Una jueza de Familia de Bariloche desestimó una demanda que buscaba extender la obligación alimentaria a los abuelos paternos de una niña. La decisión se basó en que el padre cumple en tiempo y forma con el pago de la cuota y que, según los registros bancarios, incluso transfiere montos superiores a los pactados en un convenio homologado judicialmente.
La presentación había sido realizada por la madre en representación de su hija. Solicitó que los abuelos paternos fueran obligados a aportar de manera conjunta una cuota mensual equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y que, mientras se resolvía el caso, se fijara una cuota provisoria del 60% de ese monto.
En su reclamo, la mujer sostuvo que el padre aportaba solo diez mil pesos mensuales —una cifra que consideró insuficiente— y que no mantenía vínculo con la niña. Afirmó también que los abuelos no mostraban interés y que no se presentaron a la instancia de mediación previa.
Durante el proceso, la Unidad Procesal de Familia pidió a la madre que precisara si el padre tenía dificultades para cumplir con la cuota. Tras esa respuesta, se notificó a los abuelos. El abuelo paterno fue informado por cédula pero no respondió, y la abuela no pudo ser localizada.
El expediente incorporó un informe del Banco Patagonia que detalló pagos mensuales del padre entre febrero y agosto de este año, con montos superiores a los acordados. No se registraron incumplimientos ni constancias de imposibilidad económica.
En base a esas pruebas, la magistrada concluyó que no se daban los supuestos previstos en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que habilita a reclamar alimentos a los abuelos solo cuando el progenitor no cumple o no puede hacerlo.
El fallo dejó sin efecto la cuota provisoria fijada al inicio del proceso a cargo del abuelo y ordenó notificar la resolución al organismo previsional que había sido oficiado para retener parte de sus haberes.
Finalmente, la jueza indicó que, si la madre considera insuficiente el monto que actualmente abona el padre, podrá iniciar un trámite de modificación de la cuota en la vía correspondiente. La sentencia de primera instancia aún no está firme, ya que puede ser apelada.
La Biblioteca Popular José Hernández abrió la inscripción para un nuevo curso gratuito de AutoCAD orientado a personas sin experiencia previa en el programa. La capacitación tendrá una duración de tres meses y se dictará los lunes y viernes, de 10 a 12 horas, en la sede de la institución ubicada en La Pampa 691.
El taller propone una introducción práctica al uso del software AutoCAD, una herramienta fundamental en el diseño técnico y la elaboración de planos digitales. A lo largo del curso, los participantes aprenderán a manejar las funciones esenciales del programa, con el objetivo de generar presentaciones profesionales y fortalecer sus competencias laborales.
Desde la organización destacaron que el taller está abierto a todo público y que los asistentes deberán contar con una computadora para trabajar durante las clases. La iniciativa busca acercar conocimientos técnicos a la comunidad, promoviendo el acceso a herramientas digitales que tienen amplia demanda en distintos sectores productivos y educativos.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse comunicándose al teléfono 299-6337966.
La propuesta se enmarca en las actividades de formación y capacitación que la Biblioteca Popular José Hernández impulsa de manera sostenida, consolidando su rol como espacio de aprendizaje y encuentro comunitario.
Catriel vuelve a conmoverse por un hecho de crueldad que golpea a su comunidad rural. La vecina Valentina Quero denunció públicamente el robo, asesinato y faenamiento de sus dos caballos, Tordo y Oda, y su mensaje en redes se multiplicó entre expresiones de apoyo, bronca y reclamos de justicia.
El recuerdo de “Carlitos” y una herida que no cierra
El hecho ocurre apenas un año y unos meses después del crimen de “Carlitos”, el caballo utilizado por la Asociación Civil Kawell Anay para equinoterapia con personas con discapacidad. En ese caso, la justicia dictó prisión preventiva para un hombre acusado de abigeato agravado, tras hallarse restos del animal en su vivienda y confirmarse por cámaras de seguridad su participación en el robo.
Carlitos fue sustraído el 2 de julio de 2024 desde un predio rural de Catriel. Según la investigación, el acusado habría faenado y despostado al caballo, ocultando parte de la carne en un freezer. La jueza de garantías ordenó su detención al considerar que existía riesgo de entorpecer el proceso judicial y de influir en testigos clave. Luego el caso se cerró con el hombre recuperando su libertad.
El caso generó gran repercusión en la localidad por el rol social de Carlitos en terapias con personas con discapacidad. Desde entonces, Catriel no dejó de debatir sobre la faena ilegal de animales, un delito que combina pérdidas afectivas, daños económicos y una sensación creciente de inseguridad rural.
“Esto ya es moneda corriente en mi Catriel”
Ante el nuevo caso, Sergio Retamales, dueño de Carlitos, escribió en redes sociales un mensaje de apoyo a Quero y de fuerte crítica a la impunidad con la que —según denunció— se manejan los responsables del cuatrerismo en la zona.
“Y qué podemos decir, que no anude la garganta y arda en el estómago. Esto pasa más seguido que nunca. Esto ya es moneda corriente en mi Catriel. Los asesinan y sabemos quiénes son los asesinos. Pero qué podemos hacer si somos dos o tres los que denunciamos y vamos por el camino de la ley”, expresó Retamales.
El referente de la Asociación Kawell Anay agregó que “robar y matar caballos es un negocio con todas las letras”, donde no solo intervienen quienes cometen los delitos, sino también cómplices que se benefician. “El cuatrerismo y la impunidad con que se manejan está haciendo que Catriel sea tierra de nadie. Tristemente”, escribió.
Vecinos exigen control y justicia
Los mensajes de Quero y Retamales reflejan un reclamo que se repite: más controles rurales, sanciones efectivas y acción judicial rápida. Catriel, una localidad ligada a la actividad petrolera y ganadera, enfrenta desde hace años la expansión de delitos vinculados al abigeato.
El Código Penal argentino castiga este delito con hasta 10 años de prisión cuando se realiza con violencia o en despoblado, pero los procesos suelen ser lentos y las penas poco visibles para la población. Las organizaciones locales piden que se avance en políticas de prevención y trazabilidad de la carne para cortar el circuito clandestino que alimenta el negocio.
Mientras la investigación avanza, los vecinos insisten en que los casos de Tordo, Oda y Carlitos no queden impunes. La comunidad vuelve a reunirse en torno a un pedido que atraviesa lo afectivo y lo social: justicia para los animales y seguridad para quienes los cuidan.
El debate ya está abierto en redes: cómo frenar el abigeato y recuperar la confianza en la justicia.
Este pasado fin de semana, la Orquesta Característica Nuevos Aires logró destacarse en el selectivo Pre Cosquín, realizado los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Bariloche.
Integrada por Santi Gutiérrez en bajo, Juan Churrarín en acordeón Maxi Arce en batería y Mariano “Papu” Chañapi, de Villa Regina, en guitarra, la orquesta se consagró ganadora en el rubro Conjunto Instrumental.
Además, Enzo Arpsteguichar, también integrante vocal de Nuevos Aires, tuvo una excelente participación como solista vocal interpretando tres canciones inéditas, una de ellas dedicada a nuestra querida Catriel. Gracias a este triunfo, la orquesta representará a la sede rionegrina y a Catriel en el certamen nacional para nuevos valores que se realizará en enero de 2026.
Desde Nuevos Aires destacaron el apoyo invaluable de familiares y amigos, fundamental para continuar con este camino artístico.
En este momento, en Tanti, Córdoba, se desarrolla el 7° Campeonato Nacional de Malambo Femenino, con destacada representación rionegrina.
En la jornada inaugural, las aspirantes a campeonas del certamen mostraron su talento y energía, entre ellas la catrielense Mariana Valenzuela, cuya participación emocionó al público.
Ayer, la categoría infantil contó con la fuerza y determinación de Eva Justina Fernández, de la Academia Nuevas Raíces, dejando en claro el talento local desde temprana edad. La transmisión del certamen puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la organización.
Foto: @salta.fotografiaspao
Catriel nos sigue demostrando que las y los artistas de la música y la danza son banderas culturales que representan con orgullo a toda la comunidad rionegrina.
La danza contemporánea tendrá su gran noche en Catriel con el PROYECTO TESINA, un encuentro de obras que reúne a bailarines y bailarinas que están culminando el profesorado de danza contemporánea de la escuela MOVE – Arte en Movimiento.
El evento se realizará el jueves 17 de octubre a las 20:00 hs en La Meca 173, con la presentación de cinco obras creadas, dirigidas e interpretadas por las y los estudiantes:
Raíz y Aliento – Dir. Carla Garabito
Tu Verdad – Dir. Marina Ibañez
Fuera de Tiempo – Dir. Lucía Santana
Encuentro – Dir. Sofía Morales
Covenant: El pacto – Dir. Ricardo Romero
“La danza nos permite decir con el cuerpo lo que las palabras no alcanzan. Este proyecto es el cierre de una etapa formativa y el comienzo de un nuevo camino artístico”, señaló Ariana Vera, directora de MOVE.Las entradas pueden solicitarse al 1163737827, en redes sociales @move.arteenmovimiento, o a través de los coreógrafos y bailarines.
El viernes 10 de octubre se desarrollará la Jornada de Turismo de Experiencia Gastronómica, de 9 a 21 en el Parador Turístico del Acceso Norte, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de productos locales, sabores regionales y música en vivo.
El sábado 11 y domingo 12 será el turno del deporte, con la 1° y 2° Jornada del Torneo Regional de Tenis de Mesa en el SUM de la ESRN 78 (Las Américas 25), y la 2° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, el domingo desde las 10 en el Predio Don Lobos (San Juan y Líbano).Además, en todos los eventos deportivos habrá servicio de cantina, ideal para disfrutar una tarde diferente en familia.
Estas propuestas forman parte de la agenda cultural y deportiva municipal, impulsada por la Intendencia de Daniela Salzotto, que busca promover el encuentro, el arte y la participación.
El Taller Municipal de Danza Árabe, integrado por jóvenes y adultas, invita a toda la comunidad a participar del Bingo Show Solidario, el día domingo 12 en el Casino del Rio desde las 17 una propuesta que combina diversión, arte y solidaridad.
El objetivo del evento es recaudar fondos para la compra de telas y la confección de vestuario, en vistas a las próximas presentaciones del taller. Durante la jornada habrá música, sorteos, números artísticos y un espacio de encuentro para compartir en familia.
“Queremos que sea una tarde para disfrutar, pero también para seguir fortaleciendo este espacio que crece año a año gracias al compromiso de las bailarinas y del público que siempre nos acompaña”, expresó la profesora y artista Silvina Martinelli, a cargo del grupo.Para más información o consultas, se puede comunicar al 2995173635.
El cruce político entre Alberto Weretilneck y Martín Soria escaló en las últimas horas y trasladó la campaña rionegrina al terreno más áspero: acusaciones cruzadas por presuntos vínculos con el narcotráfico, concesiones mineras y empresarios con causas judiciales.
Todo comenzó cuando el diputado kirchnerista apuntó contra el gobierno provincial por su relación con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado, sobre quien pesa un pedido de extradición a Estados Unidos. Soria afirmó que el familiar del empresario es “ñoqui del gobierno provincial” y controla “casi el 40 % de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”.
Desde Cipolletti, el gobernador Weretilneck recogió el guante y respondió con dureza. Negó cualquier vínculo político o financiero con Machado, explicó que los permisos mineros de Ciccarelli “están dentro del Código de Procedimiento Minero, como cualquier otra empresa”, y aseguró que representan “menos del uno por ciento de las arenas de Río Negro”.
Pero el mandatario fue más allá. En una rueda de prensa, mostró fotografías en las que —según afirmó— aparece Soria junto a un integrante del clan Montecino, una organización criminal cipoleña señalada por la Justicia por narcotráfico, homicidios y estafas. “Esta es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico en Río Negro: la relación de la familia Soria con la familia Montecino”, lanzó, exhibiendo las imágenes ante las cámaras.
Soria, por su parte, insistió en que el gobierno de Juntos Somos Río Negro “favoreció” al entorno de Machado mediante permisos y contratos. También apuntó contra la exsecretaria de Energía y actual candidata a senadora oficialista, Andrea Confini, a quien responsabilizó por las autorizaciones otorgadas.
Weretilneck replicó que su único contacto con Machado se dio “hace ocho o diez años” en una reunión vinculada al club Deportivo Viedma, cuando el empresario ofreció un posible auspicio deportivo. “Fue el único encuentro y no hubo ningún acuerdo político ni económico”, aclaró.
El enfrentamiento entre ambos dirigentes volvió a tensar el clima político en la provincia y reabrió un tema sensible: la frontera entre el poder político y los intereses delictivos en la región. Mientras Weretilneck intenta contener el impacto de las acusaciones, Soria busca capitalizar el escándalo en plena campaña hacia el Senado.
El duelo verbal promete continuar. En el tablero rionegrino, las arenas de Vaca Muerta y los fantasmas del narcotráfico se mezclan con la disputa por el poder político.
Un adolescente de Viedma perdió un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por un agente policial durante un operativo de seguridad. La Justicia contencioso-administrativa consideró que el uso del arma fue desproporcionado y ordenó una indemnización por los daños sufridos.
El hecho ocurrió cuando el joven regresaba a su domicilio junto a su familia, luego de participar en una actividad religiosa. Según consta en el expediente, al advertir la presencia de móviles policiales y un altercado en la vía pública, la familia se refugió dentro de la vivienda. Desde el interior, observaron que uno de los agentes levantó su escopeta y efectuó un disparo por encima del paredón. Uno de los proyectiles impactó en el rostro del adolescente, provocándole la pérdida total de la visión en el ojo derecho y un daño estético permanente.
Las pericias balísticas confirmaron que el disparo se realizó con una escopeta antitumulto cargada con balas de goma, a una distancia menor a la recomendada por el fabricante y sin evidencia de rebote. El informe médico oftalmológico determinó una incapacidad visual del 33 %.
El agente policial negó haber actuado indebidamente y sostuvo que el disparo respondió a una situación de disturbio. Alegó que utilizó el arma conforme a los protocolos vigentes y cuestionó la versión de la familia, asegurando que el joven participó en los incidentes.
El juez, sin embargo, descartó esa hipótesis tras evaluar el conjunto de pruebas. Determinó que el proyectil fue disparado desde la vereda hacia el interior de la vivienda, sin que existiera amenaza alguna que justificara el uso del arma antitumulto. Destacó además que la intervención policial se originó en un llamado al 911 por una persona extraviada, y no en un contexto de desorden público.
“La presencia policial tuvo su origen en un requerimiento asistencial, y no en un operativo ante manifestaciones públicas o situaciones de disturbio”, señala el fallo. En ese marco, el magistrado consideró que el accionar del agente “revela un exceso y desvío de finalidad, contrario a los estándares de necesidad, proporcionalidad y minimización de daños que deben guiar la actuación policial”.
La sentencia reconoce la indemnización al joven por incapacidad sobreviniente, gastos médicos y tratamiento psicológico, además del daño extrapatrimonial. La condena alcanza tanto al agente involucrado como al Estado provincial. En cuanto al reclamo de la madre del adolescente por daño moral, el juez lo rechazó por falta de legitimación en esta instancia.
La causa penal derivada del hecho concluyó con una suspensión del juicio a prueba. En sede civil, la resolución marca un antecedente relevante sobre el uso indebido de armas antitumulto y la responsabilidad estatal en casos de violencia institucional.
Desde la Fiscalía de Catriel confirmaron que se radicaron dos denuncias vinculadas a un incidente ocurrido el martes 7 de octubre en la sede del Tribunal de Cuentas municipal, ubicada dentro del Punto Digital sobre la Avenida San Martín. Una fue presentada por Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal, en la Comisaría 9ª; y la otra por la intendenta Daniela Salzotto, en la Comisaría de la Familia.
Ambas partes reconocieron que se produjo una discusión con gritos e insultos, aunque difieren en quién inició el altercado y qué motivó la tensión. Según fuentes judiciales consultadas por Viento Sur Noticias, el hecho se originó durante una reunión en la que funcionarias municipales solicitaron explicaciones sobre facturas de proveedores y el procedimiento de control administrativo.
Versión del Tribunal de Cuentas
Peñalba denunció que las funcionarias municipales ingresaron al recinto “de manera prepotente e irrespetuosa”, lo que impidió el normal desarrollo de sus tareas. Afirmó que fue increpado por ejercer su rol de control sobre los gastos municipales. “Querían que aprobemos facturas de un proveedor que todavía no cumplió con una obra. No vamos a hacer nada que no corresponda”, sostuvo.
El funcionario también aseguró que alguien grabóparte del encuentro y que presentó el audio ante la Justicia. “Si no hubiera existido esa grabación, hubiera sido víctima de una operación política. No insulté a nadie, ni eché a la intendenta. Es un intento de desprestigiarme”, expresó luego a su entorno cercano.
La versión del Ejecutivo municipal
Desde el entorno de Salzotto aseguran que la intendenta escuchó gritos desde una oficina contigua y se acercó al lugar para intervenir. Según su declaración, presenció malos tratos y agresiones verbales por parte de Peñalba hacia las funcionarias presentes, entre ellas la secretaria de Hacienda y la asesora legal del municipio. Cuando llegó Salzotto al lugar, la situación habría escalado y Peñalba habría echado a la intendenta del lugar, lo que provocó una reacción de reclamo por parte del resto de las funcionarias. Desde el oficialismo informaron que la jefa comunal “debió ser asistida por una descompensación” luego del episodio.
El bloque de concejales del Frente de Acción Vecinal, fuerza oficialista, emitió un comunicado de respaldo a Salzotto, en el que expresó su “repudio al hecho de violencia y maltrato” y exigió celeridad a la Justicia. También remarcaron que “el respeto a la investidura y a la persona es innegociable” y que las diferencias políticas deben resolverse “por vías institucionales y con diálogo”.
Malestar en el ámbito judicial
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron su preocupación por el tono del conflicto y por el hecho de que se haya judicializado un enfrentamiento político. “Se pelean como chicos y usan la Justicia para resolver cuestiones que son políticas. Es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Tienen que demostrar estar a la altura del cargo que ocupan”, dijo una funcionaria judicial. Otra fuente fue más prudente, pero coincidió en que la disputa “debería resolverse con diálogo institucional y no mediante denuncias que sobrecargan al sistema judicial”.
Un conflicto de larga data
El enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas viene acumulando tensiones desde hace meses. Desde el municipio se cuestiona que el órgano de control realiza observaciones excesivasque obstaculizan la gestión, mientras que desde el Tribunal se sostiene que su función es “garantizar la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos”.
El último episodio que profundizó el desencuentro fue la autorización de pagos anticipados por parte del Ejecutivo para la Fiesta del Petróleo, mediante una resolución firmada por Daniela Salzotto y la secretaria de Economía y Finanzas, Marisa Pérez. La medida permite realizar desembolsos sin la intervención previa del Tribunal de Cuentas, aunque con control posterior, argumentando razones de “oportunidad económica” ante la volatilidad de precios en contrataciones artísticas y técnicas.
Desde el Tribunal consideraron que la resolución contradice el espíritu de la Carta Orgánica, que establece la intervención obligatoria del órgano de control antes de toda erogación. El tema sigue generando debate político e institucional en la ciudad.
Previo a ese episodio, desde el Ejecutivo se impulsó un proyecto en el Concejo para que se exija acreditar idoneidad a los integrantes del Tribunal para el puesto que ocupan. El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista, pero hasta el momento no se implementó porque el Tribunal desconoce esa facultad del Deliberante. Aseguraron que debió realizarse en tiempo y forma y no una vez iniciada la función de los integrantes.
Un llamado al diálogo
El conflicto dejó expuesta la falta de canales efectivos de comunicación entre los distintos poderes locales. Desde distintos sectores comunales, judiciales y políticos se insistió en que “las diferencias deben resolverse con madurez y respeto a la institucionalidad” para evitar que la disputa afecte el funcionamiento del municipio.
