Este fin de semana, la Plaza de la Niñez se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad con una nueva edición del Paseo de Artesanos y Emprendedores. La iniciativa reunió a productores, artistas y vecinos en un espacio que promueve la creatividad, la cultura y el comercio local.
Con una variada oferta de productos y un ambiente cálido, la feria se mostró como un espacio para el impulso de la economía local. Emprendedores de distintos rubros tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, generando un circuito de consumo que beneficia tanto a expositores como a compradores.
Desde la organización municipal destacaron «la participación de los vecinos y el compromiso de los emprendedores, reafirmando la importancia de estos encuentros para el crecimiento de Catriel».
«Este tipo de iniciativas no solo fomentan el trabajo independiente, sino que también fortalecen el sentido de comunidad y la identidad cultural de la ciudad», indicaron desde el Ejecutivo local.
El Congreso aprobó la reforma al Código Penal que endurece las penas para reincidentes y habilita la prisión preventiva para imputados con múltiples causas abiertas. El oficialismo la defiende como un freno a la impunidad, mientras que organismos de derechos humanos alertan sobre posibles detenciones arbitrarias.
El Senado de la Nación sancionó por 54 votos a favor y 16 en contra la Ley de Reiterancia, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por parte de la oposición. La norma introduce modificaciones en el Código Penal y Procesal Penal, ampliando los criterios para dictar prisión preventiva y redefiniendo los conceptos de reincidencia y reiterancia, en un intento por cerrar la llamada «puerta giratoria» del sistema judicial.
Uno de los cambios más significativos es la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva. Hasta ahora, un imputado solo podía ser detenido antes del juicio si existía riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. La nueva ley incorpora un tercer criterio: la reiterancia, que permite la detención preventiva de personas con tres o más causas abiertas por delitos graves, aunque no tengan condena firme.
Desde el oficialismo, el senador Gustavo Bordet (PJ-UxP) defendió la reforma asegurando que «el Estado no puede seguir permitiendo que quienes reinciden en delitos graves sigan en libertad». La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró su sanción afirmando que es «una herramienta clave para evitar que delincuentes peligrosos burlen la justicia y sigan delinquiendo».
La norma también modifica el concepto de reincidencia, considerando reincidente a cualquier persona que haya recibido al menos dos condenas a prisión, con una sentencia firme, sin importar si cumplió la pena en cárcel o en libertad condicional. Según el proyecto oficial, esta modificación apunta a evitar que un condenado pueda acumular penas en suspenso sin ser considerado reincidente.
Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal cuestionan la reforma. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que «la ampliación de la prisión preventiva afectará especialmente a personas sin condena firme y agravará la crisis penitenciaria». Según datos del Servicio Penitenciario Federal, actualmente el 55% de los detenidos en Argentina no tiene condena firme, lo que podría aumentar con la aplicación de esta ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura alertó sobre el impacto de la reiterancia, asegurando que «permite la detención de personas solo por estar imputadas en varias causas, sin prueba de culpabilidad, lo que erosiona el principio de inocencia». También señalaron que el criterio es «sumamente amplio y confuso», lo que podría generar usos arbitrarios en su aplicación.
Un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana refuerza el argumento del oficialismo, indicando que el 70% de los condenados por robos y hurtos vuelve a delinquir en menos de dos años, una cifra que fue utilizada por los legisladores que apoyaron la reforma para justificar el endurecimiento de penas.
Durante el debate en el Senado, la oposición planteó dudas sobre posibles abusos en la aplicación de la norma. Luis Juez (PRO) propuso «controles más estrictos para evitar que la prisión preventiva se convierta en un mecanismo discrecional o político», pero su iniciativa fue rechazada.
La ley ahora debe ser reglamentada por el Ejecutivo y su implementación será clave para evaluar su impacto real. Mientras tanto, organismos de derechos humanos ya analizan posibles recursos de inconstitucionalidad, lo que podría llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal de Goya declaró este viernes culpable a Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, por los delitos de estafa y asociación ilícita. Los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte concluyeron que Cositorto encabezó una organización destinada a defraudar a inversores con un esquema piramidal. Junto a él, fueron condenados Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino, mientras que Nicolás y Javier Medina resultaron absueltos. La pena para Cositorto, que podría oscilar entre cinco y diez años de prisión, se conocerá en los próximos días.
En un contexto diferente pero con ciertas similitudes, el presidente Javier Milei enfrenta denuncias por presunta estafa tras haber promovido la criptomoneda $LIBRA. El 14 de febrero, el mandatario difundió información sobre este activo digital a través de sus redes sociales, lo que impulsó una rápida subida en su cotización. Sin embargo, poco después, su valor se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias para más de 40.000 inversores. Se acusa a los desarrolladores de la criptomoneda de haber retirado súbitamente los fondos, en una maniobra conocida como «rug pull», lo que les habría permitido obtener ganancias cercanas a los 87 millones de dólares.
Ambos casos reflejan el impacto de esquemas financieros que prometen altos rendimientos y terminan en pérdidas significativas para los inversores. Mientras que Generación Zoe operó bajo un modelo piramidal tradicional, el caso de $LIBRA expone los riesgos de las inversiones en activos digitales sin regulación clara. La creciente presencia de figuras públicas en la promoción de este tipo de instrumentos financieros subraya la urgencia de reforzar los mecanismos de control y protección para evitar nuevas estafas.
Este viernes 21 de febrero, la Dirección Nacional de Migraciones de Neuquén brindará atención en Catriel. El operativo se llevará a cabo en la oficina de Punto Digital, ubicada en los ex Pabellones de YPF, en el horario de 8:30 a 13.
La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda a quienes necesiten realizar trámites migratorios acudir con anticipación.
Este viernes 21 de febrero es la última oportunidad para inscribirse en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) en Catriel. La convocatoria está abierta para quienes deseen finalizar el nivel secundario o inscribirse en una tecnicatura superior con inicio en 2025.
Para inscribirse, los interesados deben enviar un correo electrónico a [email protected] con los siguientes datos:
Nombre y apellido
DNI
Localidad (Catriel, RN)
Nivel educativo alcanzado
Nombre de la tecnicatura o nivel secundario que desean cursar
También es posible realizar la inscripción de manera presencial. Para ello, se debe acudir a la Municipalidad de Catriel en horario matutino y entregar los datos en Mesa de Entrada.
La oferta académica incluye tecnicaturas en sectores estratégicos como Petróleo, Energías Renovables, Operaciones Mineras y Seguridad e Higiene, además de opciones en el área de la salud como Enfermería, Agente Sanitario, Administración de Servicios de Salud y Acompañamiento Terapéutico. También hay propuestas en Desarrollo de Software, Gestión de Gobiernos Municipales, Turismo, Comunicación Social y Comercio Exterior, entre otras.
Quienes quieran acceder a una formación con salida laboral en la región tienen hasta hoy para inscribirse.
La rionegrina Josefina Padellaro, jugadora del AC Bobigny 93 de Francia, fue convocada para integrar el plantel de Las Yaguaretés, la selección argentina de rugby femenino, en las dos primeras etapas del Sevens Challenger Series 2025, que se disputarán en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 1 al 2 y del 7 al 8 de marzo.
Padellaro, nacida en Catriel, tuvo su formación en Catriel Rugby Club donde fue campeona varias veces. Luego llegó a Neuquén Rugby y logró el salto a Europa, jugando en clubes de Italia y Francia. En su última temporada en el rugby francés, se consagró campeona del Super Seven de Francia, uno de los torneos de rugby reducido más importantes del país. Luego de tres años, volvió a vestir la camiseta de la selección argentina el año pasado y ahora buscará ayudar al equipo en su lucha por el ascenso al Circuito Mundial 2026.
Las Yaguaretés llegan a este torneo tras un 2024 exitoso, con varios títulos y medallas conseguidas. Para afrontar el Challenger, el equipo realizará una Concentración Nacional en Casa Pumas del 19 al 21 de febrero, aunque Padellaro se sumará directamente en Sudáfrica.
El Challenger Series 2025, organizado por World Rugby, tendrá un formato renovado y más competitivo: 12 selecciones disputarán las dos primeras etapas en Ciudad del Cabo, y los ocho mejores equipos avanzarán a la tercera ronda en Cracovia, Polonia, el 11 y 12 de abril. Los cuatro mejores de la clasificación general tras las tres rondas accederán a los Playoffs de Los Ángeles, donde se definirán las plazas para el Circuito Mundial 2026.
En el plantel albiceleste también habrá caras nuevas, como Dolores Berti (Universitario de Córdoba) y Cecilia Altini (Casa de Padua), quienes debutarán en un Challenger Series. Con el talento y la experiencia internacional de Padellaro, Las Yaguaretés buscarán dar pelea y acercarse a la élite del rugby femenino mundial.
Un tribunal de Cipolletti sentenció a un hombre a once años de prisión por delitos contra la integridad sexual de sus dos nietas menores de edad. La condena incluyó agravantes por el vínculo familiar y la convivencia preexistente, lo que incrementó la gravedad del caso.
El fallo fue dictado tras un juicio oral en el que se analizaron pruebas testimoniales, pericias psicológicas y médicas, además de las declaraciones de las niñas en cámara Gesell. El tribunal, integrado por una jueza y dos jueces, determinó la responsabilidad penal del acusado en tres de los hechos imputados.
Según la sentencia, los abusos ocurrieron en la vivienda del condenado, donde las víctimas, de entre ocho y diez años, estaban bajo su cuidado. La fiscalía y la querella sostuvieron que el hombre aprovechó su relación con las menores para someterlas a distintos abusos a lo largo de varios años, recurriendo a manipulación y engaño para garantizar su silencio.
Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar los relatos de las niñas, cuestionando la precisión de las fechas y señalando supuestas contradicciones en sus testimonios. Sin embargo, el tribunal desestimó estos planteos, destacando que las declaraciones fueron coherentes, detalladas y respaldadas por otras pruebas. Informes psicológicos confirmaron el impacto emocional sufrido por las víctimas y expusieron que el acusado ejerció control, amenazas y promesas vinculadas al bienestar familiar para sostener su impunidad.
El hombre fue condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y la convivencia. También se lo encontró responsable del delito de corrupción de menores, en concurso ideal con los abusos. Hasta que la sentencia quede firme, deberá cumplir medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, la prohibición de salir del país y el uso de un dispositivo electrónico para su monitoreo.
El caso se denunció en una localidad del Alto Valle, bajo la jurisdicción de la Cuarta Circunscripción Judicial. Para preservar la identidad de las víctimas, no se revelan más detalles sobre el condenado ni el lugar exacto donde ocurrieron los hechos.
El Congreso evadió la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo cripto gracias a la intervención de los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Gustavo Valdés, quienes maniobraron para que cuatro senadores de la UCR cambiaran su voto a último momento. Entre ellos, el correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, que había firmado el proyecto, pero terminó votando en contra.
El Senado quedó a un solo voto de alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la comisión. El resultado fue 47 a favor y 23 en contra, con la ausencia de los dos legisladores de Misiones, Sonia Rojas Decut y Omar Arce. Hasta el día anterior, se descontaba que el expediente impulsado por Pablo Blanco y apoyado por Martín Lousteau, Flavio Fama y el propio Vischi lograría la aprobación con el respaldo de la larretista Guadalupe Tagliaferri, Francisco Paoltroni y Mónica Silva, quien proponía una variante bicameral.
Pero el oficialismo desplegó su estrategia. «Cornejo, Pullaro y Valdés están apretando a sus senadores para que no voten la comisión», advertía una fuente parlamentaria horas antes de la sesión. En Mendoza, intentaron desmentirlo, pero los dos representantes radicales de la provincia votaron distinto: Rodolfo Suárez apoyó la iniciativa, mientras que su colega Mariana Juri se alineó con el oficialismo.
Lo más llamativo fue la postura de Vischi. A las 16:05, votó a favor de habilitar el debate, pero a las 16:13 se opuso al proyecto que él mismo había impulsado. Una conducta similar adoptaron Juri, el santafesino Carlos Galaretto y el chaqueño Víctor Zimmermann, quien había pedido licencia para asumir como ministro de Producción de Chaco, pero regresó al Senado por orden de Zdero para frenar la investigación contra Milei.
Durante el debate, Lousteau advirtió que había «presiones» para impedir la votación. En los pasillos del Congreso, la indignación dentro del radicalismo era total. «Nunca se vio algo así», comentaban en un despacho opositor. «No salió por Vischi», repetían en el bloque, mientras otros calificaban su cambio de postura como «una vergüenza».
El episodio reaviva la crisis interna de la UCR. En la Cámara de Diputados, el partido ya expulsó a tres legisladores que habían dado vuelta su voto ante el veto presidencial al aumento jubilatorio. Ahora, en el Senado, la historia se repite y el protagonismo lo tiene Vischi. La pregunta que empieza a circular en el Congreso es si el jefe del bloque radical enfrentará sanciones o si su alineamiento con Milei marcará un quiebre definitivo en la bancada centenaria.
El gremio docente UnTER confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 24 de febrero, en reclamo por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente por parte del Gobierno. La medida afectará el inicio del ciclo lectivo 2025 en todo el país.
La resolución fue tomada en un Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CTERA, reunido en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de febrero. Además del paro, se definió la realización de una Jornada Nacional de Protesta con diversas acciones como concentraciones, radios abiertas y volanteadas, para exigir mejoras en las condiciones salariales y presupuestarias del sistema educativo.
Entre los principales reclamos se encuentra la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución y actualización del FONID y la conectividad, y la garantía de un piso salarial acorde al contexto económico para que ningún docente del país cobre por debajo del mínimo establecido. También demandan mayor presupuesto educativo para asegurar infraestructura escolar digna, aumento de las Becas Progresar y más fondos para refuerzo nutricional en comedores escolares.
En el comunicado, la CTERA expresó su solidaridad con los trabajadores del Banco Nación, manifestándose en contra de una posible privatización, y repudió la represión contra manifestantes de ATE Capital. También se pronunciaron contra la criminalización de la protesta social.
La medida de fuerza pone en jaque el inicio de clases en varias provincias, mientras crece la tensión entre los gremios y el Gobierno en medio del conflicto educativo.
Un hombre que durante seis años creyó ser el padre de un niño descubrió la verdad luego de una discusión familiar. Había reconocido al bebé al nacer, convencido de su paternidad. Sin embargo, en medio de un conflicto con su pareja, un comentario de su cuñada sembró la duda: el niño tendría otros orígenes biológicos.
El comentario, que en un principio pareció una provocación, quedó instalado como una inquietud que con el tiempo se volvió insostenible. Ante la incertidumbre, el hombre decidió realizarse un análisis de ADN. El resultado fue contundente: no existía vínculo biológico.
Con esa prueba, inició una demanda de impugnación de filiación en el fuero de Familia de Bariloche, argumentando que había actuado de buena fe y que desconocía la posibilidad de que el niño no fuera suyo. Para entonces, su relación de pareja ya se había disuelto y el niño había quedado bajo el cuidado de su abuela materna.
El proceso judicial avanzó sin oposición. La madre del menor fue notificada, pero no se presentó a responder la demanda. La Fiscalía, tras analizar el caso, confirmó que la prueba genética demostraba con certeza la inexistencia del vínculo biológico. La Defensoría de Menores también evaluó la situación y, dado que el niño ya se encontraba bajo la guarda de su abuela materna, no formuló objeciones.
En su fallo, la jueza interviniente recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación permite impugnar la filiación cuando hay evidencia científica que demuestre que el reconocimiento no se ajusta a la realidad biológica. En consecuencia, ordenó la anulación del reconocimiento paterno y dispuso la rectificación de la partida de nacimiento.
Además, con la sentencia firme, el Registro Civil deberá modificar la documentación del niño, garantizando así su derecho a la identidad, un principio fundamental en el ordenamiento jurídico argentino.
