Catriel

El Foro de Jueces de Cipolletti dictó el lunes 4 de agosto el sobreseimiento de D. A. V., acusado por dos hechos de abuso sexual simple agravado en perjuicio de una menor preadolescente, hija de su entonces pareja. La resolución, firmada por la jueza de garantías Rita Lucía, establece la desvinculación definitiva del imputado al no existir pruebas suficientes que permitan sostener la acusación en un eventual juicio.

La investigación se inició en enero de 2024 tras la denuncia presentada por el padre de la niña. Según la formulación de cargos, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024, en un domicilio de Catriel.

Durante el proceso se tomaron declaraciones testimoniales a la menor a través de Cámara Gesell, se realizaron pericias psicológicas y se intentó recabar testimonios de familiares y allegados. Sin embargo, la fiscal del caso, Marcela Marchetti, explicó en su dictamen que “no puede afirmar que los hechos no sucedieron, pero la evidencia reunida es insuficiente para poder avanzar a la etapa siguiente en miras a un juicio”.

Un detalle central fue la declaración de la niña, quien se mostró avergonzada y no pudo precisar detalles. De acuerdo con la resolución judicial, el relato resultó “confuso en cuanto a la ubicación temporal y las circunstancias de los hechos” y los testigos mencionados “no aportaron información concluyente”.

La madre de la niña, pareja del imputado en ese momento, negó enfáticamente que los hechos pudieran haber ocurrido y atribuyó la denuncia a una confusión. Otros familiares directos también se mostraron reticentes a declarar o a permitir entrevistas con menores mencionados como posibles testigos.

En septiembre de 2024, una docente del colegio de la menor declaró haber recibido un comentario espontáneo de la niña sobre supuestos tocamientos, pero esa versión tampoco coincidió con los hechos investigados.

Un punto clave fueron los peritajes psicológicos. La fiscalía pidió al Cuerpo de Investigación Forense (CIF) que realizara un test de validación del testimonio obtenido en Cámara Gesell. La pericia estuvo a cargo de la licenciada Giuliana Marzolla, quien revisó la grabación y entrevistó personalmente a la menor. Sin embargo, concluyó que “no era posible aplicar la técnica de análisis SVA” (una herramienta avalada por el Superior Tribunal de Justicia para evaluar la credibilidad en casos de abuso sexual). Por esa razón, señaló que no podía responder de manera científica ni fundada sobre la credibilidad del relato de la niña.

En este contexto, la Fiscalía solo pudo comprobar que la niña convivía con el acusado en las fechas señaladas y que luego le contó a su padre que había sido tocada. No obstante, consideró que no había pruebas suficientes para sostener la acusación en juicio, por lo que solicitó el sobreseimiento.

La defensora de menores, Alicia Merino, acompañó la petición y señaló que el padre de la niña manifestó estar de acuerdo con la medida, destacando que su hija deseaba “que todo esto se termine”.

La defensora oficial, Cecilia Ibáñez, no presentó objeciones. Finalmente, la jueza Rita Lucía resolvió sobreseer a D. A. V. en los términos del artículo 155 inciso 6 del Código Procesal Penal, aclarando que la resolución “no afecta el buen nombre y honor del imputado”. Con esta decisión, el expediente queda cerrado y no habrá instancia de juicio.

Un episodio de tensión familiar en Catriel llegó a la Justicia y terminó con un fallo de sobreseimiento. El hecho se remonta al 9 de diciembre de 2024, cuando alrededor de las 18 horas, el acusado se presentó en la casa de su hermano, pese a tener una orden de prohibición de acercamiento vigente.

Según consta en la causa, el acusado ingresó al domicilio con la intención de abrazar a su padre. En ese momento, al ser interpelado por su hermano, lanzó la advertencia: “No te metas o te voy a matar”. Esa conducta derivó en la formulación de cargos por desobediencia judicial.

El caso llegó a audiencia el 9 de abril de 2025 en el Foro de Jueces de Cipolletti. Allí, la Fiscalía formalizó la imputación por violar la restricción impuesta en el expediente MPF-CA-00999-2023. Sin embargo, con el correr de los meses, la investigación tomó otro rumbo.

En la audiencia celebrada el 31 de julio, la fiscalía informó haber dialogado con el denunciante, quien señaló que se trataba de una problemática estrictamente familiar y que no tenía interés en continuar con la causa. Además, se constató que el imputado no registra antecedentes computables.

Ante ese escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación del criterio de oportunidad, una herramienta legal que permite dar por finalizado un proceso cuando se considera que no existe interés público suficiente para avanzar. La defensa adhirió al planteo y la Jueza de Garantías, María Agustina Bagni, resolvió declarar extinguida la acción penal y sobreseer al imputado.

En su resolución, la magistrada remarcó que la decisión respondía a la voluntad expresa de la Fiscalía y a la falta de oposición de la parte denunciante. También subrayó que el criterio de oportunidad es una potestad del Ministerio Público Fiscal y que, en este caso, se entendió que el conflicto podía resolverse en el ámbito familiar.

El fallo aclara, además, que el trámite no afecta el buen nombre y honor del imputado, conforme lo establece el Código Procesal Penal de Río Negro.