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El Tribunal de Goya declaró este viernes culpable a Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, por los delitos de estafa y asociación ilícita. Los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte concluyeron que Cositorto encabezó una organización destinada a defraudar a inversores con un esquema piramidal. Junto a él, fueron condenados Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino, mientras que Nicolás y Javier Medina resultaron absueltos. La pena para Cositorto, que podría oscilar entre cinco y diez años de prisión, se conocerá en los próximos días.

En un contexto diferente pero con ciertas similitudes, el presidente Javier Milei enfrenta denuncias por presunta estafa tras haber promovido la criptomoneda $LIBRA. El 14 de febrero, el mandatario difundió información sobre este activo digital a través de sus redes sociales, lo que impulsó una rápida subida en su cotización. Sin embargo, poco después, su valor se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias para más de 40.000 inversores. Se acusa a los desarrolladores de la criptomoneda de haber retirado súbitamente los fondos, en una maniobra conocida como «rug pull», lo que les habría permitido obtener ganancias cercanas a los 87 millones de dólares.

Ambos casos reflejan el impacto de esquemas financieros que prometen altos rendimientos y terminan en pérdidas significativas para los inversores. Mientras que Generación Zoe operó bajo un modelo piramidal tradicional, el caso de $LIBRA expone los riesgos de las inversiones en activos digitales sin regulación clara. La creciente presencia de figuras públicas en la promoción de este tipo de instrumentos financieros subraya la urgencia de reforzar los mecanismos de control y protección para evitar nuevas estafas.

El Congreso evadió la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo cripto gracias a la intervención de los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Gustavo Valdés, quienes maniobraron para que cuatro senadores de la UCR cambiaran su voto a último momento. Entre ellos, el correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, que había firmado el proyecto, pero terminó votando en contra.

El Senado quedó a un solo voto de alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la comisión. El resultado fue 47 a favor y 23 en contra, con la ausencia de los dos legisladores de Misiones, Sonia Rojas Decut y Omar Arce. Hasta el día anterior, se descontaba que el expediente impulsado por Pablo Blanco y apoyado por Martín Lousteau, Flavio Fama y el propio Vischi lograría la aprobación con el respaldo de la larretista Guadalupe Tagliaferri, Francisco Paoltroni y Mónica Silva, quien proponía una variante bicameral.

Pero el oficialismo desplegó su estrategia. «Cornejo, Pullaro y Valdés están apretando a sus senadores para que no voten la comisión», advertía una fuente parlamentaria horas antes de la sesión. En Mendoza, intentaron desmentirlo, pero los dos representantes radicales de la provincia votaron distinto: Rodolfo Suárez apoyó la iniciativa, mientras que su colega Mariana Juri se alineó con el oficialismo.

Lo más llamativo fue la postura de Vischi. A las 16:05, votó a favor de habilitar el debate, pero a las 16:13 se opuso al proyecto que él mismo había impulsado. Una conducta similar adoptaron Juri, el santafesino Carlos Galaretto y el chaqueño Víctor Zimmermann, quien había pedido licencia para asumir como ministro de Producción de Chaco, pero regresó al Senado por orden de Zdero para frenar la investigación contra Milei.

Durante el debate, Lousteau advirtió que había «presiones» para impedir la votación. En los pasillos del Congreso, la indignación dentro del radicalismo era total. «Nunca se vio algo así», comentaban en un despacho opositor. «No salió por Vischi», repetían en el bloque, mientras otros calificaban su cambio de postura como «una vergüenza».

El episodio reaviva la crisis interna de la UCR. En la Cámara de Diputados, el partido ya expulsó a tres legisladores que habían dado vuelta su voto ante el veto presidencial al aumento jubilatorio. Ahora, en el Senado, la historia se repite y el protagonismo lo tiene Vischi. La pregunta que empieza a circular en el Congreso es si el jefe del bloque radical enfrentará sanciones o si su alineamiento con Milei marcará un quiebre definitivo en la bancada centenaria.

Javier Milei salió a defenderse tras el escándalo por la criptomoneda Libra y negó haber promovido la inversión. En una entrevista con Jonatan Viale en TN, afirmó que solo «difundió» la iniciativa como un «entusiasta» de la tecnología financiera y que los afectados eran «operadores de volatilidad» que sabían los riesgos. Sin embargo, en su intento de desligarse del tema, terminó comparando el caso con un casino: «Si vos vas y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?».

El presidente rechazó las acusaciones de haber impulsado la criptomoneda y aseguró que su tuit no generó la estafa. «Cuando se hizo público, difundí. No promocioné, difundí», insistió, aunque su mensaje en la red social X fue la primera publicación sobre Libra y permaneció fijado durante horas, acompañado de un enlace con la cuenta para operar. Además, su posteo se realizó apenas tres minutos después del lanzamiento de la moneda, lo que levantó sospechas sobre su posible participación en la iniciativa.

Otro de los puntos más polémicos de su defensa fue la minimización del impacto de la estafa. «Es falso que sean 44.000 personas, en el mejor de los casos fueron 5.000», sostuvo Milei, aunque los datos finales indicaron que 74.698 usuarios perdieron en total 286 millones de dólares, según «The Solana Post». El 95,6% de los afectados eran pequeños inversores con montos menores a 10.000 dólares, lo que contradice su argumento de que solo participaron expertos en criptoactivos.

Milei también afirmó que la posibilidad de que haya argentinos entre los estafados era «muy remota», a pesar de que en redes sociales surgieron múltiples testimonios de personas que invirtieron en Libra por su recomendación, incluidos simpatizantes del propio presidente.

En otro tramo de la entrevista, intentó explicar por qué borró su publicación horas después del colapso de la moneda. «Como se estaba generando ruido, ante la duda me corro», argumentó, aunque inicialmente había dicho que eliminó el posteo tras «interiorizarse en los pormenores del proyecto».

El momento más tenso de la entrevista ocurrió cuando Milei comenzó a referirse al financiamiento de Libra y fue interrumpido por su asesor Santiago Caputo. En la versión completa del reportaje, filtrada en redes, se puede ver cómo Caputo corta la respuesta del presidente para evitar declaraciones comprometedoras.

Finalmente, Milei intentó desligar su rol como jefe de Estado de su accionar en redes sociales. «Lo hice como ciudadano, no como presidente», afirmó, aunque su cuenta en X tiene la verificación oficial de funcionario público y cada una de sus declaraciones genera impacto en los mercados. Además, en la misma entrevista aseguró que el caso estaba en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que contradice su postura de que se trataba de un «problema entre privados».

El escándalo de Libra sigue generando repercusiones y abre interrogantes sobre el rol del presidente en la difusión de la criptomoneda. Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la crisis política y financiera derivada del episodio.

El presidente firmó el decreto antes de viajar a EE.UU., en lo que se interpreta como un gesto al FMI. La medida facilitaría el ingreso de capitales privados y hasta una futura venta. La Bancaria alerta sobre posible malversación de fondos.

Javier Milei firmó un decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima, un cambio que podría allanar el camino para su privatización. La decisión se conoció minutos antes de la medianoche, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo anunció en redes sociales antes de que el mandatario partiera rumbo a Estados Unidos.

El decreto establece que el Estado seguirá siendo el accionista mayoritario, con el 99,9% de la entidad en manos del Ministerio de Economía y el 0,1% en poder de la Fundación Banco Nación. Sin embargo, fuentes oficiales admitieron que este es un «paso previo» a una privatización total, aunque la entidad no había sido incluida en el listado de empresas estatales a la venta en la Ley Bases.

Desde el gobierno argumentan que el cambio busca «modernizar la gestión, mejorar la transparencia y facilitar el ingreso de nuevas fuentes de financiamiento». Sin embargo, en el gremio La Bancaria advierten sobre el impacto de la medida y denuncian que podría derivar en la venta del banco a precio vil. “Milei va a contarle a Georgieva cómo va a regalar al Banco Nación”, afirmaron desde el sindicato que lidera Sergio Palazzo.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ya mantuvo reuniones en Wall Street con bancos de inversión para negociar la colocación de 600 millones de dólares en deuda bajo la modalidad de «obligaciones negociables», un mecanismo que forma parte del plan de Milei y Caputo para la posible venta de la entidad. Además, fuentes cercanas al gobierno aseguran que el cierre de al menos 60 sucursales en el corto plazo es parte del plan de «racionalización» previo a la entrada de capitales privados.

El decreto llega días después de un encuentro en Arabia Saudita entre Federico Sturzenegger y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el que se habría reafirmado el compromiso del gobierno argentino con «reformas estructurales». Según trascendió, Sturzenegger prometió que el Banco Nación “pasará a manos privadas antes de lo que puede imaginarse”.

Desde la oposición y sectores sindicales advierten que este cambio podría facilitar la venta del banco sin pasar por el Congreso. Además, alertan sobre la posible malversación de fondos en la colocación de deuda, dado que la entidad aún cuenta con reservas en dólares. En paralelo, el gobierno insiste en que la transformación de la entidad es necesaria para su crecimiento y eficiencia.

La conversión del Banco Nación en Sociedad Anónima marca un nuevo capítulo en la política de desregulación de Milei y genera un fuerte debate sobre el futuro de la banca pública en Argentina.