Desde resolver conflictos entre vecinos hasta firmar autorizaciones y certificar documentos, el rol del juez de Paz atraviesa situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son clave en la vida diaria.
En ese contexto, Catriel tendrá un nuevo titular en ese cargo. El próximo jueves 23 de abril a las 12:30, se realizará el acto de juramento de Daniel Alberto Delgado como juez de Paz de la localidad, según informó oficialmente el Poder Judicial de Río Negro.
La designación no fue directa. De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 293/2026 del Superior Tribunal de Justicia, Delgado fue elegido tras un proceso de concurso en el que participaron otros postulantes y que incluyó evaluación de antecedentes, examen y entrevistas.
Según consta en la documentación oficial, los candidatos fueron evaluados en aspectos como capacidad de análisis, redacción, argumentación y resolución de situaciones, habilidades consideradas clave para el desempeño del cargo.
Finalmente, tras la instancia de entrevistas, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad su designación.
El acto de juramento se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de Catriel y contará con la presencia de autoridades judiciales, en un procedimiento formal que marca el inicio de funciones del nuevo magistrado.
Pero, más allá del acto institucional, el cambio tiene impacto concreto en la comunidad.
El juez de Paz es una figura central en ciudades como Catriel. Interviene en conflictos vecinales, certificaciones, autorizaciones, mediaciones y trámites administrativos, siendo muchas veces el primer contacto entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Se trata de un cargo de dedicación exclusiva, con funciones definidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca garantizar el acceso a la justicia en el ámbito local.
Según lo informado oficialmente, Delgado cumple con los requisitos constitucionales y legales, además de haber sido considerado apto desde el punto de vista técnico y psicofísico para asumir la función.
A partir de su juramento, quedará formalmente a cargo de una institución clave para la resolución de situaciones cotidianas que, aunque no siempre visibles, forman parte de la vida diaria de la comunidad.
Y es ahí donde aparece la dimensión más concreta del cambio: no se trata solo de un nombramiento formal, sino de quién estará al frente de decisiones que impactan directamente en los vecinos.
La pregunta, a partir de ahora, es cómo se traducirá esa responsabilidad en la práctica diaria del juzgado.
Una medida poco habitual comenzó a aplicarse en una de las escuelas secundarias de Catriel y generó impacto inmediato en la comunidad educativa.
A partir del miércoles 22 de abril, los estudiantes de la ESRN N° 78 deberán asistir al establecimiento únicamente con carpeta y lapicera, sin mochilas ni bolsos. La decisión forma parte de una serie de acciones preventivas adoptadas tras una situación de amenazas que requirió la intervención de autoridades.
Según informaron desde el equipo directivo, la medida busca “no minimizar el hecho y garantizar la seguridad de los estudiantes y todo el personal”, en el marco de protocolos activados junto a Supervisión y organismos correspondientes.
El cambio en la dinámica escolar no es aislado.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en los últimos días se registraron situaciones similares en otras instituciones de la ciudad (CET 7 y ESRN 21), lo que llevó a reforzar controles y revisar medidas de seguridad en distintos establecimientos. En algunos casos, como en el CET 7, se dispuso incluso presencia policial en el horario de salida de los estudiantes, como parte de las acciones preventivas.
En ese contexto, el eje pasó a ser la prevención.
La restricción de elementos de ingreso —como mochilas o bolsos— apunta a generar un entorno más controlado dentro de la escuela, mientras se avanza en el análisis de lo ocurrido.
Desde las instituciones educativas remarcan que todas las decisiones se toman en coordinación con el Ministerio de Educación de Río Negro y buscan llevar tranquilidad a las familias, en un escenario donde la prioridad es sostener la actividad escolar en condiciones seguras.
Por el momento, las situaciones se encuentran bajo seguimiento y no se informaron públicamente responsables identificados, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
En paralelo, el impacto ya se siente en la comunidad.
Porque más allá de las medidas, lo que cambia no es solo la forma de ir a la escuela.
Es la manera en que estudiantes, docentes y familias viven el día a día dentro de esos espacios.
El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.
Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.
“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.
Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.
Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.
De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.
Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.
En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.
Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.
“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.
El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.
Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.
En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.
El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.
El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.
En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.
Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.
Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.
“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.
Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.
De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.
Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.
A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.
Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.
También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.
En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.
Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.
Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.
El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.
En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.
Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.
La muerte del mecánico en Catriel ya no es solo un hecho trágico: ahora es materia de investigación.
Con el avance de las primeras pericias, el foco está puesto en un punto clave: qué falló en el momento en que el colectivo cayó sobre el trabajador mientras realizaba una tarea de rutina en plena vía pública.
El hecho ocurrió este lunes en la intersección de Brasil y Mosconi, cuando Guillermo Fabián Guiñazú (56) trabajaba sobre una unidad de transporte de personal vinculada a la actividad petrolera. En ese contexto, y por causas que aún se intentan determinar, el vehículo descendió de forma repentina y lo dejó atrapado debajo.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la principal hipótesis es que el crique hidráulico habría fallado, provocando el desplome del colectivo. No obstante, esa línea aún debe ser confirmada mediante peritajes técnicos.
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Defensa Civil y Criminalística. Para poder retirar el cuerpo, fue necesaria la utilización de una grúa municipal, que permitió levantar la unidad tras varias maniobras.
Durante el procedimiento, los peritos secuestraron el crique y las herramientas utilizadas, elementos que serán analizados para determinar si existió una falla mecánica o algún otro factor que haya incidido en el hecho.
El médico policial estableció que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, compatible con las lesiones sufridas producto del aplastamiento.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ahora busca establecer si se trató de un accidente fortuito o si hubo algún tipo de falla evitable en las condiciones de trabajo o en el equipamiento utilizado.
En ese marco, la investigación también podría avanzar sobre aspectos vinculados a la seguridad en este tipo de tareas, especialmente cuando se realizan fuera de talleres y en espacios abiertos como la vía pública.
El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad, no solo por la forma en que ocurrió, sino porque se trataba de un trabajador conocido en el ámbito local.
Mientras avanzan las pericias, la investigación intenta responder una pregunta central: si lo ocurrido fue un accidente imposible de evitar, o si hubo condiciones que pudieron haber cambiado el desenlace.
En el tablero de la política internacional contemporánea, donde la crisis climática, el colapso de la salud mental y la inseguridad alimentaria dictan la agenda, emerge un actor inesperado desde el subsuelo: el Reino Fungi.
Lo que alguna vez fue materia exclusiva de la biología es hoy un activo estratégico de bioprospección y soberanía, básicamente, es pedirle prestada a la naturaleza su tecnología biológica para resolver problemas humanos. Es encontrar en la naturaleza la solución al plástico, a la contaminación, a la salud humana y a la soberanía alimentaria.
La pregunta es inevitable: ¿Existe en el mundo de los hongos la solución a las problemáticas sistémicas de nuestra era?
Mientras la geopolítica tradicional se basa a menudo en la competencia de suma cero, es decir si gana uno el otro pierde, los hongos operan bajo un modelo de simbiogénesis. El micelio es la red que conecta, distribuye recursos y regenera ecosistemas.
Si bien el mundo siempre se presento como un mercado con disputas de recursos que escasean y generan conflictos y guerras, el universo fúngico emerge como disruptivo, como un diamante en bruto ignorado, accesible a todos y sin ganadores o perdedores.
Para las naciones modernas, el «Poder Fúngico» podría representar un universo de triple impacto: resiliencia biológica, autonomía productiva y estabilidad social con soluciones para la salud.
Hongos como el Reishi o la Melena de León ayudan al organismo a resistir el estrés, y se han convertido en el combustible de la Economía del Estrés, es decir que aquellos países impulsan el desarrollo de adaptogenos están impulsando la preservación de la salud de su fuerza laboral.
China es el gigante indiscutido. Controla más del 70% de la producción mundial. Para Pekín, los hongos son parte de su farmacopea oficial y una herramienta de soft power sanitario. Estados Unidos es el gran laboratorio mundial de la innovación biotecnológica. Lideran el mercado de suplementos de vanguardia y la investigación clínica en nootrópicos para el rendimiento cognitivo.
Finlandia y Rusia mas conocidos como los guardianes del Chaga (el «oro negro» de los bosques boreales), han legislado para proteger y exportar extractos de alta pureza destinados a la inmunidad de élite.
Por su parte, Canadá, es pionero en marcos regulatorios flexibles que permiten la investigación acelerada en salud mental y micología medicinal. Mientras que Bután, es un caso de soberanía única, donde el Cordyceps silvestre es regulado como un recurso nacional precioso, vital para su economía rural.
Para que una nación sea verdaderamente soberana en 2026, debería dominar tres pilares donde los hongos son protagonistas: Salud Pública y Resiliencia, Soberanía Alimentaria y Proteína Descentralizada, Micoremediación y Activos Ambientales
En la arena internacional, la «deuda ecológica» es una moneda crítica. Los hongos capaces de degradar plásticos, hidrocarburos y metales pesados ofrecen una herramienta de regeneración de territorios contaminados. Un suelo sano es un activo estratégico que permite a los países cumplir con los acuerdos climáticos globales mientras recuperan tierras para el cultivo.
La «solución fúngica» plantea un dilema político fundamental ¿Será el Reino Fungi un patrimonio común de la humanidad o el próximo campo de batalla por la propiedad intelectual?
El mundo Fungi se presenta como una solución accesible de bajo costo pero que puede tornarse un peligro para la industria de los medicamentos.
Hay quienes afirman que, así como en el siglo XX luchamos por el petróleo que estaba bajo la tierra; en el XXI, la supervivencia de las naciones dependerá de su capacidad para aliarse con los organismos que conectan la vida sobre ella. La política internacional ya no puede ignorar lo que sucede bajo sus pies: el futuro es, sin duda, micelar.
Si jugamos a pensar en una cartografía del poder biotecnológico fúngico y analizamos la producción global como un tablero de ajedrez, cada hongo es una pieza que revela la identidad, el clima y la ambición económica de la nación que lo abandera.
El Cordyceps es Bután o el Tíbet, El Reishi , conocido como El Hongo de la Inmortalidad, es China, El Chaga, es Finlandia o Rusia, La Melena de León, es Estados Unidos o Canadá, la Psilocybe. el Sanador Ancestral es México o Brasil, el Shiitake o el Maitake es Japón.
Los hongos y las plantas adaptógenas poseen una tecnología biológica intrínseca. A diferencia de una molécula sintética que solo existe si un laboratorio la fabrica, el hongo ya sabe fabricar sus compuestos; solo necesita tierra, humedad y sombra. Esa es la verdadera amenaza para el modelo industrial y la gran oportunidad para la ciudadanía.
A diferencia de producir un antibiótico o una vacuna, que requiere reactores químicos y ambientes estériles de alta complejidad, el cultivo de adaptógenos (especialmente los hongos) es descentralizado por naturaleza.
Una persona puede cultivar Melena de León o Reishi en su cocina usando una bolsa de aserrín o desechos de café. El «laboratorio» es el propio organismo vivo. El ser humano solo actúa como facilitador del entorno. Esto devuelve el poder de la salud al hogar, permitiendo que el ciudadano pase de ser un «consumidor pasivo» a un «productor activo». Frente a lo cual, los resultados empíricos son difíciles de ocultar en la era de la información. Es decir que, cuando miles de personas experimentan una mejora real en su gestión del estrés, su claridad mental o su energía sin los efectos secundarios de los fármacos tradicionales, se crea un mercado de recomendación orgánica.
El mercado farmacéutico tradicional se basa en la patente. Pero no se puede patentar una especie que crece en el bosque. Pueden patentar un método de extracción, pero no el hongo en sí. Esto crea un «punto ciego» para las grandes corporaciones donde la ciudadanía puede moverse con libertad.
De esta manera, la producción personal de adaptógenos rompe la cadena de dependencia: sin logística compleja: No dependes de una farmacia ni de una cadena de suministro internacional que puede colapsar. Es decir, una vez que aprendes a propagar el micelio, el costo de producción tiende a cero.
De alguna manera, la capacidad de identificar, cultivar y consumir tus propios adaptógenos— es un acto de resistencia política. Es recuperar el derecho ancestral a la medicina sin pasar por el peaje del laboratorio. Si el siglo XX fue el siglo de la pastilla comprada, el XXI podría ser el siglo del hongo cultivado.
Y si pensamos que, así como el petróleo definió las fronteras del siglo XX, la geografía del micelio podría definir las potencias del siglo XXI: la nación que hoy siembra el hongo adecuado, mañana cosechara la resiliencia de su pueblo. En esta línea, parece ser que el futuro no será de los más fuertes, sino de los mejor conectados. El Reino Fungi nos enseña que la verdadera potencia es aquella que sabe reciclar sus crisis (sus desechos) en recursos.
En este ajedrez micológico, ¿qué pieza debería empezar a mover una región como América Latina para no ser solo proveedora de materia prima, sino dueña de su propia biotecnología fúngica?
Históricamente, Argentina ha sido definida por su suelo, pero siempre bajo la etiqueta del granero del mundo. Fuimos la nación de la materia prima, la que exporta el volumen para importar el valor. Sin embargo, en este 2026, los adaptógenos presentan una oportunidad que rompe con ese destino inercial: la posibilidad de dejar de ser solo el campo que siembra para convertirnos en el laboratorio que piensa.
El reino fungi no requiere de latifundios infinitos, sino de creatividad infinita. En la intersección entre nuestra rica biodiversidad —desde las selvas del norte hasta los bosques fríos de la Patagonia— y nuestro histórico capital científico, nace una nueva soberanía. Ya no se trata de cuántas toneladas podemos cargar en un barco, sino de cuánta inteligencia podemos encapsular en un extracto.
La verdadera revolución argentina con los adaptógenos no es el cultivo del hongo en sí, sino la fusión de tres mundos: la Sabiduría del Territorio, La Vanguarda Biotecnológica y La Estética de la Salud.
Si el siglo XX fue el de la dependencia del grano, el siglo XXI para Argentina puede ser el de la medicina de diseño natural. Tenemos la oportunidad de liderar una «tercera vía» sanitaria: una que no es solo la pastilla de la gran farmacéutica ni la herboristería del pasado, sino una biotecnología con alma.
Al final, los adaptógenos nos enseñan que la resiliencia no es solo resistir el estrés, sino transformarse con él. Argentina, experta en navegar crisis, tiene hoy en el micelio su mejor metáfora: es hora de dejar de ser solo la tierra que se pisa para ser la red que conecta, crea y sana. El futuro argentino ya no se extrae; se desarrolla
Matías Román Avecilla Lic. en Relaciones Internacionales Magíster en Polícas de Desarrollo Co- Fundador de Tendencia 360
El sonido de las sirenas rompió la calma y anticipó lo peor. Un operario murió de forma trágica este lunes (20-04) en Catriel, luego de quedar aplastado por un colectivo mientras realizaba tareas de mantenimiento en plena vía pública.
El hecho ocurrió hace instantes en calle Brasil, casi Mosconi, donde el trabajador —cuya identidad aún no fue difundida— se encontraba cambiando el neumático delantero derecho de una unidad que presta servicio a una empresa petrolera. En ese momento, y por causas que todavía no están claras, el vehículo habría cedido repentinamente, cayendo sobre él sin darle posibilidad de reacción.
El impacto fue devastador. Según las primeras informaciones, el operario murió en el lugar, antes de que pudieran asistirlo. La escena generó una fuerte conmoción entre vecinos y compañeros, mientras los servicios de emergencia trabajaban intensamente en el lugar.
“Fue cuestión de segundos”, deslizaron de manera preliminar fuentes cercanas al operativo, en medio de un clima de profundo dolor y desconcierto.
Ahora, la investigación busca determinar qué ocurrió exactamente: si hubo una falla mecánica, un problema en los elementos de sujeción o algún otro factor que provocó el fatal desenlace. Personal policial y peritos trabajan para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades.
El hecho dejó a toda la comunidad de Catriel golpeada por la tragedia. Se espera que en las próximas horas haya información oficial que permita esclarecer este episodio que terminó de la peor manera.
Las llamadas no siempre empiezan en la calle. Y ese es el problema que buscan atacar. En Río Negro, un proyecto de ley propone prohibir el uso de celulares, tablets y acceso a internet dentro de las cárceles, con el objetivo de evitar que —según se advierte— se sigan organizando delitos desde el interior de los penales.
La iniciativa ya ingresó a la Legislatura y plantea eliminar de forma expresa la tenencia de estos dispositivos por parte de personas privadas de la libertad. En su lugar, propone un sistema de comunicación más controlado.
Según el autor del proyecto, el legislador César Domínguez, la idea es que el Estado recupere el control sobre las comunicaciones. De acuerdo a lo que señala en los fundamentos, los teléfonos pueden ser utilizados para cometer estafas, amenazas o extorsiones, entre otros delitos.
En ese sentido, desde el proyecto se sostiene que las medidas que se flexibilizaron durante la pandemia —cuando se permitió el uso de celulares en algunos casos— hoy ya no tendrían justificación.
Pero el cambio no es solo prohibir. También plantea una nueva forma de comunicación.
Si avanza la ley, los internos solo podrían comunicarse a través de teléfonos fijos, en horarios determinados, con llamadas de hasta cinco minutos y bajo supervisión. Además, cada comunicación debería informar al receptor que proviene de una cárcel e identificar a la persona que llama.
Incluso, según el texto del proyecto, se prevé habilitar un número gratuito para hacer denuncias en caso de que la llamada genere sospechas o esté vinculada a algún intento de delito.
Para que esto funcione, la propuesta también establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia debería implementar bloqueadores de señal dentro de los establecimientos penitenciarios.
Desde el planteo oficial, la medida no se presenta como una restricción de derechos, sino como una herramienta de prevención. De todos modos, el proyecto recién comienza su recorrido legislativo y podría generar debate.
Por ahora, la discusión está abierta. Pero deja una pregunta que no es menor: si desde una celda se puede seguir delinquiendo, qué tan controlado está hoy el sistema.
La decisión ya fue tomada y refuerza medidas urgentes.
La Justicia de Río Negro ratificó una serie de disposiciones en el marco de una causa por violencia familiar iniciada días atrás en Catriel, donde se dispuso la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia una mujer que realizó la denuncia.
Según consta en la resolución emitida por la Unidad Procesal N° 7 de Cipolletti, las medidas alcanzan a un hombre identificado en el expediente y establecen que deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea público o privado.
De acuerdo a lo indicado en el fallo, la denuncia fue radicada el 2 de abril de 2026, y ese mismo día el Juzgado de Paz de Catriel dispuso las primeras medidas de protección, que ahora fueron ratificadas por la Justicia.
La resolución también establece que el acusado deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Incluso se advierte que acciones como insistencia en la comunicación, seguimiento o intimidación podrían ser consideradas incumplimientos de la orden judicial.
Según el texto oficial, el objetivo de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la persona denunciante, en el marco de la legislación vigente sobre violencia familiar y de género.
Además, se dispuso la realización de rondines policiales durante 15 días en el domicilio de la mujer, como medida adicional de resguardo.
En paralelo, tanto la denunciante como la persona denunciada deberán concurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel, donde deberán iniciar un tratamiento en cumplimiento de lo establecido por la normativa provincial.
La Justicia también dejó constancia de que las medidas son de carácter provisorio y que su eventual modificación dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas, incluyendo el tratamiento correspondiente.
Asimismo, se advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una nueva instancia judicial.
Por ahora, la prioridad está puesta en la protección.
La discusión por la ordenanza 384/24 sumó una nueva postura desde el oficialismo. La concejala Carolina Piris se refirió a la situación generada por la normativa y sostuvo que el conflicto ya fue abordado mediante una nueva herramienta legislativa, al tiempo que cuestionó el planteo de nulidad impulsado desde la oposición.
A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó: “Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24”.
En ese sentido, agregó: “Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, según manifestó públicamente. Piris también se refirió al enfoque adoptado desde su espacio político. “Tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos”, sostuvo.
Además, se refirió al proyecto interbloque impulsado por las concejalas Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré, que propone declarar la nulidad de la ordenanza. “No solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba”, expresó.
De acuerdo a su publicación, avanzar con esa alternativa implicaría consecuencias institucionales y legales. “Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (…) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe”, afirmó.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores del oficialismo y la oposición por la validez de la ordenanza que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que el conflicto fue corregido mediante un nuevo dictamen, desde la oposición se mantiene el planteo de nulidad de la norma original.
Por el momento, la decisión adoptada en el Concejo pareciera cerrar la cuestión de fondo, pero introduce un nuevo escenario en el tratamiento público del tema, mientras se mantienen distintas posturas sobre el camino jurídico y político elegido. En ese marco, la concejala Carolina Piris atribuyó al oficialismo la resolución de la situación. “Quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros”, expresó en su publicación.
