El agua no apareció de a poco ni dio señales previas: avanzó desde la calle, atravesó el sistema y terminó dentro de una vivienda, dejando una escena de contaminación difícil de revertir. Lo que en un primer momento pudo parecer un problema interno terminó en un fallo que responsabilizó a Aguas Rionegrinas S.A., y que vuelve a poner en discusión el estado del servicio en la región.
El hecho ocurrió en El Bolsón, donde un desborde cloacal no solo cubrió pisos, sino que alcanzó muebles, estructuras y objetos personales, generando daños extendidos y una limpieza compleja. La situación guarda un inevitable paralelismo con lo que viene ocurriendo en Catriel en los últimos tiempos, donde los rebalses de líquidos cloacales en la vía pública se repiten y generan preocupación entre vecinos, aunque en esos casos no hayan ingresado a viviendas.
La investigación permitió reconstruir con precisión lo ocurrido. Según se determinó, el sistema cloacal no logró absorber el caudal y liberó la presión hacia las bocas de calle. Desde allí, el agua avanzó hacia las viviendas cercanas hasta ingresar en el domicilio afectado. Ya en el interior, se distribuyó por distintos sectores, dejando un escenario que testigos describieron como de “contaminación generalizada”, con bienes inutilizables y residuos que debieron ser retirados.
Uno de los puntos clave fue establecer el origen del problema. Las pruebas, junto con testimonios e informes técnicos, coincidieron en que no se trató de una falla interna, sino de un colapso en la red externa. Incluso trabajadores vinculados al servicio reconocieron que se trata de un sector donde el sistema suele saturarse ante lluvias intensas, un dato que refuerza la idea de un problema conocido y, por lo tanto, previsible. Ese mismo patrón —sistemas exigidos al límite y respuestas insuficientes— es el que vecinos de Catriel vienen señalando cada vez que aparecen líquidos cloacales en las calles.
La empresa estatal Aguas Rionegrinas S.A. sostuvo otra versión. Argumentó que se trató de una situación extraordinaria vinculada al clima y deslizó la posibilidad de deficiencias dentro del inmueble. Sin embargo, esas hipótesis no lograron sostenerse durante el proceso: la evidencia permitió descartar que el origen del daño fuera ajeno al sistema público.
El análisis judicial se centró en un concepto clave: la “falta de servicio”. Bajo ese criterio, no solo se evaluó el daño, sino si el servicio funcionó como debía. La conclusión fue clara: la empresa no cumplió con el estándar esperado, ya que no operó ni mantuvo la red de forma tal que evitara este tipo de situaciones.
Otro eje determinante fue la previsibilidad. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la saturación del sistema en esa zona aparece como un problema reiterado. Si el riesgo era conocido, debía ser prevenido. Esa lógica también abre interrogantes sobre otros puntos de la provincia donde los desbordes se repiten, como viene ocurriendo en Catriel.
Con estos fundamentos, la Justicia resolvió responsabilizar a la empresa estatal y ordenó una indemnización por los daños materiales y el impacto personal sufrido por la damnificada. El fallo, sin embargo, no está firme y puede ser apelado, mientras el debate sobre el estado del sistema cloacal vuelve a instalarse en la agenda pública.
