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El municipio de Catriel anunció que hoy a las 11 de la mañana se realizará una ceremonia en el Centro Cultural Sánchez Carrillo para formalizar el pase a contrato y planta permanente de un grupo de empleados municipales. Esta medida es parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de paritarias que el Ejecutivo viene desarrollando con los sindicatos ATE, UPCN y Soyem, quienes continúan negociando mejoras laborales y salariales para los trabajadores.

Los gremios, representados por sus delegados, mantuvieron varias reuniones con representantes paritarios y con la intendenta Daniela Salzotto en las últimas semanas para definir la pauta salarial de septiembre. A través de intensas negociaciones, lograron acordar un incremento salarial del 8% al básico, además de una suma remunerativa adicional. Según explicaron desde ATE, la negociación para la pauta de octubre continuará en los próximos días, buscando seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales y económicas de los empleados municipales.

“Durante estos dos meses hemos mantenido mesas de trabajo con los funcionarios delegados para esa tarea, pero no habíamos podido avanzar demasiado hasta esta última semana. Con la intervención de Daniela Salzotto, se lograron destrabar varios puntos. Cada vez que la intendenta interviene, todo fluye de otra manera”, señaló Nora González de ATE, destacando la importancia de la participación directa de la jefa comunal en los acuerdos alcanzados.

Por su parte, el sindicato Soyem también reportó avances significativos en las negociaciones. Confirmaron que en esta etapa, los gremios acordaron el pase de 40 trabajadores a contratos y otros 40 a planta permanente, un avance en la regularización de la situación laboral de los empleados municipales. Este proceso se llevará a cabo en tramos, con el compromiso firmado de continuar los pases según la antigüedad de los trabajadores.

No obstante, los empleados municipales señalaron su preocupación por la cantidad de trabajadores incorporados en calidad de becados municipales, una práctica que también padecían con la gestión anterior (JSRN). Según expresaron, la gestión municipal actual (Frente de Acción Vecinal) hizo numerosas incorporaciones bajo esta modalidad, aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos empleados fueron ingresados de esta manera. Esta situación preocupa a los gremios y trabajadores, ya que supone un desafío adicional a la hora de regularizar estas relaciones laborales. Además, los gremios insisten en que se respete la antigüedad de los trabajadores al momento de los pases a planta y contratos, evitando que aquellos ingresados recientemente, y por afinidad con la nueva gestión, sean beneficiados antes que quienes llevan años esperando.

Además del pase a planta, Soyem destacó que en la última paritaria se acordó un aumento del 8% al básico, sumado a un incremento de $10,000 sobre el básico actual y un adicional de $10,000 correspondiente al artículo 143. También se logró una actualización del refrigerio, que se ajustará en un 6,5% cada dos meses de acuerdo con la inflación, garantizando así que los beneficios de los trabajadores mantengan su valor real.

“Estamos avanzando con el pase a planta y contratos, y la pauta salarial sigue mejorando. Los ítems que hemos logrado incorporar son de gran importancia para la función diaria de los trabajadores”, señalaron desde Soyem, resaltando la importancia de estos logros en un contexto económico desafiante.

El pase a planta permanente y contratos es un paso crucial para los empleados municipales, quienes ven reflejados sus años de trabajo y esfuerzo en una mayor estabilidad laboral. La participación activa de los gremios fue clave en este proceso de diálogo y negociación que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, los desafíos continúan y los gremios seguirán trabajando en la mesa de negociaciones para abordar los próximos incrementos salariales y otras mejoras laborales que aún están en discusión. Las próximas semanas serán clave para definir la pauta de octubre y seguir avanzando en los compromisos asumidos por el municipio.

Los empleados municipales de Catriel esperan que estos avances sean solo el comienzo de un proceso de regularización y mejora sostenida de sus condiciones laborales, en un contexto donde la estabilidad y los aumentos salariales son más necesarios que nunca para enfrentar la creciente inflación.

Durante el primer semestre de 2024, Catriel registró 202 denuncias por violencia familiar y de género en los juzgados de Paz, según un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. Esta cifra representa aproximadamente el 2,2% del total de denuncias en la provincia, donde se contabilizaron 9.081 casos. Aunque en términos absolutos Catriel no se encuentra entre las localidades con más denuncias, la cifra es significativa considerando la cantidad de habitantes y la limitada infraestructura judicial y policial de la localidad, lo que agrava la vulnerabilidad de sus habitantes.

Catriel no cuenta con plena autonomía judicial, ya que no dispone de un juzgado propio de Familia. Las situaciones de violencia de género son abordadas por el Juzgado de Paz, que tiene competencias limitadas y no puede gestionar la totalidad de las acciones necesarias en casos complejos, como órdenes de protección, medidas cautelares urgentes y seguimientos de largo plazo. Esta falta de un juzgado especializado obliga a los habitantes a recurrir a organismos de otras localidades, como Cipolletti o General Roca, para trámites y resoluciones judiciales más completas, afectando la respuesta rápida y efectiva hacia las víctimas y dejando desprotegidas a muchas personas que no tienen los medios para desplazarse.

La respuesta policial en Catriel también enfrenta serias limitaciones debido a la falta de personal y recursos. La ciudad cuenta actualmente con solo un móvil policial disponible para cubrir 11 barrios en la zona urbana y un promedio de 7 a 8 policías por guardia. Estas cifras son insuficientes para garantizar la vigilancia continua y cumplir con las órdenes de prohibición de acercamiento, lo que deja a muchas víctimas en una situación de vulnerabilidad permanente. La falta de dispositivos de protección, como tobilleras electrónicas y botones antipánico, complica aún más la situación, incrementando los riesgos para quienes sufren violencia.

Además, los agentes policiales deben cubrir con sus propios recursos muchos de los gastos operativos que deberían ser financiados por la Jefatura Policial o el gobierno provincial, como el mantenimiento y reparación de los móviles policiales, la compra de insumos de oficina, repuestos, uniformes y botas. En muchos casos, estos costos son asumidos por los propios agentes o cubiertos con aportes de terceros, como la municipalidad o incluso privados, lo que compromete la independencia operativa y genera una percepción de ineficacia en la respuesta institucional.

La lucha contra la violencia de género en Catriel se complementa con la Comisaría de la Familia, ubicada en el barrio Preiss, y la Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Sin embargo, la Comisaría de la Familia, que depende del gobierno provincial, no cuenta con un móvil propio ni recursos suficientes para responder de manera rápida y efectiva. La falta de personal capacitado y de recursos tecnológicos limita su capacidad para llevar a cabo seguimientos efectivos de los casos. Por su parte, la Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención de Violencia, que dependen del gobierno municipal, aunque colaboran en la tarea también tienen limitaciones operativas, lo que restringe el apoyo continuo a las víctimas y reduce la efectividad de las medidas de contención.

Esta situación contrasta con otras localidades de la provincia que implementaron políticas preventivas con un enfoque integral, que incluyen campañas educativas y de sensibilización hacia la comunidad, así como una mejor coordinación entre las instituciones. En Catriel, la falta de una estrategia coordinada y la carencia de recursos adecuados subrayan la necesidad urgente de fortalecer las políticas locales para gestionar y reducir la violencia de género de manera más efectiva, asegurando que las instituciones cuenten con el respaldo necesario para proteger a quienes más lo necesitan.

En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno de Río Negro sobre la adquisición de 20 camionetas cero kilómetro para la Policía representa una oportunidad clave para mejorar la seguridad en Catriel, que actualmente enfrenta una escasez crítica de recursos. El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, informó que se adquirirán diez camionetas 4×4 y diez 4×2, que serán distribuidas estratégicamente en distintas regiones de la provincia para fortalecer las tareas de prevención y respuesta.

Además, en los próximos días se llevará a cabo la licitación para la compra de 50 nuevos patrulleros y 40 motos destinadas a la brigada motorizada, como parte del plan provincial de seguridad impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck. Esta inversión, que asciende a aproximadamente 800 millones de pesos, busca reforzar la seguridad en toda la provincia mediante el uso del fondo fiduciario generado por infracciones viales.

En Catriel, la llegada de estos recursos podría marcar una diferencia crucial, ya que la ciudad necesita de manera urgente más vehículos y personal capacitado para mejorar la vigilancia y respuesta ante los casos de violencia de género. La falta de un móvil propio en la Comisaría de la Familia y la escasez de recursos para las instituciones locales son un obstáculo constante para la protección efectiva de las víctimas. Asignar parte de estas nuevas camionetas y patrulleros a Catriel permitiría una respuesta más rápida y efectiva, aliviando la carga de una policía que debe operar bajo condiciones adversas.