La Municipalidad de Catriel realizó intervenciones para restablecer el acceso al agua potable a familias del barrio Preiss, luego de un reclamo presentado en una reunión de Atención al Vecino encabezada por la intendenta Daniela Salzotto. Según expusieron los vecinos, llevaban más de 10 días sin servicio.
Las tareas se concentraron en la calle Lima, donde la Secretaría de Obras Públicas avanzó con medidas destinadas a normalizar el suministro y mejorar el acceso al agua en el sector. Desde el Ejecutivo local indicaron que la intervención respondió a una situación crítica vinculada a una necesidad básica.
En paralelo, durante los últimos días se multiplicaron en redes sociales los reclamos por falta de agua o baja presión en distintos puntos de la ciudad. Las quejas se concentraron principalmente en la zona de Cuatro Esquinas, donde vecinos señalaron dificultades para el uso cotidiano del servicio.
Días atrás, la empresa Aguas Rionegrinas S.A. había informado la necesidad de cuidar el recurso debido a la elevada turbiedad del río Colorado registrada en las últimas semanas. Sin embargo, no se emitieron avisos específicos sobre posibles afectaciones al servicio durante esta semana.
El servicio de agua potable en la ciudad se encuentra bajo la órbita de la empresa provincial, mientras que el Municipio intervino de manera directa en el barrio Preiss ante la situación planteada por las familias afectadas.
La Municipalidad de Catriel dio a conocer la agenda Verano con la Muni, una propuesta cultural y recreativa con actividades gratuitas programadas durante todo el mes de enero.
Entre las fechas destacadas se encuentran los días 17 y 18 de enero, con La Voz del Verano, karaoke libre, tango, zumba y DJs en vivo en la Costanera del Colorado, desde las 20 horas.
El 23 de enero se realizará un Bailantazo Familiar en el Anfiteatro de Catriel a las 21 horas, mientras que el 24 de enero tendrá lugar la Peatonal Cultural en Avenida San Martín y Pampa, desde las 20 horas.
La agenda mensual cerrará el 31 de enero con la Caminata de la Luna Llena, que incluirá senderismo, DJs, bandas en vivo y carros gastronómicos. El lugar será informado próximamente.
En el marco de las actividades de verano, la Municipalidad de Catriel realizará dos jornadas recreativas en la Costanera del Colorado, los días viernes 17 y sábado 18 de enero, a partir de las 20 horas.
La propuesta incluye tango, zumba, karaoke, DJs en vivo y el espacio “Voz del Verano”, además de actividades al aire libre para compartir en familia y con amigos. Las jornadas se desarrollarán junto al río, aprovechando el atardecer y el entorno natural del lugar.
Desde la organización indicaron que las actividades son libres y gratuitas.
El conflicto político desatado por el Presupuesto 2026 tras la última sesión del Concejo Deliberante de Catriel derivó en una escalada de descalificaciones públicas entre el concejal Gonzalo Gerez, presidente del bloque del Frente de Acción Vecinal, y Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas por Primero Río Negro.
En una publicación en redes sociales, Rivero cuestionó duramente a dirigentes locales y vinculó cargos y representaciones políticas con conductas personales. En su mensaje escribió: “Hay que votar bien. A uno le dan la ‘representación mapuche’ porque se chupó 2 vino en el campo (apuntando hacia Gerez). El otro (en referencia al actual presidente del Concejo, Nelson Díaz) le hizo la cama al ex presidente del consejo (Alberto Ariaudo) y ahora se quedó en el puesto. Cómplice de guardar la mercadería en malas condiciones para hacer campaña”.
Horas más tarde, Gerez respondió desde su perfil personal con un mensaje en el que rechazó esas afirmaciones y contraatacó con referencias directas al consumo de sustancias, su identidad cultural y la ideología política de Rivero. En su publicación señaló: “Cualquiera se puede tomar un vino, al menos es legal. Las sustancias que se meten por la nariz esas son más peligrosas”, y agregó: “Yo sé bien de dónde vengo, lo único que falta es que un libertario me diga lo que yo soy”.
En otro texto, el concejal aludió de manera explícita a estigmatizaciones históricas hacia el pueblo mapuche y afirmó que los dichos recibidos reproducen prejuicios vinculados al alcoholismo y la inutilidad, asociados —según expresó— a su identidad. El mensaje incluyó expresiones en mapudungun y referencias personales directas hacia Rivero, a quien volvió a cuestionar por la legitimidad de su cargo.
El cruce se da en un contexto de alta tensión política local, luego de la denuncia pública de la concejala Elizabeth Cofré (Primero Río Negro) por el cierre del debate durante el tratamiento del Presupuesto municipal y de los comunicados cruzados entre bloques, concejales y funcionarios de control. La discusión, que comenzó con cuestionamientos institucionales, derivó en acusaciones personales y expresiones de alto voltaje discursivo difundidas públicamente en redes sociales.
Foto: (Imagen representativa, generada con inteligencia artificial).
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro resolvió archivar una denuncia por presunto fraude contra la administración pública presentada contra el concejal Christian Martín Artero, al concluir que los hechos investigados no constituyen delito según la legislación penal vigente. La decisión fue firmada el 30 de diciembre de 2025 por la fiscal Alejandra Altamira, en una resolución emitida desde la ciudad de Cipolletti.
La causa se inició a partir de una denuncia que señalaba una presunta incompatibilidad funcional por la percepción simultánea de ingresos provenientes del Municipio de General Fernández Oro y del Municipio de Catriel, situación que —según el denunciante— violaría la Constitución provincial y la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública.
Durante la investigación, la Fiscalía dio por acreditado que Artero asumió como concejal el 10 de diciembre de 2023 y que percibió su dieta bajo distintas modalidades. En una primera etapa, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, cobró su remuneración de forma directa. Luego, entre abril y diciembre de 2024, presentó una nota ante el Concejo Deliberante solicitando donar su dieta, la cual fue incorporada a la caja del propio Concejo mediante resoluciones administrativas. A partir del 1 de enero de 2025, retomó el cobro directo de su sueldo como concejal.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal constató que Artero prestó servicios remunerados para el Municipio de Catriel bajo la modalidad de contratos de locación de servicios como asesor en políticas públicas. Los contratos fueron celebrados en distintas fechas y abarcaron un período comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 y al menos el 13 de junio de 2025, sin interrupciones, con honorarios actualizados y condiciones formales establecidas en resoluciones municipales.
La denuncia también mencionaba el desempeño de Artero como tesorero de la Fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel, rol que la Fiscalía analizó únicamente como parte del contexto funcional, sin atribuirle remuneración ni conductas penalmente relevantes.
Tras analizar la documentación remitida por ambos municipios y el Concejo Deliberante, la fiscal Altamira concluyó que no existe una prohibición penal expresa que impida a un concejal ejercer un cargo electivo y, al mismo tiempo, prestar servicios mediante contratos de locación en otro municipio. En su resolución, remarcó que el derecho penal se rige por el principio de legalidad, que impide sancionar conductas que no estén tipificadas como delito en una ley previa.
Respecto de la Ley Provincial N.º 3550 de Ética en la Función Pública, la Fiscalía señaló que el Municipio de Fernández Oro no adhirió a esa norma, y que aun aplicándola de manera estricta, la conducta investigada no encuadra en las incompatibilidades que la ley prevé, las cuales se refieren a la acumulación de empleos públicos y no a contratos de prestación de servicios.
En relación con la donación de la dieta como concejal, la resolución indica que los fondos no quedaron bajo el dominio ni administración personal de Artero, sino que fueron incorporados a la caja del Concejo Deliberante, órgano colegiado que administra sus recursos de manera autónoma. Por ese motivo, la Fiscalía descartó que hubiera existido disposición indebida de fondos públicos o beneficio personal que permitiera configurar un fraude.
Con estos fundamentos, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar las actuaciones en los términos del artículo 128 inciso 4° del Código Procesal Penal de Río Negro, aclarando que la medida es provisoria y podría reabrirse si surgieran nuevos elementos de prueba.
La Fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel presentó sus Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N.º 9, finalizado el 30 de abril de 2025, en los que declara activos totales por $412.042.748,48 y un superávit anual de $13.585.146,30, según surge de la documentación contable auditada por un profesional independiente.
Del total informado, el activo corriente —es decir, los bienes y recursos de más rápida realización— asciende a $366.230.804,18. Dentro de ese rubro, el balance consigna $5.550.324,33 en caja y bancos, $21.099.709,29 en créditos por ventas, $31.244.387,00 en inversiones financieras y $298.711.288,23 en bienes de cambio, el rubro de mayor peso patrimonial.
El Estado de Flujo de Efectivo permite observar que el ejercicio se inició con $20.283.762,15 disponibles y cerró con $5.550.324,33, lo que representa una disminución neta de $14.733.437,82 durante el período analizado. La documentación no presenta este dato como pérdida, sino como resultado de los movimientos operativos, de inversión y financieros del ejercicio.
En cuanto a la composición de los bienes, el balance detalla que los bienes de cambio están integrados principalmente por maíz a granel y animales porcinos en proceso, mientras que el activo no corriente, que totaliza $45.816.944,30, incluye activos biológicos por $15.695.854,62 y bienes de uso por $30.121.055,69.
Las notas a los estados contables indican que la actividad principal declarada por la Fundación para la generación de recursos es la faena y comercialización de ganado porcino por cuenta propia, con una primera etapa de compra de animales para faena y reventa, y una segunda etapa de cría propia destinada a su posterior faena y comercialización.
En materia de obligaciones, la entidad informa un pasivo total de $51.556.871,06, compuesto mayoritariamente por deudas corrientes vinculadas a proveedores, remuneraciones, cargas sociales y obligaciones fiscales. También se consigna una línea de crédito con el CFI por $1.160.571,07. El patrimonio neto declarado asciende a $360.490.877,42.
El Estado de Recursos y Gastos expone recursos ordinarios por $1.030.839.235,87 y gastos ordinarios por $1.047.182.250,39. A esos resultados se suma un resultado financiero y por tenencia de $37.243.275,60, lo que arroja un resultado antes del impuesto a las ganancias de $20.900.225,08. Tras deducir $7.315.078,78 en impuesto a las ganancias, el ejercicio cerró con el superávit informado de $13.585.146,30.
Los estados contables cuentan con informe de auditoría independiente, firmado por un contador público, quien señaló que la documentación “presenta razonablemente” la situación patrimonial, los resultados y el flujo de efectivo de la Fundación al cierre del ejercicio, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. En el informe también se consigna un pasivo previsional devengado exigible al cierre del período.
En paralelo a la presentación formal de la documentación, el 30 de diciembre de 2025 el Poder Ejecutivo municipal informó que se realizó una reunión en el Concejo Deliberante de Catriel en la que se expusieron y analizaron informes de gestión, económicos y financieros vinculados a la Fundación. Según el comunicado difundido en redes oficiales, del encuentro participó la intendenta Daniela Salzotto, junto a integrantes del equipo de gestión municipal, representantes de la Fundación y actores del sector privado. El texto oficial señala que durante la presentación se habilitó un espacio de debate, intercambio y cuestionamientos, sin detallar los contenidos abordados, las observaciones realizadas ni si quedaron asentadas en registros públicos del cuerpo deliberativo.
La información contenida en el balance permite dimensionar el volumen de recursos y bienes administrados por la Fundación, así como su resultado económico y su nivel de obligaciones al cierre del ejercicio 2024–2025, a partir de datos surgidos exclusivamente de la documentación contable presentada.
La intendenta Daniela Salzotto confirmó gestiones ante la Provincia y la Legislatura de Río Negro para revisar los límites del ejido municipal de Catriel, en un contexto de redefiniciones territoriales que comienza a impactar en el norte del Alto Valle.
El reclamo no es nuevo para la ciudad, pero tomó renovada relevancia a partir de avances territoriales impulsados por otros municipios de la región. Desde el Ejecutivo local señalaron que existen sectores donde Catriel mantiene desde hace años una presencia efectiva, tanto en la prestación de servicios como en la relación administrativa con vecinos que se identifican con la ciudad.
Según explicó Salzotto, el ejido establecido en la Carta Orgánica municipal, respaldado por documentación histórica, es más amplio que el que actualmente se reconoce en la práctica. En esas áreas, detalló, hay superficiarios, provisión de agua, gestiones vinculadas a salud y vecinos con domicilio en Catriel, lo que refuerza el planteo de revisar el esquema vigente.
El Concejo Deliberante de Catriel ya comenzó a trabajar sobre el tema y, en paralelo, el municipio solicitó la convocatoria de la Comisión Provincial de Ejidos, con el objetivo de avanzar en un relevamiento territorial que refleje la situación real sobre el terreno.
En ese marco, el Concejo Deliberante local envió un pedido de informes al cuerpo legislativo de Cinco Saltos para conocer el estado de acuerdos con otros municipios. Desde el Ejecutivo catrielense indicaron que no hubo respuesta formal y que aún no se logró concretar una reunión con el intendente de esa localidad (Enrique Rossi, Avancemos Cinco Saltos).
Desde el municipio aclararon que la postura no apunta a decisiones unilaterales. Salzotto remarcó la necesidad de abrir instancias de diálogo con los intendentes de Cinco Saltos y Fernández Oro(Gustavo Amati, UCR-Todos Somos Oro), con el objetivo de construir acuerdos consensuados que contemplen las realidades de cada localidad.
La discusión adquiere una dimensión estratégica debido a que las áreas en debate concentran intereses productivos relevantes, vinculados al desarrollo no convencional, la minería y otras actividades que inciden directamente en los ingresos municipales y en la capacidad de planificación de obras y servicios.
En ese sentido, la intendenta anticipó que 2026 será un año atravesado por el debate territorial y pidió que el replanteo contemple la situación particular de Catriel, marcada por pasivos ambientales históricos. “Es un tema delicado y hay que abordarlo con responsabilidad”, expresó, al señalar que el objetivo es avanzar hacia una redefinición que reconozca el rol que la ciudad cumple desde hace décadas en la región.
La concejala Elizabeth Cofré difundió una nueva respuesta pública luego del comunicado emitido por el bloque oficialista del Concejo Deliberante, en el que se sostuvo que el debate por el Presupuesto 2026 había sido extenso y que la moción de orden se ajustó al reglamento interno.
En su pronunciamiento, Cofré afirmó que el punto central del conflicto no fue la duración de la sesión, sino que se le negó el uso de la palabra a pesar de haberla solicitado con anterioridad a la moción presentada por el concejal Gonzalo Gerez. Según señaló, ese pedido seguía vigente al momento en que se decidió cerrar el debate y someter el proyecto a votación.
La concejala sostuvo que solo realizó una intervención durante el tratamiento del Presupuesto y que no pudo evacuar dudas ni profundizar el análisis del proyecto, motivo por el cual votó en contra. En ese sentido, rechazó que su posición responda a una actitud personal o a una estrategia comunicacional posterior a la votación.
Cofré también cuestionó que, mientras su pedido de palabra no fue atendido, se habilitara la exposición del Secretario de Gobierno —quien no integra el cuerpo deliberativo— y que la votación debiera demorarse debido a la ausencia momentánea de una concejala del oficialismo. Según indicó, durante ese lapso volvió a solicitar la palabra sin obtener respuesta.
En relación con las críticas del bloque oficialista a su voto negativo, la concejala rechazó que oponerse al Presupuesto implique “votar contra los vecinos” y planteó que aprobar un proyecto sin debate completo ni respuestas claras representa una falta de responsabilidad institucional.
Finalmente, Cofré reafirmó su postura a favor del control democrático, la transparencia y el debate legislativo pleno, y sostuvo que el uso del reglamento no puede justificar el impedimento de la palabra dentro del recinto.
El bloque de concejales y concejalas del Frente de Acción Vecinal difundió un comunicado para responder a las publicaciones realizadas por la concejala Elizabeth Cofré, en las que denunció que se le impidió expresarse durante la sesión en la que se trató el Presupuesto municipal.
Según el pronunciamiento oficialista, la sesión se extendió por más de tres horas e incluyó intercambio de posturas políticas, consultas técnicas y debate entre los distintos bloques. En ese marco, sostuvieron que el tratamiento del Presupuesto 2026 no fue interrumpido, sino que el debate se dio por agotado antes de someter el proyecto a votación.
El comunicado afirma que la moción de orden presentada por el concejal Gonzalo Gerez y aceptada por la Presidencia del Concejo se realizó conforme al reglamento interno, el cual —según indicaron— prevé este tipo de herramientas cuando los argumentos comienzan a repetirse y el intercambio ya cumplió su instancia democrática.
Desde el bloque también señalaron que todos los espacios políticos contaron con tiempo para expresar sus posiciones y rechazaron que se haya cercenado el derecho a la palabra. En ese sentido, plantearon que la votación se resolvió de manera legítima y mayoritaria.
El Frente de Acción Vecinal vinculó además el voto negativo de Cofré con el rechazo al contenido del Presupuesto aprobado, al que describieron como una herramienta central para la gestión municipal. En el comunicado se enumeran partidas por más de $3.200 millones destinadas a obra pública, infraestructura de servicios y remediación ambiental, así como recursos vinculados al funcionamiento del municipio y a los trabajadores municipales.
Finalmente, el bloque reafirmó su compromiso con la transparencia y el desarrollo de la ciudad, y cuestionó lo que consideró una utilización del conflicto político en redes sociales. El documento lleva la firma de los concejales Nelson Díaz, Carolina Piris, Gonzalo Gerez, Teresa Cardona y Rosa Nievas.
Durante la sesión del Concejo Deliberante realizada el lunes 29 de diciembre, mientras se debatía el Presupuesto municipal, la concejala Elizabeth Cofré denunció que no pudo intervenir pese a tener un pedido de palabra previo. El hecho ocurrió cerca de las 11 horas, cuando el concejal oficialista Gonzalo Jerez presentó una moción de orden que fue aceptada por la Presidencia del cuerpo.
Según lo expresado en un comunicado público difundido por Cofré, la moción fue habilitada por Nelson Díaz, quien preside el Concejo, y sometida a votación, lo que derivó en el cierre del debate. La concejala sostuvo que la discusión no estaba agotada y que la decisión afectó tanto su rol institucional como el derecho de la ciudadanía a escuchar todas las posiciones.
En el mismo espacio de publicación, Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas por el mismo espacio político, expresó su respaldo a la denuncia de Cofré con críticas hacia el accionar del oficialismo y hasta insultos hacia un concejal y la Presidencia del Concejo. «Que se puede esperar de Jérez si es un inútil y le aplauden que dice 3 palabras. Y el presidente del consejo, un cagón con autoridad. Es una práctica que tenemos que denunciar y repudiar en todas las áreas de esta sociedad!», comentó Rivero.
