En Catriel, el Centro de Día Paihuén impulsa la venta de huevos caseros como parte de una iniciativa que vincula producción y acompañamiento en el marco de su trabajo con personas en situación de consumo problemático.
La propuesta se desarrolla dentro del propio espacio, donde los huevos son elaborados a partir del trabajo conjunto entre quienes asisten al centro y el equipo de operadores. La actividad busca generar rutinas, responsabilidades y participación, integrándose a los procesos que cada persona atraviesa.
El dispositivo funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y tiene su sede en avenida General Savio y Rawson. El espacio cuenta con atención de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00, además de guardias las 24 horas para situaciones que requieran acompañamiento inmediato.
Allí se brinda contención a través de distintas herramientas que incluyen espacios de escucha, terapias y talleres. La producción y venta de huevos se incorpora como una práctica concreta dentro de ese esquema, sumando una dimensión vinculada al hacer cotidiano y a la construcción de hábitos, en paralelo al acompañamiento profesional.
El centro trabaja con un equipo interdisciplinario que permite abordar cada situación de manera integral, combinando instancias individuales, familiares y grupales según las necesidades de cada caso.
Quienes necesiten orientación o asistencia pueden comunicarse a la guardia telefónica 299 518 7924 o acercarse directamente al espacio.
La publicación del pedido de restitución presentado por el ex presidente del Concejo Deliberante, Alberto Alfredo Ariaudo, generó una fuerte repercusión en redes sociales y reactivó el debate público en Catriel en torno a un tema que, hasta el momento, no había tenido amplia visibilidad en la agenda mediática local pese a su impacto institucional.
Entre los más de cincuenta comentarios registrados en la publicación de VSN, se destacaron intervenciones de funcionarios del Poder Ejecutivo municipal, quienes remarcaron la gravedad de los hechos que dieron origen a la causa penal iniciada en marzo de 2025. En ese marco, distintas voces señalaron que el episodio involucró amenazas, situaciones de violencia y la exhibición de un arma de fuego en un ámbito institucional, y cuestionaron que se ponga en discusión la validez de la renuncia presentada en ese contexto.
“No hay lugar para relativismo en hechos de esa naturaleza”, expresó la secretaria legislativa del Concejo Deliberante, Eliana Candia, quien además planteó interrogantes sobre el carácter institucional y democrático de los hechos denunciados. En una línea similar, la secretaria de Desarrollo Social, Lucía Galván, sostuvo que “su renuncia fue indeclinable, de qué otra forma podría ser?”, en referencia al documento firmado por Ariaudo en marzo de 2025.
Otras funcionarias también se manifestaron en el mismo sentido. La secretaria de Ambiente, Paloma Magrath, cuestionó que se intente reabrir la discusión y señaló que “lo mínimo que podía hacer era renunciar”, mientras que la síndico municipal, Andrea Paola Bonomo, planteó que el foco debería estar puesto en el accionar del ex funcionario y no en quienes realizaron la denuncia.
En el ámbito legislativo, la concejala oficialista Carolina Piris intervino en el debate y sostuvo que la renuncia presentada por Ariaudo fue tratada institucionalmente. Según explicó, la dimisión fue considerada por los bloques del Concejo Deliberante y dio lugar a la aplicación de la Resolución 013/25, mediante la cual el vicepresidente asumió la presidencia del cuerpo. “Será Ariaudo quien deba probar en la justicia lo que plantea en su pedido de restitución”, expresó.
Al mismo tiempo, entre los comentarios también aparecieron posturas de vecinos que, sin pronunciarse sobre los hechos en sí, plantearon la necesidad de que el proceso avance con claridad y que la resolución judicial e institucional sea informada públicamente. En esa línea, la trabajadora social Alejandra Elizabeth Valdez señaló la importancia de que la ciudadanía acceda a información “clara y certera de los procesos desde su inicio hasta su resolución final”, mientras que otras intervenciones destacaron la necesidad de responsabilidad institucional, transparencia y respeto por las instituciones.
La discusión en redes se produce en un contexto en el que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Mientras la causa penal sigue en trámite y sin resolución definitiva, no se informó públicamente hasta el momento sobre un tratamiento formal del pedido de restitución en el Concejo Deliberante, más allá de las expresiones realizadas por integrantes del cuerpo en el debate público. Sin embargo, VSN pudo confirmar por fuentes parlamentarias que el planteo de Ariaudo fue archivado por los votos mayoritarios del oficialismo en el recinto.
De esta manera, a un año de los hechos que marcaron uno de los episodios políticos más significativos recientes en Catriel, el tema vuelve a instalarse en la agenda pública local, impulsado ahora por la reacción social y política que generó su reaparición en el escenario institucional.
Con más de 70 stands de emprendedores, la Expo Feria “La Revuelta” se consolidó como uno de los espacios de mayor convocatoria en Catriel, con una jornada que combinó producción local, gastronomía y propuestas culturales.
El encuentro se desarrolló en el SUM Eldo Carro, donde durante todo el día circularon vecinos y vecinas que recorrieron los puestos y participaron de las distintas actividades. La feria ofreció una amplia variedad de productos, desde comidas hasta artesanías y manualidades, en un formato pensado para visibilizar el trabajo local.
Uno de los ejes de la jornada fue la participación directa de los emprendedores, quienes además de exponer y vender sus productos, aportaron premios para los sorteos que se realizaron a lo largo del evento. Esta dinámica permitió fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes consumen dentro de la comunidad.
La propuesta también sumó una intervención artística a cargo de Ayelen Audisio, que acompañó el desarrollo de la feria y aportó una dimensión cultural al espacio, integrando distintas expresiones en un mismo ámbito.
La actividad fue impulsada por el Municipio de Catriel, que acompañó la organización con el objetivo de fortalecer el entramado emprendedor y generar espacios de circulación económica dentro de la ciudad.
En paralelo, el evento volvió a evidenciar el rol de este tipo de ferias como punto de encuentro comunitario, donde no solo se comercializan productos sino que también se construyen redes entre vecinos, productores y artistas locales.
A un año de los hechos que derivaron en su salida del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo presentó un pedido formal para ser restituido en la presidencia del cuerpo legislativo municipal, además del pago de los haberes correspondientes al período transcurrido desde su renuncia. El planteo fue ingresado el 1 de febrero de 2026 ante el Concejo Deliberante, donde el ex funcionario sostiene que la dimisión que firmó el 15 de marzo de 2025 no fue libre ni voluntaria, sino que se produjo en un contexto de detención y presiones institucionales vinculadas a la causa penal iniciada en su contra.
En su presentación, Ariaudo solicita que se declare la nulidad de la renuncia que presentó hace exactamente un año, argumentando que el acto se produjo mientras se encontraba privado de su libertad y con sus fueros vulnerados. Según su interpretación, esa situación habría afectado la validez del procedimiento mediante el cual dejó tanto la presidencia del Concejo como su banca de concejal. Además del retorno al cargo, también reclamó el pago de los haberes que considera adeudados desde su salida del cuerpo legislativo.
El planteo del ex concejal se apoya en dos argumentos principales. Por un lado, sostiene que la renuncia fue presentada bajo coerción, ya que se encontraba detenido y enfrentando una audiencia judicial. Por otro, plantea que la dimisión no habría sido formalmente aceptada por el Concejo Deliberante, lo que —según su interpretación— impediría que el acto haya producido efectos administrativos definitivos.
La renuncia de Ariaudo se produjo en medio de una fuerte crisis institucional que se desató el 14 de marzo de 2025, cuando la intendenta Daniela Salzotto y otros funcionarios municipales presentaron una denuncia penal en su contra. La fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados a amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego, ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de ese año.
Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y la Justicia dispuso medidas cautelares para garantizar el proceso judicial. Entre ellas se establecieron restricciones de acercamiento a la intendenta y a dependencias municipales, además de un sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera, condiciones que continúan vigentes mientras avanza la investigación.
Ese mismo 15 de marzo de 2025, Ariaudo presentó una nota en la que renunció “de manera indeclinable” tanto a la presidencia del Concejo Deliberante como a su cargo de concejal. En el texto de la renuncia también señaló que lo hacía “siguiendo las instrucciones propuestas en la audiencia del día 15 de marzo” y con el objetivo de preservar la institucionalidad mientras atravesaba el proceso judicial.
Ariaudo presentó en febrero un pedido formal para ser restituido en la presidencia del Concejo Deliberante. El Legislativo deberá analizar el pedido de restitución presentado por el ex presidente del cuerpo.
Tras la presentación de esa dimisión, el Concejo Deliberante dictó la Resolución 013/25, mediante la cual el entonces vicepresidente Nelson Díaz quedó a cargo de la presidencia del cuerpo mientras se resolvía la continuidad institucional del órgano legislativo.
A doce meses de aquellos hechos, la causa penal que originó aquella crisis institucional todavía no tiene una resolución definitiva. Durante el último año se realizaron numerosas audiencias judiciales y el proceso continúa en etapa preparatoria. La fiscalía mantiene la acusación y ha planteado la posibilidad de un acuerdo judicial con reconocimiento de culpabilidad, alternativa que Ariaudo rechaza. En paralelo, su defensa también impulsa un planteo de recusación contra el juez que interviene en la causa, lo que mantiene abierto el proceso judicial.
El pedido de restitución también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante. En febrero de este año, la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de comunicación solicitando informes sobre el procedimiento institucional seguido tras la renuncia de Ariaudo, con el objetivo de revisar la documentación vinculada al proceso administrativo realizado en 2025.
Mientras tanto, desde el oficialismo local evitaron pronunciarse públicamente sobre el planteo presentado por el ex concejal. Fuentes del Concejo Deliberante señalaron que la situación se encuentra actualmente en el ámbito judicial y que será la Justicia la que deberá expedirse sobre el caso. En términos similares se expresaron fuentes del Poder Ejecutivo municipal, que indicaron que para el gobierno local el tema dejó de formar parte de la agenda institucional.
Argumentaron que, actualmente, la agenda del Ejecutivo municipal está centrada en la discusión por las regalías petroleras frente a los cambios propuestos por el gobierno provincial, un debate que atraviesa a los municipios productores de la región y que concentra buena parte de la actividad política local.
Por el momento, no hubo confirmación oficial de que el planteo de restitución presentado por Ariaudo fuera resuelto institucionalmente por el Concejo Deliberante, por lo que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Así, a un año del episodio que sacudió la política de Catriel, el conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la vida institucional de la ciudad.
VientoSur Noticias tuvo acceso a la documentación completa del caso.
A un año de los hechos que derivaron en su salida del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo presentó un pedido formal para ser restituido en la presidencia del cuerpo legislativo municipal, además del pago de los haberes correspondientes al período transcurrido desde su renuncia. El planteo fue ingresado el 1 de febrero de 2026 ante el Concejo Deliberante, donde el ex funcionario sostiene que la dimisión que firmó el 15 de marzo de 2025 no fue libre ni voluntaria, sino que se produjo en un contexto de detención y presiones institucionales vinculadas a la causa penal iniciada en su contra.
En su presentación, Ariaudo solicita que se declare la nulidad de la renuncia que presentó hace exactamente un año, argumentando que el acto se produjo mientras se encontraba privado de su libertad y con sus fueros vulnerados. Según su interpretación, esa situación habría afectado la validez del procedimiento mediante el cual dejó tanto la presidencia del Concejo como su banca de concejal. Además del retorno al cargo, también reclamó el pago de los haberes que considera adeudados desde su salida del cuerpo legislativo.
El planteo del ex concejal se apoya en dos argumentos principales. Por un lado, sostiene que la renuncia fue presentada bajo coerción, ya que se encontraba detenido y enfrentando una audiencia judicial. Por otro, plantea que la dimisión no habría sido formalmente aceptada por el Concejo Deliberante, lo que —según su interpretación— impediría que el acto haya producido efectos administrativos definitivos.
La renuncia de Ariaudo se produjo en medio de una fuerte crisis institucional que se desató el 14 de marzo de 2025, cuando la intendenta Daniela Salzotto y otros funcionarios municipales presentaron una denuncia penal en su contra. La fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados a amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego, ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de ese año.
Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y la Justicia dispuso medidas cautelares para garantizar el proceso judicial. Entre ellas se establecieron restricciones de acercamiento a la intendenta y a dependencias municipales, además de un sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera, condiciones que continúan vigentes mientras avanza la investigación.
Ese mismo 15 de marzo de 2025, Ariaudo presentó una nota en la que renunció “de manera indeclinable” tanto a la presidencia del Concejo Deliberante como a su cargo de concejal. En el texto de la renuncia también señaló que lo hacía “siguiendo las instrucciones propuestas en la audiencia del día 15 de marzo” y con el objetivo de preservar la institucionalidad mientras atravesaba el proceso judicial.
Ariaudo presentó en febrero un pedido formal para ser restituido en la presidencia del Concejo Deliberante. El Legislativo deberá analizar el pedido de restitución presentado por el ex presidente del cuerpo.
Tras la presentación de esa dimisión, el Concejo Deliberante dictó la Resolución 013/25, mediante la cual el entonces vicepresidente Nelson Díaz quedó a cargo de la presidencia del cuerpo mientras se resolvía la continuidad institucional del órgano legislativo.
A doce meses de aquellos hechos, la causa penal que originó aquella crisis institucional todavía no tiene una resolución definitiva. Durante el último año se realizaron numerosas audiencias judiciales y el proceso continúa en etapa preparatoria. La fiscalía mantiene la acusación y ha planteado la posibilidad de un acuerdo judicial con reconocimiento de culpabilidad, alternativa que Ariaudo rechaza. En paralelo, su defensa también impulsa un planteo de recusación contra el juez que interviene en la causa, lo que mantiene abierto el proceso judicial.
El pedido de restitución también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante. En febrero de este año, la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de comunicación solicitando informes sobre el procedimiento institucional seguido tras la renuncia de Ariaudo, con el objetivo de revisar la documentación vinculada al proceso administrativo realizado en 2025.
Mientras tanto, desde el oficialismo local evitaron pronunciarse públicamente sobre el planteo presentado por el ex concejal. Fuentes del Concejo Deliberante señalaron que la situación se encuentra actualmente en el ámbito judicial y que será la Justicia la que deberá expedirse sobre el caso. En términos similares se expresaron fuentes del Poder Ejecutivo municipal, que indicaron que para el gobierno local el tema dejó de formar parte de la agenda institucional.
Argumentaron que, actualmente, la agenda del Ejecutivo municipal está centrada en la discusión por las regalías petroleras frente a los cambios propuestos por el gobierno provincial, un debate que atraviesa a los municipios productores de la región y que concentra buena parte de la actividad política local.
Por el momento, no hubo confirmación oficial de que el planteo de restitución presentado por Ariaudo fuera resuelto institucionalmente por el Concejo Deliberante, por lo que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Así, a un año del episodio que sacudió la política de Catriel, el conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la vida institucional de la ciudad.
VientoSur Noticias tuvo acceso a la documentación completa del caso.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió seleccionar a Daniel Delgado como futuro juez de paz titular de Catriel, tras el proceso de entrevistas realizadas el viernes 13 de marzo a los postulantes que participaron del concurso para cubrir la vacante en ese juzgado.
Según pudo confirmar VientoSur Noticias a través de fuentes del Poder Judicial, el proceso contó inicialmente con tres postulantes: Laura Morales, Carina Caraballo y Daniel Delgado. Los tres habían superado previamente la instancia de evaluación escrita realizada en Cipolletti, que fue tomada por un tribunal integrado por magistradas del fuero penal, contencioso administrativo y de familia.
Sin embargo, antes de la etapa final del proceso una de las candidatas informó que desistiría de su participación en el concurso, por lo que las entrevistas finales ante el tribunal del STJ se realizaron con dos postulantes.
La instancia final se desarrolló ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia, encabezados por su presidente Ricardo Apcarián y los vocales Sergio Barotto y Sergio Cessi. También participó la inspectora de Justicia de Paz de Río Negro, Laura Lisera, máxima autoridad provincial de los 49 juzgados de paz que funcionan en la provincia.
Tras escuchar las exposiciones de los candidatos, el tribunal resolvió que Daniel Delgado obtuvo el mayor puntaje en la evaluación general, resultado que se suma a la ventaja que ya había obtenido en las instancias preliminares del concurso.
El proceso de designación aún no está formalmente concluido. Según indicaron fuentes judiciales, Delgado deberá completar los exámenes psicofísicos y otros requisitos administrativos previstos en el procedimiento de selección. Una vez cumplidas esas etapas, el Superior Tribunal de Justicia dictará la resolución oficial que lo designará como juez de paz titular de Catriel.
El concurso para cubrir el cargo se inició en julio de 2025, luego de que la entonces jueza de paz Georgina Garro dejara el puesto para asumir otra función dentro del Poder Judicial.
En caso de completarse todos los pasos administrativos pendientes, Delgado pasará a ocupar la titularidad del juzgado de paz de la ciudad, uno de los organismos judiciales de cercanía que interviene en casos de violencia de género, cuestiones civiles menores, certificaciones, contravenciones y mediaciones comunitarias.
La discusión por la distribución de regalías hidrocarburíferas en Río Negro sumó un nuevo punto de tensión durante una mesa de trabajo realizada en la Secretaría de Energía provincial.
En ese encuentro, el municipio de Catriel cuestionó uno de los pilares técnicos del modelo utilizado por la Provincia para proyectar un nuevo esquema de reparto de recursos.
Según la exposición presentada por el equipo técnico municipal, el análisis provincial toma como referencia 622 pozos petroleros para calcular los criterios de distribución de regalías.
Sin embargo, de acuerdo con los datos expuestos por el municipio, en el territorio rionegrino existen 5.438 pozos, lo que implicaría que el estudio contempla apenas una parte del total de la infraestructura hidrocarburífera.
En términos porcentuales, el planteo sostiene que aproximadamente el 88,5% de los pozos quedarían fuera del análisis utilizado para definir el nuevo esquema.
Para el municipio de Catriel, este punto resulta central al momento de evaluar la validez de los criterios técnicos que se utilizan para proyectar el reparto de recursos.
El cuestionamiento fue presentado durante la reunión convocada por la Secretaría de Energía, en la que participaron funcionarios provinciales y equipos técnicos de distintos municipios.
Durante ese encuentro, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, también expresó el rechazo del municipio al criterio de distribución planteado por la Provincia, que contempla la distancia de las perforaciones dentro de los ejidos municipales como una de las variables para calcular el reparto.
Además del cuestionamiento sobre la base de datos utilizada, el municipio planteó otras observaciones sobre la metodología aplicada en el análisis técnico.
Entre ellas, la utilización del indicador de barriles equivalentes de petróleo (BOE) para unificar la producción energética.
Según el planteo presentado por Catriel, este método no distingue entre producción de petróleo crudo y gas natural, actividades que presentan diferencias en infraestructura, logística y gestión ambiental.
El municipio entregó durante la reunión un documento con fundamentos técnicos, jurídicos e históricos que respaldan su posición en el debate por la distribución de regalías.
Tras el intercambio entre los equipos técnicos, la mesa de trabajo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se retomarán las reuniones para avanzar en simulaciones y análisis más específicos sobre las propuestas presentadas por los municipios.
El debate forma parte del proceso impulsado por el Gobierno de Río Negro para revisar el sistema de distribución de regalías hidrocarburíferas entre las localidades de la provincia.
La iniciativa provincial Familias Rionegrinas Solidarias busca hogares que puedan brindar contención temporal a menores que, por medidas de protección, no pueden permanecer con su familia.
La ciudad de Catriel fue incorporada al programa provincial Familias Rionegrinas Solidarias, una política pública orientada a garantizar un entorno familiar transitorio para niños, niñas y adolescentes que deben ser separados de su núcleo conviviente.
La intervención se produce cuando se han agotado las herramientas de protección previstas para mantener al menor dentro de su entorno familiar. En esos casos, el organismo provincial SENAF dispone una medida excepcional destinada a preservar su bienestar.
Ante esa situación, el programa convoca a hogares dispuestos a ofrecer un espacio de cuidado temporal mientras se resuelve el conflicto que originó la separación.
El esquema de acogimiento busca evitar que los chicos sean derivados a instituciones, priorizando que puedan atravesar ese período en un ámbito familiar que garantice contención y estabilidad.
Las familias que decidan participar lo hacen de manera voluntaria y durante el tiempo que sea necesario para que la situación del niño, niña o adolescente encuentre una resolución.
Quienes deseen informarse o inscribirse pueden dirigirse a la oficina local de SENAF, ubicada en Santa Rosa 79, o comunicarse al 299 4572242. También se reciben consultas a través del correo [email protected].
La convocatoria apunta a ampliar la red de hogares disponibles en la ciudad para acompañar a chicos que atraviesan procesos de protección de derechos.
El servicio de castraciones del Quirófano Móvil comenzará una nueva etapa en Catriel con su traslado al barrio Marini, donde se realizarán esterilizaciones para perros y gatos del sector y de otras zonas de la ciudad. La entrega de turnos está prevista para el martes 17 de marzo, entre las 9 y las 11, en el Centro Comunitario del barrio, ubicado en la intersección de avenida Córdoba y Hugo Sosa.
En esta etapa se otorgarán 120 turnos en total, con un límite de un turno por familia y como requisito presentar DNI de una persona mayor de edad al momento de solicitarlo.
Según se informó, la mayor parte de los cupos estará destinada a vecinos del propio barrio. 80 turnos serán para mascotas de Marini, con prioridad para quienes cuenten con legajo vigente en la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, se asignarán 20 turnos para animales asistidos por la protectora Corazón Animal, mientras que 13 cupos estarán reservados para APAC, proteccionistas independientes y situaciones consideradas vulnerables.
La distribución también contempla 5 turnos para la zona de Colonia Ovejero y 2 turnos para áreas rurales cercanas a la Ruta 151 que no están incluidas en otros sectores del programa.
El quirófano móvil forma parte de las campañas que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable de animales y el control poblacional de perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. En cada operativo se prioriza la atención por sectores para facilitar el acceso de los vecinos al servicio veterinario.
En Catriel, un grupo de madres comenzó a organizarse para visibilizar la diabetes tipo 1 en la infancia y acompañar a otras familias que atraviesan el diagnóstico de esta enfermedad.
La iniciativa nació a partir de la experiencia compartida de tres familias cuyos hijos fueron diagnosticados a temprana edad. En la ciudad viven actualmente Valentín (6), Francisco (8) y Alfonsina (3), niños que conviven diariamente con esta condición.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que impide que el organismo produzca insulina, por lo que quienes la padecen deben administrarse esta hormona todos los días para poder vivir.
El tratamiento implica controles constantes de glucosa, inyecciones de insulina y una planificación permanente de la alimentación. Debido a la edad de los niños, el seguimiento del tratamiento recae principalmente en sus familias.
Con el objetivo de generar acompañamiento y visibilizar la enfermedad, las madres crearon la comunidad “Pequeños Corazones Azules Catriel”, desde donde buscan contactar a otras familias de la ciudad que también tengan hijos con diabetes tipo 1.
Entre las actividades que impulsan se encuentra la organización de bingo solidario online, previsto para el 9 de mayo, con el fin de reunir fondos.
El objetivo es que los niños puedan participar del Encuentro Nacional de Niños y Jóvenes con Diabetes, que se realizará en Villa Giardino, Córdoba, donde se desarrollan actividades educativas y espacios de intercambio entre familias.
Las madres también mantuvieron un encuentro con el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, a quien presentaron la necesidad de avanzar en un espacio local de contención y asistencia para personas con diabetes.
Desde el grupo remarcan que, además de reunir recursos para el viaje, la iniciativa busca generar conciencia en la comunidad y fortalecer el acompañamiento entre familias que conviven con esta enfermedad en la infancia
