulsada por la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres y la Multisectorial de Mujeres de Catriel.

“Nos encontramos como cada 3 de junio. Hicimos mucho, pero hay que seguir en las calles”, expresaron desde la organización, marcando la importancia de sostener el reclamo en el espacio público. La jornada sirvió para reflexionar sobre el recorrido del movimiento en la última década y visibilizar las demandas aún pendientes.

Desde su primera edición en 2015, Ni Una Menos logró instalar en la agenda pública la gravedad estructural de las violencias por razones de género. A nivel legislativo, impulsó la sanción de normas clave como la Ley Micaela, la Ley Brisa y el patrocinio jurídico gratuito para víctimas. Sin embargo, referentes advierten que los desafíos persisten.

“Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y estamos en un contexto nacional de mucha vulneración, mucha violencia y habilitación de discursos preocupantes”, señaló Lucía Galván, de la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad. “Poder encontrarnos en la plaza, charlar, hacer un recorrido histórico, hablar de miedos y luchas, fue muy valioso. Ver caras nuevas también nos da esperanza”, agregó.

En Catriel, la violencia de género dejó marcas profundas. En los últimos diez años se registraron al menos tres femicidios: Cintia Vergara (2014), Agustina Atencio (2020) y Patricia Rendón (2022). Cada uno de estos casos generó conmoción y movilización en la comunidad.

En el plano nacional, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a la prevención y asistencia a víctimas. Señalan recortes presupuestarios y el cierre de programas clave, lo que impacta directamente en las personas afectadas por esta problemática.

La convocatoria en Catriel se inscribió en ese contexto: una expresión local de una demanda colectiva que, diez años después, sigue vigente. La lucha por una vida libre de violencias continúa.

Salud, Educación y Seguridad vuelven a estar en lucha en Río Negro

Los trabajadores de Salud, Educación y Seguridad en Río Negro vuelven a estar en alerta. Ante la inconformidad por la situación particular de cada sector, se activaron medidas de visibilización y paros. Salud para el miércoles 11 con graves denuncias de ASSPUR, Educación adelantó un paro de 48 horas si no hay propuesta salarial para ese mismo día y el Consejo de Bienestar Policial anunció una panfleteada para este jueves 12 de junio.

Por el lado de la Salud, ASSPUR denunció sueldos congelados desde hace 8 meses. También hablaron de un «vaciamiento sistemático» de los hospitales y centros de salud. Apuntaron contra el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Demetrio Thalasselis.

«La salud ya está paralizada por el Gobierno de JSRN. Hace ocho meses que los salarios están congelados. Convocamos al paro del 11/06», comunicaron.

«La verdadera paralización ya la hizo el Gobierno. Nosotrxs no detenemos nada. Vienen vaciando sistemáticamente hospitales y centros de salud, recortando recursos humanos, congelando salarios hace 8 meses  y dejando sin insumos los servicios esenciales. Este 11 de junio paramos para visibilizar lo que ya no funciona. Lo que colapsa a diario por decisión política. Lo que no quieren mostrar, pero vivimos en cada hospital», sostuvieron.

«Privatizan la Salud sin decirlo: no con leyes, sino con abandono planificado. Hace ocho meses que los salarios están congelados. Están dejando morir lo público para luego decir que “no sirve”. La salud no se negocia. Se defiende. En la calle. Y en voz alta», sintetizaron desde el gremio de sanitarios.

En Educación, UNTER advirtió que si no hay oferta salarial concreta en la paritaria de mañana (11-06), habrá paro de 48 horas. El Congreso del sindicato docente realizado el 6 de junio en Conesa resolvió exigir una propuesta de recomposición salarial real que contemple la evolución del IPC y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El paro de 48 horas es con fecha abierta, supeditado al resultado de la paritaria que se realizará el próximo miércoles 11 de junio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
El Plenario de Secretarios Generales se reunirá una vez concluida la paritaria para resolver respecto de las acciones a seguir.

Por último, el Consejo de Bienestar Policial de Río Negro anunció ayer (09-06) una panfleteada en Ruta 22 y calle San Juan en la ciudad de General Roca. «La ciudadanía tiene derecho a saber que está pasando con su policía», advirtieron.

Según el organismo, hubo traslados imprevistos y arbitrarios (entre ellos mencionaron los casos de Cipolletti y Catriel) luego que comisarios señalaran malestar en las fuerzas por la insuficiencia de los salarios. Mencionaron que los incrementos otorgados por el gobierno fueron de 5,6% (2,2 en febrero, 1,5 en marzo y 1,5 en abril), mientras denunciaron que el aumento de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre fue de 11,6%.

También mencionaron el reclamo del sector de retirados por inconformidad con la ley de reparación que fue aprobada recientemente.

Sostuvieron además que existen abusos constante hacia el personal penitenciario, cárceles colapsadas y condiciones de trabajo indignantes.

“Artero no cobra dos sueldos en Catriel”: el Municipio desmintió la denuncia penal

La Municipalidad de Catriel respondió oficialmente un pedido de informe sobre la denuncia penal contra el concejal de Fernández Oro y asesor municipal, Christian Artero, acusado de percibir ingresos incompatibles por su labor legislativa y su rol como asesor en la gestión local. En diálogo con Viento Sur Noticias, el subsecretario de Comunicación, Paulo “Tati” Pérez, rechazó de plano la acusación e hizo uso del derecho a réplica: “Es absolutamente falso que Artero cobre dos sueldos en Catriel”.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía rionegrina por dos miembros del Tribunal de Cuentas de Fernández Oro y el Coordinador de Asuntos Legales de ese municipio Martín Rebaliatti, señala que Artero habría cobrado su dieta como concejal mientras ejercía funciones en Catriel como asesor y tesorero de la Fundación Polo Tecnológico, lo que —según la presentación— configuraría una violación de la normativa sobre incompatibilidades.

Según Pérez, no existe incompatibilidad con la Ley de Ética Pública de Río Negro, ya que Artero no se desempeña en Catriel como agente estatal en planta permanente. “Es licenciado en Políticas Públicas y ejerce una profesión liberal, como lo haría un abogado o un arquitecto. Puede trabajar para distintos organismos, públicos o privados.” En ese marco, aclaró: “Artero es asesor en Catriel y concejal en Fernández Oro. Eso no configura doble sueldo estatal. La ley prohíbe cobrar dos sueldos como agente estatal, no dice nada sobre cobrar como profesional independiente con contrato por locación”.

Frente a esa acusación, desde el Municipio de Catriel explicaron que el vínculo contractual de Artero corresponde a una locación de servicios profesionales, sin relación de dependencia, ni asignación horaria, ni inclusión en planta permanente. “Artero factura como profesional. No es agente estatal, ni cobra un haber del Estado. Presta asesoramiento específico directamente a la intendenta”, explicó Pérez. Y agregó: “No existe incompatibilidad legal, ni se configura doble percepción de sueldo público”.

Además, defendió su desempeño como asesor externo en la localidad. «El tendrá que arreglar su situación en Fernández Oro, de la que yo no tengo conocimiento. Si puedo decir que en Catriel, como asesor, evalúa y potencia diversos proyectos que lleva adelante el municipio. Y lo hace muy bien. Es un pibe muy trabajador y creo que se lo atacó injustamente. Se tergiversó a propósito la información inicial, diciendo que cobraba dos sueldos en Catriel y eso no es así», sostuvo.

El funcionario también cuestionó el manejo de la información: “Se difundieron documentos del Tribunal de Cuentas sin que mediara ningún pedido formal ni cruce institucional. Es una operación irresponsable que vulnera el funcionamiento autónomo del Municipio”. Sobre esto, el Tribunal de Cuentas de Catriel replicó que si hubo un pedido formal a uno de sus integrantes por parte de miembros del Tribunal de Fernández Oro y que todo el cruce de información se realizó «dentro de los canales formales».

Pérez remarcó que desde el inicio del vínculo contractual de Artero, ni el Tribunal de Cuentas ni el síndico municipal realizaron observaciones a su facturación. “No hay objeciones del síndico ni del Tribunal de Cuentas. Todo está documentado y disponible”, afirmó. Está información fue confirmada a este medio por el Tribunal de Cuentas. Aseguraron que no se realizaron observaciones a las facturas presentadas.

Respecto a la participación de Artero en la Fundación del Polo Tecnológico, se aclaró que el cargo de tesorero es ad honorem, como lo establece el estatuto. “Ni la presidencia —a cargo de la intendenta—, ni la secretaría, ni el tesorero cobran un peso por ese rol. No existe un «tercer sueldo». Y en Catriel, tampoco hay un primero ni un segundo: lo que percibe corresponde exclusivamente a honorarios profesionales”, señaló.

El subsecretario enmarcó las denuncias en una lógica de enfrentamiento político: “Este tipo de maniobras, de intentar ensuciar a personas sin pruebas, son prácticas que ya conocemos. Pero no se puede seguir difamando sin consecuencias. Nosotros somos distintos a los que se fueron. Usamos nuestros propios teléfonos, nuestros vehículos, nuestras líneas. Acá no hay discrecionalidad, ni cajas chicas libres para cada secretaria. Apostamos a la transparencia desde lo más elemental”, aseguró. Sobre este punto, los integrantes del Tribunal de Cuentas de Catriel prefirieron no responder. «Nuestro trabajo es controlar que se cumplan los procedimientos de la administración pública, no polemizar. Nosotros venimos, trabajamos y nos vamos a casa. Punto. Si hay algo irregular, lo observamos y si la Justicia tiene que investigar algo, lo hará como corresponde. Eso ya no recae en nosotros», indicaron.

La intendenta Daniela Salzotto también defendió públicamente a Artero, señalando que se trata de “un profesional de mi absoluta confianza”, remarcando que trabaja junto a ella desde su etapa como legisladora provincial.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa preliminar de investigación. Viento Sur Noticias continuará el seguimiento informativo del caso.

¿Fin de la «puerta giratoria» en Río Negro?

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una nueva ley que modifica el régimen penal provincial con el objetivo de endurecer las respuestas ante delitos reiterados y mejorar las herramientas investigativas. La norma crea el Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG) e introduce la reiterancia delictiva como criterio para dictar prisión preventiva en casos con múltiples causas abiertas.

Impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, la iniciativa fue aprobada por mayoría en una sesión extensa y con fuertes cruces entre los distintos bloques legislativos. “El mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias. Estamos del lado de las víctimas”, expresó el mandatario tras la votación.

Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación de la figura de reiterancia delictiva, que habilita a los jueces a dictar prisión preventiva cuando una persona acumula más de una causa penal con cargos formalizados. Según el oficialismo, se trata de una herramienta objetiva para enfrentar lo que describen como una “puerta giratoria” en el sistema judicial.

Durante el debate, el legislador Lucas Pica (JSRN) defendió el proyecto: “Buscamos ponerle un cerrojo a la impunidad”, dijo, y sostuvo que la norma se ajusta a la Constitución ya que no implica una condena anticipada, sino una medida cautelar orientada a garantizar el proceso.

El texto también permite a los fiscales solicitar prisión preventiva y a los jueces denegar exenciones en casos de personas con antecedentes reiterados, al considerar esa conducta como un riesgo procesal.

En paralelo, la ley establece la creación de un registro genético que permitirá cruzar datos de ADN recogidos en escenas del crimen con perfiles de personas condenadas, imputadas o personal de fuerzas de seguridad. También podrá utilizarse en casos de personas desaparecidas o no identificadas.

La medida generó críticas desde sectores de la oposición. Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) cuestionó la falta de consulta con organismos judiciales y advirtió sobre el riesgo de avanzar en un enfoque “tribunero” y regresivo en términos de derechos. Legisladoras como Magdalena Odarda y Ana Marks rechazaron la figura de reiterancia por considerarla “inconstitucional” y “punitivista”.

Fernando Frugoni (CC-ARI Cambiemos) puso el foco en la capacidad del sistema penitenciario para absorber el posible aumento de personas detenidas. “¿Existe una política carcelaria que acompañe este proyecto?”, preguntó durante la sesión.

La nueva ley forma parte de un paquete más amplio impulsado por el Ejecutivo, que incluye la ley de Doble Instancia y otras reformas en clave de seguridad. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es reforzar el rol del Estado en la protección de las víctimas y el respaldo a la justicia.

El nuevo marco legal abre un escenario de cambios en la política criminal provincial y reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto por las garantías constitucionales.

Insólito en Catriel: golpeó a su ex, entró a robar y se quedó dormido

Un hombre fue detenido este sábado en Catriel tras protagonizar una secuencia de violencia y robos en el barrio Santa Cruz. De acuerdo con fuentes policiales, el episodio comenzó con una denuncia por agresión a su expareja en inmediaciones de la plaza San Martín, siguió con el ataque a un vecino que intervino y terminó con su detención en una vivienda a la que había ingresado con fines de robo y donde, sorpresivamente, se quedó dormido.

El hecho que marcó el final de la secuencia ocurrió en una casa del mencionado barrio, donde los propietarios regresaron por la mañana y encontraron al intruso durmiendo junto a la cama, en medio del desorden. El momento fue registrado en video por los dueños, que aguardaban la llegada de la policía. “Nos dieron vuelta la casa y el señor está dormido”, se escucha decir a una mujer en la grabación que se difundió en redes sociales.

Minutos antes, el sospechoso había sido denunciado por agredir a su expareja. Un vecino intentó frenar la situación y también fue golpeado. En el forcejeo, el agresor le robó el celular, aunque el artefacto fue recuperado tras una breve persecución.

Fuentes policiales revelaron que el hombre habría ingresado a al menos dos viviendas más en la misma mañana. En una de ellas, no logró escapar: todo indica que, tras revolver la casa con intención de robar, se quedó dormido en el lugar.

El sujeto permanece detenido y enfrenta cargos por violencia de género, robo, violación de domicilio y lesiones. La Fiscalía de Catriel investiga los hechos y analiza las pruebas reunidas.

Otra vez robaron en la Depo: se llevaron 75 metros de manguera de riego

La Unión Deportiva Catriel volvió a ser víctima de un robo. Esta vez, personas desconocidas sustrajeron unos 75 metros de manguera de bombero que se utilizaban para el riego de la cancha principal.

El hecho fue comunicado por el club 3 de junio a través de sus redes sociales. Desde la entidad expresaron su malestar y señalaron que el equipamiento robado es fundamental para el mantenimiento del campo de juego.

“Nos da mucha bronca porque se trabaja con mucho esfuerzo día a día”, indicaron desde el club en una publicación, donde también solicitaron la colaboración de la comunidad. “Si alguien puede aportar algún tipo de información, agradecemos su contacto”, agregaron.

Hasta el momento no hay datos oficiales sobre la investigación ni se conocen avances para dar con los responsables. Desde la institución no es la primera vez que denuncian este tipo de hechos.

Catriel: Golpearon entre tres a un jubilado para robarle y le robaron hasta la campera

Un jubilado de 62 años fue víctima de un violento robo en las primeras horas del jueves en Catriel. El hecho ocurrió entre las 4 y las 5:30 de la madrugada, en la intersección de Avenida Roque Sáenz Peña y calle Nicaragua, mientras el hombre realizaba su habitual salida en bicicleta.

Según relataron allegados, el hombre fue interceptado por un vehículo del que descendieron tres personas. Por la fuerza, le sustrajeron la billetera con dinero en efectivo, documentación, tarjetas y su teléfono celular. También le robaron la campera. Durante el forcejeo, fue empujado y cayó al suelo, aunque los agresores no se llevaron la bicicleta.

Tras reincorporarse, la víctima arrojó piedras contra el automóvil, rompiendo el parabrisas trasero. Esto provocó que dos de los ocupantes descendieran nuevamente y lo agredieran a golpes, dejándolo otra vez en el suelo.

Un vecino que escuchó los gritos salió de su casa y acudió en su ayuda. Ante su presencia, los atacantes escaparon del lugar en el mismo vehículo. El vecino trasladó al jubilado a una clínica local, donde fue atendido por golpes y heridas leves.

Familiares señalaron que el hombre está conmovido por lo ocurrido. “Vive en Catriel hace más de 45 años y nunca había pasado por algo así”, expresaron.

Los familiares de la víctima están solicitando cámaras de seguridad de vecinos en la zona del hecho para radicar una denuncia penal por lo sucedido e impulsar la investigación para identificar a los autores.

Tenía material de abuso sexual infantil: fue imputado

Un hombre fue imputado esta mañana en Allen por la tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), luego de una investigación iniciada en 2020 a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). La formulación de cargos fue aceptada por la jueza de Garantías, sin oposición de la defensa.

Según informó la fiscalía descentralizada de Allen, los delitos que se le atribuyen incluyen tenencia simple de MASI y tenencia agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años en al menos 15 hechos distintos. La calificación legal fue encuadrada bajo los artículos 45 y 128 del Código Penal.

La investigación se inició tras la recepción de un informe del NCMEC en marzo de 2020, que alertó sobre actividad sospechosa en territorio argentino. El caso fue canalizado a través de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, y luego derivado a la jurisdicción rionegrina.

En junio de ese año se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado. Allí se secuestraron celulares, pendrives y una computadora. El análisis forense posterior, a cargo del Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, permitió identificar imágenes y videos con contenido ilegal, y establecer la edad aproximada de las víctimas.

La fiscal adjunta a cargo de la audiencia explicó que la formulación de cargos se basó en evidencia técnica, pericial y documental obtenida durante el proceso. La jueza actuante dio por acreditada la imputación en los términos solicitados.

El caso continuará con las instancias procesales previstas por el Código Procesal Penal provincial.

Golpe a una red narco: Siete allanamientos, tres detenidos y droga lista para vender

Un operativo simultáneo ejecutado por la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una presunta red de narcomenudeo que operaba en la zona. La intervención incluyó siete allanamientos en viviendas, un kiosco y una despensa, y culminó con la detención de tres personas y el secuestro de drogas fraccionadas listas para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión y municiones.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del martes y fue supervisado por la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira. En total, se incautaron 431 dosis de cocaína equivalentes a 161 gramos, y 760 gramos de marihuana presentados en cigarrillos artesanales, envoltorios y flores.

Además de las sustancias, en los inmuebles se hallaron seis balanzas de precisión, máquinas contadoras de dinero y una suma de 3,2 millones de pesos, presuntamente obtenida a partir del comercio ilegal de estupefacientes.

Los tres detenidos —dos hombres y una mujer, todos mayores de edad— serán imputados este jueves por la justicia provincial bajo la Ley de Narcomenudeo, vigente desde febrero en Neuquén. Se les atribuyen cargos por acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en sectores identificados como puntos clave para el funcionamiento de la red, cuya actividad había sido monitoreada durante varios meses. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones.

Participaron en el operativo unidades de Antinarcóticos de Neuquén, Añelo y Cutral Co. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Le clonaron la tarjeta y le hicieron compras por más de 18 millones: la Justicia frenó los débitos

Una mujer denunció haber sido víctima de fraude tras detectar más de 28 consumos desconocidos en su tarjeta de crédito, por un monto superior a los 18 millones de pesos. El Juzgado Civil de Villa Regina hizo lugar a una medida cautelar que ordena al banco BBVA Francés y a Mastercard abstenerse de debitar las cuotas correspondientes y de incluirla en la base de morosos del Banco Central.

El caso se inició luego de un viaje a Buenos Aires, donde la usuaria utilizó su tarjeta para comprar ropa. Al regresar, descubrió en su resumen gastos que no había realizado, entre ellos consumos por 407 dólares en Booking, pasajes por más de 320 mil pesos en Unibus y 130 mil pesos en impuestos vinculados a operaciones en moneda extranjera.

La mujer reclamó de inmediato a través del sitio web del banco. Aunque la entidad canceló las tarjetas y envió nuevas, se continuaron debitando montos vinculados a consumos que ya habían sido denunciados como fraudulentos.

La situación se agravó días después cuando, al ingresar a su cuenta, advirtió 28 nuevos movimientos de tarjetas ya dadas de baja, con un monto total que superaba los 18 millones de pesos. Pese a nuevos reclamos, el banco respondió con resoluciones desfavorables y rechazos a su solicitud.

La Justicia evaluó que, en el marco de una relación de consumo, se debe aplicar el principio protectorio, y consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora. El fallo establece que debitar los montos reclamados podría ocasionar un daño significativo a la clienta, obligándola a afrontar pagos por operaciones que no realizó.