La Justicia Penal de Cipolletti dictaminó el pasado 11 de septiembre el sobreseimiento de un hombre que había sido acusado en febrero por una mujer de seucestrarla y exigirle mantener relaciones sexuales bajo amenaza de no darle alimento, ni permitirle volver a su hogar. La Fiscalía descubrió con una investigación las inconsistencias en el relato de la denunciante y la falta de pruebas concluyentes para llevar el caso a juicio.
La mujer denunció que el 25 de febrero de 2024, R.D.G., a quien conocía por trabajos de flete previos, le ofreció transportarla desde Ugarteche, Mendoza, hasta Malargüe, bajo la promesa de una oferta laboral. Sin embargo, en lugar de cumplir su promesa, R.D.G. habría llevado a la mujer a Catriel, donde la retuvo contra su voluntad, exigiendo mantener relaciones sexuales bajo amenaza de no darle alimento ni permitirle regresar a su hogar.
Durante la investigación, la versión de la denunciante comenzó a desmoronarse. El análisis de los teléfonos móviles reveló que no existía ninguna oferta de trabajo en Malargüe ni conversación alguna con la persona que supuestamente había facilitado la oferta. Además, se descubrió que la denunciante intentó manipular a un conocido para que mintiera a su favor, pidiéndole que declarara en términos que respaldaran su versión de los hechos.
A lo largo del proceso, Y.G.P. también cambió de domicilio a la provincia de Salta y, cuando fue citada nuevamente para declarar, manifestó su negativa a presentarse, lo que generó más dudas sobre la veracidad de su denuncia.
Ante la falta de pruebas que respaldaran el relato de la denunciante, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de R.D.G. La jueza a cargo del caso, María Agustina Bagniole, determinó que, sin la cooperación de la presunta víctima y con las inconsistencias encontradas en la investigación, no había elementos suficientes para llevar el caso a juicio. En consecuencia, R.D.G. fue sobreseído de los cargos de secuestro coactivo, y el tribunal declaró que el proceso no afectaría su buen nombre y honor.
El fallo no solo absolvió al acusado, sino que subrayó la importancia de contar con pruebas sólidas y testimonios coherentes en casos penales tan graves como el secuestro. La investigación reveló cómo, en ocasiones, denuncias falsas pueden desviar los recursos judiciales de forma innecesaria, lo que pone de relieve la necesidad de evaluar con rigor cada acusación antes de avanzar hacia el juicio.
Este caso es un claro ejemplo de cómo la justicia puede revertir acusaciones cuando no se sostienen con pruebas contundentes, protegiendo tanto los derechos del acusado como la integridad del sistema judicial.
