Justicia

La justicia hizo lugar al reclamo de un hombre que demandó a dos empresas del rubro petrolero. La Cámara de Trabajo dictó sentencia contra LIHUEN S.A., que deberá pagar una indemnización millonaria por el despido incausado de un trabajador. El juicio, iniciado en 2020, incluyó a YPF S.A. como co-demanda por su presunta responsabilidad solidaria debido a la vinculación laboral indirecta.

LIHUEN S.A. despidió al trabajador en enero de 2021, con el argumento del cierre del establecimiento y una crisis económica que afectó sus operaciones. La empresa basó el despido en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite una reducción de indemnizaciones en casos de fuerza mayor o disminución de trabajo. Sin embargo, la Cámara determinó que LIHUEN S.A. no presentó pruebas suficientes que justificaran esta causal ni evidenció el cumplimiento del procedimiento preventivo de crisis requerido por la ley.

Los testimonios demostraron que el trabajador, soldador, realizó tareas en yacimientos operados por YPF hasta 2019, cuando LIHUEN S.A. dejó de prestar servicios a la petrolera.

A pesar de que la compañía continuó con sus operaciones, sus contratos con YPF ya no estaban vigentes, lo cual descartó la responsabilidad solidaria de la petrolera en la desvinculación.

La sentencia obliga a LIHUEN S.A. a abonar una suma total de $3.620.934,80, que incluye indemnización por despido, preaviso omitido, días trabajados en enero de 2021, vacaciones no gozadas, y el agravamiento indemnizatorio previsto en la Ley 25.323 y el Decreto 34/2019.

Además, la sentencia rechaza la demanda contra YPF S.A., al concluir que la petrolera no mantenía contratos vigentes con LIHUEN S.A. al momento del despido, y las circunstancias alegadas no configuraban un vínculo que justificara su responsabilidad solidaria.

Los costos del proceso se asignaron a LIHUEN S.A., con excepción de los honorarios de los letrados de YPF S.A., que quedaron a cargo de su representada. La Cámara también reguló los honorarios de los abogados y peritos involucrados, estableciendo montos específicos para cada parte, de acuerdo con la normativa vigente y la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

El Juzgado de Paz de Catriel resolvió mantener medidas cautelares en un caso de violencia familiar y dispuso la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros durante 90 días o hasta que el denunciado acredite el inicio de un tratamiento psicoterapéutico, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3040 y el Código Procesal de Familia.

El tribunal confirmó las medidas dictadas previamente por la jueza de Paz, quien de manera preventiva ordenó la restricción de contacto entre las partes para evitar nuevos episodios de violencia.

El agresor deberá cumplir con la medida de alejamiento y asistir a un servicio de salud mental para iniciar un tratamiento psicológico obligatorio. El Juzgado advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones adicionales, incluidas posibles acusaciones por desobediencia a la autoridad.

Además, el Juzgado intimó a las autoridades policiales a monitorear el cumplimiento de la medida y notificar a la Unidad Fiscal correspondiente en caso de incumplimiento. La resolución también establece que el hombre. podrá solicitar el levantamiento de la medida restrictiva una vez que acredite un resultado favorable del tratamiento psicológico.

Se notificó a ambas partes sobre la necesidad de contar con asistencia legal durante el proceso, y se les brindó información sobre cómo acceder a representación gratuita a través de la Defensoría General de Catriel o el Centro de Atención para la Defensa Pública en Cipolletti, en caso de no contar con recursos económicos.

Un juzgado de Cipolletti dictó el sobreseimiento en un caso de lesiones leves, según la sentencia emitida el 29 de julio de 2024 por una denuncia por una agresión en la vía pública. La decisión se tomó tras una audiencia en la que se evaluó el cumplimiento de las condiciones impuestas durante la suspensión de juicio a prueba otorgada previamente.

El hecho denunciado ocurrió el 28 de diciembre de 2022 en Catriel. Según la acusación, un hombre caminaba por la vereda de la calle Córdoba con dirección a la calle Primeros Pobladores, cuando se acercó a otra persona que estaba en la vereda del local comercial «Supermercado Río». En ese momento, dejó una bolsa de compras en la vereda, se acercó a la persona y le manifestó: “… ¿qué tocas mi bolsillo…?”, y luego le dio un cabezazo en la nariz, lo que causó inflamación leve y una pequeña excoriación en la parte central de la nariz.

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento del acusado con base en los artículos 154 inc. 3° y 155 inc. 5° del Código de Procedimiento Penal (CPP). Durante la audiencia, aclaró que el hecho ocurrió en 2022, y no en 2023 como se había consignado anteriormente. También informó que, en junio de 2023, se concedió la suspensión de juicio a prueba y que el acusado cumplió con todas las pautas de conducta impuestas. Además, en julio de 2024 se actualizaron los antecedentes penales y no se registraron nuevos delitos.

La defensa adhirió a lo solicitado por la Fiscalía y afirmó que las pautas impuestas al acusado se cumplieron en su totalidad y que había vencido el plazo establecido para la suspensión del juicio a prueba. Al no haber registro de nuevos delitos durante este periodo, el tribunal resolvió otorgar el sobreseimiento.

La jueza a cargo firmó el fallo y dispuso el sobreseimiento por aplicación del artículo 155 inc. 5° del CPP en función del artículo 76 ter, 4° párrafo, del Código Penal. También declaró que la iniciación del proceso no afectó el buen nombre y honor del acusado. Ordenó registrar esta resolución a través de la Oficina Judicial, quedando a cargo de la defensa la notificación correspondiente.