Catriel, histórica capital provincial del petróleo, enfrenta una nueva señal de alerta en su principal actividad económica. Al menos 60 operarios fueron despedidos en la última semana por dos empresas del sector hidrocarburífero que operan en la región. A su vez, se confirmaron retiros voluntarios, sugerencias para que trabajadores inicien sus trámites jubilatorios y una serie de bajas contractuales que afectan directamente a pymes de servicios.
Según fuentes del ámbito sindical, privado y gubernamental, el movimiento responde a un proceso de “reordenamiento operativo” en la región, en un contexto de inestabilidad del mercado global, un corrimiento del Estado nacional, y —hasta el momento— sin políticas articuladas que hayan resultado efectivas para mitigar en lo inmediato el impacto en las comunidades productivas. En los últimos meses, varias empresas comenzaron a trasladar sus operaciones hacia Añelo, el núcleo de Vaca Muerta, donde encuentran mejores condiciones de infraestructura, conectividad y contratos.
La situación se conoce apenas unos días después de que la ciudad celebrara sus 126 años con una fuerte apuesta institucional por consolidarse como nodo estratégico del corredor Vaca Muerta Norte y del eje bioceánico. Durante el acto central, el gobernador Alberto Weretilneck afirmó: “El eje de Vaca Muerta va a estar en el norte y creemos que Catriel va a tener un protagonismo central”. En esa línea, confirmó seis obras por más de 350 millones de pesos en infraestructura educativa y gas domiciliario, y anunció una acción judicial para exigir que se repare la Ruta Nacional 151.
La intendenta Daniela Salzotto, por su parte, remarcó la necesidad de integrar a Catriel al desarrollo de Vaca Muerta con obras, planificación territorial y formación laboral. “No nos van a dejar a un lado. Necesitamos la Ruta 57 pavimentada, un nodo universitario y un plan de infraestructura real. Queremos ofrecer profesionales calificados y trabajo digno para nuestros vecinos”, afirmó.
En paralelo, Salzotto destacó que, pese al contexto de recortes nacionales, el municipio mantiene inversiones por más de mil millones de pesos para renovar la flota vehicular, pavimentar la Avenida Mosconi y avanzar en obras de gas domiciliario con los fondos del bono prórroga por la reciente renovación de concesiones hidrocarburíferas en Río Negro.
Sin embargo, las noticias que llegan desde el corazón de la industria tensan los objetivos planteados. El presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), Ramiro Arceo, ya había advertido sobre un “éxodo silencioso” de empresas ante la falta de condiciones adecuadas: “Varios colegas han comenzado a emigrar en busca de mejores oportunidades”, señaló durante el reciente Foro de Intendentes de la Región Vaca Muerta Norte.
En el plano internacional, el conflicto bélico en Medio Oriente reconfigura el escenario. Analistas anticipan una suba inmediata de entre 3 y 5 dólares por barril en el precio del crudo Brent, lo que podría derivar en ajustes operativos, contratos más volátiles y decisiones empresariales que afecten aún más el empleo local.
En paralelo, entre mayo y junio de 2025, la empresa NRG, ubicada en Allen (Río Negro), despidió a unos 230 trabajadores en medio de una crisis productiva. Según el sindicato AOMA, las petroleras dejaron de comprar la arena local para perforaciones, optando por insumos importados desde China, Brasil, Estados Unidos y Entre Ríos. La planta, que llegó a tener más de mil empleados, redujo drásticamente su personal en el marco de un plan de reestructuración que incluye pagos en cuotas y reiterados cierres en el sector de canteras.
Este contexto también coincide con el anuncio de reestructuración financiera por parte de Aconcagua Energía, una de las principales operadoras con presencia en la región. La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que inició un proceso de reordenamiento de deuda para garantizar su continuidad operativa. Aunque afirmó que mantendrá sus compromisos con trabajadores y operaciones en sus 14 yacimientos, el anuncio genera incertidumbre en torno a los acuerdos de inversión asumidos en Río Negro y Mendoza.
Desde la firma indicaron que la reestructuración no afectará el pago de salarios ni el desarrollo normal de las actividades, y que el proceso —acompañado por una consultora especializada— será monitoreado junto a autoridades provinciales, trabajadores y contratistas.
Desde el ámbito energético y el Gobierno provincial reconocen en privado la preocupación, aunque públicamente se muestran expectantes de generar condiciones que permitan sostener la actividad productiva y el empleo en la región.
