Catriel: un caso de internación involuntaria revela la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género

El 12 de agosto de 2024, el Juzgado de Cipolletti resolvió la situación de una mujer que fue internada involuntariamente en el Hospital de Catriel, en un contexto de extrema vulnerabilidad. La mujer había sido ingresada el 6 de agosto con un diagnóstico psiquiátrico severo, lo que llevó a los profesionales de salud a determinar que existía un riesgo inminente tanto para ella como para otros, justificando su internación sin su consentimiento.

Antes de su internación, la mujer vivía en un refugio proporcionado por la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Catriel, debido a su situación de calle. Su único vínculo cercano era su expareja, sobre quien pesaba una orden de restricción debido a una denuncia por violencia de género que ella misma había presentado semanas antes.

El hospital informó que, a pesar del tratamiento, la mujer no mostró mejoras significativas en su estado mental, lo que motivó la prolongación de su internación bajo supervisión judicial. El Juzgado ordenó al hospital informar periódicamente sobre la evolución de la paciente y evaluar la necesidad de extender la internación si las condiciones lo exigían. Asimismo, dispuso la intervención del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental para asegurar que se respetaran los derechos de la mujer durante todo el proceso.

Este caso expone la cruda realidad de muchas mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad en Catriel, donde la violencia de género, sumada a la falta de redes de apoyo, agrava considerablemente su situación. La complejidad del caso subraya la necesidad de una intervención multidisciplinaria que proteja tanto la salud como los derechos fundamentales de las mujeres que enfrentan este tipo de desafíos. La comunidad y las instituciones locales enfrentan un desafío creciente para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran en circunstancias tan precarias.

Condenado en Catriel perdió visitas familiares debido a la falta de transporte para su traslado

En una audiencia celebrada el 13 de agosto de 2024, el Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti, presidido por el Dr. Lucas J. Lizzi, abordó la situación de un condenado de Catriel que perdió sus visitas familiares programadas debido a la falta de un vehículo para su traslado desde el penal de Cipolletti.

El régimen de visitas, otorgado el 7 de marzo de 2024, permitía que D.A.H. visitara a su madre en Catriel cada tres meses. Sin embargo, un informe del penal fechado el 3 de junio de 2024, reveló que D.A.H. no había podido usufructuar ninguna de las visitas programadas porque el penal no disponía de un vehículo adecuado para realizar el traslado de larga distancia. Como resultado, D.A.H. perdió dos de las visitas autorizadas.

En la audiencia, la defensa solicitó que se le permitiera acumular las visitas perdidas, lo que le daría a D.A.H. la oportunidad de realizar dos visitas consecutivas en meses siguientes. El fiscal, Dr. Oscar Cid, estuvo de acuerdo en que se acumulara la visita atrasada con la del trimestre en curso, que vence a fines de agosto.

El juez resolvió que, debido a la falta de transporte que impidió las visitas anteriores, D.A.H. podrá disfrutar de una visita extraordinaria de cuatro horas durante el mes de agosto para ver a su madre en Catriel. Esta resolución refleja la importancia de asegurar que los derechos de los internos a mantener contacto con sus familias sean respetados, incluso cuando existen dificultades logísticas como la falta de transporte adecuado.

Formulan cargos al policía que mató a un hombre y baleó a otro en Mallín Ahogado

El martes 13 de agosto se formularon cargos contra un agente policial acusado de causar la muerte de un hombre y herir gravemente a otro durante un allanamiento en Mallín Ahogado, un paraje cercano a la localidad de El Bolsón. La operación policial se realizó en el domicilio de las víctimas, una de las cuales debía ser detenida.

El Juez de Garantías consideró legítimo el control de detención tras analizar los detalles proporcionados por las partes. Según la Fiscalía, el incidente ocurrió el 11 de agosto a las 15:30 horas en el Callejón Inalef. Seis agentes policiales llegaron al lugar con el objetivo de realizar un allanamiento, secuestrar bienes y detener a uno de los propietarios. Durante la operación, el hombre que debía ser detenido intentó huir, siendo perseguido y reducido por el agente imputado. En ese momento, el padre del joven, armado con un cuchillo, intentó impedir la detención, lo que llevó al agente a disparar dos veces, causando la muerte inmediata del hombre debido a un shock hipovolémico. Posteriormente, el agente disparó nuevamente, hiriendo de gravedad al joven, provocándole una lesión en el neumotórax derecho.

La Fiscalía subrayó la complejidad del caso, dado que el imputado es un empleado policial que actuaba bajo una orden judicial. Aunque el hecho ocurrió recientemente, la investigación requiere la recolección de pruebas, incluidas entrevistas, certificados médicos y análisis forenses. Aún están pendientes varias diligencias científicas.

La Defensa del imputado no objetó la formulación de cargos y destacó que esta es una instancia provisoria. Argumentaron que el agente actuó en legítima defensa durante el allanamiento, cuando la víctima intentó agredirlo.

El Juez admitió los cargos y ordenó el traslado del agente a General Roca, donde deberá fijar domicilio y estará monitoreado mediante un dispositivo de control satelital. Se le prohibió el acercamiento y contacto con las víctimas y testigos.

En relación con los hechos, el Gobernador Alberto Weretilneck expresó su apoyo al policía detenido, calificando su accionar como «legítima defensa». A través de sus redes sociales, el Gobernador afirmó que el policía enfrentó un peligro extremo durante un allanamiento autorizado por la Justicia, actuando en defensa propia. Además, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Policía de Río Negro brindar al agente el asesoramiento legal necesario, asegurando que no permitirá que quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber queden desprotegidos.

Por su parte, la Fiscalía desmintió que el allanamiento se enmarcara en un conflicto de tierras con la comunidad mapuche, aclarando que el operativo no tenía relación con ningún grupo indígena. Asimismo, se confirmó que Gendarmería Nacional quedó a cargo de las diligencias judiciales debido a la intervención de la policía provincial en los hechos.

Antecedentes del fallecido y contexto del allanamiento

Según informes de la Policía de Río Negro, el hombre fallecido tenía un extenso prontuario delictivo, incluyendo una condena de 15 años de prisión por un doble homicidio en 2002 en El Bolsón. Su historial también registra múltiples cargos por robo, lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad desde 1991. Recientemente, había sido denunciado por vecinos de Mallín Ahogado por abuso de armas de fuego, amenazas y robos.

Una vecina de la zona rural denunció que se encontraba «atrincherada» en su casa debido a los amedrentamientos sufridos junto a sus hijos. Estas denuncias motivaron el allanamiento en el que el hombre fue ultimado.

En contraste, desde el sector de la comunidad mapuche Lof Inalef, denunciaron que Juan Carlos Villa, el hombre fallecido, era miembro de su comunidad. Ayelen Inalef, familiar del fallecido, denunció a través de un video en redes sociales que la policía le quitó la vida a su tío y disparó a su primo, quien permanece internado.

Un año de buena conducta y zafó de un juicio por robo en Catriel

Un hombre de Catriel logró una suspensión de juicio a prueba por un robo que perpetró en 2022. Cumplió con las normas de buena conducta y por eso se extinguió la persecución penal. Solo es posible para personas sin antecedentes penales.


El 29 de noviembre de 2022, se formularon cargos a un hombre por un intento de robo ocurrido la noche anterior. El imputado llegó al depósito de vehículos secuestrados de la Policía de Río Negro en el Destacamento de Seguridad Vial de Puente Dique a bordo de un Chevrolet Vectra. Rompió el cerco perimetral y trató de robar piezas de una Ford Ranger. La policía lo descubrió antes de que pudiera completar el robo.


El 5 de abril de 2023, se acordó una suspensión del juicio a prueba por un año para el imputado, quien debía cumplir con la presentación regular ante el Juzgado de Paz de Catriel y evitar la comisión de nuevos delitos.
El 11 de agosto de 2024, la Fiscalía solicitó la desvinculación definitiva, con el  argumento que había cumplido con las pautas de conducta y no contaba con antecedentes penales. La defensa apoyó esta solicitud.


La Jueza de Garantías declaró extinguida la acción penal contra el imputado y lo sobreseyó por el hecho imputado. Además, se determinó que el proceso no afectaría su buen nombre y honor. Se notificó al Juzgado de Paz de Catriel que el hombre ya no debía presentarse.

Río Negro: adulteraron imágenes de sus compañeras de escuela con IA y las ofrecieron en las redes por dinero

La fiscalía de General Roca investiga una denuncia presentada este jueves que involucra a varios adolescentes de la ciudad en la manipulación de imágenes utilizando tecnología de Inteligencia Artificial (IA). Según la denuncia, los estudiantes habrían alterado fotografías de sus compañeras de escuela, generando imágenes inapropiadas que luego habrían sido compartidas en redes sociales.

Fuentes judiciales confirmaron la existencia de la denuncia y aclararon que, debido a la edad de los involucrados, decidió mantener en reserva los detalles que puedan revelar la identidad de las personas implicadas. El caso está en etapa de investigación, con el objetivo de determinar la magnitud del presunto delito y la participación de cada uno de los involucrados.

Las imágenes manipuladas se habrían creado mediante herramientas de IA que permiten la modificación de fotos originales. Expertos en el tema advierten sobre el uso indebido de esta tecnología, que en este caso particular podría configurar un delito de abuso sexual infantil, castigado por la legislación vigente. Las autoridades subrayaron la importancia de un uso responsable de la IA, especialmente cuando se trata de menores de edad, para evitar la violación de derechos y la comisión de delitos graves.

La historia sin fin en Catriel: un violento desobedeció una orden judicial

En una audiencia de juicio abreviado celebrada en Cipolletti, el imputado C. A. A. fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por varios delitos relacionados con violencia de género en Catriel. El tribunal dictó sentencia tras la aceptación del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

El 29 de mayo de 2024, el hombre ingresó sin autorización en la vivienda de su ex pareja en Catriel. El imputado robó el teléfono móvil de la mujer y causó daños en la casa. Durante el incidente, la víctima intentó proteger a sus hijos menores y luego buscó ayuda de los vecinos. La policía detuvo a C. A. A. en la escena del crimen, y encontró el teléfono robado entre sus pertenencias.

El 10 de junio de 2024, C. A. A. volvió a infringir una orden judicial de prohibición de acercamiento a su ex pareja, que había sido dictada como medida de protección. El imputado se encontraba en el domicilio de la mujer cuando la policía fue alertada por una vecina. C. A. A. fue detenido y trasladado a la comisaría.

El 18 de junio de 2024, el imputado desobedeció nuevamente la orden de prohibición de acercamiento al domicilio de su ex pareja. La policía, que realizaba tareas de prevención en el área, aprehendió a C. A. A. en las cercanías del domicilio de la mujer.

El juez Guillermo Javier Lazcano decidió condenar a C. A. A. a seis meses de prisión en suspenso. La sentencia incluye la obligación de cumplir con pautas de conducta y respetar las medidas de protección vigentes.

El imputado deberá someterse a un régimen de control y cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal durante los próximos dos años. La oficina judicial se encargará de remitir el legajo de ejecución al Juzgado Nº 8 de Cipolletti y notificar a las autoridades pertinentes.

Búsqueda de Ruth Cisterna: se incorpora rescatista experimentado pese a la oposición de la Justicia

La búsqueda de Ruth Cisterna, la mujer de 35 años desaparecida desde hace 21 días en Catriel, dió un giro significativo con la incorporación del experimentado rescatista Luis Zúñiga. Aunque la Justicia rionegrina se opone a su participación, la familia de Ruth, apoyada por el municipio, decidió sumar a Zúñiga al operativo, con la esperanza de encontrar pistas que permitan dar con su paradero.

Ruth Cisterna, madre de tres menores, desapareció el 17 de julio. Mientras la Fiscalía maneja la hipótesis del suicidio, la familia sostiene la posibilidad de un alejamiento temporario. Esta convicción los llevó a solicitar la ayuda de Zúñiga, un rescatista con una amplia trayectoria en misiones de salvamento en zonas de difícil acceso y remotas.

Luis Zúñiga, de 42 años, es oriundo de Cutral Co y cuenta con una vasta experiencia en operaciones de rescate de alto perfil. Como licenciado en Enfermería y ex bombero voluntario, participó en búsquedas tan relevantes como la del submarino ARA San Juan y las expediciones de rescate tras los terremotos en Chile. Más recientemente, fue parte de la búsqueda de Loan Peña y también de un niño de 8 años que fue encontrado junto a su padre ruso en Añelo, tras días de intensa búsqueda.

A pesar de su prestigiosa carrera, la incorporación de Zúñiga fue cuestionada desde la justicia rionegrina. La fiscal de Catriel, Analía Díaz, no pudo dar la autorización para su participación debido a la oposición del fiscal jefe Gustavo Herrera. La principal razón de esta negativa es que Zúñiga, al ser un rescatista privado, no está cubierto por el seguro provincial, lo que implicaría que si sufre un accidente durante el operativo, la provincia podría enfrentar un juicio para indemnizarlo.

No obstante, la familia de Ruth expresó su firme determinación de contar con Zúñiga en el equipo de búsqueda. Gracias al apoyo del municipio local, que cubrió los gastos de traslado y otros costos asociados, el rescatista arriba hoy (cerca del mediodía) y ya se sumará a los trabajos de rastrillaje. Además, la familia informó sobre la incorporación de Zúñiga a Defensa Civil, Bomberos y la Policía, quienes también participan en la búsqueda.

El caso de Ruth Cisterna mantiene expectantes a la comunidad de Catriel, que sigue esperando novedades. Con la incorporación de Zúñiga, se espera que la experiencia y el conocimiento del rescatista puedan aportar nuevas perspectivas en este caso que lleva más de 20 días de busqueda incesante.

Se cumplen 20 días sin Ruth Cisterna en Catriel

Hoy, 7 de agosto, se cumplen 20 días de la desaparición de Ruth Cisterna, una mujer de 35 años oriunda de Catriel. La última vez que se la vio fue el 17 de julio, cuando abandonó su domicilio en el barrio 400 Viviendas alrededor de las 8:30 de la mañana. Desde entonces, la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal intensificar esfuerzos para dar con su paradero. Su familia busca diferentes estrategias para poder avanzar con la búsqueda y obtener resultados.

Ruth Cisterna mide aproximadamente 1.60 metros, es de contextura física delgada y tiene tez morena. Al momento de su desaparición, vestía una calza marrón y zapatillas negras. Las autoridades han llevado a cabo extensos rastrillajes en la zona del Canal Grande y el río Colorado, pero hasta ahora no han tenido éxito.

El operativo de búsqueda involucró a personal de bomberos, protección civil, policía y la brigada de canes de Cipolletti. Además, la Prefectura Naval Argentina realizó operativos en el lago Casa de Piedra, donde desemboca el río Colorado. Durante estas inspecciones, se encontraron algunas prendas de vestir que fueron reconocidas por la madre de Ruth.

El 1 de agosto, un grupo de personas llevó a cabo una búsqueda en Colonia Chica, recorriendo la costa pampeana del río Colorado a caballo. A pesar de los esfuerzos, esta búsqueda tampoco arrojó resultados positivos.

Ayer, vecinos de las 400 viviendas comentaron a este medio que delincuentes ingresaron al departamento de la joven desaparecida para perpetrar un robo. Se llevaron elementos tecnológicos y otras cosas de valor, añadiendo más angustia a la ya preocupante situación. Señalaron también que en el último tiempo se incrementaron las situaciones de robo y daño a vehículos. «Rompen vidrios de autos, se roban las ruedas. Acá hay gente que se comporta pésimo, roban hasta a los propios vecinos. Necesitamos más presencia policial en la zona», relató a VSN una vecina de la zona aledaña a Cisterna.

La comunidad de Catriel sigue en alerta y se solicita la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Ruth Cisterna. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse al teléfono de emergencias 911 o a la comisaría novena de Catriel al (299) 5895837.

Le dieron 30 días más de prisión preventiva al acusado de faenar a «Carlitos»

La justicia decidió extender la prisión preventiva de Juan Ceferino Coronado, quien enfrenta cargos por abigeato agravado. Coronado, de Catriel, está acusado de robar un caballo destinado a la equinoterapia y faenarlo. La jueza Amorina Sánchez Merlo, de Cipolletti, resolvió que Coronado permanecerá detenido hasta el 2 de septiembre de 2024, rechazando el pedido de morigeración de su defensa.

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por la Dra. Analia Díaz, solicitó la prórroga de la prisión preventiva. Díaz argumentó que mantener a Coronado bajo custodia es esencial para prevenir la interferencia en la investigación o una posible evasión de la justicia. La querella, con el abogado Angelo Zamataro Amaranto a la cabeza, respaldó la solicitud, destacando que la custodia del imputado es fundamental para el avance del caso y la integridad del proceso judicial.

La defensa de Coronado, encabezada por el abogado del imputado pidió una morigeración de la prisión preventiva. Propuso que Coronado cumpliera la medida en modalidad domiciliaria en la residencia de su madre en Sargento Vidal, argumentando que esta alternativa garantizaría el cumplimiento de las obligaciones judiciales. No obstante, la Unidad de Arresto Domiciliario y Monitoreo Electrónico (UADME) informó sobre la falta de disponibilidad de tobilleras electrónicas hasta la próxima semana, complicando la solicitud.

Finalmente, la jueza Sánchez Merlo decidió no conceder la morigeración y mantener a Coronado bajo prisión preventiva hasta la fecha establecida.

Amenazó de muerte a docentes y directivos en una escuela de Catriel

El 27 de junio de 2024, en Cipolletti, se resolvió el sobreseimiento de una persona acusada de amenazas contra el personal de un establecimiento educativo en Catriel. El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2022 en el CET 21 de barrio Preiss.

La denuncia penal surgió cuando la madre de un estudiante del CET 21 acudió al colegio para expresar su frustración por la falta de atención que, según ella, su hijo había recibido debido al bullying y acoso por parte de sus compañeros. La mujer, en su visita al colegio, recriminó a las autoridades y realizó amenazas hacia el personal, incluyendo al vicedirector, preceptor, secretaria y miembro del equipo educativo. Les advirtió: «los voy a matar a todos» y «si yo traigo una escopeta y los mato a todos, la loca soy yo».

Todo lo dijo “mientras movía el morral que llevaba colgado de lado a lado como que iba a sacar algo de su interior”, destaca el fallo judicial conocido recientemente. Este incidente provocó una denuncia penal por amenazas.

El conflicto se intensificó cuando el hijo de la mujer, enfurecido por la situación, lanzó una bomba de humo en el colegio y amenazó a otros estudiantes a través de las redes sociales. Este acto adicional generó una denuncia y la intervención del consejero de Educación. A principios de 2022, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF) fue involucrada para trabajar con el joven y su familia, debido a la situación de violencia prolongada.

Durante el primer trimestre del año, se recomendó que el joven completara su escolaridad en casa hasta que se resolviera la situación de violencia. Sin embargo, no se dispuso de un docente para este acompañamiento, lo que fue uno de los reclamos principales de la madre.

El proceso judicial para la madre, quien había sido acusada de amenazas, fue suspendido temporalmente y se le solicitó a una jueza de Garantías la realización de pericias antes de continuar con el proceso penal. Finalmente, la Jueza de Garantías resolvió el 27 de junio de 2024 declarar extinguida la acción penal y sobreseer a la acusada, dado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la suspensión del juicio a prueba.

La resolución indica que el proceso no afectó el buen nombre y honor de la acusada, y se notificó al Juzgado de Paz de Catriel que la acusada no deberá continuar presentándose ante dicha unidad. Esta situación destaca la falta de recursos estatales para el abordaje de casos similares y la tensión en la comunidad educativa ante la necesidad de abordar conflictos escolares con una mayor intervención y apoyo para los estudiantes afectados.