En las próximas semanas, más de 20.000 usuarios de la distribuidora eléctrica EdERSA en Río Negro verán incrementos significativos en sus facturas de electricidad, tras la pérdida de su condición de Nivel 2 (N2), que corresponde al mayor subsidio en el costo de la energía. Esta recategorización se enmarca dentro del programa de Segmentación Tarifaria, implementado por la Secretaría de Energía de la Nación y comunicado al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
El informe oficial detalla que aproximadamente 14.000 usuarios de EdERSA, hasta ahora beneficiados por subsidios dirigidos a los sectores de menores ingresos (N2), serán recategorizados a Nivel 1 (N1), que agrupa a usuarios de altos ingresos, o a Nivel 3 (N3), correspondiente a los ingresos medios. Esta decisión se basa en el cruce de datos con organismos como ANSES, AFIP y Sintys.
«Más de la mitad de estos usuarios mantendrán un porcentaje de subsidio al pasar a N3, pero otra parte perderá completamente ese beneficio al ser clasificados como N1», explicó Sebastián Busader, encargado de Comunicación y Relaciones Institucionales de EdERSA. Los usuarios que transiten de N2 a N3 podrían enfrentar aumentos del 30% en sus facturas, mientras que aquellos que pasen a N1 podrían ver incrementos de entre el 50% y el 60%.
Los usuarios categorizados como N3 seguirán recibiendo subsidios, aunque en menor proporción que los N2, y con un límite de consumo subsidiado de 500 kWh por bimestre, tras el cual se aplicará la tarifa plena de N1. Para los usuarios N2, el tope subsidiado es de 700 kWh por bimestre.
Además, el gobierno nacional comunicó que aquellos usuarios que fueron clasificados automáticamente como N2 por recibir la Tarifa Social, y que no se inscribieron en la segmentación, perderán tanto el subsidio de N2 como el de Tarifa Social. EdERSA estima que esta medida afectará a alrededor de 9.000 familias. Busader instó a quienes no se hayan registrado en la segmentación a hacerlo a través del sitio web oficial (www.argentina.gob.ar/subsidios).
En Río Negro, considerando también a las cooperativas CEB y CEARC, la distribución de usuarios se compone de un 36% en el Nivel 1, un 40% en el Nivel 2 y un 23% en el Nivel 3. Según EdERSA, estas recategorizaciones afectarán aproximadamente al 6% de los usuarios que actualmente reciben el mayor subsidio. Los hogares patagónicos clasificados como N2 son aquellos con ingresos familiares menores a 990.000 pesos, mientras que los N1 superan los 3,5 millones de pesos anuales, y los N3 se encuentran entre esos rangos.
La empresa insiste en la importancia de la inscripción en el registro de Segmentación Tarifaria para continuar accediendo a los subsidios.
El servicio de pediatría del Hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti enfrenta una situación alarmante debido a la falta de médicos pediatras. Actualmente, solo dos pediatras full-time cubren las 44 horas semanales más las guardias obligatorias, lo que resulta insuficiente para atender la alta demanda de la región. Esto ha obligado al hospital a derivar pacientes pediátricos a centros cercanos o a instituciones privadas, generando trastornos logísticos y económicos para las familias afectadas, y en algunos casos, retrasos en la atención de situaciones urgentes.
Este problema no solo afecta a Cipolletti, sino también a ciudades vecinas como Catriel, cuyo hospital depende del Moguillansky como centro de referencia. La escasez de especialistas impacta de manera directa en la calidad del servicio de salud infantil en toda la región.
Desde el gremio de salud ASSPUR, se exige que se garanticen los derechos de los trabajadores de la salud para desempeñar sus funciones con el personal adecuado, y se reclama que los niños y niñas tengan acceso a una salud pública de calidad. Según el sindicato, la falta de inversión en recursos humanos es una deuda pendiente que afecta gravemente al sistema sanitario provincial.
La situación se agrava debido a que Río Negro lleva más de un mes sin un ministro de Salud oficial, luego de la renuncia de la anterior titular, Ana Senesi. Mientras tanto, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que está evaluando el perfil adecuado para ocupar el cargo, pero aún no nombró un sucesor. Esta vacante deja en un estado de incertidumbre a la gestión de la salud pública en la provincia, lo que genera mayores tensiones en medio de esta crisis hospitalaria.
La comunidad, tanto de Cipolletti como de Catriel y otras ciudades afectadas, sigue esperando una respuesta por parte de las autoridades provinciales para resolver esta problemática que afecta de manera directa a los más vulnerables: los niños.
El gremio docente Unter celebró el pasado sábado un Plenario de Secretarios Generales, en el cual se definió la continuidad de las medidas de fuerza mediante nuevos paros zonales, tras una semana de movilizaciones en localidades como Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel. La situación forma parte de un conflicto sostenido con el Gobierno de Río Negro, que comenzó en septiembre y fue escalando en intensidad.
Los paros zonales continuarán esta semana en distintas localidades de la provincia. El lunes 7 de octubre, se realizarán paros en Valcheta, Sierra Grande y San Antonio Oeste, acompañados por una volanteada en la Ruta 23. Además, el martes 8 será el turno de Jacobacci y la Región Sur Medio, y el miércoles 9, las acciones se trasladarán a las seccionales de Viedma, Conesa y Valle Medio-Río Colorado. El 15 de octubre se ha previsto un paro en las localidades de Roca, Allen, Villa Regina y Alma Fuerte. En el marco de estas acciones, Unter busca visibilizar sus reclamos y reforzar la presión sobre el gobierno provincial.
El conflicto entre Unter y el Gobierno de Río Negro tiene como puntos de mayor tensión la discusión sobre la ley de esencialidad educativa —que establece la obligación de mantener guardias mínimas en las escuelas durante las huelgas— y la tercerización en el control de las licencias médicas, temas que son fuertemente cuestionados por el gremio. Según Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de Unter, el plenario ratificó las medidas previamente adoptadas en el último Congreso, asegurando la continuidad de las acciones que se habían programado.
Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó en declaraciones radiales que «no hay mucho por dialogar» con el gremio docente. El mandatario indicó que en septiembre se pidieron 25.000 días de licencias médicas en el sector educativo y afirmó que más del 50% de esas licencias «no correspondían». En un contexto de medidas de ajuste y control del gasto público, Weretilneck también justificó la baja de 27 licencias gremiales, lo cual fue denunciado por Unter como un intento de limitar la actividad sindical. Durante el fin de semana, el gremio lanzó una serie de videos en sus redes sociales mostrando los puestos que habrían sido afectados por esta decisión.
Algunas seccionales del gremio, como las de Allen y Valle Medio, pidieron que se convoque un Congreso Extraordinario para discutir más profundamente las estrategias del conflicto, ya que consideran insuficiente la instancia del plenario. En un comunicado, estas seccionales expresaron: «Creemos que es la mejor instancia para discutir de manera amplia y democrática las medidas a tomar, y construir un plan de acción que defienda los derechos de nuestro sindicato frente a las acciones del gobierno provincial». Desde la conducción del gremio aseguraron que la posibilidad de un nuevo Congreso está en agenda, aunque prefieren esperar a que finalicen las jornadas de protestas zonales para tomar una decisión definitiva.
Entretanto, Weretilneck defendió las acciones del gobierno, asegurando que la revisión de las licencias médicas es una medida necesaria para controlar el ausentismo y aumentar la eficiencia del sector público. «No se puede privar al Estado de controlar las licencias, no solo de los docentes sino de todos los empleados del Estado. Buscamos mayor eficiencia del funcionamiento del Estado, porque la cantidad de empleados públicos ya es más de la que necesita», señaló el gobernador. Agregó que si los empleados cumplen sus tareas adecuadamente, se puede mejorar el servicio del Estado.
En respuesta, la seccional de Cipolletti de Unter publicó una carta abierta dirigida al gobernador, coincidiendo con el aniversario de la ciudad, en la que se exige al mandatario que «retome la cordura». En dicha carta, el gremio denuncia las condiciones en que se encuentra el sistema educativo de la provincia, haciendo hincapié en problemas edilicios, deficiencias en el transporte escolar y los bajos salarios de los docentes, que están por debajo de la línea de pobreza (de acuerdo con Weretilneck, los docentes rionegrinos son los mejores pagos del país). Asimismo, reiteraron sus críticas hacia la tercerización de las auditorías médicas, calificándola como «una negociación turbia» y un ataque a los derechos de los docentes.
«Queremos darle a conocer la grave situación en la que se encuentran las escuelas públicas y sus docentes», aseguraron desde la seccional. Además, pidieron que el gobierno cese con lo que consideran «actos y expresiones de violencia institucional» hacia la docencia y aumente la inversión en el mantenimiento de escuelas y transporte escolar. La carta concluyó con una crítica hacia los salarios de los políticos, comparándolos con la situación económica de los trabajadores de la educación: «Nosotros sí trabajamos y no vivimos de los abultados sueldos de la política».
El conflicto entre Unter y el Gobierno de Río Negro continúa escalando sin un aparente punto de consenso. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de implementar medidas de control sobre el sector público, incluyendo la esencialidad educativa y el control de licencias médicas, el gremio docente denuncia lo que consideran intentos de limitar sus derechos laborales y sindicales.
La situación se encuentra en un punto crítico, con ambas partes reafirmando sus posturas y sin señales de un acercamiento en el corto plazo. Los paros zonales continuarán como medida de presión, mientras la comunidad educativa se mantiene expectante sobre el impacto que estas acciones tendrán tanto en las negociaciones con el gobierno como en el desarrollo del ciclo lectivo. Porque sí, mientras el Gobierno y el sindicato docente no se ponen de acuerdo, los estudiantes tienen que seguir educándose.
ABUSO DEL SISTEMA DE LICENCIAS: MÁS DE LA MITAD RECHAZADAS EN SEPTIEMBRE
En septiembre, de los 48.518 días de licencia solicitados por empleados públicos provinciales, más del 53%, es decir, 25.796 días, fueron rechazados por irregularidades, mientras que solo 22.722 días fueron… pic.twitter.com/LHWn8arO9s
El Desafío ECO YPF 2024 se aproxima con una edición que promete ser emocionante y transformadora. Programado para los primeros días de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, este evento reunirá a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, quienes se enfrentarán en la construcción y carrera de vehículos eléctricos de emisión cero.
Desde su lanzamiento en 2012, el Desafío ECO YPF llegó a más de 6.000 alumnos de 400 escuelas, fomentando la competitividad, la colaboración y el aprendizaje en el campo de las energías renovables. En esta sexta edición, destaca la participación del Centro de Educación Técnica N° 7 de Catriel, cuyos estudiantes de tercer año del ciclo superior, junto a sus profesores, se preparan para convertirse en agentes de cambio hacia un futuro más sostenible.
El equipo «Racing Team» de Catriel está compuesto por jóvenes apasionados que trabajan extracurricularmente en la carrocería del vehículo. Cada equipo recibirá un kit homologado que garantizará condiciones equitativas en la competencia, mientras buscan apoyo de patrocinadores y contribuciones de la comunidad para llevar a cabo su proyecto.
Con un enfoque en la sostenibilidad y el trabajo en equipo, el Desafío ECO YPF 2024 no solo será una competencia, sino una celebración del ingenio y el compromiso de estudiantes y docentes hacia un mundo más limpio y eficiente. Esta experiencia educativa es crucial para preparar a las nuevas generaciones en sistemas de transporte alternativos, esenciales para el futuro del país.
El Partido Justicialista (PJ) de Río Negro perdió el derecho a recibir el aporte anual asignado por la Nación debido a la falta de presentación y aprobación de sus cuentas de ingresos y gastos correspondientes al año 2022. Esta decisión fue tomada recientemente por la Justicia Federal, que determinó que el partido no cumplió con las obligaciones establecidas para la rendición de cuentas de sus fondos.
En julio de este año, la Justicia Electoral había ordenado el pago de aportes a diez organizaciones partidarias de la provincia, distribuyendo un total de aproximadamente 9,1 millones de pesos. Los beneficiarios incluyeron a Juntos Somos Río Negro (JSRN), con más de 2,4 millones de pesos, y otros partidos como el Movimiento Popular, el ARI, Kolina, el Partido Socialista, la Izquierda de los Trabajadores, entre otros. Sin embargo, el PJ no figuró en esta lista ya que sus rendiciones de cuentas no fueron aceptadas.
Finalmente, en septiembre, el juez electoral Hugo Greca formalizó la sanción contra el Partido Justicialista de Río Negro, indicando que perdería el derecho a recibir «contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por el plazo de un año» debido a la falta de presentación de su estado patrimonial anual y las cuentas de ingresos y egresos del ejercicio 2022.
La sanción al PJ se originó tras repetidas advertencias. El balance anual debía ser presentado a los 90 días del cierre del año, pero ante la falta de cumplimiento, la Justicia aplicó inicialmente una multa del 10% sobre los aportes destinados al desenvolvimiento institucional para 2024. La reiterada demora llevó a un incremento de la multa al 20%, y finalmente se decidió la sanción de pérdida total del financiamiento público por un año.
El Partido Justicialista de Río Negro atravesó un período complicado en 2022, con la renuncia de Alejandra Mas a la conducción del Consejo, que fue asumida por Sergio Hernández, alineado al senador Martín Doñate. Esta situación generó tensiones con otros referentes del partido, como el entonces ministro de Justicia, Martín Soria, y la intendenta María Emilia Soria, quienes mantenían una postura crítica. La distancia se acentuó en la segunda mitad de 2022, cuando Doñate se acercó al entonces senador y actual gobernador Alberto Weretilneck para las elecciones de 2023.
El juez Greca señaló que los plazos otorgados al presidente del partido, Sergio Hernández, y a la tesorera, Claudia Montanaro, habían vencido sin que se presentara ninguna documentación. Esto llevó a que se declarara «no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos en 2022», resultando en la pérdida de los aportes fijados por la ley de financiamiento de los partidos políticos. Además, el expediente correspondiente (N° 1116/2023) fue remitido al fiscal para evaluar la posibilidad de imponer otras sanciones.
El marco legal para los aportes a los partidos políticos
La Ley 26.215 establece que el Estado contribuye al funcionamiento de los partidos políticos mediante aportes destinados al desenvolvimiento institucional, la capacitación y formación política, y las campañas electorales primarias y generales. La distribución de estos recursos se basa en un reparto igualitario del 20% entre todos los partidos reconocidos, y el 80% se distribuye de forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, siempre y cuando el partido haya alcanzado al menos el 1% del padrón electoral.
En el caso del PJ de Río Negro, la falta de rendición de cuentas del ejercicio 2022 llevó a la pérdida de este derecho por un año, así como la exclusión de los fondos destinados al financiamiento de campaña para próximas elecciones. Según la resolución del juez Greca, el incumplimiento podría implicar sanciones adicionales, lo cual está siendo evaluado por la fiscalía.
El Gobernador Alberto Weretilneck entregó hoy en Viedma 10 camionetas cero kilómetro que serán destinadas a distintas unidades de la Policía de Río Negro. Esta entrega se realizó en un acto acompañado por el Vicegobernador Pedro Pesatti, el Intendente de la capital provincial Marcos Castro, el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y la Jefa de la Policía, Mary Carmen Carrizo.
Con esta última entrega, el Gobierno provincial completó la adquisición de 20 camionetas, con una inversión total de $757.000.000, utilizando fondos provenientes de infracciones de tránsito recaudadas en toda la provincia. Las primeras 10 unidades fueron destinadas a las Brigadas Rurales, y las restantes se asignarán a distintas localidades, entre ellas Viedma, Villa Regina, General Roca, General Enrique Godoy, San Carlos de Bariloche, Villa Manzano y Contralmirante Cordero. Catriel no figura entre la lista de ciudades beneficiadas.
La capital del petróleo quedó excluida de las localidades que recibirán estos vehículos en esta etapa, lo que pone de manifiesto la persistente escasez de recursos en la ciudad. Catriel cuenta actualmente con un único móvil policial para cubrir 11 barrios en la zona urbana, además de la extensa zona rural. Esta situación contrasta con otras localidades que recibieron refuerzos en sus recursos policiales.
Durante el primer semestre de 2024, Catriel registró 202 denuncias por violencia familiar y de género, según un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La ciudad, que enfrenta desafíos de infraestructura judicial, no cuenta con un juzgado de Familia propio, lo cual obliga a los habitantes a trasladarse a otras localidades para la resolución de casos complejos. En el ámbito policial (auxiliares de justicia), la falta de personal y recursos, incluyendo dispositivos de protección como tobilleras electrónicas y botones antipánico, agrava la vulnerabilidad de las víctimas de violencia.
El reciente anuncio de nuevas camionetas para la policía de la provincia representa una oportunidad para mejorar las condiciones de seguridad en Catriel, aunque hasta el momento, ninguna de estas unidades fue destinada a la localidad. La Comisaría de la Familia, ubicada en el barrio Preiss, también carece de un móvil propio, limitando su capacidad para responder de manera efectiva a situaciones de emergencia. La colaboración con otras instituciones locales como la Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia se ve limitada por la falta de recursos, lo que compromete la efectividad de la respuesta ante casos de violencia de género.
Durante el acto de entrega, el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, aseguró que la inversión en seguridad será constante durante los próximos años. «No vamos a dejar un solo año sin invertir en equipamientos para la policía, porque consideramos que es una inversión permanente y sistemática que debemos realizar», declaró el Gobernador Weretilneck. Sin embargo, en Catriel, la falta de vehículos, personal y recursos operativos sigue siendo un desafío crítico para garantizar una seguridad adecuada para los habitantes.
El contexto de la inseguridad en la ciudad y falta de recursos en Catriel evidencian la necesidad de un reparto más justo de los nuevos recursos policiales que están siendo adquiridos. La asignación de parte de estas nuevas camionetas a la ciudad sería crucial para mejorar la capacidad de respuesta de la policía y ofrecer un entorno más seguro a sus habitantes, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.
Hoy en Viedma, entregamos 10 nuevas camionetas 4×2 completamente equipadas para reforzar a la Policía de Río Negro, completando así la entrega de 20 unidades adquiridas con una inversión de $757 millones. Este dinero, proveniente de las… pic.twitter.com/aMqY1E6y2O
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró una postura de «tolerancia cero» hacia quienes intenten «atentar contra las instituciones democráticas de la provincia». A raíz de los incidentes registrados el 26 de septiembre en la Legislatura provincial durante una manifestación del gremio docente UnTER, el mandatario ordenó a la Fiscalía de Estado intervenir en las investigaciones judiciales sobre el accionar de los manifestantes, y exigir la aplicación del Artículo 241 del Código Penal.
«Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias», afirmó Weretilneck, remarcando que no permitirá que se ataque la democracia ni se interfiera en el funcionamiento de las instituciones.
La protesta de UnTER, que marcó el primer día de un paro de 48 horas, culminó con un enfrentamiento violento entre manifestantes y la Policía de Río Negro en las inmediaciones de la Legislatura de Viedma. La marcha, organizada en rechazo a la privatización de auditorías médicas y la declaración de la educación como un «servicio esencial estratégico», reunió a cientos de docentes de la provincia.
El operativo policial derivó en el uso de gas lacrimógeno y golpes para dispersar a los manifestantes. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, resultó herida, y varios manifestantes fueron atendidos en el hospital local. Weretilneck justificó la actuación de las fuerzas de seguridad, argumentando que los manifestantes «provocaron incidentes violentos» con palos y botellas llenas, dejando heridos a varios efectivos y ocasionando daños materiales en el edificio legislativo.
Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del bloque opositor Vamos con Todos, condenó la represión policial y exigió la renuncia de la jefa de la Policía provincial, afirmando que «lo ocurrido es inaceptable en un Estado democrático».
El paro docente continuó durante el 27 de septiembre, con nuevas manifestaciones y acciones políticas locales. Desde UnTER, ñ advertieron sobre la continuidad del plan de lucha con paros zonales a partir del 30 de septiembre y una marcha federal educativa el 2 de octubre, en reclamo por el presupuesto educativo y la defensa de los derechos de los docentes.
Se busca a Armando Ibauza, de 55 años, quien fue visto por última vez el martes 17 de septiembre a las 11 en la ciudad de General Roca. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul, zapatillas negras, un pullover celeste con letras blancas y una gorra celeste con una inscripción en inglés. Ibauza tiene el cabello negro corto, una cicatriz poco visible en el cuello, y tatuajes en ambos brazos y en la espalda.
El hombre mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y ojos marrones.
Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la comisaría más cercana, al 911, o al celular de turno de la Fiscalía: 2984 231271.
La SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro) informó la pérdida de contacto con Cecilia Hernández, de 21 años, y su hija Alma Mía Hernández, de dos años, quienes se encuentran bajo el programa de protección del organismo. Ambas fueron vistas por última vez en el domicilio del padre de la joven, ubicado en la calle Ushuaia de General Roca.
Cecilia tiene tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros, y lleva el cabello negro, cortado en estilo melena. Su hija Alma Mía, de dos años, también se encuentra desaparecida. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la comisaría más cercana, al número de emergencia 911 o al celular de turno de la Fiscalía: 2984 231271.
La búsqueda está activa y se espera la colaboración de la comunidad para ayudar a encontrar a madre e hija lo antes posible.
Este viernes 20 de septiembre, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) realizará un congreso extraordinario en Viedma, con la participación de representantes de sus 18 seccionales. El objetivo es analizar las medidas a tomar ante la implementación de un nuevo sistema de control del ausentismo docente, que está siendo gestionado por una empresa privada. La secretaria general del gremio, Silvana Inostroza, enfatizó que «nunca nos negamos a un sistema de control como el que había antes», pero expresó serias preocupaciones sobre cómo se está aplicando actualmente.
El motivo principal de las quejas radica en el hecho de que la auditoría de las licencias médicas se realiza de manera online por parte de la empresa Dienst Consulting S.A., sin claridad sobre si los responsables del control son médicos calificados. «No sabemos si estos auditores son profesionales de la salud o si es inteligencia artificial», agregó Inostroza, advirtiendo que la falta de información precisa genera desconfianza en el sector docente.
Inostroza también denunció que en varias localidades de la provincia los médicos ya dejaron de emitir certificados por temor a que estos sean cuestionados por la empresa auditora. Esto, según la dirigente, llevó a situaciones críticas, como la de un docente con gripe A, a quien solo se le otorgaron cinco días de licencia, sin autorización final. «Están obligando a los docentes a ir enfermos a trabajar, lo que pone en riesgo a las escuelas», afirmó.
El gremio subraya que no está en contra de los controles, sino que reclama un sistema justo y transparente, similar al que existía anteriormente, donde los docentes eran visitados en sus hogares para verificar sus condiciones de salud. «Lo que antes aceptábamos era un control más humano, pero ahora se trata de un ajuste disfrazado de modernización», sostuvo Inostroza, cuestionando la decisión del gobierno de delegar estas funciones en una empresa privada.
Por su parte, el gobierno provincial evita por el momento dar detalles públicos sobre la contratación de Dienst Consulting S.A. para la implementación de este sistema. La falta de información generó inquietud en distintos sectores, incluidos legisladores de la oposición, que solicitaron al gobierno que explique las condiciones del contrato y los costos involucrados. El legislador José Luis Berros se preguntó: «¿Por qué el Estado delega en una empresa privada lo que debería quedar bajo el control de las juntas médicas públicas?»
El gremio Unter también elevó un pedido formal de información al gobierno, solicitando precisiones sobre las condiciones de la contratación y las garantías del resguardo de los datos sensibles de los docentes. Además, exigieron que se detalle cómo se está observando el cumplimiento del contrato y cuál es la dependencia pública encargada de supervisar el proceso.
Finalmente, otros gremios como UPCN se sumaron al reclamo, cuestionando los costos del contrato con la empresa privada y por qué no se utiliza el sistema público de salud para realizar estas auditorías. Mientras tanto, desde Unter continúan exigiendo un diálogo con el gobernador, quien aseguró que se reunirán pero hasta ahora no respondió a los pedidos de audiencia.
