El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como un “accidente no previsto” el disparo de la Policía Federal que hirió gravemente en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en el hospital Ramos Mejía.
El funcionario defendió el accionar de la fuerza que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y atribuyó lo sucedido a las “lamentables consecuencias” de los incidentes ocurridos durante la jornada de protesta. “Son consecuencias desgraciadas de estos episodios”, insistió en declaraciones a radio Mitre.
Francos afirmó que aún no conoce los detalles del hecho, a pesar de la existencia de filmaciones que muestran el momento en que un cartucho de gas lacrimógeno impacta contra la cabeza de Grillo. “Es un hecho muy lamentable, no puedo más que efectuar este comentario”, sostuvo, al tiempo que reiteró que desde el Gobierno consideran que los disturbios formaron parte de un intento de “golpe de Estado”.
En su explicación, el jefe de Gabinete afirmó que la Policía “no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos para desconcentrarlos”. Sin embargo, en el video del incidente se observa que el proyectil fue disparado hacia abajo, en lugar de ser lanzado en trayectoria ascendente como indica el protocolo. Disparado a nivel del suelo o en paralelo, el cartucho de gas lacrimógeno puede ser letal.
Pese al grave episodio, Francos ratificó que el Gobierno continuará reprimiendo las manifestaciones. “Lo que no van a conseguir es alterar el orden público que hemos restituido con mucho esfuerzo. Cuando se hagan este tipo de manifestaciones, van a ser reprimidas de la manera que corresponde”, concluyó.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “enérgico repudio” a la represión ocurrida el miércoles 12 de marzo en Plaza Congreso, donde fuerzas de seguridad desalojaron con violencia una manifestación en apoyo a los reclamos de jubilados. A través de un comunicado titulado «La vergonzosa violencia de un Gobierno nacional autoritario», la central obrera cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtió que analizará medidas en respuesta a lo sucedido.
“La CGT manifiesta su más enérgico repudio y profunda indignación ante el salvaje accionar del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich”, expresa el texto, en el que se denuncia el uso de “millonarios recursos del Estado” para reprimir “de manera violenta, insensata e ilegal” a los manifestantes en el Congreso.
El comunicado destaca que entre los heridos hubo jubilados, manifestantes, trabajadores de prensa e incluso transeúntes que circulaban por la zona. Además, la central sindical señaló que la represión es parte de una política que busca “ejecutar un plan económico de entrega del patrimonio público, despojo de nuestros recursos y empobrecimiento social de las mayorías”.
“Frente a nuestros mayores, jubiladas y jubilados, que gritan su sufrimiento reclamando cuidado y atención, un Gobierno nacional irresponsable e insensible devuelve crueldad, desprecio, odio y violencia”, enfatizó la CGT. Finalmente, el comunicado concluye con una advertencia: la organización evaluará en su próxima reunión la adopción de medidas de acción en repudio a la represión.
La jueza porteña Karina Andrade ordenó la liberación de los 114 manifestantes detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso y cuestionó con dureza el operativo policial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich. En su fallo, la magistrada señaló que no se brindaron datos precisos sobre las detenciones ni se justificaron legalmente los arrestos.
Según Andrade, la policía no informó con claridad la hora y el lugar exacto en que se produjeron las detenciones ni detalló los delitos imputados. “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, advirtió. También destacó que en algunos casos se desconocía el sitio donde los detenidos serían alojados y que las imputaciones se comunicaron después del arresto.
En su resolución, la jueza sostuvo que el operativoafectó derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Además, remarcó que la convocatoria a la manifestación surgió de sectores vulnerables, con una importante presencia de adultos mayores.
Andrade también desmintió que los detenidos hubieran portado armas o agredido a efectivos policiales. «Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos», afirmó.
Tras la decisión judicial, el gobierno de Javier Milei lanzó una campaña en redes sociales contra Andrade, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que impulsará un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura.
La madrugada de este jueves, la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la liberación de 94 de los más de 120 manifestantes detenidos durante los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso. En su resolución, la magistrada argumentó que las detenciones afectaban derechos constitucionales como la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión.
Según fuentes del área de seguridad porteña, entre los liberados hay 71 hombres y 23 mujeres. La jueza también señaló que la complejidad del contexto impedía aplicar el procedimiento de flagrancia y que la fiscalía deberá evaluar cada caso en detalle.
Los incidentes estallaron en la tarde del miércoles, cuando fuerzas de seguridad intentaron desalojar a manifestantes que se habían congregado frente al Congreso. Entre los participantes había jubilados, hinchas de clubes de fútbol y organizaciones sindicales y de izquierda, como ATE, UTEP, PTS y MST.
El operativo de seguridad incluyó a la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura, desplegadas en distintos puntos alrededor de la Plaza de los Dos Congresos. Los enfrentamientos se intensificaron en Avenida de Mayo, los uniformados -bajo directivas de Patricia Bullrich- avanzaron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos manifestantes respondieron con piedras y adoquines. En las calles cercanas se incendiaron contenedores y se levantaron barricadas.
Hubo una avanzada policial desaforada, preparada y anunciada. El intento de detener una manifestación popular -que se preveía muy numerosa y con un protagonista novedoso, el hincha- a como dé lugar. Una represión feroz que comenzó antes aún de que empezara la marcha. Y, también, una cacería. Eso se vivió este miércoles por la tarde en los alrededores del Congreso, en un radio represivo que se extendió hasta la Plaza de Mayo, la calle Corrientes, la 9 de julio y adyacencias, durante varias horas desde antes y hasta después de anunciada la marcha. Fue en la marcha por los jubilados a la que se sumaron hinchas de gran cantidad de clubes, de todas las edades, familias enteras, que fueron calificados de «barrabravas» por Bullrich.
El Ministerio de Seguridad informó que 26 agentes resultaron heridos, uno de ellos con una herida de bala en el hombro. También se registraron 20 manifestantes hospitalizados, entre ellos el fotoperiodista independiente Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza.
Además, una jubilada de 87 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza y sangrado tras un forcejeo con un oficial, cuando intentó agredirlo con un bastón.
Horas después de los enfrentamientos, cientos de personas salieron a las calles y a sus balcones en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para protestar con un cacerolazo contra la represión policial. La manifestación espontánea se sintió con fuerza en barrios como Colegiales, Villa Crespo, Ramos Mejía, Caballito, Avellaneda, Palermo y Lugano.
Convocados a través de redes sociales por otros ciudadanos, además de referentes políticos y sociales, muchos manifestantes se acercaron nuevamente al Congreso para continuar con la protesta, expresando su rechazo al accionar de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de la Ciudad.
Las palabras del padre de Pablo Grillo
«Ser militante es un orgullo, somos una familia de militantes. El era un militante y también era fotógrafo y estaba trabajando en forma independiente, porque siempre documenta en las marchas», le respondió ante una consulta periodística, en la puerta del hospital, Fabián Grillo, el padre del fotógrafo herido.
Mientras contaba que la médica le acababa de informar sobre lo grave del cuadro, concluía: «por una borracha hija de puta y un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, está corriendo peligro mi hijo».
Grillo salió de cirugía anoche y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico, según informó su padre en la puerta del Hospital Ramos Mejía.
Los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) pidió la «renuncia indeclinable» de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, luego de la grave agresión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo durante la cobertura de la manifestación de jubilados e hinchas frente al Congreso de la Nación. Grillo, de 34 años, fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un policía, lo que provocó una herida grave en su cabeza.
Pablo Grillo, reportero gráfico, sufrió una fractura de cráneo y fue operado de urgencia tras ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad en medio de la represión a una manifestación en la Plaza de los Dos Congresos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo señaló como «militante kirchnerista» y afirmó que se encuentra detenido.
El hecho ocurrió durante el operativo desplegado por la Policía Federal y Gendarmería para dispersar la marcha de jubilados frente al Congreso. En ese contexto, efectivos lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y utilizaron camiones hidrantes para desalojar la plaza. Según testigos, Grillo se encontraba registrando la represión cuando recibió el impacto en la cabeza y cayó al suelo. Un video de FM La Tribu captó el momento en que quedó tendido en la vereda.
El fotógrafo fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich, donde fue intervenido quirúrgicamente con pérdida de masa encefálica, según trascendió. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que hay al menos «dos personas en estado de gravedad» producto de los disparos con gases y postas de goma. En total, se reportaron 21 heridos y 150 detenidos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la violencia del operativo y detalló que entre los afectados hay niños y personas mayores. «Hay un fotógrafo que está siendo operado con fractura de cráneo, una señora jubilada de 87 años con traumatismo y dos menores alcanzados por gases», señalaron desde el organismo.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el accionar de las fuerzas y vinculó a Grillo con el kirchnerismo. «Es uno de los periodistas que está preso», declaró, asegurando que el fotógrafo trabaja en la Municipalidad de Lanús con el intendente Julián Álvarez.
El ataque a Grillo generó indignación entre colegas y testigos. Juan Manuel Foglia, fotógrafo presente en la manifestación, describió la escena: «Vi que se estaba cubriendo con unas maderas, como si fueran vallas. De repente, cayó. Tenía un agujero en la frente. Fue horrible». Según su testimonio, la Policía actuó con una violencia inusitada. «Los efectivos estaban con muchas ganas de reprimir», aseguró.
El episodio se suma a las denuncias de organismos de derechos humanos sobre el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y el despliegue del protocolo antipiquete para reprimir la protesta.
El Gobierno denuncia un intento de golpe tras los disturbios en Plaza de Mayo
Tras la represión a la marcha de jubilados y los incidentes en la Plaza de Mayo, el gobierno nacional denunció un intento de desestabilización y comparó la situación con la crisis del 2001. Funcionarios y legisladores oficialistas aseguraron que los disturbios fueron organizados con «intenciones golpistas».
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que existen «movimientos políticos que buscan desestabilizar al gobierno», mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que los manifestantes «vinieron preparados para matar». La diputada Lilia Lemoine y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, reforzaron la idea de un complot, señalando la participación de barrabravas en los enfrentamientos.
Los incidentes escalaron cuando manifestantes reprimidos en el Congreso se trasladaron a la Casa Rosada y lanzaron piedras contra el edificio, mientras el presidente Javier Milei permanecía en su interior, fuertemente custodiado. Tras la jornada de violencia, cacerolazos espontáneos se replicaron en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
La manifestación en apoyo a los jubilados frente al Congreso terminó en represión. La Policía Federal y la Gendarmería avanzaron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra los manifestantes, en un operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
La marcha, que se realiza todos los miércoles para exigir mejoras en las jubilaciones, contó esta vez con la presencia de miles de hinchas de distintos clubes de fútbol que se sumaron al reclamo. Camisetas de Boca y River, San Lorenzo y Huracán, Lanús y Banfield, Atlanta y Chacarita se mezclaron en un inusual clima de unidad hasta que la tensión estalló con la intervención policial.
Los efectivos no solo lanzaron gases y balas de goma contra la multitud, sino que también detuvieron y golpearon a varios manifestantes, incluidos adultos mayores. En medio del avance policial, una jubilada recibió gas pimienta en el rostro, mientras otro hombre mayor, acompañado por una joven con una remera de Gimnasia, intentaba moverse al grito de «a ritmo de jubilado, más lento, más lento».
Uno de los hechos más graves reportados ocurrió en la intersección de Avenida Rivadavia y Entre Ríos, donde Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años con epilepsia, quedó tendida en el suelo con un corte en la cabeza tras ser empujada con un bastón por un efectivo de la Policía Federal. La agresión, informada por Crónica TV, generó una fuerte indignación entre los manifestantes y en redes sociales.
El operativo generó confusión, ya que la policía no cortó el tránsito en las calles aledañas, dejando atrapados a automovilistas entre la movilización. A pesar de la tensión, los manifestantes insistieron en su reclamo. «Vinimos a acompañar para que no repriman a los jubilados como todos los jueves», contó Julieta, de 33 años, hincha de San Lorenzo.
Desde distintos sectores repudiaron la represión y destacaron el gesto de los hinchas al sumarse a la protesta. «Es un buen gesto de los hinchas venir a apoyar a los jubilados», señaló el sindicalista Rubén «Pollo» Sobrero, con una remera del club Morón. Entre cánticos de aliento y banderas, un hombre de 64 años resumió el sentir de muchos: «El año que viene me jubilo y no quiero pasar esta miseria».
Mientras la movilización se dispersaba entre gases y corridas, el reclamo de los jubilados sigue en pie, en un contexto de creciente conflictividad social.
Un violento cruce entre legisladores sacudió la Cámara de Diputados en medio de una tensa sesión marcada por disputas internas y estrategias políticas. La pelea incluyó trompadas entre Oscar Zago y Lisandro Almirón, gritos entre diputadas y un vaso de agua arrojado en el recinto, mientras en el exterior la Policía reprimía a jubilados que protestaban.
El conflicto estalló cuando el diputado del MID, Oscar Zago, intentó participar en la votación para ratificar a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político, una medida impulsada por el peronismo. Sin embargo, desde La Libertad Avanza intentaron impedir que tomara asiento, lo que derivó en una trifulca con el libertario Lisandro Almirón. Paralelamente, Rocío Bonacci, sentada junto a Pagano, recibió el reclamo de Celeste Ponce y Lilia Lemoine, lo que terminó con Bonacci arrojándole un vaso de agua a la diputada cosplayer.
La sesión ya estaba cargada de tensión. El bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR conducida por Rodrigo De Loredo y otros aliados del oficialismo habían abandonado sus bancas, mientras los legisladores opositores exponían cuestiones de privilegio. En ese contexto, cuando el kirchnerista Itai Hagman tenía la palabra, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ordenó interrumpir su discurso para que Victoria Tolosa Paz impulsara la votación de la ratificación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político, de acuerdo con las actas del 10 de abril de 2024.
Ese día, Pagano había sido designada al frente de la comisión con el supuesto aval de Javier Milei, según interpretó Zago, quien en ese momento lideraba la bancada libertaria. No obstante, Martín Menem y Karina Milei intentaron frenar su nombramiento suspendiendo la reunión por correo electrónico. Los bloques opositores desconocieron esa decisión y ratificaron a Pagano como presidenta y a Paula Oliveto Lago como vicepresidenta. La disputa terminó con la expulsión de Zago del bloque libertario y con Pagano internada en un sanatorio.
La tensión resurgió este miércoles cuando Martínez exigió que se convocara a la Comisión de Juicio Político para tratar el expediente contra Milei por el llamado «criptogate», pero también insistió en ratificar las autoridades de la comisión. Sin embargo, la votación fracasó por 128 a 104, debido al bloqueo del oficialismo y sus aliados.
Con el recinto casi vacío después de las 18, Martínez volvió a la carga, intentando formalizar la Comisión de Juicio Político, lo que habría representado un duro revés para el Presidente y su hermana. Los kirchneristas contaban con 131 diputados dentro del hemiciclo, pero en ese momento Lemoine y Ponce presionaban a Bonacci y Pagano para que abandonaran sus bancas. Al mismo tiempo, Almirón forcejeaba con Zago para impedirle tomar asiento. «Te voy a cagar a trompadas», le habría dicho el diputado del MID en medio de empujones y manotazos.
Finalmente, Cristian Ritondo y el libertario Álvaro Martínez intervinieron para separar a los legisladores, mientras Martín Menem aprovechaba la confusión para verificar los registros electrónicos de los diputados presentes. Justo cuando Tolosa Paz impulsaba la votación, el presidente de la Cámara Baja levantó la sesión por falta de quórum.
La maniobra generó indignación en el kirchnerismo, que cuestionó la decisión de Menem de intentar imponer un cuarto intermedio sin someterlo a votación del pleno. Varios legisladores lo increparon, acusándolo de actuar en complicidad con los bloques de Facundo Manes y Miguel Pichetto para frenar el avance de la comisión. El episodio dejó expuesta una vez más la fragilidad de los acuerdos en el Congreso y la creciente tensión en el oficialismo.
Una iniciativa solidaria se pondrá en marcha en Catriel para ayudar a los ciudadanos de Bahía Blanca, con una colecta de artículos esenciales. La campaña, denominada «Solidaridad sin fronteras», se desarrollará los días 15 y 16 de marzo en dos turnos: de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.
Los puntos de recepción serán la parroquia Cristo Obrero y la plazoleta de la Familia. Se recibirán donaciones de ropa y calzado en buen estado, elementos de higiene personal, artículos de limpieza, agua envasada y frazadas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas organizaciones locales, entre ellas los Scouts de Catriel, el Club de Leones, el Taller Kalfu y la Biblioteca Popular José Hernández, que se suman al esfuerzo por brindar asistencia a quienes más lo necesitan.
El Día Internacional de las Mujeres encontró a la Argentina en un contexto de retroceso en políticas de género y con datos que reflejan las desigualdades estructurales en el mercado laboral. La tasa de actividad femenina sigue siendo menor a la de los varones, la brecha salarial persiste y el acceso a cargos jerárquicos continúa siendo limitado. En Patagonia, la situación es similar a la del resto del país y afecta de manera más severa a la comunidad LGBTIQ+.
A nivel nacional, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al tercer trimestre de 2024 la tasa de actividad de las mujeres era del 52,1%, mientras que la de los varones alcanzaba el 70,5%. En Río Negro, la Dirección de Estadísticas y Censos registró una diferencia del 14,5%: la tasa de actividad masculina fue del 50,4% y la femenina del 35,9%. La brecha también se observa en la tasa de empleo: 48,6% para varones y 34,8% para mujeres.
El desempleo y la informalidad afectan en mayor medida a las mujeres. Mientras que la desocupación masculina es del 6,2%, la femenina asciende al 7,9%. Además, el 38,7% de las trabajadoras están en la informalidad, frente al 35% de los varones. A esto se suma la sobrecarga de tareas no remuneradas: las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones a trabajos domésticos y de cuidado.
En términos salariales, los hombres cobran en promedio un 27,7% más que las mujeres. En el sector formal, la diferencia es del 21,4%, pero en el informal se amplía al 33,3%. Los varones ocupan el 65% del segmento de mayores ingresos, lo que también impacta en la carga tributaria: solo el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Ganancias son mujeres.
El acceso a posiciones jerárquicas es otra de las barreras. Según un estudio de Randstad realizado entre enero y febrero de 2025, el 65% de las y los trabajadores argentinos tienen un jefe varón, a pesar de que el 55% de las empresas encuestadas cuentan con políticas de equidad de género. El informe señala que, aunque más compañías han adoptado iniciativas de inclusión, la desigualdad en el liderazgo empresarial persiste. Solo el 61% de los trabajadores cree que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de ascenso.
Las personas LGBTIQ+ enfrentan aún más dificultades. En la Patagonia, el Primer Relevamiento Nacional sobre condiciones de vida en Argentina reveló que el 39% de esta población califica su inserción laboral como “regular” o “mala”. Además, un 11,9% reportó haber recibido un trato desigual por su identidad sexogenérica y un 17,3% sufrió agresiones de compañeros de trabajo o clientes. La vulnerabilidad económica también es evidente: el 37,9% de los hogares de la comunidad LGBTIQ+ en la región vive en la pobreza.
El gobierno de Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de las políticas de género. Desde su asunción, redujo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría en Capital Humano y luego a una Dirección en el Ministerio de Justicia. Además, impulsó iniciativas para modificar la Ley de Identidad de Género, la Ley del Aborto, la figura de femicidio en el Código Penal, la Educación Sexual Integral y la Ley Micaela.
El CEPA advierte que las políticas económicas del actual gobierno impactaron directamente en mujeres y diversidades. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se perdieron 15.748 empleos en el sector de trabajadoras de casas particulares, un rubro con un 95,2% de participación femenina y que, a enero de 2025, perdió un 21,8% de su poder adquisitivo.
Las jubilaciones mínimas, que en su mayoría cobran mujeres que accedieron a través de moratorias, sufrieron una pérdida del 13,3% en su poder adquisitivo en el primer trimestre de 2025. Además, se eliminó la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes, y se redujeron los beneficios en PAMI.
El impacto también se refleja en el acceso a la seguridad social. En marzo de 2025, el gobierno no prorrogó la moratoria previsional, lo que significa que nueve de cada diez mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo y deberán optar por una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, con acceso recién a los 65 años y sin posibilidad de ser heredada.
El ajuste también golpeó los programas sociales. El 63% de quienes cobraban el ex Potenciar Trabajo son mujeres y el poder adquisitivo del beneficio cayó un 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel previo, el monto debería ser de $220.193,8.
El Programa Acompañar, dirigido a mujeres y diversidades en situación de violencia de género, perdió un 29,8% de su valor real. Además, se detuvieron nuevas altas, se redujo la cantidad de meses en que se percibe (de seis a tres) y se endurecieron los requisitos, exigiendo una denuncia policial.
Las cifras revelan una tendencia clara: la desigualdad de género sigue presente y, en el actual contexto político y económico, se profundiza.
En el marco del Día de la Mujer, un informe sobre el mercado laboral argentino reveló que la brecha salarial por género volvió a crecer en 2025. Según el estudio Perspectivas de Género en el Mundo Laboral de Bumeran, los hombres solicitan salarios más altos que las mujeres en casi todos los sectores, con una diferencia promedio del 10,89%. Mientras los varones aspiran a un sueldo mensual de $1.457.285, las mujeres piden $1.314.130.
La disparidad es más acentuada en los niveles jerárquicos superiores. En posiciones junior, la diferencia es mínima (1,44%), con hombres solicitando $838.574 y mujeres $826.669. Sin embargo, la brecha se amplía considerablemente en roles semi senior y senior, donde los hombres piden un 23,05% más ($1.257.413 frente a $1.021.904). La mayor desigualdad se observa en los cargos de jefe y supervisor, con una brecha del 28,51%: los hombres requieren $1.439.643, mientras que las mujeres solicitan $1.120.216.
En términos sectoriales, la diferencia salarial más grande se registra en el área Comercial, donde la brecha alcanza el 22,28%. Los hombres solicitan un promedio de $965.640 al mes, mientras que las mujeres piden $789.703. En Administración y Finanzas, la diferencia es del 18,81%, con los hombres exigiendo $1.149.771 y las mujeres $967.770. Otros sectores con disparidades significativas incluyen Producción, Abastecimiento y Logística (14,61%) y un grupo de áreas diversas englobadas en la categoría «Otros» (14,91%).
Sin embargo, existen excepciones. En el sector de Recursos Humanos, las mujeres solicitan un 4,21% más de salario que los hombres ($1.223.451 frente a $1.171.996). También en Educación, Docencia e Investigación, donde las mujeres aspiran a un 25,79% más de remuneración que los hombres ($1.146.560 contra $850.884).
En sectores tradicionalmente masculinizados, como Producción y Manufactura, Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, los hombres representan más del 73% de las postulaciones. En contraste, las mujeres son mayoría en áreas como Salud, Medicina y Farmacia (69,43%), Atención al Cliente y Call Center (65,11%) y Administración, Contabilidad y Finanzas (56,56%).
La evolución de la brecha salarial en el último año muestra una tendencia fluctuante. En enero de 2024, la diferencia alcanzaba el 17,23%, reduciéndose a un mínimo del 4,91% en junio. Sin embargo, desde entonces comenzó a aumentar nuevamente, llegando al 10,89% en enero de 2025. En los últimos cinco años, el pico máximo se registró en octubre de 2023, con una brecha del 20,45%.
«Los datos muestran que la brecha en los salarios requeridos según género es una realidad en casi todas las áreas, con diferencias que superan el 20% en algunos sectores. Si bien en Recursos Humanos las mujeres solicitan un 4,21% más que los hombres, esto es una excepción y no la norma. La clave está en entender qué factores impulsan estas diferencias y trabajar en estrategias que promuevan mayor equidad», explicó Carolina Molinaro, Head of Marketing de Jobint.
