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Nombrar de forma adecuada no es un detalle menor, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad. El lenguaje que utilizamos no solo refleja nuestra mirada sobre el mundo, sino que también puede consolidar prejuicios o, por el contrario, contribuir a una sociedad más inclusiva. Desde organismos como la Defensa Pública o asociaciones especializadas, se insiste en la importancia de anteponer siempre a la persona por sobre su condición.

Expresiones como “un discapacitado”, “un ciego” o “un chico Down” siguen apareciendo con frecuencia en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones cotidianas. Pero su uso, advierten especialistas, refuerza estereotipos al reducir la identidad de una persona únicamente a su discapacidad, incluso cuando esta no es relevante en el contexto.

La forma correcta, sostienen, es referirse como “persona con discapacidad”. Esta denominación parte del modelo social de la discapacidad, adoptado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone el foco en las barreras del entorno y no en una supuesta deficiencia individual. Fue, además, consensuada con personas que tienen discapacidad, lo que le otorga legitimidad y representatividad.

En cambio, frases como “persona con capacidades diferentes” son consideradas eufemismos que, lejos de aportar claridad, diluyen el enfoque de derechos. “Todos tenemos capacidades distintas, pero no todos enfrentamos barreras sistemáticas para participar en igualdad de condiciones”, señalan desde la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra). En su sitio oficial, remarcan: “La forma en que nos expresamos define y difunde maneras de ver el mundo y de entender a las personas. Esto tiene consecuencias en el respeto de los derechos”.

La Defensa Pública, que suele intervenir en casos donde las condiciones de discapacidad requieren de un abordaje integral, trabaja en red con familias, profesionales de la salud, servicios locales y organismos estatales. “El enfoque parte del respeto a la autonomía, la escucha activa y el acompañamiento en cada realidad concreta”, explican desde la institución.

Así, el lenguaje inclusivo no se trata solo de una corrección formal, sino de una herramienta para visibilizar, reconocer y respetar la diversidad. Porque, como sostienen desde distintos espacios, cada persona es mucho más que cualquier característica particular. Y nombrar bien es el primer paso para mirar mejor.

Un fallo judicial en El Bolsón rechazó el pedido de un hombre que solicitaba reducir la cuota alimentaria fijada para uno de sus hijos, argumentando dificultades económicas. La jueza consideró que no probó estar haciendo su máximo esfuerzo para incrementar sus ingresos y que no cumple tareas de cuidado ni otras responsabilidades parentales directas con el niño.

El hombre, integrante de la Policía de Río Negro, explicó que más del 60% de su salario está comprometido por obligaciones alimentarias hacia tres hijos de distintas parejas y que, junto a su actual pareja, cría un cuarto niño. Alegó no contar con vivienda propia, vivir en casa de sus suegros, tener un vehículo prestado y no poder realizar trabajos adicionales por incompatibilidades horarias.

Sin embargo, la jueza subrayó que el reclamo carece de elementos que acrediten fehacientemente una imposibilidad material de generar más recursos. “No se ha demostrado razón física o psicológica que le impida aumentar sus ingresos para poder asegurar el bienestar de todos sus hijos sin detrimento para ninguno de ellos”, señala la sentencia.

El fallo también remarcó la ausencia de documentación que permita verificar su jornada laboral, si realiza horas extras o si tiene ingresos complementarios. “No se acredita ni las horas que dedica a su trabajo, si hace o no horas extras, o si tiene algún otro ingreso que permita convencerme de que está realizando su máximo esfuerzo para sostener a los hijos que tiene”, sostuvo la magistrada.

El pedido se basó en modificar una cuota homologada cuando el niño tenía seis años. Hoy cursa el primer año del secundario, practica fútbol y participa de actividades extracurriculares. La madre indicó que el gasto mensual supera los 450 mil pesos y que, si bien el niño cuenta con obra social, no siempre pueden acceder a prestaciones porque el padre no comparte las claves de acceso necesarias.

El peritaje del Cuerpo de Investigación Forense y peritos oficiales concluyó que el progenitor conformó una nueva familia y que el hogar cubre las necesidades básicas, aunque no tiene capacidad de ahorro. El informe detalló que el 55% de su salario se destina a cuotas alimentarias, pero también subrayó que el cuidado diario de sus otros hijos recae exclusivamente en sus madres. “Su colaboración con las crianzas se circunscribe casi exclusivamente a su aporte económico”, se indicó.

La jueza descartó que la conformación de una nueva familia justifique una reducción en la cuota vigente. “Esa decisión personal y libre de formar un nuevo grupo familiar y la existencia de un nuevo hijo lo obliga a realizar mayores esfuerzos para generar más recursos”, sostuvo. Y agregó que el padre “debe redoblar los esfuerzos para cubrir la asistencia, alimentación y educación” del hijo con el que no convive.

La sentencia concluyó que no hubo cambios que justifiquen una modificación a la baja. Por el contrario, remarcó que las condiciones que motivaron la cuota inicial no solo persisten, sino que se agravaron con el crecimiento del niño.