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En un escenario unos pocos años atrás impensado, actores y figuras políticas que estuvieron ideológicamente enfrentadas durante décadas, empiezan a unirse en Río Negro (y Neuquén) ante la rígida postura que adoptó el gobierno de Javier Milei con los gobernadores. Weretilneck reclama el recorte a la coparticipación. En esa cruzada, recibió el inesperado respaldo de una vieja rival política por la idea de manejar las usinas de los ríos Limay y Neuquén, un negocio que alcanza los 800 millones de dólares al año. La intendenta de Roca, la abogada peronista María Emilia Soria, respaldó al gobernador.

Una de las principales figuras del peronismo de Río Negro, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, respaldó al gobernador Alberto Weretilneck en su pelea por manejar las represas del Comahue. “Podemos cerrar el grifo”, dijo sobre la energía que producen las usinas de la Patagonia.

“Somos provincias productoras, que colaboramos; por eso, debo destacar que el gobernador de nuestra provincia, Weretilneck, junto a Rolando Figueroa, notificó al Presidente. Estamos en una etapa de renegociación de las hidroeléctricas. Espero que no suceda, pero nosotros también podemos cerrar el grifo y tener ese gesto tan antifederal que tiene el gobierno central”, lanzó Soria.

María Emilia Soria. Intendenta de Roca.

Este no es el primer acercamiento del 2024 entre ambos, el espanto por las políticas de ajuste de la gestión libertaria encontró unidos al mandatario y a la intendenta a principios de año en Roca. Tuvieron sucesivos gestos, con visita del gobernador al despacho municipal incluida.

En guardia frente a lo que empieza a traducirse en recesión y parálisis en el envío de coparticipación, Weretilneck y la más joven del clan Soria padecen los efectos de la motosierra, que destruyó el sistema de obra pública. Entre la lista de construcciones paralizadas, Roca pierde 4 mil millones de pesos de inversión y 318 puestos de trabajo directos. “Todo ello es parte de un compromiso asumido por el Estado Nacional que esta nueva gestión no debería desconocer”, expresó la intendenta.

«Venimos en unidad y sin titubeos a defender a Río Negro, a reclamar por el federalismo y construir un dique de contención a la avanzada de un gobierno que nos está robando nuestros recursos y poniendo a la Patagonia en venta”, advirtió.

Fuente: Letra P

El presidente Milei se encuentra nuevamente en el centro de una controversia. Es que, en un acción llamativa, tomó la decisión de girar la suma de 1000 millones de pesos al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Este movimiento tuvo como fin financiar actividades relacionadas con el carnaval y contratar a la conocida bailarina Lourdes Sánchez. Este tipo de decisiones resultan llamativas en un contexto donde el propio Milei fue crítico de los gastos de los gobernadores en eventos culturales y recitales, argumentando que las prioridades del país deberían centrarse en otros aspectos de mayor relevancia.

El Presidente bajó a casi cero las transferencias discrecionales a las provincias, pero en el caso de Corrientes replicó a la perfección las prácticas usuales de lo que denomina «la casta». Pese a sus críticas constantes a este tipo de políticas, Mieli utilizó el polémico instrumento de los Adelantos Transitorios de la Nación (ATN) para aceitar el apoyo político de Valdés a la Ley Ómnibus. 

A pesar de esta acción, Milei se mostró más interesado en participar en eventos políticos y sociales, como la celebración del décimo aniversario de un club libertario, que en abordar los problemas reales que enfrenta la nación. Esta discrepancia entre sus acciones y las necesidades del país siguen generando críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad.

El presidente fue particularmente enfático en sus críticas hacia algunos gobernadores, a quienes acusó de traición y malversación de fondos públicos. Sin embargo, estas acusaciones no siempre son respaldadas por evidencia concreta y constantemente son objeto de debate en el ámbito político y mediático.

El área comunicacional de la Policía de Río Negro confirmó que la División Toxicomanía y Leyes Especiales de la localidad llevó a cabo un allanamiento autorizado por la Justicia donde se secuestraron 21 plantas de Cannabis Sativa y una mujer fue imputada. Según expresaron, la mujer no contaba con el regisgtro del Reprocann vigente.

El Reprocann es el Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado. Se trata de una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, siempre con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

Toxicomanía señaló que en el marco de una investigación de una causa por hurto, se realizó la diligencia en un domicilio ubicado sobre la calle San José y en el patio de la vivienda se encontraron las plantas. Se consultó a la propietaria si contaba con el certificado del Registro del Programa Cannabis y ante su negativa se procedió al secuestro de las mismas.

El Fiscal de turno tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción a la ley 23.737.

Legislacion vigente en Argentina sobre tenencia y consumo de cannabis

Se encuentran en plena vigencia de las actuales ley de cannabis medicinal (27.350) y de la industria de la planta (27.669) en el país, pero también la ley de drogas (23.737).

La ley 27.350 tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

La ley 27.669 tiene por objeto establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La Ley 23737 penaliza la tenencia de marihuana en función de la producción, comercialización y uso personal, por lo tanto, la ley vigente considera un delito constitucional la tenencia para el propio consumo. Sin embargo, vale recordar, el 25 de agosto del año 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional al segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (23.737), de la penalización de la tenencia para consumo personal, en tanto y en cuanto esa tenencia personal no afecte a terceros.

Los robos y vandalizaciones contra instalaciones eléctricas de media y baja tensión se han vuelto moneda corriente en el Alto Valle de Río Negro. A diario, delincuentes dejan sin energía a vecinos, comerciantes, productores e industrias de todo tipo. La problemática se profundizó en los últimos días particularmente en Cipolletti, donde han atacado centros infantiles, escuelas y hasta el cementerio local.

Desde hace ya meses, pero particularmente a partir del inicio del corriente año, las cuadrillas de Edersa no dan a vasto para solucionar los cortes de servicio ocasionados a partir de este tipo de hechos delictivos. “En muchas ciudades, los equipos operativos deben dedicarse casi exclusivamente a tema robos”, explicó con preocupación una fuente de la compañía eléctrica.

En Cipolletti, durante las últimas semanas, se registran una decena de robos por día. La mayoría son en baja tensión, de acometidas y cruces de calles, y muchas contra instituciones públicas. También han afectado a la industria y el comercio local.

Para el caso, robaron el sistema eléctrico de la escuela N° 283 en dos oportunidades en las últimas jornadas, afectando las tareas de los docentes. También atacaron y se llevaron los cables de distribución en las escuelas N°109 -calle Illia-, N°293 -Namuncurá y Santa Cruz- y el Centro Infantil N° 2 -México al 1700-.

“El cementerio lo atacaron muchas veces. Tanto es así, que se llevaron todo el cable de cobre de las calles que lo rodean. Después de cada acto delictivo, las guardias van al lugar, despejan el peligro de seguridad pública y reemplazan lo robado por conductores de aluminio. Eso lleva horas de trabajo, con las afectaciones del caso”, explicó la misma fuente.

Según indicaron desde EdERSA, los robos se dan en diferentes puntos de la ciudad, aunque hay sectores donde se repiten, como en los barrios Ferri, San Lorenzo, Anahí Mapu, 1200 viviendas, Distrito Vecinal Noreste, Juventud y Desarrollo y Santa Elena; también en las calles Rimmele, Huechulafquen y Julio Dante Salto.

“Estamos en constante comunicación con las autoridades de los tres poderes del Estado, trabajando juntos en procura de encauzar una problemática que es caótica. Sabemos de los esfuerzos de la policía en la prevención y el ataque de este delito. Los robos eléctricos perjudican a la sociedad en general, y son un foco permanente de riesgo en la seguridad pública y de las personas”, culminó el portavoz de Edersa

La directora del hospital de Catriel, Laura Acevedo, hizo una aclaración sobre los comentarios recientes de la intendenta Daniela Salzotto sobre la designación de su sucesor o sucesora y el posible destino del viejo edificio del hospital ubicado sobre calle España. En declaraciones a VSN, Acevedo fijo que por el momento no tiene «fecha exacta» para su salida del hospital y que, en ningún momento, expresó la necesidad de demoler el edificio estatal, sino que indicó que «un ingeniero civil había evaluado la estructura y sugirió la posibilidad de demolición». Sin embargo, enfatizó que la decisión final «corresponde a los ingenieros de obras públicas de la provincia».

Acevedo también se refirió a la designación del director o directora del hospital, algo sobre lo que la intendenta de Catriel «pidió tener intervención conjunta». «Entiendo que la intendenta pide elegir, pero elige la ministra (Ana Senesi). Es una cuestión de institucionalidad que no maneja (Salzotto)», señaló.

Por otra parte, sostuvo que no le expresó a Salzotto que había que demoler el edificio del viejo hospital, afectado por las llamas de un incendio en 2023. «Nunca dije que hay que demoler el hospital. Dije que un ingeniero civil evaluó y dijo que habría que demolerlo. Pero hace falta que vengan ingenieros de Obras Públicas de la provincia, quienes son los que tienen la facultad de decidir si demolerlo o no. Le dije eso, por ahí no entendió, pero es un tema delicado. Yo no ando diciendo que hay que demoler o no», clarificó.

Estas declaraciones surgen como respuesta a las afirmaciones de Salzotto durante una conferencia de prensa reciente, en la que mencionó la posible demolición del antiguo edificio del hospital debido a riesgos estructurales. La intendenta informó que Acevedo había comunicado esta situación, aunque no se habían proporcionado detalles técnicos al respecto. Además, la mandataria municipal confirmó que el comodato para el uso del predio del antiguo hospital había vencido en septiembre de 2023 y aseguró que pedirá su renovación para reutilizar el espacio.

«Nunca dije que hay que demoler el hospital. Dije que un ingeniero civil evaluó y dijo que habría que demolerlo. Hace falta que vengan de Obras Públicas, que son quienes tienen la facultad de decir si hay que demoler o no».

Laura Acevedo. Directora del hospital de Catriel.

La situación se centra en un ida y vuelta entre el municipio local y el gobierno provincial por la injerencia sobre algunas cuestiones pertenecientes a la órbita de Salud Pública. Salzotto mencionó una conversación previa con Weretilneck -en diciembre- para consensuar políticas y nombramientos que no habría sido respetada. También remarcó que el municipio catrielense cumple con obligaciones que le corresponden a provincia como traslados al Alto Valle y otros gastos de funcionamiento hospitalarios.

Desde el entorno del Ejecutivo recordaron el artículo 85 de la Carta Orgánica de Catriel. Este señala que el municipio es «corresponsable en la solución de la temática de Salud» y que garantizará a los ciudadanos «un sistema de salud de máxima calidad, con servicio de salud para prestaciones de alta complejidad» destinando los fondos y recurso humano necesarios y arbitrando los medios para tal fin. Además, debe realizar un informe público anual al respecto.

En medio de estas deliberaciones sobre el futuro del antiguo hospital, Salzotto también mencionó su intención de buscar soluciones conjuntas con el gobierno provincial para mejorar la situación de salud en la localidad y garantizar una atención adecuada para los ciudadanos de Catriel. También propuso trabajar en la creación de un comité de crisis de Salud con especialistas locales para abordar las deficiencias en este ámbito.

La visita de la Ministra Senesi a Catriel

Tras las declaraciones hechas en la mañana del viernes 9 de febrero, en una conferencia de prensa en la que señaló públicamente que esperaba que se tome en cuenta su sugerencia a la hora de designar un nuevo responsable al frente del hospital «Dra. Cecilia Grierson», Salzotto se reunió con Ana Senesi, la ministra de Salud de Río Negro.

Consultada por este medio sobre información oficial sobre la reunión con Senesi, la intendenta de Catriel eligió no hacer declaraciones al respecto. También se realizó la consulta al Ministerio de Salud, a través del correo electrónico oficial. Al cierre de esta edición, no había respuesta desde el gobierno provincial.

El Congreso vivió un intenso debate durante la votación del proyecto de la Ley Ómnibus (que terminó en comisiones anulando todo lo actuado), donde se destacó la discusión sobre los fondos fiduciarios, una pieza clave que moviliza anualmente alrededor de 1,5 billones de pesos. Estos fondos fiduciarios, que suman al menos 29 y operan con escasos controles oficiales se usaron durante años para financiar una variedad de proyectos y actividades estatales, desde obras públicas hasta subsidios energéticos, pero también son objeto de críticas por su falta de transparencia y rendición de cuentas.

El proyecto de ley planteaba otorgar al presidente Javier Milei la potestad de disponer sobre estos fondos de manera más flexible, fue una propuesta que generó un intenso y controvertido debate en el Congreso que finalmente terminó con esa posibilidad rechazada. Estro recrudeció las tensiones entre el gobierno y la oposición en torno al manejo de estos recursos, considerados por algunos como una «caja política» durante décadas.

Entre los fondos fiduciarios más importantes se encuentran el Procrear, destinado a la construcción de viviendas sociales, y el FFSIT, orientado al desarrollo de infraestructura vial nacional. Con los años, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos se volvió una constante, con controles escasos o nulos por parte de organismos como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

El gobierno pretende reformar el manejo de estos fondos para mejorar su eficiencia, transparencia y control. Sin embargo, el rechazo del Congreso a otorgar mayores facultades al presidente Milei refleja las diferencias políticas y las preocupaciones sobre el posible uso indebido de estos recursos. Mientras tanto, queda en el aire la incógnita sobre cómo se gastan realmente estos fondos y quiénes son los responsables de su administración, aspectos que deberán ser abordados en futuras discusiones legislativas.

Los nueve fondo que más dinero transfirieron entre enero y septiembre de 2023, por más de $997.005 millones, son:

Según adelantó el portal especializado La Política Online, el Presidente Javier Milei y el exministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya tienen un nuevo plan de ajuste con el objetivo de alcanzar el déficit cero, a pesar del rechazo del Congreso a la Ley Ómnibus. Este plan busca aumentar la recaudación y reducir drásticamente los gastos estatales.

El plan consta de seis ejes, siendo el primero el bloqueo de las transferencias a las provincias y obras sociales, medida que impactaría significativamente en gobernadores y sindicatos. De acuerdo con fuentes gubernamentales, las transferencias no automáticas se redujeron en un 98% durante el mes de enero, lo que refleja un avance en esta dirección.

El segundo punto se centra en el aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que ha sido descongelado recientemente por el Gobierno, con una actualización gradual. Sin embargo, se planea implementar un aumento abrupto con el fin de recaudar cerca de un punto del Producto Bruto Interno (PBI), lo que resultaría en un incremento en el precio de los combustibles.

Además, Caputo evalúa la posibilidad de aplicar el Impuesto PAIS al bono para importadores, conocido como Bopreal, una medida que genera controversia en el mercado.

El cuarto eje del plan implica la eliminación de los subsidios para usuarios residenciales de altos ingresos, comercios, industrias y entidades civiles en cuanto a los servicios públicos. Aunque esta medida ya ha sido iniciada por el Gobierno, se espera una aceleración en la quita de subsidios.

Otro punto importante es la eliminación del sistema de actualización de los planes sociales, los cuales están vinculados al Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que efectivamente congelaría los montos de dichos planes.

Por último, se está considerando solicitar a la Secretaría de Trabajo la eliminación de todos los ítems no remunerativos que conforman el sueldo de los trabajadores estatales, lo que podría resultar en una reducción significativa en los ingresos de miles de personas, dado que la mayoría de sus haberes dependen de estas sumas.