La Sala A del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó la sentencia a dos años de prisión en suspenso para A. A. R., ex supervisor de la empresa contratista Ribeiro S.R.L., que operaba en el yacimiento Medanito Sudeste, en la zona rural de 25 de Mayo. El tribunal, integrado por los jueces Gabriel Lauce Tedin y María Eugenia Schijvarger, rechazó el recurso presentado por la defensa del acusado y avaló la resolución emitida en diciembre pasado por la Sala B.
El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2020. De acuerdo con lo probado en el juicio, el supervisor utilizó su posición de autoridad para aislar a una trabajadora de maestranza, tocarla sin su consentimiento y realizar insinuaciones sexuales. Tras el ataque, la amenazó con represalias laborales si hablaba: “Esto que quede acá, porque si se entera otra persona más, ni vos ni nadie la va a zafar. ¿A quién le van a creer, a un supervisor o a una piba de maestranza? Pensá en tus hijos”.
Los jueces destacaron que el caso no solo involucró tocamientos sin consentimiento, sino también un abuso coactivo de poder, enmarcado en el artículo 119 del Código Penal. La sentencia valoró además el testimonio de una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, quien describió el profundo impacto emocional sufrido por la mujer y el hostigamiento laboral posterior a la denuncia.
La defensa del imputado había cuestionado la interpretación legal y la motivación de la pena, pero la Sala A consideró que el fallo de primera instancia se ajustó al derecho vigente y garantizó el principio de doble conforme, al haber sido revisado tras una primera absolución.
La querella fue impulsada por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa, en el marco de una política activa contra la violencia de género en entornos laborales. La causa generó una importante repercusión en la comunidad, tanto por el testimonio de la víctima como por las secuelas psicológicas derivadas del abuso.
En ese mismo contexto, días atrás, se viralizó en un grupo local de Facebook de Catriel una denuncia pública contra un dirigente gremial del sector petrolero. En el posteo, una madre relató que su hija fue despedida por no acceder a los avances sexuales del acusado, advirtiendo que no sería la primera vez que algo así ocurre. El mensaje —que tuvo amplia repercusión— provocó múltiples reacciones, entre el repudio social y los pedidos de intervención institucional.
Este tipo de situaciones, que se repiten con frecuencia en sectores altamente jerarquizados y con predominancia masculina, vuelve a poner en evidencia la urgencia de revisar y fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y sanción frente al acoso y la violencia de género en el ámbito laboral. También impulsa un llamado a la toma de conciencia: para que las víctimas puedan sentirse seguras al denunciar, y para que la sociedad en su conjunto deje de invisibilizar estas prácticas que vulneran derechos fundamentales y perpetúan la desigualdad.
El acompañamiento activo de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa fue clave para visibilizar y sostener este proceso judicial. Este hecho plantea una pregunta profunda y urgente: ¿qué pasaría en localidades como Catriel —donde la industria petrolera tiene un peso estructural— si las Secretarías o Áreas de Género a nivel municipal y provincial garantizaran un acompañamiento sistemático a potenciales víctimas de abuso o acoso laboral? ¿Cuántas denuncias más existirían hoy?
En Catriel, la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad —a cargo de Lucía Galván— trabaja en la atención y asistencia ante situaciones de violencia de género. Las personas que atraviesen estas problemáticas pueden comunicarse con la guardia activa al 299-5560206, o dirigirse personalmente a Reconquista 153. También está disponible la línea de emergencias 911, así como la Comisaría de la Familia (ubicada en Juan Benigar 929), que funciona las 24 horas con guardia activa al 299-5769055.
Además, la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Río Negro dispone de información, recursos y canales de contacto a través de su sitio oficial.
Contar con respaldo institucional, dispositivos de atención accesibles y canales seguros para denunciar es clave para que más mujeres puedan salir del silencio. Avanzar en políticas públicas con perspectiva de género y con presencia territorial concreta no es solo una deuda, sino una herramienta urgente para garantizar espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencias.
