Un joven quedó detenido con prisión preventiva luego de ser acusado de agredir físicamente a una adolescente que tenía a su bebé en brazos, en un hecho ocurrido en Catriel y que fue investigado en un contexto de violencia de género.
La decisión fue tomada por una jueza de Garantías, quien dio por formulados los cargos y dispuso dos meses de prisión preventiva, al considerar que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
Según la acusación presentada por la fiscal del caso, el episodio ocurrió el 12 de marzo alrededor de las 21:30, dentro de una vivienda donde reside el imputado. En ese lugar, la joven se encontraba con su hija de seis meses en brazos cuando comenzó la agresión.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el hombre la atacó físicamente mientras sostenía a la beba. En medio de la situación, tomó a la niña y continuó con la agresión hacia la joven, hasta que ambos cayeron al suelo. La fiscal indicó que la violencia no terminó allí, ya que el acusado habría seguido el ataque utilizando un cuchillo y profiriendo amenazas, lo que agravó el cuadro de riesgo para la víctima.
El hecho fue encuadrado como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género. Según se explicó, existía una relación desigual de poder que se sostenía en el tiempo y que incluía violencia física, psicológica y simbólica.
Durante la audiencia, la defensa no cuestionó los hechos ni la calificación legal, aunque solicitó que el imputado continúe el proceso en libertad con una restricción de acercamiento, planteo que no fue aceptado.
Con la resolución judicial, se dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, durante la cual se reunirán pruebas para determinar cómo avanzará el caso. La prisión preventiva implica que el acusado permanecerá detenido mientras se desarrolla esa etapa del proceso.
El tiempo en Catriel vuelve a mostrar un escenario inestable, con anuncios de lluvias hacia el final de la semana que llegan después de un pronóstico similar que no se concretó en los últimos días.
De acuerdo a los datos del AIC y el Servicio Meteorológico Nacional, el martes 17 de marzo comenzó con temperaturas más bajas y viento del sudoeste, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 69 km/h, marcando un inicio de semana ventoso.
El miércoles 18 traerá un cambio marcado: sube la temperatura con máximas que podrían ubicarse entre los 26°C y 28°C, en una jornada más estable y con menor intensidad de viento.
Sin embargo, ese escenario vuelve a modificarse rápidamente. Para el jueves 19, se espera un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias que oscila entre el 10% y el 40%, junto a ráfagas que podrían superar los 50 km/h.
El viernes 20 aparece como el punto más inestable de la semana, con posibilidad de precipitaciones débiles y cielo mayormente cubierto, acompañado por un descenso de temperatura.
Durante el fin de semana, las condiciones se mantendrían variables. El sábado 21 alternará entre nubes y claros, mientras que el domingo 22 vuelve a mostrar probabilidades de lluvia, cercanas al 30%, según los distintos modelos.
El viento seguirá siendo un factor constante en toda la semana, con predominio del sector sudoeste y ráfagas que en varios momentos podrían ubicarse entre los 40 y 50 km/h.
En este contexto, el nuevo pronóstico llega con un antecedente reciente: la semana pasada también se había anticipado lluvia en la zona que finalmente no se concretó, por lo que la evolución de las condiciones será clave en los próximos días.
El inicio de la Liga Confluencia 2026 tuvo en Catriel una de sus postales más convocantes, con el debut del Club Independiente ante Maracacinho en un partido que reunió a una gran cantidad de público y marcó un punto de encuentro para la comunidad.
La jornada no solo tuvo impacto deportivo, sino también institucional. La intendenta Daniela Salzotto estuvo presente junto al presidente del club, Darío Aliotti, acompañando el comienzo del torneo en un contexto de fuerte respaldo al crecimiento del deporte local.
En lo estrictamente futbolístico, Independiente respondió dentro de la cancha con una victoria por 2 a 0 en primera división, mientras que la tercera también sumó un triunfo por 1 a 0, completando una jornada positiva en todas las categorías.
El primer gol del encuentro, convertido por Julián Guerra, se transformó en uno de los momentos más destacados del día, no solo por su valor en el partido sino por su significado en la historia reciente del club dentro de la competencia.
El desarrollo del juego tuvo pasajes de intensidad y fricción, con un rival que buscó equilibrar el trámite en el complemento, aunque sin poder revertir el resultado ante un equipo local que mostró solidez en momentos clave.
Más allá del resultado, el debut dejó una señal clara en términos de participación y acompañamiento social. La presencia del público y el respaldo institucional reflejaron el lugar que el fútbol ocupa en la dinámica local.
El arranque de Independiente en la liga se da en un contexto de crecimiento del deporte en la ciudad, con instituciones que buscan consolidarse y generar espacios de desarrollo para jugadores y comunidad.
Con más de 70 stands de emprendedores, la Expo Feria “La Revuelta” se consolidó como uno de los espacios de mayor convocatoria en Catriel, con una jornada que combinó producción local, gastronomía y propuestas culturales.
El encuentro se desarrolló en el SUM Eldo Carro, donde durante todo el día circularon vecinos y vecinas que recorrieron los puestos y participaron de las distintas actividades. La feria ofreció una amplia variedad de productos, desde comidas hasta artesanías y manualidades, en un formato pensado para visibilizar el trabajo local.
Uno de los ejes de la jornada fue la participación directa de los emprendedores, quienes además de exponer y vender sus productos, aportaron premios para los sorteos que se realizaron a lo largo del evento. Esta dinámica permitió fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes consumen dentro de la comunidad.
La propuesta también sumó una intervención artística a cargo de Ayelen Audisio, que acompañó el desarrollo de la feria y aportó una dimensión cultural al espacio, integrando distintas expresiones en un mismo ámbito.
La actividad fue impulsada por el Municipio de Catriel, que acompañó la organización con el objetivo de fortalecer el entramado emprendedor y generar espacios de circulación económica dentro de la ciudad.
En paralelo, el evento volvió a evidenciar el rol de este tipo de ferias como punto de encuentro comunitario, donde no solo se comercializan productos sino que también se construyen redes entre vecinos, productores y artistas locales.
El Municipio de Catriel realizó tareas de bacheo, limpieza y acondicionamiento en el acceso al Puente Dique sobre la Ruta Nacional 151, luego de un pedido de la Policía Caminera por el deterioro del sector.
La intervención se llevó adelante en el límite entre Río Negro y La Pampa, en un tramo que presenta un alto tránsito diario y donde se habían detectado pozos que comprometían la seguridad vial.
A pesar de tratarse de una zona bajo jurisdicción provincial y nacional, el Ejecutivo local dispuso un operativo con recursos propios para dar respuesta inmediata a la situación.
Los trabajos incluyeron el bacheo de la calzada, la limpieza del área y el acondicionamiento del destacamento policial y sus alrededores, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.
En el operativo participaron la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, que actuaron de manera coordinada en el lugar.
Desde el Municipio señalaron que la decisión de intervenir responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes transitan por este punto estratégico que conecta ambas provincias.
El acceso al Puente Dique es uno de los sectores más utilizados en la región, tanto por el tránsito local como por el movimiento interprovincial, lo que refuerza la importancia de su mantenimiento.
La Ruta Nacional 151, en el tramo cercano a Catriel, presenta sectores con deterioro avanzado que obligaron a priorizar intervenciones urgentes. Así lo confirmó un informe de Vialidad Nacional enviado a la Legislatura de Río Negro tras un pedido de la legisladora Yolanda Mansilla.
Según el organismo, las tareas actuales se concentran en los sectores más comprometidos, especialmente entre los kilómetros 110 y 133,5, donde se detectaron descalces críticos en la calzada que afectan directamente la circulación en uno de los accesos clave a la ciudad.
En esos puntos se realizan trabajos de mantenimiento de manera continua, incluyendo bacheos con mezcla asfáltica en frío y reacondicionamientos periódicos, con el objetivo de sostener la transitabilidad mientras se definen intervenciones más profundas.
Además, dentro del plan inmediato se estableció como prioridad el puente ferroviario en el kilómetro 0,12 y el puente sobre el canal de riego en el kilómetro 29,42, dos sectores considerados sensibles para la seguridad vial en el corredor que conecta con Catriel.
El informe también detalla que se avanzará con bacheo utilizando mezcla asfáltica en caliente en tramos específicos, buscando mayor durabilidad en las reparaciones en zonas de alto desgaste.
Sin embargo, el panorama se complejiza por la existencia de una obra clave que permanece paralizada desde octubre de 2023. Se trata de un contrato que abarca gran parte del trayecto previo a Catriel y que presenta un avance menor al 10%, lo que obliga a evaluar su rescisión para poder retomar los trabajos.
A mediano plazo, Vialidad Nacional proyecta una reconstrucción más amplia de la ruta en el tramo que se extiende hacia el límite con La Pampa, aunque esa obra aún depende de un nuevo proceso de licitación tras el fracaso de una convocatoria anterior en abril de 2024.
El informe expone así una combinación de intervenciones de emergencia, sectores críticos sin resolver y proyectos pendientes en una vía estratégica para la actividad petrolera y el tránsito diario hacia Catriel.
Un siniestro vial ocurrido el domingo al mediodía en Catriel derivó en un pedido público de ayuda por parte de una vecina que intenta identificar al conductor que chocó su vehículo y escapó del lugar.
El episodio se registró en la esquina de Cacique Catriel y San Juan, donde, tras el impacto, el otro vehículo abandonó la escena sin brindar asistencia ni intercambiar datos, lo que imposibilita iniciar los trámites habituales con el seguro.
La mujer afectada explicó que el daño no solo es material. El auto que resultó afectado es su principal herramienta para trasladarse diariamente y también para asistir a su madre de 90 años, lo que complejiza aún más su situación cotidiana.
En ese contexto, la intervención de vecinos fue clave en los minutos posteriores al hecho. Algunas personas lograron aportar información parcial sobre la patente, aunque no suficiente
para identificar con certeza al vehículo. De acuerdo al relato difundido, el rodado involucrado sería una camioneta de color oscuro que se retiró del lugar con el paragolpes dañado, arrastrándolo mientras circulaba por calle San Juan.
Ante la falta de datos concretos, la vecina recurrió a redes sociales para ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de quienes hayan presenciado el hecho o puedan aportar información relevante.
El objetivo es poder identificar al responsable y avanzar con el reclamo correspondiente para reparar los daños ocasionados.
A un año de los hechos que derivaron en su salida del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo presentó un pedido formal para ser restituido en la presidencia del cuerpo legislativo municipal, además del pago de los haberes correspondientes al período transcurrido desde su renuncia. El planteo fue ingresado el 1 de febrero de 2026 ante el Concejo Deliberante, donde el ex funcionario sostiene que la dimisión que firmó el 15 de marzo de 2025 no fue libre ni voluntaria, sino que se produjo en un contexto de detención y presiones institucionales vinculadas a la causa penal iniciada en su contra.
En su presentación, Ariaudo solicita que se declare la nulidad de la renuncia que presentó hace exactamente un año, argumentando que el acto se produjo mientras se encontraba privado de su libertad y con sus fueros vulnerados. Según su interpretación, esa situación habría afectado la validez del procedimiento mediante el cual dejó tanto la presidencia del Concejo como su banca de concejal. Además del retorno al cargo, también reclamó el pago de los haberes que considera adeudados desde su salida del cuerpo legislativo.
El planteo del ex concejal se apoya en dos argumentos principales. Por un lado, sostiene que la renuncia fue presentada bajo coerción, ya que se encontraba detenido y enfrentando una audiencia judicial. Por otro, plantea que la dimisión no habría sido formalmente aceptada por el Concejo Deliberante, lo que —según su interpretación— impediría que el acto haya producido efectos administrativos definitivos.
La renuncia de Ariaudo se produjo en medio de una fuerte crisis institucional que se desató el 14 de marzo de 2025, cuando la intendenta Daniela Salzotto y otros funcionarios municipales presentaron una denuncia penal en su contra. La fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados a amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego, ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de ese año.
Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y la Justicia dispuso medidas cautelares para garantizar el proceso judicial. Entre ellas se establecieron restricciones de acercamiento a la intendenta y a dependencias municipales, además de un sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera, condiciones que continúan vigentes mientras avanza la investigación.
Ese mismo 15 de marzo de 2025, Ariaudo presentó una nota en la que renunció “de manera indeclinable” tanto a la presidencia del Concejo Deliberante como a su cargo de concejal. En el texto de la renuncia también señaló que lo hacía “siguiendo las instrucciones propuestas en la audiencia del día 15 de marzo” y con el objetivo de preservar la institucionalidad mientras atravesaba el proceso judicial.
Ariaudo presentó en febrero un pedido formal para ser restituido en la presidencia del Concejo Deliberante. El Legislativo deberá analizar el pedido de restitución presentado por el ex presidente del cuerpo.
Tras la presentación de esa dimisión, el Concejo Deliberante dictó la Resolución 013/25, mediante la cual el entonces vicepresidente Nelson Díaz quedó a cargo de la presidencia del cuerpo mientras se resolvía la continuidad institucional del órgano legislativo.
A doce meses de aquellos hechos, la causa penal que originó aquella crisis institucional todavía no tiene una resolución definitiva. Durante el último año se realizaron numerosas audiencias judiciales y el proceso continúa en etapa preparatoria. La fiscalía mantiene la acusación y ha planteado la posibilidad de un acuerdo judicial con reconocimiento de culpabilidad, alternativa que Ariaudo rechaza. En paralelo, su defensa también impulsa un planteo de recusación contra el juez que interviene en la causa, lo que mantiene abierto el proceso judicial.
El pedido de restitución también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante. En febrero de este año, la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de comunicación solicitando informes sobre el procedimiento institucional seguido tras la renuncia de Ariaudo, con el objetivo de revisar la documentación vinculada al proceso administrativo realizado en 2025.
Mientras tanto, desde el oficialismo local evitaron pronunciarse públicamente sobre el planteo presentado por el ex concejal. Fuentes del Concejo Deliberante señalaron que la situación se encuentra actualmente en el ámbito judicial y que será la Justicia la que deberá expedirse sobre el caso. En términos similares se expresaron fuentes del Poder Ejecutivo municipal, que indicaron que para el gobierno local el tema dejó de formar parte de la agenda institucional.
Argumentaron que, actualmente, la agenda del Ejecutivo municipal está centrada en la discusión por las regalías petroleras frente a los cambios propuestos por el gobierno provincial, un debate que atraviesa a los municipios productores de la región y que concentra buena parte de la actividad política local.
Por el momento, no hubo confirmación oficial de que el planteo de restitución presentado por Ariaudo fuera resuelto institucionalmente por el Concejo Deliberante, por lo que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Así, a un año del episodio que sacudió la política de Catriel, el conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la vida institucional de la ciudad.
VientoSur Noticias tuvo acceso a la documentación completa del caso.
A un año de los hechos que derivaron en su salida del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo presentó un pedido formal para ser restituido en la presidencia del cuerpo legislativo municipal, además del pago de los haberes correspondientes al período transcurrido desde su renuncia. El planteo fue ingresado el 1 de febrero de 2026 ante el Concejo Deliberante, donde el ex funcionario sostiene que la dimisión que firmó el 15 de marzo de 2025 no fue libre ni voluntaria, sino que se produjo en un contexto de detención y presiones institucionales vinculadas a la causa penal iniciada en su contra.
En su presentación, Ariaudo solicita que se declare la nulidad de la renuncia que presentó hace exactamente un año, argumentando que el acto se produjo mientras se encontraba privado de su libertad y con sus fueros vulnerados. Según su interpretación, esa situación habría afectado la validez del procedimiento mediante el cual dejó tanto la presidencia del Concejo como su banca de concejal. Además del retorno al cargo, también reclamó el pago de los haberes que considera adeudados desde su salida del cuerpo legislativo.
El planteo del ex concejal se apoya en dos argumentos principales. Por un lado, sostiene que la renuncia fue presentada bajo coerción, ya que se encontraba detenido y enfrentando una audiencia judicial. Por otro, plantea que la dimisión no habría sido formalmente aceptada por el Concejo Deliberante, lo que —según su interpretación— impediría que el acto haya producido efectos administrativos definitivos.
La renuncia de Ariaudo se produjo en medio de una fuerte crisis institucional que se desató el 14 de marzo de 2025, cuando la intendenta Daniela Salzotto y otros funcionarios municipales presentaron una denuncia penal en su contra. La fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados a amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego, ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de ese año.
Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y la Justicia dispuso medidas cautelares para garantizar el proceso judicial. Entre ellas se establecieron restricciones de acercamiento a la intendenta y a dependencias municipales, además de un sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera, condiciones que continúan vigentes mientras avanza la investigación.
Ese mismo 15 de marzo de 2025, Ariaudo presentó una nota en la que renunció “de manera indeclinable” tanto a la presidencia del Concejo Deliberante como a su cargo de concejal. En el texto de la renuncia también señaló que lo hacía “siguiendo las instrucciones propuestas en la audiencia del día 15 de marzo” y con el objetivo de preservar la institucionalidad mientras atravesaba el proceso judicial.
Ariaudo presentó en febrero un pedido formal para ser restituido en la presidencia del Concejo Deliberante. El Legislativo deberá analizar el pedido de restitución presentado por el ex presidente del cuerpo.
Tras la presentación de esa dimisión, el Concejo Deliberante dictó la Resolución 013/25, mediante la cual el entonces vicepresidente Nelson Díaz quedó a cargo de la presidencia del cuerpo mientras se resolvía la continuidad institucional del órgano legislativo.
A doce meses de aquellos hechos, la causa penal que originó aquella crisis institucional todavía no tiene una resolución definitiva. Durante el último año se realizaron numerosas audiencias judiciales y el proceso continúa en etapa preparatoria. La fiscalía mantiene la acusación y ha planteado la posibilidad de un acuerdo judicial con reconocimiento de culpabilidad, alternativa que Ariaudo rechaza. En paralelo, su defensa también impulsa un planteo de recusación contra el juez que interviene en la causa, lo que mantiene abierto el proceso judicial.
El pedido de restitución también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante. En febrero de este año, la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de comunicación solicitando informes sobre el procedimiento institucional seguido tras la renuncia de Ariaudo, con el objetivo de revisar la documentación vinculada al proceso administrativo realizado en 2025.
Mientras tanto, desde el oficialismo local evitaron pronunciarse públicamente sobre el planteo presentado por el ex concejal. Fuentes del Concejo Deliberante señalaron que la situación se encuentra actualmente en el ámbito judicial y que será la Justicia la que deberá expedirse sobre el caso. En términos similares se expresaron fuentes del Poder Ejecutivo municipal, que indicaron que para el gobierno local el tema dejó de formar parte de la agenda institucional.
Argumentaron que, actualmente, la agenda del Ejecutivo municipal está centrada en la discusión por las regalías petroleras frente a los cambios propuestos por el gobierno provincial, un debate que atraviesa a los municipios productores de la región y que concentra buena parte de la actividad política local.
Por el momento, no hubo confirmación oficial de que el planteo de restitución presentado por Ariaudo fuera resuelto institucionalmente por el Concejo Deliberante, por lo que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Así, a un año del episodio que sacudió la política de Catriel, el conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la vida institucional de la ciudad.
VientoSur Noticias tuvo acceso a la documentación completa del caso.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió seleccionar a Daniel Delgado como futuro juez de paz titular de Catriel, tras el proceso de entrevistas realizadas el viernes 13 de marzo a los postulantes que participaron del concurso para cubrir la vacante en ese juzgado.
Según pudo confirmar VientoSur Noticias a través de fuentes del Poder Judicial, el proceso contó inicialmente con tres postulantes: Laura Morales, Carina Caraballo y Daniel Delgado. Los tres habían superado previamente la instancia de evaluación escrita realizada en Cipolletti, que fue tomada por un tribunal integrado por magistradas del fuero penal, contencioso administrativo y de familia.
Sin embargo, antes de la etapa final del proceso una de las candidatas informó que desistiría de su participación en el concurso, por lo que las entrevistas finales ante el tribunal del STJ se realizaron con dos postulantes.
La instancia final se desarrolló ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia, encabezados por su presidente Ricardo Apcarián y los vocales Sergio Barotto y Sergio Cessi. También participó la inspectora de Justicia de Paz de Río Negro, Laura Lisera, máxima autoridad provincial de los 49 juzgados de paz que funcionan en la provincia.
Tras escuchar las exposiciones de los candidatos, el tribunal resolvió que Daniel Delgado obtuvo el mayor puntaje en la evaluación general, resultado que se suma a la ventaja que ya había obtenido en las instancias preliminares del concurso.
El proceso de designación aún no está formalmente concluido. Según indicaron fuentes judiciales, Delgado deberá completar los exámenes psicofísicos y otros requisitos administrativos previstos en el procedimiento de selección. Una vez cumplidas esas etapas, el Superior Tribunal de Justicia dictará la resolución oficial que lo designará como juez de paz titular de Catriel.
El concurso para cubrir el cargo se inició en julio de 2025, luego de que la entonces jueza de paz Georgina Garro dejara el puesto para asumir otra función dentro del Poder Judicial.
En caso de completarse todos los pasos administrativos pendientes, Delgado pasará a ocupar la titularidad del juzgado de paz de la ciudad, uno de los organismos judiciales de cercanía que interviene en casos de violencia de género, cuestiones civiles menores, certificaciones, contravenciones y mediaciones comunitarias.
