En el marco de la situación epidemiológica actual y siguiendo la estrategia impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, en Catriel se implementa el adelanto de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral.
La medida está dirigida a niños y niñas nacidos desde el 1 de julio de 2024, con el objetivo de fortalecer la inmunización y reducir el riesgo de circulación de enfermedades prevenibles. En la ciudad, la aplicación se realiza en los siguientes puntos y horarios:
Vacunatorio Central Catriel (Hospital “Dra. Cecilia Grierson”): únicamente los días jueves de 08:00 a 12:45 horas. Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS): de lunes a viernes desde las 8:00 horas en adelante.
Desde el sistema de salud local recuerdan a las familias la importancia de completar el esquema de vacunación y acercarse con la libreta sanitaria para su correspondiente actualización.
La vacunación es gratuita y forma parte del calendario oficial, constituyendo una herramienta clave para la prevención y el cuidado comunitario.
La ciudad de Catriel contará con un Juzgado de Familia propio, luego de que el Superior Tribunal de Justicia resolviera su puesta en funcionamiento en el marco del proceso de modernización y reorganización del Fuero de Familia en la provincia.
La decisión responde al crecimiento sostenido de las demandas vinculadas a conflictos familiares. Durante el último año, el Fuero de Familia superó las 20.000 causas en toda la provincia, lo que motivó la ampliación territorial del servicio y la instalación de un nuevo organismo en la localidad.
El juzgado funcionará en un inmueble cedido en comodato por la Municipalidad de Catriel. La Dirección de Arquitectura e Infraestructura Judicial realizará las adecuaciones necesarias mediante una obra que será licitada próximamente, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para la atención al público, audiencias y tareas técnicas.
En paralelo, la Dirección General de Sistemas incorporará el equipamiento tecnológico necesario para la operatividad del fuero.
La estructura aprobada contempla una Unidad Procesal encabezada por un juez o jueza y un secretario o secretaria, con personal funcionario y administrativo. También se prevé la intervención de un Equipo Técnico Interdisciplinario integrado por profesionales de Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social, permitiendo un abordaje integral de las situaciones familiares.
Para la etapa inicial se dispuso una estructura mínima ya incorporada al Presupuesto 2026, que incluye desde el inicio un cargo de referencista.
En este marco, se encuentran abiertos los siguientes concursos públicos para Catriel, con plazo de inscripción hasta el 17 de abril:
Juez/a de Familia para Catriel Secretario/a de Juzgado de Familia en Catriel Defensor/a Civil de Catriel Defensor/a de Menores en Catriel
Con la creación del juzgado y la apertura de estos concursos, Catriel avanzará en la consolidación de una estructura judicial propia en materia de familia, evitando traslados a otras ciudades y fortaleciendo el acceso a justicia para la comunidad local y la zona de influencia.
La Escuela Municipal de Handball de Catriel ya se encuentra en plena etapa de entrenamiento y preparación para competir fuera de la ciudad. En esta oportunidad, el equipo de categoría juveniles se alista para representar a la localidad en el Nacional de Handball – Mendoza 2026.
Con el objetivo de cubrir los costos de traslado y participación, el plantel lanzó una campaña solidaria abierta a la comunidad. La propuesta es simple: si 2.000 personas donan $2.000, el equipo podrá reunir el dinero necesario para concretar el viaje.
Desde la organización informaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias CATRIELHANDBALL2026.
El grupo entrena a pleno con la expectativa de llevar el nombre de Catriel a una competencia nacional y continúa convocando el acompañamiento de vecinos, instituciones y empresas locales para hacer posible la participación.
Personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante el miércoles 18 de febrero una serie de allanamientos en el marco de una causa por Robo en Poblado y en Banda Agravado, con resultados positivos y dos hombres trasladados a la unidad policial.
El primer procedimiento se realizó en un domicilio de calle El Manso s/n, donde fue atendido un hombre de 23 años sobre quien pesaba un pedido de detención vigente. En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística, que secuestró un par de zapatillas y un pantalón de buzo considerados de interés para la investigación.
En simultáneo, se desarrolló un segundo allanamiento en calle Montevideo, que arrojó resultado negativo en cuanto a elementos vinculados a la causa. Sin embargo, durante esa diligencia fue identificado un hombre que transitaba por el sector. Al verificar sus datos, se constató que tenía un pedido de captura vigente, por lo que fue trasladado a la Comisaría 9°, quedando a disposición del fiscal de turno.
El tercer procedimiento se concretó en el barrio 400 Viviendas, donde se secuestraron un pantalón jeans, una gorra, un par de zapatillas, un plástico lateral de motocicleta, un asiento de moto y un teléfono celular marca Samsung, todos vinculados a la investigación.
Además, tras tomar conocimiento de la posible presencia de otro hombre presuntamente relacionado con el hecho en un domicilio de calle Río de Janeiro, efectivos policiales se constituyeron en el lugar y lograron su localización y traslado. En ese procedimiento, el propietario de la vivienda realizó la entrega voluntaria de indumentaria relacionada con la causa.
Todos los elementos secuestrados y las personas trasladadas quedaron a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de agredir a su hermana con un machete en una vivienda del barrio Obrero A, en una ciudad del Alto Valle de Río Negro. La jueza de Garantías dispuso un mes de prisión preventiva y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses.
El hecho ocurrió el lunes 16 de febrero de 2026, alrededor de las 21, en el interior de una vivienda familiar. Según expuso la fiscal en la audiencia realizada este miércoles 18 de febrero, en medio de una discusión el hombre atacó a la mujer con un machete, provocándole una herida cortante profunda en el antebrazo derecho que requirió sutura y otra lesión en la zona del tórax.
La calificación legal es la de lesiones leves agravadas por el contexto de género, en carácter de autor.
Como sustento probatorio, la fiscalía detalló la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Familia, el certificado médico que acredita las lesiones sufridas y el informe elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI).
La defensora oficial no se opuso a la calificación legal, aunque cuestionó la versión de los hechos al señalar que su asistido declaró haber sido agredido previamente por la mujer. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de un mes, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función del vínculo familiar entre las partes y la cercanía de sus viviendas.
El oficialismo decidió eliminar el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas dentro de la reforma laboral, luego de reconocer que no contaba con los votos suficientes para sostenerlo en la Cámara de Diputados. La medida se adoptó horas antes del tratamiento del proyecto y en paralelo a la convocatoria a un paro general de 24 horas impulsado por la CGT.
El punto cuestionado habilitaba la posibilidad de reducir entre un 25% y un 50% el salario de trabajadores con licencias por enfermedad no laboral, además de acotar plazos. La iniciativa había sido defendida por el oficialismo tras su aprobación en el Senado, pero el rechazo de bloques aliados y la presión sindical forzaron su retiro.
La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, obtuvo dictamen de mayoría en Diputados luego de que el Ejecutivo aceptara eliminar ese capítulo. Sin embargo, el conflicto político no se disipó.
En paralelo, la CGT ratificó el paro nacional y advirtió que la medida “paralizará al país de punta a punta”. La UTA confirmó que no habrá colectivos, lo que garantiza un alto impacto en el transporte urbano y de larga distancia. Desde la central obrera sostienen que la reforma implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y cuestionan que se modifiquen derechos laborales consolidados.
El debate también dejó expuestas diferencias dentro de la Patagonia. En la votación del Senado sobre el título que incluía el artículo de licencias médicas, la posición de los representantes rionegrinos fue dividida. El senador Enzo Fullone (La Libertad Avanza) acompañó la iniciativa, mientras que Ana Marks y Martín Soria votaron en contra.
En el resto de la región hubo escenarios dispares. Neuquén fue la única provincia patagónica que no aportó votos negativos al artículo, mientras que en Santa Cruz todos sus representantes rechazaron tanto el capítulo de licencias como la reforma en general. La eliminación del artículo no cierra el debate de fondo. Gobernadores nucleados en el espacio Provincias Unidas ya manifestaron su rechazo a otros puntos del proyecto, particularmente aquellos vinculados a la centralización de facultades laborales en un organismo nacional. Si bien Río Negro no firmó la carta de intención difundida por ese bloque, el planteo vuelve a instalar la discusión sobre el alcance del federalismo en materia de control del empleo.
Con el artículo de licencias fuera del texto, el oficialismo busca aprobar la reforma en Diputados y enviarla nuevamente al Senado si hubiera modificaciones. El conflicto sindical, las diferencias provinciales y la tensión interna dentro del oficialismo anticipan que el tratamiento parlamentario seguirá atravesado por negociaciones contrarreloj.
El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) habilitó la inscripción para su ciclo lectivo 2026 con una propuesta de seis cursos gratuitos orientados al sector Upstream y una capacitación específica en seguridad operativa.
La convocatoria estará abierta hasta el 21 de febrero y la inscripción se realiza a través del sitio oficial del instituto. Los requisitos incluyen secundario completo o ciclo básico aprobado, habilidades digitales básicas y conectividad para instancias virtuales.
La oferta académica comprende las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento. Cada trayecto tiene una duración de cuatro meses.
Las cursadas comenzarán el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el curso elegido, y se dictarán en dos turnos: de 14 a 18 y de 18 a 22.
Las clases se desarrollarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde los estudiantes realizarán prácticas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de entrenamientos en un pozo escuela ubicado en el Río Neuquén.
Al finalizar, los alumnos recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.
El IVM es una iniciativa impulsada por YPF junto a empresas operadoras y de servicios.
Recientemente se incorporó Vista Energy, que se suma a TotalEnergies y Pluspetrol.
El Foro de Jueces y Juezas Penales del 4° Circunscripción Judicial de Cipolletti resolvió el 3 de diciembre de 2025 el sobreseimiento en el expediente MPF-CA-00543-2024, iniciado por un hecho ocurrido en Catriel.
La causa se originó por un episodio registrado el 7 de abril de 2024, cuando el imputado se presentó junto a su madre en una vivienda de la ciudad y, tras un intercambio verbal con un menor le propinó un golpe de puño en el rostro. El móvil habría sido una agresión previa de la víctima hacia un hermano del agresor.
De acuerdo con el certificado médico emitido el 7/04/2024 a las 23:53 por el médico policial, la lesión fue clasificada como leve y consistió en “herida cortante de 0.3 cm en parte interna de labio inferior izquierdo”. La imputación fue encuadrada en los artículos 45 y 89 del Código Penal.
En audiencia, la fiscal adjunta Dra. Marcela Marchetti solicitó el sobreseimiento al informar que, durante el trámite del proceso, se aplicó un criterio de oportunidad que habilitó una instancia de conciliación. En ese marco, se impuso al imputado una prohibición de acercamiento al menor y a su domicilio, así como la prohibición de todo tipo de contacto.
La Fiscalía indicó que, cumplidas las pautas y alcanzada una conciliación conforme al artículo 96 inciso 5 del Código Procesal Penal, se prescindió de la acción penal por considerarla extinguida, en los términos del artículo 97 del CPP.
El defensor particular Angelo Zamataro Amaranto adhirió al planteo.
La jueza de Garantías hizo lugar al pedido y dispuso el sobreseimiento, declarando además que el proceso no afecta el buen nombre y honor del imputado, conforme al artículo 157 del CPP, y ordenó el archivo de las actuaciones sin costas.
Efectivos activos y retirados de la Policía y el Servicio Penitenciario de Río Negro elevaron un petitorio dirigido al gobernador Alberto Weretilneck, en el que detallan 14 puntos vinculados a salarios, condiciones laborales y garantías institucionales.
El documento plantea como eje central un haber inicial de $1.800.000 desde el cargo base de agente, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria del personal policial y penitenciario. También solicita que se respete la Ley de Sueldos N° 679, que regula la composición salarial.
Entre los puntos incluidos, se exige el pago de juicios con sentencia firme vinculados a la zona desfavorable, la reducción de los tiempos de demora en el pago de reajustes al sector pasivo y el cumplimiento del cronograma para ese adicional.
El petitorio reclama además el respeto a la pirámide salarial del 6 a 1 y el reconocimiento económico a funciones que implican mayor responsabilidad y riesgo, como choferes, jefes de calle y oficiales de servicio.
De acuerdo con los últimos parámetros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la línea de pobreza para un hogar tipo —dos adultos y dos menores— supera el millón de pesos mensuales a nivel nacional. En la región patagónica, por el mayor costo de vida, ese umbral es más alto, lo que incrementa el impacto de la inflación sobre los ingresos de las familias. En ese contexto, el Consejo sostiene que los salarios actuales no alcanzan a cubrir el costo de vida en la región.
En materia laboral, el documento solicita garantizar la movilidad gratuita para quienes prestan servicios lejos de su residencia, el cumplimiento estricto de los horarios de descanso y la provisión permanente de uniformes para todo el personal.
También incluye el pedido de tratamiento digno para quienes asisten a gabinetes psicológicos, con la premisa de que esa situación no afecte su carrera profesional.
En sus puntos finales, el texto reclama el pago retroactivo a pensionadas por la aplicación de la Ley 5505, la creación de una mesa de diálogo permanente con participación del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, y que no se adopten medidas administrativas ni represalias contra el personal que se manifieste.
El documento fue presentado en el marco del reclamo salarial que mantiene desde hace años un sector de la fuerza.
El anuncio del acampe se produce luego de que el Ejecutivo informara una actualización salarial del 6,79% para febrero, compuesta por un ajuste por inflación y un adicional específico, además de una suma fija de $250.000 en dos cuotas.
El Consejo anticipó que la permanencia en la capital provincial será por tiempo indeterminado hasta que se habilite una instancia de negociación directa con el Gobierno.
El Foro de Jueces y Juezas Penales del 4° Circunscripción Judicial de Cipolletti homologó un acuerdo abreviado y condenó a un hombre a 1 año y 6 meses de prisión efectiva, tras admitir su responsabilidad en cuatro hechos cometidos entre el 25 de junio y el 13 de julio de 2025 en la ciudad de Catriel.
El episodio más grave ocurrió el 13 de julio de 2025, entre las 17:30 y 18:30, cuando el acusado y una mujer ingresaron sin autorización a la vivienda de una víctima., tras forzar una ventana de la habitación principal. Según la investigación, se llevaron un televisor RCA de 55 pulgadas y una garrafa de 10 kilos.
Al retirarse, el tribunal dio por acreditado que provocaron un incendio intencional dentro del inmueble. El fuego destruyó por completo la habitación principal y generó daños estructurales en el resto de la vivienda. Personal de Bomberos de Catriel determinó que el foco ígneo se inició en la zona de la cama matrimonial y que no existían fallas eléctricas ni de gas que expliquen el origen accidental.
La detención se produjo poco después, cuando efectivos de la Comisaría 9ª de Catriel identificaron a una pareja con características coincidentes con las aportadas por testigos, mientras caminaban hacia la ciudad.
Ese mismo día, el acusado fue aprehendido también por desobedecer una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a su ex pareja, con quien se encontraba caminando al momento de la identificación policial. La restricción había sido dictada el 25 de junio de 2025 por el Juzgado de Paz de Catriel y ratificada por la Justicia procesal, estableciendo una distancia mínima de entre 300 y 500 metros, además de la prohibición de contacto.
La causa también incluyó hechos previos del 25 de junio de 2025, cuando el imputado fue acusado de lesiones leves calificadas en contexto de violencia de género, tras tomar del brazo a su pareja y provocarle un hematoma, y de amenazas simples, luego de expresarle “te voy a matar”, según consta en la denuncia.
Durante la audiencia, la fiscal Analía Díaz propuso una pena única por todos los hechos. La querella, representada por el abogado Angelo Zamataro, y el damnificado manifestaron su conformidad. La defensora oficial Patricia Fernández informó que el imputado comprendía el alcance del acuerdo y lo aceptaba.
El juez Julio C. Sueldo homologó el acuerdo y lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de robo, daño por incendio, violación de domicilio, desobediencia a una orden judicial, lesiones leves calificadas y amenazas, todos en concurso real. Además, lo declaró reincidente, en función de antecedentes condenatorios previos.
La sentencia quedó firme tras la renuncia de las partes a los plazos de impugnación y fue remitida al juez de ejecución para el cómputo correspondiente.
