El 12 de agosto de 2024, el Juzgado de Cipolletti resolvió la situación de una mujer que fue internada involuntariamente en el Hospital de Catriel, en un contexto de extrema vulnerabilidad. La mujer había sido ingresada el 6 de agosto con un diagnóstico psiquiátrico severo, lo que llevó a los profesionales de salud a determinar que existía un riesgo inminente tanto para ella como para otros, justificando su internación sin su consentimiento.
Antes de su internación, la mujer vivía en un refugio proporcionado por la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Catriel, debido a su situación de calle. Su único vínculo cercano era su expareja, sobre quien pesaba una orden de restricción debido a una denuncia por violencia de género que ella misma había presentado semanas antes.
El hospital informó que, a pesar del tratamiento, la mujer no mostró mejoras significativas en su estado mental, lo que motivó la prolongación de su internación bajo supervisión judicial. El Juzgado ordenó al hospital informar periódicamente sobre la evolución de la paciente y evaluar la necesidad de extender la internación si las condiciones lo exigían. Asimismo, dispuso la intervención del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental para asegurar que se respetaran los derechos de la mujer durante todo el proceso.
Este caso expone la cruda realidad de muchas mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad en Catriel, donde la violencia de género, sumada a la falta de redes de apoyo, agrava considerablemente su situación. La complejidad del caso subraya la necesidad de una intervención multidisciplinaria que proteja tanto la salud como los derechos fundamentales de las mujeres que enfrentan este tipo de desafíos. La comunidad y las instituciones locales enfrentan un desafío creciente para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran en circunstancias tan precarias.
