La decisión fue directa y sin margen: un hombre quedó inhabilitado para salir del país y conducir por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos. Pero eso fue solo el comienzo. La Justicia fue más allá y activó un mecanismo cada vez más frecuente: rastrear su dinero en plataformas digitales para intentar cobrar una deuda que ya supera los 7 millones de pesos.
El caso se tramita en una Unidad Procesal de Familia de Bariloche, donde se dictó una sentencia monitoria tras constatar que el progenitor acumuló la deuda durante meses sin realizar los pagos correspondientes. Frente a ese escenario, la jueza avanzó con una batería de medidas para forzar el cumplimiento.
Además de prohibirle salir del país y ordenar la retención de su licencia de conducir, el fallo puso el foco en sus finanzas digitales. Se enviaron oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas, movimientos y posibles saldos que puedan ser embargados. El objetivo es claro: detectar cualquier ingreso oculto o disponible que permita cubrir la deuda.
La investigación no quedó ahí. El expediente también reveló obstáculos en el proceso: la empresa donde trabaja el hombre no respondió a los requerimientos judiciales para informar sobre posibles retenciones salariales. Esa falta de datos impidió conocer si existían descuentos o embargos previos.
Ante esa situación, la Justicia endureció su postura. Se le dio a la empleadora un plazo de cinco días para responder, bajo apercibimiento de una multa diaria en caso de incumplimiento.
La información es clave para avanzar en la ejecución del crédito alimentario.
En paralelo, se ordenó consultar al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el deudor tiene participación en herencias. Si aparecen derechos hereditarios a su favor, también podrán ser alcanzados por la ejecución.
Las medidas se enmarcan en las facultades de los juzgados de familia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales.
En este caso, la estrategia fue clara: cerrar todas las salidas posibles —del país, del volante y del sistema financiero— hasta que la deuda se pague.
