No fue un mensaje aislado. Tampoco quedó en un grupo. En los últimos días, frases sobre supuestos tiroteos empezaron a circular entre estudiantes de escuelas secundarias de Catriel y encendieron una alarma real.
Lo que para algunos fue una “joda”, para otros generó miedo. Y para las autoridades, activó protocolos. La reacción no tardó: desde Educación difundieron un mensaje claro y sin matices. No es un juego. Es un delito.
Los textos que se viralizaron incluían advertencias como “mañana hay tiroteo en la escuela”, “no se salva nadie” o “voy a ir armado”. Aunque no haya un plan concreto detrás, el solo hecho de difundirlos puede derivar en consecuencias legales.
Según explicaron, estas conductas pueden encuadrarse como intimidación pública, amenazas o apología del delito, y alcanzan a jóvenes desde los 14 años, edad en la que -desde septiembre proximo- ya existe responsabilidad penal en Argentina.
Pero el punto más fuerte del mensaje es otro: no solo responde quien escribe. También puede quedar involucrado quien comparte. En ese circuito, lo que sigue no es virtual: puede haber intervención policial, identificación del autor, secuestro de celulares y citaciones a las familias.
El caso también dejó expuesto cómo funcionan estas cadenas. Un mensaje se reenvía, alguien lo toma como cierto, el miedo escala y el sistema responde. En ese proceso, la intención queda en segundo plano. “No importa si era broma. La ley no distingue cuando se genera pánico”, remarcaron.
Frente a este escenario, el pedido fue directo: cortar la circulación. No reenviar, no amplificar y avisar a adultos o autoridades ante cualquier contenido de este tipo.
Porque en contextos como este, lo que empieza como un mensaje más puede escalar rápido. Y cuando eso pasa, las consecuencias dejan de ser virtuales.
Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.
El esquema actual de convivencia escolar en Río Negro quedó bajo fuego y un nuevo proyecto busca cambiarlo de raíz. Con críticas directas a la normativa vigente, legisladores impulsan una reforma que vuelve a instalar sanciones concretas frente al ausentismo y los conflictos dentro de las aulas.
La iniciativa apunta a derogar una resolución clave que, según sus autores, dejó a las escuelas sin herramientas reales para enfrentar situaciones críticas. “Se debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”, sostienen, al tiempo que advierten sobre un aumento de las inasistencias y casos de violencia escolar.
Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la vuelta de un límite estricto: hasta 25 faltas justificadas o 20 en total. Superado ese número, el estudiante perderá la regularidad y no podrá promocionar de forma directa. Además, tres llegadas tarde o retiros anticipados contarán como una falta, lo que endurece el control diario.
Pero el foco no está solo en la asistencia. El proyecto también reconfigura el sistema disciplinario en un contexto marcado por denuncias de bullying, agresiones y conflictos dentro de las escuelas. Se establecen tres niveles de inconducta —leves, graves y muy graves— con consecuencias que van desde llamados de atención hasta suspensiones de hasta 10 días.
En los casos más delicados, como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, incluso se contempla la posibilidad de reubicar al estudiante en otra institución. Un dato que no pasa desapercibido: cada dos amonestaciones se transformarán en una inasistencia injustificada, impactando directamente en la permanencia escolar.
Según los impulsores, el sistema no busca expulsar a los alumnos, sino corregir conductas. Por eso, junto a las sanciones, se plantean medidas de reparación como tareas comunitarias, talleres reflexivos o disculpas formales. “No es un enfoque punitivo, sino formativo”, remarcan.
El proyecto ya ingresó en la Legislatura y abre una discusión de fondo: hasta dónde deben llegar las sanciones en la escuela y si endurecer las reglas es la respuesta frente a problemas que, para muchos, exceden el aula.
Las próximas semanas serán clave. Porque detrás de este cambio hay algo más que una norma: se juega el modelo educativo que Río Negro quiere sostener.
La causa ya tiene fecha clave. Un docente de plástica de una escuela primaria de San Antonio Oeste será llevado a juicio oral y público, acusado de presuntos hechos de abuso sexual contra 11 alumnas, según informó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión fue tomada tras la audiencia de control de acusación, donde se definió avanzar a la instancia de juicio y se delimitó la prueba que será analizada durante el proceso.
De acuerdo a la imputación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, en el marco de clases dictadas por el docente. Según la Fiscalía, el hombre se habría valido de su rol para cometer los abusos, en una modalidad que será objeto de análisis durante el debate judicial.
En función de la escala penal prevista —que va de 3 a 12 años de prisión—, el juicio será llevado adelante por un tribunal colegiado integrado por tres jueces.
En la audiencia también se resolvieron aspectos clave sobre cómo se desarrollará el proceso. El magistrado interviniente dispuso limitar el alcance de ciertos testimonios: las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron, pero no podrán reproducir los relatos de las menores por vías indirectas.
En esa misma línea, se establecieron criterios para las declaraciones de directivos y profesionales intervinientes, que deberán centrarse en aspectos técnicos y en las acciones institucionales realizadas.
Además, el juez condicionó la incorporación de parte de la evidencia a que previamente sea puesta a disposición de la defensa, con el objetivo de garantizar el debido proceso.
En cuanto a la prueba testimonial, se prevé la participación de alrededor de 20 testigos, entre integrantes del ámbito educativo, profesionales y personal técnico.
Cabe recordar que, en el inicio de esta etapa, también se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del acusado por dos meses, mientras se avanza hacia el juicio.
El proceso buscará determinar la responsabilidad o no del imputado en los hechos que se le atribuyen, en un caso que pone en foco el ámbito educativo y los mecanismos de protección institucional.
La definición quedará ahora en manos del tribunal, en una instancia donde se evaluarán las pruebas y los testimonios incorporados.
Porque, a partir de este punto, la causa entra en su etapa más decisiva.
El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.
Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.
“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.
Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.
Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.
De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.
Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.
En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.
Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.
“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.
El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.
Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.
En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.
El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.
El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.
En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.
Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.
Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.
“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.
Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.
De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.
Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.
A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.
Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.
También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.
En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.
Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.
Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.
El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.
En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.
Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.
La discusión por la ordenanza 384/24 sumó una nueva postura desde el oficialismo. La concejala Carolina Piris se refirió a la situación generada por la normativa y sostuvo que el conflicto ya fue abordado mediante una nueva herramienta legislativa, al tiempo que cuestionó el planteo de nulidad impulsado desde la oposición.
A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó: “Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24”.
En ese sentido, agregó: “Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, según manifestó públicamente. Piris también se refirió al enfoque adoptado desde su espacio político. “Tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos”, sostuvo.
Además, se refirió al proyecto interbloque impulsado por las concejalas Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré, que propone declarar la nulidad de la ordenanza. “No solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba”, expresó.
De acuerdo a su publicación, avanzar con esa alternativa implicaría consecuencias institucionales y legales. “Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (…) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe”, afirmó.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores del oficialismo y la oposición por la validez de la ordenanza que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que el conflicto fue corregido mediante un nuevo dictamen, desde la oposición se mantiene el planteo de nulidad de la norma original.
Por el momento, la decisión adoptada en el Concejo pareciera cerrar la cuestión de fondo, pero introduce un nuevo escenario en el tratamiento público del tema, mientras se mantienen distintas posturas sobre el camino jurídico y político elegido. En ese marco, la concejala Carolina Piris atribuyó al oficialismo la resolución de la situación. “Quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros”, expresó en su publicación.
“Quedó demostrado que teníamos razón”. Con esa frase, la concejala Elizabeth Cofré se pronunció tras la derogación de la Ordenanza N.º 384/24, vinculada al Banco de Tierras en Catriel.
A través de una publicación en redes sociales, la edil sostuvo que la norma presentaba irregularidades desde su origen. “Veníamos sosteniendo que la ordenanza presentaba un vicio grave: no había alcanzado la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica para la desafectación de terrenos públicos”, expresó, según manifestó públicamente.
En ese sentido, recordó que desde su espacio impulsaron un proyecto para declarar la nulidad de la ordenanza. “Por eso impulsamos un proyecto solicitando su nulidad”, indicó. Según expresó en su publicación, a partir de esa iniciativa se abrió el debate dentro del Concejo Deliberante y se avanzó en la decisión adoptada en la última sesión. “Se revisó lo actuado y finalmente hoy se avanzó en la derogación de dicha ordenanza”, afirmó.
Cofré también se refirió al mecanismo adoptado. “Si bien nuestra propuesta planteaba la anulación y no la derogación, entendemos que esta decisión representa un avance concreto en el camino de restablecer la legalidad”, señaló.
Además, destacó el impacto de la medida sobre las tierras involucradas. “Hoy se recuperan 5 de las 9 reservas fiscales, volviendo a estar protegidas como patrimonio de todos los catrielenses”, expresó.
En su publicación, la concejala se refirió al cumplimiento de la normativa vigente. “Lo importante es que se logró reconocer que las cosas no se habían hecho correctamente y corregirlo”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores de la oposición y el oficialismo sobre la validez de la ordenanza, que había habilitado la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que la situación fue abordada mediante una nueva herramienta legislativa, desde la oposición se venía cuestionando el procedimiento original y reclamando su nulidad.
En ese marco, Cofré también atribuyó a la oposición el resultado alcanzado. “Quedó demostrado que teníamos razón”, expresó en su publicación, y vinculó la derogación de la ordenanza con el planteo impulsado desde su espacio Primero Río Negro junto a JSRN.
La disputa venía creciendo y terminó con una definición judicial de fuerte impacto familiar. Un juzgado de Familia de Cipolletti resolvió hacer lugar a una medida cautelar y dispuso, de manera provisoria, que un menor continúe viviendo en Catriel, bajo el cuidado personal unilateral de su padre, mientras se tramita el expediente principal.
La resolución, firmada el 15 de abril de 2026 por la Unidad Procesal N° 5, también prohibió trasladar al menor fuera de Catriel sin autorización judicial o sin el consentimiento expreso de ambos progenitores. Además, ordenó no modificar el establecimiento educativo en el que actualmente cursa sus estudios.
Según surge del fallo, el padre promovió la medida cautelar al sostener que el niño reside en Catriel desde julio de 2025, donde habría consolidado su vida cotidiana, su escolaridad y su red afectiva. De acuerdo a su planteo, existía un riesgo cierto de que la madre concretara un traslado a otra ciudad petrolera, lo que implicaría —según argumentó— una alteración unilateral del centro de vida del menor.
Del otro lado, la madre pidió el rechazo de la cautelar. Según sostuvo en su presentación, la permanencia del niño en Catriel durante el segundo semestre de 2025 habría respondido a un acuerdo transitorio entre ambos progenitores y no a un cambio definitivo de residencia. También cuestionó que se consolidara cautelarmente una situación que, según su postura, aún debía resolverse en el expediente principal de cuidado personal.
En el análisis del caso, el juzgado remarcó que el eje rector debía ser el interés superior del niño. Y sobre esa base entendió, al menos en esta etapa provisoria, que el menor ya tiene configurado su centro de vida en Catriel.
Para llegar a esa conclusión, la sentencia valoró especialmente un informe de la Escuela Primaria de Catriel, donde consta que el niño ingresó a la institución en agosto de 2025, cursó allí el ciclo lectivo y mantuvo asistencia regular, con avances en su proceso de aprendizaje. El fallo también tomó en cuenta que lleva alrededor de nueve meses residiendo en esa ciudad, donde mantiene vínculos escolares, sociales y afectivos.
En ese marco, el juez consideró que un eventual traslado podría implicar un cambio abrupto en sus condiciones de vida, su escolaridad y su entorno cotidiano, con un posible daño de difícil reversión. También señaló que el riesgo de traslado no era meramente hipotético, ya que estaba acreditada la gestión de una vacante escolar en una escuela de otra provincia.
Con esa base, la resolución hizo lugar a la cautelar y dispuso tres medidas concretas: el cuidado personal provisorio a cargo del padre, la prohibición de mover al niño fuera de Catriel sin acuerdo o autorización judicial, y la imposibilidad de modificar su escuela actual.
De todos modos, el fallo no clausura el conflicto de fondo. La propia sentencia aclara que se trata de una medida provisoria, sujeta a cambios si varían las circunstancias o cuando se dicte resolución definitiva en la causa principal. También ordena que el vínculo con la madre se mantenga de forma amplia y flexible, y que el padre facilite activamente ese contacto.
Así, la decisión judicial no define de manera definitiva con quién deberá vivir el niño, pero sí fija una prioridad inmediata: preservar, por ahora, la estabilidad de la vida que ya viene desarrollando en Catriel.
La forma en que se accede a un cargo docente en Río Negro podría cambiar.
En la Legislatura provincial se están analizando proyectos que buscan modificar los criterios de ingreso, sumando un punto clave: la residencia en la provincia.
Una de las propuestas, impulsada por los legisladores Juan Martín y María Laura Frei, plantea dar más puntaje a quienes viven en Río Negro y tienen trayectoria dentro del sistema educativo local.
Según explican en el proyecto, la idea surge de una situación que consideran injusta: docentes formados en la provincia que no logran acceder a cargos porque quedan por debajo de otros postulantes con más puntaje, pero que vienen de otras jurisdicciones.
“No cerramos puertas, sino que abrimos oportunidades para quienes han sido postergados durante décadas”, señalan en los fundamentos.
La propuesta incluye sumar puntos por residencia efectiva y agregar más puntaje según los años trabajados dentro del sistema rionegrino. También se busca dar un incentivo mayor a quienes trabajen en zonas rurales o alejadas, con la intención —según el proyecto— de fomentar la continuidad y no solo ingresos temporales.
Por otro lado, hay otra iniciativa, presentada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, que va un paso más allá: propone que sea obligatorio acreditar al menos dos años viviendo en la provincia para poder ingresar a la docencia.
Por ahora, ambos proyectos están en discusión y no implican cambios vigentes.
Como suele pasar con este tipo de temas, las posturas pueden ser distintas. Algunos ven estas medidas como una forma de fortalecer el arraigo y darle más oportunidades a quienes viven en la provincia. Otros plantean que puede abrir un debate sobre las condiciones de acceso al trabajo docente.
Además, uno de los proyectos también propone exigir el Certificado de Antecedentes Penales a nivel nacional, tanto para docentes como para personal de apoyo, con el objetivo de reforzar los controles en las escuelas.
La discusión recién empieza y todavía puede tener cambios en el tratamiento legislativo.
Pero el tema ya está sobre la mesa.
Y vuelve a instalar una pregunta que no es solo técnica: quién debería tener prioridad a la hora de enseñar en Río Negro.
Las oportunidades laborales vinculadas al Proyecto Duplicar Norte en Catriel continúan vigentes y abarcan distintos perfiles relacionados con obra, maquinaria pesada y tareas específicas del sector energético.
Las postulaciones se realizan a través del Servicio de Empleo Rionegrino, mediante un formulario online donde cada persona debe cargar su currículum y sus datos laborales.
En este contexto, hay un punto clave que remarcan desde el sector: no alcanza con anotarse, es importante completar correctamente el perfil para poder ser considerado en las búsquedas.
Actualmente, las vacantes apuntan principalmente a perfiles técnicos y operativos. Entre los puestos requeridos se encuentran operadores de retroexcavadora, side boom, excavadora, zanjadora, tractor, curvadora, boring machine, vacuum lift y topadora.
También se buscan perfiles técnicos como soldador API Pipeline, pipe welder, revestidor, rigger AT y acopladorista doble junta. A esto se suman choferes de vehículo pesado.
Las personas interesadas pueden postularse escaneando el código QR difundido por el organismo o ingresando directamente a la web trabajo.rionegro.gov.ar, donde deberán completar el formulario de carga de CV.
El sistema solicita información completa para armar el perfil laboral, incluyendo datos personales, nivel de estudios, experiencia laboral detallada, ocupación actual y referencias laborales. Además, se debe adjuntar documentación en formato PDF, como DNI (frente y dorso), currículum actualizado, certificaciones o cursos, y en caso de corresponder, carnet de conducir, LINTI o IERIC.
Al tratarse de un sistema que centraliza búsquedas actuales y futuras, cuanto más completo y claro esté el perfil, mayores serán las posibilidades de ser tenido en cuenta. También se recomienda detallar tareas concretas realizadas en experiencias anteriores y adjuntar toda certificación disponible.
En proyectos de esta escala, donde hay oportunidades reales, la diferencia no siempre está únicamente en la experiencia, sino en cómo se presenta el perfil al momento de postularse.
