Este sábado, de 16 a 18 horas, se desarrollará la última clase abierta del Taller de Teatro Municipal para personas mayores, una propuesta impulsada por la Escuela Municipal de Artes de Catriel que busca fomentar la expresión artística y el encuentro comunitario.
Desde la organización recordaron que esta será la última oportunidad del año para sumarse a la iniciativa. Las inscripciones pueden realizarse hasta el viernes en el Centro Cultural Sánchez Carrillo, en el horario de 9 a 13.
El taller está dirigido a mayores de 60 años y no requiere experiencia previa. A lo largo del año, las clases ofrecieron herramientas de actuación, improvisación y trabajo grupal, en un espacio pensado para el disfrute, el aprendizaje y la integración.
“La idea es generar un lugar donde los adultos mayores puedan expresarse, reencontrarse con la creatividad y compartir experiencias”, explicaron desde la organización.
La propuesta forma parte de la agenda anual de talleres culturales del municipio, y se espera que retome su actividad recién el próximo año. Por eso, quienes tengan interés en participar, aún están a tiempo de acercarse e inscribirse.
Este jueves 29 de mayo, la ciudad de Catriel recibirá la visita de personal de la sede Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones. La jornada de atención estará orientada a resolver dudas y brindar orientación sobre trámites migratorios a residentes y vecinos de la región.
La atención será de 9:00 a 13:00 horas en el Punto Digital, ubicado en Avenida San Martín 210. No se requerirá turno previo: la modalidad será por orden de llegada.
Desde la Oficina Municipal de Migraciones destacaron que se trata de una oportunidad para acceder a información oficial sin necesidad de trasladarse a otras localidades. El objetivo es acercar el servicio a quienes necesiten asesoramiento general o tengan trámites en curso.
La jornada forma parte de una política de descentralización impulsada por Migraciones para facilitar el acceso a los servicios en todo el país, especialmente en localidades alejadas de las sedes regionales.
Se recomienda a las personas interesadas asistir con su documentación personal y, en caso de tener trámites iniciados, llevar también los comprobantes correspondientes.
Durante 2024, el Gobierno Nacional recaudó aproximadamente $2,5 billones a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, tributo que los consumidores pagan al cargar nafta o gasoil. Según la Ley 23.966, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y de ese monto, el 50% corresponde a Vialidad Nacional para obras de mantenimiento y mejora de rutas.
Sin embargo, informes oficiales indican que en 2024solo se transfirieron $149 mil millones a Vialidad Nacional, menos de la mitad de lo estipulado. Así lo reveló una investigación del medio El Ciudadano.
Esta situación genera preocupación en diversas provincias, donde las obras viales están paralizadas y las rutas presentan un deterioro creciente. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su malestar por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan su provincia y adelantó que evalúa acciones legales para exigir la reactivación de obras clave. «No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos», declaró el mandatario, refiriéndose a las rutas 22 y 151. Existe un reclamo histórico por la Ruta Nacional 151, que ningún gobierno nacional supo resolver.
Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, también cuestionó la falta de inversión en obras viales, a pesar de la recaudación del impuesto a los combustibles. «Lo que se recauda por el impuesto a los combustibles no se destina al arreglo de los caminos por los que sale la producción», afirmó, también citado por Página/12.
La situación motivó a legisladores nacionales a presentar proyectos de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre el destino de los fondos recaudados y el cumplimiento de las leyes que regulan su asignación. Hasta el momento no hubo respuesta.
Mientras tanto, las provincias continúan enfrentando dificultades para mantener y mejorar su infraestructura vial, esencial para la producción, el turismo y la seguridad de los ciudadanos. La falta de cumplimiento en la asignación de fondos destinados por ley al mantenimiento de las rutas nacionales plantea interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
La colecta solidaria de sangre organizada por el Hospital “Dra. Cecilia Grierson” de Catriel este miércoles 28 de mayo finalizó con resultados positivos y una gran participación de la comunidad. Así lo informó el equipo de Hemoterapia, que expresó su agradecimiento por la amplia respuesta al llamado.
“Nos fue re bien en la colecta. Muchas gracias a la comunidad de donantes voluntarios de Catriel por acercarse”, señalaron desde el área, destacando el compromiso de los y las donantes que se acercaron durante la jornada, desarrollada entre las 8:00 y las 12:30.
La convocatoria estuvo dirigida especialmente a personas con grupo sanguíneo 0 positivo y 0 negativo, fundamentales para garantizar disponibilidad en emergencias y fortalecer el banco de sangre local.
Desde el hospital remarcaron que estas iniciativas son clave para sostener un sistema de salud preparado y agradecieron el rol de la comunidad y los medios en la difusión del mensaje.
La campaña también sirvió para reforzar la importancia de la donación voluntaria y habitual como herramienta de cuidado colectivo, más allá de situaciones puntuales.
Un camión de gran porte que transportaba dos camionetas volcó anoche (27-05) en la Ruta Nacional 151, en el kilómetro 86, entre los parajes conocidos como la bajada del Piche y La Jarrilla, en cercanías de Catriel. El siniestro se registró alrededor de las 23:05 y, según informaron fuentes oficiales, el conductor resultó ileso.
El vehículo, que viajaba desde Mendoza hacia Villa Regina, llevaba una camioneta sobre la plataforma y otra remolcada. Aún se desconocen las causas del vuelco. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Catriel, una ambulancia del hospital local, personal de Protección Civil y efectivos de la policía caminera.
El hecho se produjo en un contexto de creciente preocupación por el estado de la Ruta 151. Vecinos y autoridades locales denuncian desde hace años el deterioro de la calzada, la falta de mantenimiento y la ausencia de señalización adecuada. Estos factores, sumados al tránsito constante de camiones y vehículos de gran porte, convierten a la ruta en un tramo de alto riesgo.
En 2024, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, destinó recursos municipales para realizar tareas de bacheo en un tramo de ocho kilómetros, ante la inacción de Vialidad Nacional. Sin embargo, la reparación fue paliativa y el deterioro general persiste.
«Es muy probable que entre el sector privado y el público, ya sean intendentes o el Gobierno provincial, avancemos en acciones judiciales».
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
La situación fue recientemente abordada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien confirmó que evalúa impulsar acciones legales contra el Gobierno nacional. “El Estado Nacional no termina de tomar una decisión. No hace mantenimiento, no resuelve los contratos incumplidos y tampoco avanza con los proyectos ejecutivos”, señaló el mandatario durante una actividad en General Roca.
Weretilneck anticipó que podría haber una acción judicial conjunta entre el gobierno provincial, intendentes y el sector privado, como ya ocurrió en el tramo Bariloche–El Bolsón de la Ruta 40. “Creemos que ante la falta de una respuesta política, quizás la vía de la mediación judicial encuentre soluciones”, indicó.
La Ruta 151 conecta Cipolletti con el sur de La Pampa y es una arteria clave para el transporte y la actividad económica regional. Para los habitantes de Catriel, representa además una vía obligada para acceder a servicios de salud, educación y trámites en ciudades como Neuquén, General Roca o Cipolletti, lo que acentúa la urgencia de una solución estructural.
La Municipalidad de Catriel inició esta semana los trabajos preliminares para la construcción de cordón cuneta sobre la avenida Mosconi. La obra comprende 275 metros lineales entre las calles Añatuya y Canadá, e incluye la ejecución de badenes, cruces de calle y curvas en la intersección con calle Oslo.
Esta intervención se integra al proyecto de mejora de la colectora Mosconi, donde está previsto avanzar con cordón cuneta y pavimentación desde Roque Sáenz Peña hasta Añatuya, con el objetivo de optimizar la conectividad y la infraestructura urbana en el sector.
Autoridades municipales, entre ellas la intendenta Daniela Salzotto y el secretario de Obras Públicas Matías Bustos, recorrieron la zona donde se desarrollará la obra, que será ejecutada por administración municipal.
Desde el municipio indicaron que la intervención busca complementar la obra de asfaltado financiada con el Bono Prórroga, en el marco de una serie de mejoras planificadas en distintos puntos de la ciudad.
Un hecho reciente en el Vivero Municipal de Catriel, donde un encargado fue desvinculado tras conocerse un episodio de carácter sexual con una compañera durante el horario laboral, abrió un debate necesario: ¿qué sucede cuando existen relaciones de poder desiguales en el ámbito laboral?
El funcionario ocupaba un cargo jerárquico y, según explicó el municipio, la trabajadora se encontraba en una situación de subordinación. Por esta razón, no se le aplicó ninguna sanción a ella. Más allá del caso puntual, la situación nos interpela: cuando hay una diferencia de poder, ¿existe realmente libertad para consentir?
En los espacios laborales, quienes detentan mayores responsabilidades suelen tener control sobre tareas, horarios, funciones, licencias o evaluaciones. Esa asimetría hace que, aunque parezca que hay un acuerdo entre dos personas, no siempre sea tan simple. Especialmente cuando una depende directamente de la otra.
La legislación argentina protege a las personas en estas circunstancias. La Constitución Nacional y la Ley 26.485 garantizan el derecho a trabajar en condiciones dignas y libres de violencia. Además, el país ratificó tratados internacionales como el Convenio 190 de la OIT, que aborda específicamente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En Río Negro, la Ley 5631 brinda herramientas concretas para intervenir en estos casos, ya sea entre jefaturas y personal o entre pares.
Otro aspecto que merece atención es el tratamiento mediático del tema. Varios medios priorizaron el morbo en sus titulares y coberturas, enfocándose en detalles íntimos y frases sensacionalistas, sin profundizar en el análisis institucional y social que implica un hecho de esta naturaleza. Se puso el foco en lo “escandaloso”, sin considerar las desigualdades de poder ni las responsabilidades del Estado como empleador. Esta forma de informar, además de exponer innecesariamente a las personas involucradas, invisibiliza la dimensión estructural del problema y obstaculiza un debate público más constructivo.
En redes sociales ocurrió algo similar. La repercusión fue alta, especialmente en grupos locales de compraventa, donde se repitieron comentarios cargados de morbo, burlas y desinformación. Muchos mensajes ridiculizaron o minimizaron la situación, incluso culpabilizando a la trabajadora. Algunas expresiones aludieron a supuestas condiciones personales de ella o cuestionaron que no haya sido sancionada, sin considerar las desigualdades de poder ni las dinámicas laborales en juego.
Estas reacciones muestran que aún queda mucho por hacer en materia de educación y sensibilización sobre violencia laboral, abuso de poder y derechos en el trabajo. Sin esa comprensión, es fácil caer en prejuicios y seguir reproduciendo actitudes que dañan, sobre todo a quienes se encuentran en posiciones más vulnerables.
La problemática no se limita al sector público. En el ámbito privado también hay antecedentes que muestran cómo las relaciones de poder pueden derivar en violencia.
Un caso reciente en La Pampa lo confirma: un ex supervisor de una empresa contratista petrolera fue condenado por abuso sexual contra una trabajadora de maestranza en un yacimiento de 25 de Mayo. El agresor utilizó su jerarquía para intimidarla, tocarla sin consentimiento y amenazarla para que guardara silencio. La Justicia reconoció no solo el abuso físico, sino el uso coactivo del poder como forma de violencia.
Este caso puso en valor el rol de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno pampeano, que acompañó el proceso judicial y respaldó a la víctima desde el inicio. Esa intervención institucional marca una diferencia. Y plantea una pregunta urgente: ¿qué pasaría en lugares como Catriel —donde la industria petrolera también tiene fuerte presencia— si existieran dispositivos provinciales con ese mismo nivel de acompañamiento y presencia territorial?
Semanas atrás, en Catriel, una madre denunció en redes sociales que su hija fue despedida tras rechazar insinuaciones de un dirigente gremial. Aunque el caso no fue judicializado, recibió respaldo social. Pero también expone las dificultades para avanzar cuando no existen canales institucionales sólidos que generen seguridad para atravesar procesos de denuncia y justicia.
Este no es un hecho aislado. Este tipo de sucesos ocurren tanto en lo privado, como en lo público. En otras áreas del municipio también se detectaron situaciones similares en el pasado, algunas en revisión y otras ya judicializadas. Incluso trascendió que la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante evalúa una nueva denuncia.
Esto demuestra que no se trata de un caso puntual, sino de un problema estructural: construir ambientes laborales seguros, con reglas claras y donde el respeto sea el eje de la convivencia, revisando normas y estatutos con perspectiva de género.
En una ciudad como Catriel, donde el vínculo entre la comunidad, el municipio y las empresas es directo y cotidiano, es fundamental que las instituciones actúen con responsabilidad, garanticen derechos laborales y adopten medidas de prevención eficaces.
Pero también es responsabilidad de la sociedad promover el respeto, rechazar la violencia simbólica y aportar a un debate que nos acerque a entornos de trabajo más justos, igualitarios y humanos.
Débil articulación institucional: un obstáculo que persiste
Aunque Río Negro cuenta con un dispositivo provincial de atención territorial para mujeres, en la práctica no llega a Catriel por falta de movilidad. La atención se centraliza en el Alto Valle, lo que genera una barrera más de acceso para quienes necesitan acompañamiento inmediato en esta localidad.
A nivel local, la Subsecretaría de Mujeres, Igualdad y Diversidad interviene en los casos que llegan, pero enfrenta dificultades por la falta de articulación con la Comisaría de la Familia y la Fiscalía debido a barreras burocráticas. En varias oportunidades, denuncias que deberían activar su intervención no les fueron derivadas, lo que demora las respuestas institucionales. Algunas de estas situaciones se archivan sin tratamiento adecuado y luego reaparecen cuando las víctimas insisten o los casos se visibilizan en redes o medios. Aunque esto se había corregido en el último tiempo, según referentes de la Campaña Nacional contra la Violencia de Género, volvió a ocurrir recientemente.
Hoy, los casos deben ser considerados en Cipolletti antes de que la Subsecretaría de Catriel pueda actuar, lo que evidencia la necesidad urgente de una articulación más directa entre los dispositivos locales. Esta misma desconexión afecta a otros organismos como la SENAF.
El 144, línea nacional para casos de violencia de género, también enfrenta demoras por el desfinanciamiento. En la mayoría de los casos, termina derivando a la Subsecretaría local, la Comisaría de la Familia o el Ministerio Público Fiscal, sin ofrecer un acompañamiento sostenido.
Si vos o alguien que conocés necesita orientación o acompañamiento ante situaciones de violencia laboral, acoso o abuso de poder, podés comunicarte con:
Comisaría de la Familia Guardia: 299 576 9055 Dirección: Juan Benigar 929, Catriel
Ademas la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Río Negro Brinda recursos y orientación a través de su sitio oficial para situaciones en el ámbito laboral.
Contar con respaldo institucional, dispositivos accesibles y canales seguros de denuncia es clave para que más mujeres puedan salir del silencio. Avanzar en políticas públicas con perspectiva de género y con presencia territorial no es solo una deuda histórica: es parte del camino urgente hacia la transformación de estructuras de poder que, durante siglos, han sostenido desigualdades y opresión.
Esta deuda que atraviesa la historia del trabajo, de las instituciones y de la vida cotidiana se hace visible cada vez que el mundo laboral replica jerarquías que silencian, invisibilizan o subordinan a las mujeres. Por eso, garantizar espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencias no es únicamente una obligación legal o administrativa: es una transformación social urgente y necesaria.
La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) expresó su rechazo a la reciente propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, la cual, según el gremio, no contempla incrementos. En un comunicado difundido este lunes, la organización señaló que los salarios actuales del personal de salud se encuentran por debajo de la línea de pobreza y denunció un escenario de precarización laboral.
Entre los puntos destacados por el sindicato se encuentran la obligatoriedad de realizar guardias y horas extras como forma de complementar ingresos, la falta de personal, y la persistencia de problemas edilicios, de insumos y equipamiento en hospitales provinciales. Mencionaron específicamente deficiencias en calefacción en centros de salud como los de Bariloche y Sierra Grande, en un contexto de bajas temperaturas.
Desde ASSPUR también cuestionaron la difusión de contenidos oficiales que, a su entender, desacreditan los reclamos del sector. Además, denunciaron prácticas administrativas que consideran irregulares, como la asignación de guardias no realizadas.
Hasta el momento, no hubo una respuesta pública del Gobierno provincial a las declaraciones del gremio. Tampoco se anunciaron nuevas instancias de diálogo paritario.
En General Roca, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) se concentró frente al hospital Francisco López Lima. El sindicato denunció que la última propuesta del Gobierno provincial no contempla aumentos y reclamó paritarias sectoriales exclusivas para el área de salud. “La mayoría del personal sanitario cobra por debajo de la línea de pobreza”, sostuvieron desde el gremio, y advirtieron sobre falencias estructurales en hospitales y centros de salud de la provincia.
A pesar de la medida, desde el sector informaron que no se vio afectada la atención al público. La protesta fue definida como una acción de visibilización.
También en Río Negro, trabajadores judiciales nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) realizan una retención de servicios durante la jornada. Exigen el cumplimiento de los compromisos paritarios vigentes y la convocatoria a una nueva audiencia de negociación salarial.
La situación se enmarca en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo rionegrino y distintos sectores del empleo público, que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.
A nivel nacional, científicos del CONICET y otras instituciones también realizan acciones de protesta convocadas por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) y gremios del sector. En diferentes provincias, incluidas varias patagónicas, se reclama por mejores condiciones laborales, presupuestos adecuados para investigación y la continuidad de las carreras científicas.
El Gobierno de Río Negro lanzó una nueva etapa de la Agencia de Desarrollo Económico con el objetivo de redefinir su rol en la economía provincial. El acto se realizó en la sede de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca y contó con la participación del gobernador Alberto Weretilneck, funcionarios provinciales y autoridades locales.
Durante la presentación, se delinearon los principales ejes para 2025. Entre ellos, se destacó el acompañamiento al sector privado como motor del crecimiento económico, dejando atrás un esquema centrado exclusivamente en la intervención estatal. El gobernador señaló que “Río Negro debe adaptarse a los cambios globales” y propuso un modelo en el que el Estado acompañe, articule y potencie las iniciativas productivas del sector privado.
Como parte de las herramientas presentadas, se anunció la implementación del Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARÍO), con una disponibilidad de $2000 millones para respaldar a pequeñas y medianas empresas, así como la nueva Ley de Parques Industriales Mixtos, orientada a fomentar la inversión y la generación de empleo.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que la creación de la Agencia representa un cambio en la forma de abordar la política económica. Destacó su carácter integrador y su intención de consolidar un espacio de diálogo permanente entre los sectores público y privado. “La Agencia debe ser un nexo que articule esfuerzos hacia un modelo de desarrollo estratégico y sostenible”, indicó.
La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, valoró el trabajo conjunto en un contexto que definió como de “fragilidad económica”, y destacó la coordinación entre niveles de gobierno para sostener políticas activas.
El director ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias, presentó los ejes estratégicos para los próximos meses: fortalecimiento del entramado productivo, apoyo a pymes y emprendedores, desarrollo territorial con enfoque sustentable, e impulso a la innovación. “En Río Negro contamos con más de 9.000 pymes. Este entramado es el corazón de nuestra economía y desde la Agencia vamos a trabajar para potenciarlo”, indicó.
También participaron la subsecretaria de Promoción y Comercio Interior, Betiana Gabilondo, y el subsecretario de Comercio Exterior e Inversiones, Christian Kreber, quienes detallaron las estrategias previstas para fortalecer el comercio interno, fomentar las exportaciones y atraer inversiones productivas.
OPORTUNIDAD PARA LAS PyMES DE RÍO NEGRO
Presentamos la Agencia de Desarrollo Económico: una herramienta estratégica para generar empleo, atraer inversiones y fortalecer el entramado productivo provincial.
Más de 20.000 docentes tomaron las calles de San Fernando del Valle de Catamarca el sábado 24 de mayo, en una de las movilizaciones educativas más grandes que se recuerden en la provincia. La masividad del reclamo forzó al gobernador Raúl Jalil a derogar el decreto 884, que modificaba el sistema de cobertura de cargos y transfería competencias al Ministerio de Trabajo, generando un fuerte rechazo en la comunidad educativa.
El decreto, publicado el 16 de mayo, fue interpretado por docentes autoconvocados y gremios como UDA y SUTECA como una amenaza directa a la estabilidad laboral y al funcionamiento de las escuelas. Las asambleas por niveles y el pronunciamiento de miles de educadores desencadenaron una protesta contundente que, en pocos días, logró revertir la medida oficial.
“Fue una movilización histórica y sin precedentes”, definió Bruno Corzo, vocero de los autoconvocados. “El mensaje fue claro: la docencia no va a aceptar retrocesos en sus derechos laborales”. Desde el Ejecutivo, el gobernador Jalil admitió el malestar y anunció que abrirá una instancia de diálogo con los gremios. La derogación fue publicada este martes 27 en una edición complementaria del Boletín Oficial.
La medida anulada alteraba el sistema de designaciones docentes, con impacto en todos los niveles y con una lógica administrativa cuestionada por su falta de perspectiva pedagógica. Nancy Agüero, de UDA, advirtió que el decreto tenía un enfoque “compulsivo y unilateral”, mientras que Juan Godoy, de SUTECA, valoró la movilización como “un punto de inflexión” para el movimiento docente local.
El respaldo político también llegó desde el bloque de diputados del Frente de Todos, que presentó un proyecto para formalizar la derogación y convocar a una mesa multisectorial. Desde la oposición, el radical Alfredo Marchioli criticó el decreto original y reclamó planificación y consenso en la toma de decisiones sobre educación.
La contundencia numérica de la protesta en Catamarca —con cifras que superan ampliamente las de otras movilizaciones docentes recientes en el país— convirtió el episodio en un ejemplo de fuerza colectiva. En un contexto de reclamos y ajustes en distintas provincias, lo ocurrido se proyecta como un antecedente federal de lucha organizada y efectiva en defensa de los derechos laborales del sector educativo.
