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La directora del hospital de Catriel, Laura Acevedo, hizo una aclaración sobre los comentarios recientes de la intendenta Daniela Salzotto sobre la designación de su sucesor o sucesora y el posible destino del viejo edificio del hospital ubicado sobre calle España. En declaraciones a VSN, Acevedo fijo que por el momento no tiene «fecha exacta» para su salida del hospital y que, en ningún momento, expresó la necesidad de demoler el edificio estatal, sino que indicó que «un ingeniero civil había evaluado la estructura y sugirió la posibilidad de demolición». Sin embargo, enfatizó que la decisión final «corresponde a los ingenieros de obras públicas de la provincia».

Acevedo también se refirió a la designación del director o directora del hospital, algo sobre lo que la intendenta de Catriel «pidió tener intervención conjunta». «Entiendo que la intendenta pide elegir, pero elige la ministra (Ana Senesi). Es una cuestión de institucionalidad que no maneja (Salzotto)», señaló.

Por otra parte, sostuvo que no le expresó a Salzotto que había que demoler el edificio del viejo hospital, afectado por las llamas de un incendio en 2023. «Nunca dije que hay que demoler el hospital. Dije que un ingeniero civil evaluó y dijo que habría que demolerlo. Pero hace falta que vengan ingenieros de Obras Públicas de la provincia, quienes son los que tienen la facultad de decidir si demolerlo o no. Le dije eso, por ahí no entendió, pero es un tema delicado. Yo no ando diciendo que hay que demoler o no», clarificó.

Estas declaraciones surgen como respuesta a las afirmaciones de Salzotto durante una conferencia de prensa reciente, en la que mencionó la posible demolición del antiguo edificio del hospital debido a riesgos estructurales. La intendenta informó que Acevedo había comunicado esta situación, aunque no se habían proporcionado detalles técnicos al respecto. Además, la mandataria municipal confirmó que el comodato para el uso del predio del antiguo hospital había vencido en septiembre de 2023 y aseguró que pedirá su renovación para reutilizar el espacio.

«Nunca dije que hay que demoler el hospital. Dije que un ingeniero civil evaluó y dijo que habría que demolerlo. Hace falta que vengan de Obras Públicas, que son quienes tienen la facultad de decir si hay que demoler o no».

Laura Acevedo. Directora del hospital de Catriel.

La situación se centra en un ida y vuelta entre el municipio local y el gobierno provincial por la injerencia sobre algunas cuestiones pertenecientes a la órbita de Salud Pública. Salzotto mencionó una conversación previa con Weretilneck -en diciembre- para consensuar políticas y nombramientos que no habría sido respetada. También remarcó que el municipio catrielense cumple con obligaciones que le corresponden a provincia como traslados al Alto Valle y otros gastos de funcionamiento hospitalarios.

Desde el entorno del Ejecutivo recordaron el artículo 85 de la Carta Orgánica de Catriel. Este señala que el municipio es «corresponsable en la solución de la temática de Salud» y que garantizará a los ciudadanos «un sistema de salud de máxima calidad, con servicio de salud para prestaciones de alta complejidad» destinando los fondos y recurso humano necesarios y arbitrando los medios para tal fin. Además, debe realizar un informe público anual al respecto.

En medio de estas deliberaciones sobre el futuro del antiguo hospital, Salzotto también mencionó su intención de buscar soluciones conjuntas con el gobierno provincial para mejorar la situación de salud en la localidad y garantizar una atención adecuada para los ciudadanos de Catriel. También propuso trabajar en la creación de un comité de crisis de Salud con especialistas locales para abordar las deficiencias en este ámbito.

La visita de la Ministra Senesi a Catriel

Tras las declaraciones hechas en la mañana del viernes 9 de febrero, en una conferencia de prensa en la que señaló públicamente que esperaba que se tome en cuenta su sugerencia a la hora de designar un nuevo responsable al frente del hospital «Dra. Cecilia Grierson», Salzotto se reunió con Ana Senesi, la ministra de Salud de Río Negro.

Consultada por este medio sobre información oficial sobre la reunión con Senesi, la intendenta de Catriel eligió no hacer declaraciones al respecto. También se realizó la consulta al Ministerio de Salud, a través del correo electrónico oficial. Al cierre de esta edición, no había respuesta desde el gobierno provincial.

El Congreso vivió un intenso debate durante la votación del proyecto de la Ley Ómnibus (que terminó en comisiones anulando todo lo actuado), donde se destacó la discusión sobre los fondos fiduciarios, una pieza clave que moviliza anualmente alrededor de 1,5 billones de pesos. Estos fondos fiduciarios, que suman al menos 29 y operan con escasos controles oficiales se usaron durante años para financiar una variedad de proyectos y actividades estatales, desde obras públicas hasta subsidios energéticos, pero también son objeto de críticas por su falta de transparencia y rendición de cuentas.

El proyecto de ley planteaba otorgar al presidente Javier Milei la potestad de disponer sobre estos fondos de manera más flexible, fue una propuesta que generó un intenso y controvertido debate en el Congreso que finalmente terminó con esa posibilidad rechazada. Estro recrudeció las tensiones entre el gobierno y la oposición en torno al manejo de estos recursos, considerados por algunos como una «caja política» durante décadas.

Entre los fondos fiduciarios más importantes se encuentran el Procrear, destinado a la construcción de viviendas sociales, y el FFSIT, orientado al desarrollo de infraestructura vial nacional. Con los años, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos se volvió una constante, con controles escasos o nulos por parte de organismos como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

El gobierno pretende reformar el manejo de estos fondos para mejorar su eficiencia, transparencia y control. Sin embargo, el rechazo del Congreso a otorgar mayores facultades al presidente Milei refleja las diferencias políticas y las preocupaciones sobre el posible uso indebido de estos recursos. Mientras tanto, queda en el aire la incógnita sobre cómo se gastan realmente estos fondos y quiénes son los responsables de su administración, aspectos que deberán ser abordados en futuras discusiones legislativas.

Los nueve fondo que más dinero transfirieron entre enero y septiembre de 2023, por más de $997.005 millones, son:

Según adelantó el portal especializado La Política Online, el Presidente Javier Milei y el exministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya tienen un nuevo plan de ajuste con el objetivo de alcanzar el déficit cero, a pesar del rechazo del Congreso a la Ley Ómnibus. Este plan busca aumentar la recaudación y reducir drásticamente los gastos estatales.

El plan consta de seis ejes, siendo el primero el bloqueo de las transferencias a las provincias y obras sociales, medida que impactaría significativamente en gobernadores y sindicatos. De acuerdo con fuentes gubernamentales, las transferencias no automáticas se redujeron en un 98% durante el mes de enero, lo que refleja un avance en esta dirección.

El segundo punto se centra en el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que ha sido descongelado recientemente por el Gobierno, con una actualización gradual. Sin embargo, se planea implementar un aumento abrupto con el fin de recaudar cerca de un punto del Producto Bruto Interno (PBI), lo que resultaría en un incremento en el precio de los combustibles.

Además, Caputo evalúa la posibilidad de aplicar el Impuesto PAIS al bono para importadores, conocido como Bopreal, una medida que genera controversia en el mercado.

El cuarto eje del plan implica la eliminación de los subsidios para usuarios residenciales de altos ingresos, comercios, industrias y entidades civiles en cuanto a los servicios públicos. Aunque esta medida ya ha sido iniciada por el Gobierno, se espera una aceleración en la quita de subsidios.

Otro punto importante es la eliminación del sistema de actualización de los planes sociales, los cuales están vinculados al Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que efectivamente congelaría los montos de dichos planes.

Por último, se está considerando solicitar a la Secretaría de Trabajo la eliminación de todos los ítems no remunerativos que conforman el sueldo de los trabajadores estatales, lo que podría resultar en una reducción significativa en los ingresos de miles de personas, dado que la mayoría de sus haberes dependen de estas sumas.

Un hombre fue condenado a pagar el 35% de su salario para la cuota alimentaria de las dos hijas que tiene con su expareja. A pesar de los intentos del hombre de explicar por qué no cumplió con los acuerdos de guarda de las niñas, la jueza de Familia Gabriela Lapuente, ordenó que el hombre tenía la obligación de abonar la cuota alimentaria.

La demanda la inició la madre de las niñas quien argumentó que había un acuerdo de tenencia y de gastos compartidos para quien esté al cuidado de las menores, pero que el progenitor no cumplió con ese acuerdo. Por eso la mujer demandó al hombre para que abone la cuota alimentaria.

Las situaciones fácticas desde el momento del acuerdo hasta la actualidad se modificaron. Dijo que luego del divorcio la actitud del demandado cambió. Agregó que él, le enviaba mensajes vía WhatsApp en los que le indicaba que no iba a retirar a las niñas, y que no realizaría ningún aporte económico para su sostenimiento teniendo que la mujer hacerse cargo en soledad con todos los gastos de ellas.

Contó que tuvo que contratar a una niñera «para que cuide a las niñas mientras trabaja ya que el demandado, a pesar de estar de licencia laboral en su casa, no las iba a retirar». «Solicita se establezca una cuota alimentaria en favor de las niñas, consistente en el (35 %) de los ingresos del demandado con más asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias ya que se modificó el régimen de comunicación mediante acuerdo celebrado en CIMARC y su homologación tramita en el expediente Cl-00537-F-2022 correspondiente al incidente de modificación de régimen de alimentos y de comunicación ante la presente unidad procesal».

Como no se pudo comprobar los ingresos del hombre (se confirmó que no trabaja en relación de dependencia, sino que es autónomo), la jueza dispuso que debe abonar a el equivalente mensual al 40% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, la que se actualizará conforme al aumento de dicha pauta. Dicha cuota deberá ser depositada del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial.