Bomberos voluntarios informaron este sábado 18 de octubre que trabajan en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, en el que estaría involucrado un colectivo. Hasta el momento, no se detalló el tramo exacto de la ruta donde ocurrió el siniestro ni las circunstancias del hecho. Vecinos informaron que sería en el km 50, en la zona de Barda del Medio.
Desde el cuartel indicaron que el aviso se recibió durante la tarde, pero que aún se aguardaban precisiones sobre la magnitud del incidente y si hubo personas heridas. Tampoco se confirmó si se trató de un autovuelco o si participaron otros vehículos.
Fuentes policiales consultadas señalaron que el personal de tránsito se encuentra coordinando el paso vehicular en la zona, ante posibles demoras.
La Ruta 151 es uno de los corredores viales más transitados del Alto Valle y del norte de la Patagonia, utilizada tanto por transporte de pasajeros como por camiones de carga. En los últimos años, los organismos de emergencia han advertido sobre el aumento de siniestros viales en distintos tramos, principalmente por el intenso flujo vehicular y el desgaste del pavimento.
Se espera un nuevo parte oficial de Bomberos y de la Policía Caminera para conocer el estado de las personas involucradas y las causas del accidente.
Las autoridades policiales y judiciales de Río Negro informaron que la mujer cuya búsqueda se había iniciado días atrás fue hallada y se encuentra en buen estado de salud.
El operativo de localización se había activado luego de que no se tuviera contacto con ella desde el martes por la noche. Tras varias jornadas de rastrillajes y tareas coordinadas entre distintas áreas de seguridad y emergencia, finalmente se logró ubicarla.
Fuentes oficiales confirmaron que la persona fue asistida y evaluada por personal médico, sin presentar lesiones ni complicaciones de salud. Con su aparición, el protocolo de búsqueda quedó desactivado.
Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y de los medios que difundieron la información durante los días de búsqueda.
El municipio de Catriel denunció el robo de los macetones ornamentales instalados recientemente en el acceso norte de la ciudad, en el sector conocido como el bebedero de las “Mardones”, ubicado entre el hospital y el ingreso al barrio YPF.
A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, el gobierno local expresó su malestar ante el hecho y señaló que los macetones —que contenían plantas ornamentales y se encontraban a ambos lados de los bancos pintados de azul— habían sido colocados hacía pocos días como parte de un trabajo de reacondicionamiento y embellecimiento urbano.
El sector había sido intervenido por personal municipal con tareas de pintura, limpieza y colocación de mobiliario urbano, buscando mejorar el aspecto del acceso norte y ofrecer un espacio de descanso y recreación para vecinos y transeúntes.
Desde el municipio lamentaron el daño causado por el robo, que no solo afecta el patrimonio público sino también el esfuerzo de quienes participaron en el reacondicionamiento del lugar. “Es una falta de respeto al trabajo de la comunidad y al espacio público que es de todos”, señalaron fuentes comunales.
Por el momento, no se informaron denuncias formales ni avances en la investigación para recuperar los elementos sustraídos. El municipio pidió a la comunidad colaborar con información que permita identificar a los responsables y evitar nuevos hechos de vandalismo.
La iniciativa formaba parte de un plan de mantenimiento y puesta en valor de distintos espacios públicos de Catriel, impulsado por el área de Servicios Públicos y Espacios Verdes.
La desaparición de Emiliano Evans, un joven universitario de 29 años, mantiene en vilo a su familia y a las fuerzas de seguridad de distintas provincias. Lo que hasta hace pocos días era una búsqueda concentrada en Bariloche, ahora tiene un dato clave: la última vez que fue visto habría sido en Catriel.
El propio padre del joven confirmó a RÍO NEGRO RADIO que la policía rionegrina identificó a Emiliano en nuestra ciudad poco antes de que se emitiera la alerta nacional. “Nos dijeron que estaba bien, pero desde entonces no supimos más nada. No tiene celular y nadie puede contactarlo”, señaló con preocupación.
Evans, oriundo de Trelew (Chubut), había viajado a Bariloche para participar de una actividad universitaria. Debía alojarse en el albergue del Gimnasio Municipal III, pero nunca regresó al lugar. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 80 del barrio San Francisco, desde donde se desplegaron rastrillajes por la zona sin resultados positivos.
Ante la pista que lo ubica en Catriel, la Policía de Río Negro amplió la búsqueda hacia el Alto Valle y notificó a fuerzas de otras provincias. “El caso ya tiene alcance interprovincial”, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
La falta de teléfono celular complicó el rastreo. Además, allegados mencionaron que Emiliano había atravesado días difíciles antes de su desaparición, aunque no se conocen detalles.
El joven mide 1,78 metros, es delgado, de tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de ser visto por última vez vestía jeans azules con cortes, buzo negro con cierre diagonal, campera negra, remera azul eléctrica tipo chomba, zapatillas beige marca Vans y mochila negra.
Las autoridades piden a quien tenga información comunicarse al 911, a la Subcomisaría 80 (294-443-7616) o acercarse a cualquier dependencia policial. La familia, en tanto, sostiene una intensa campaña de difusión en redes para mantener viva la búsqueda.
La última pista lo ubica aquí, en Catriel. Desde entonces, nadie volvió a verlo. El caso de Emiliano Evans sigue abierto, y cada hora que pasa se vuelve más urgente saber qué ocurrió entre Bariloche y nuestra ciudad.
Durante septiembre, el Juzgado de Paz de la IV Circunscripción Judicial de Catriel emitió al menos 28 sentencias interlocutorias vinculadas a denuncias por violencia familiar, conforme a la Ley 3040 y su modificatoria, la Ley 4241, que regula la protección integral de personas en situaciones de conflicto intrafamiliar.
En todos los casos, las intervenciones se originaron a partir de denuncias radicadas en la Comisaría de la Familia de Catriel y se dispusieron medidas preventivas urgentes —algunas de ellas adoptadas por vía telefónica y luego ratificadas por escrito—, destinadas a resguardar la integridad física y psíquica de las personas denunciantes.
La medida más frecuente fue la prohibición de acercamiento y contacto, dictada en más de 20 casos. En la mayoría, el tribunal ordenó que la persona denunciada mantuviera una distancia mínima de 500 metros respecto de la víctima, su vivienda y su lugar de trabajo, y se abstuviera de realizar actos de hostigamiento o comunicación por cualquier medio.
En varias causas, las disposiciones fueron recíprocas, es decir, con prohibiciones de contacto para ambas partes. Estas medidas se aplicaron cuando el conflicto involucraba situaciones de agresión o acoso mutuo.
En al menos cuatro fallos, el Juzgado dispuso la exclusión del hogar de una de las partes, generalmente del presunto agresor, en situaciones donde se compartía la vivienda familiar. En algunos casos, la exclusión se complementó con la orden de rondines policiales por un plazo de entre 48 y 72 horas, como medida de seguridad preventiva. Hubo casos donde además se ordenó asistencia letrada obligatoria y seguimiento judicial por parte del Juzgado de Familia.
En varios expedientes se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), cuando las denuncias involucraban a menores de edad o requerían acompañamiento psicosocial. Además, el Juzgado remitió cinco causas al Juzgado de Familia por no encuadrar en los parámetros de la Ley 3040, al tratarse de conflictos familiares sin hechos de violencia actual.
Las actuaciones del Juzgado de Paz de Catriel evidencian su función preventiva y de contención inmediata en casos de riesgo, mientras se aguarda la intervención del fuero de Familia, que es el competente para dictar medidas prolongadas o definitivas.
Cada resolución recuerda a las partes la obligación de contar con patrocinio letrado, pudiendo acceder al servicio gratuito de la Defensa Pública en caso de no tener representación particular.
Las intervenciones de septiembre muestran la continuidad del trabajo institucional del Juzgado de Paz frente a los casos de violencia intrafamiliar en Catriel. El dato no pasa inadvertido: se registró casi una denuncia por día durante el mes, lo que refleja tanto la persistencia del problema como la respuesta sostenida del sistema judicial, dentro de las posibilidades que dan los recursos asignados. El debate sobre la prevención y el acompañamiento a las víctimas sigue abierto en redes.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Roca confirmó una sentencia de primera instancia que rechazó el pedido de una abuela y un tío paternos para restablecer el vínculo personal con una niña. El fallo ratificó que la menor no tendrá contacto con su familia paterna, aunque recomendó que la madre desbloquee del WhatsApp a la abuela para permitir un canal mínimo de comunicación entre adultos.
El caso se originó cuando la madre bloqueó las vías de contacto con la familia paterna tras una situación grave protagonizada por el padre de la niña. La abuela y el tío solicitaron judicialmente restablecer la relación, argumentando que antes mantenían un trato frecuente mediante visitas, llamadas y mensajes. Sin embargo, la jueza de Familia desestimó el pedido al considerar que no se acreditó un vínculo afectivo sólido previo a la separación de los progenitores.
Ambos familiares apelaron la decisión, pero la Sala I de la Cámara confirmó el fallo. En su resolución, el tribunal señaló que los argumentos de la apelación se centraron en los derechos e intereses de los adultos, sin tener en cuenta la situación emocional y el deseo expresado por la niña.
El fallo subraya que el principio rector debe ser el interés superior del niño, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. En esa línea, destacó que el derecho a ser oído “no puede ser una mera formalidad” y debe tener efectos concretos en las decisiones judiciales.
Durante el proceso, los informes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), las evaluaciones psicológicas y los dictámenes del Defensor de Menores coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad emocional de la niña. Según los profesionales, la menor manifestó angustia al hablar sobre sus familiares paternos y expresó su voluntad de no mantener contacto con ellos.
No obstante, la Cámara sugirió que la madre de la niña desbloquee a la abuela paterna en la aplicación de mensajería y mantenga una comunicación respetuosa y limitada a temas generales. El objetivo —según se explicó— es facilitar un canal adulto que permita a la abuela conocer de manera general el estado de su nieta sin vulnerar los límites impuestos por la justicia.
El tribunal también recomendó que la madre continúe con el acompañamiento psicológico de la menor. “El tratamiento traerá beneficios importantes, sobre todo considerando que está próxima a ingresar en la adolescencia”, señaló la sentencia. La responsabilidad de garantizar ese espacio terapéutico recae exclusivamente sobre la madre, quien ejerce el cuidado personal de la niña.
Con esta decisión, la Cámara confirmó la negativa a la revinculación directa y reafirmó que cualquier medida debe priorizar el bienestar emocional de la menor por encima de los intereses de los adultos involucrados.
Una jueza de Familia de Bariloche desestimó una demanda que buscaba extender la obligación alimentaria a los abuelos paternos de una niña. La decisión se basó en que el padre cumple en tiempo y forma con el pago de la cuota y que, según los registros bancarios, incluso transfiere montos superiores a los pactados en un convenio homologado judicialmente.
La presentación había sido realizada por la madre en representación de su hija. Solicitó que los abuelos paternos fueran obligados a aportar de manera conjunta una cuota mensual equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y que, mientras se resolvía el caso, se fijara una cuota provisoria del 60% de ese monto.
En su reclamo, la mujer sostuvo que el padre aportaba solo diez mil pesos mensuales —una cifra que consideró insuficiente— y que no mantenía vínculo con la niña. Afirmó también que los abuelos no mostraban interés y que no se presentaron a la instancia de mediación previa.
Durante el proceso, la Unidad Procesal de Familia pidió a la madre que precisara si el padre tenía dificultades para cumplir con la cuota. Tras esa respuesta, se notificó a los abuelos. El abuelo paterno fue informado por cédula pero no respondió, y la abuela no pudo ser localizada.
El expediente incorporó un informe del Banco Patagonia que detalló pagos mensuales del padre entre febrero y agosto de este año, con montos superiores a los acordados. No se registraron incumplimientos ni constancias de imposibilidad económica.
En base a esas pruebas, la magistrada concluyó que no se daban los supuestos previstos en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que habilita a reclamar alimentos a los abuelos solo cuando el progenitor no cumple o no puede hacerlo.
El fallo dejó sin efecto la cuota provisoria fijada al inicio del proceso a cargo del abuelo y ordenó notificar la resolución al organismo previsional que había sido oficiado para retener parte de sus haberes.
Finalmente, la jueza indicó que, si la madre considera insuficiente el monto que actualmente abona el padre, podrá iniciar un trámite de modificación de la cuota en la vía correspondiente. La sentencia de primera instancia aún no está firme, ya que puede ser apelada.
Catriel vuelve a conmoverse por un hecho de crueldad que golpea a su comunidad rural. La vecina Valentina Quero denunció públicamente el robo, asesinato y faenamiento de sus dos caballos, Tordo y Oda, y su mensaje en redes se multiplicó entre expresiones de apoyo, bronca y reclamos de justicia.
El recuerdo de “Carlitos” y una herida que no cierra
El hecho ocurre apenas un año y unos meses después del crimen de “Carlitos”, el caballo utilizado por la Asociación Civil Kawell Anay para equinoterapia con personas con discapacidad. En ese caso, la justicia dictó prisión preventiva para un hombre acusado de abigeato agravado, tras hallarse restos del animal en su vivienda y confirmarse por cámaras de seguridad su participación en el robo.
Carlitos fue sustraído el 2 de julio de 2024 desde un predio rural de Catriel. Según la investigación, el acusado habría faenado y despostado al caballo, ocultando parte de la carne en un freezer. La jueza de garantías ordenó su detención al considerar que existía riesgo de entorpecer el proceso judicial y de influir en testigos clave. Luego el caso se cerró con el hombre recuperando su libertad.
El caso generó gran repercusión en la localidad por el rol social de Carlitos en terapias con personas con discapacidad. Desde entonces, Catriel no dejó de debatir sobre la faena ilegal de animales, un delito que combina pérdidas afectivas, daños económicos y una sensación creciente de inseguridad rural.
“Esto ya es moneda corriente en mi Catriel”
Ante el nuevo caso, Sergio Retamales, dueño de Carlitos, escribió en redes sociales un mensaje de apoyo a Quero y de fuerte crítica a la impunidad con la que —según denunció— se manejan los responsables del cuatrerismo en la zona.
“Y qué podemos decir, que no anude la garganta y arda en el estómago. Esto pasa más seguido que nunca. Esto ya es moneda corriente en mi Catriel. Los asesinan y sabemos quiénes son los asesinos. Pero qué podemos hacer si somos dos o tres los que denunciamos y vamos por el camino de la ley”, expresó Retamales.
El referente de la Asociación Kawell Anay agregó que “robar y matar caballos es un negocio con todas las letras”, donde no solo intervienen quienes cometen los delitos, sino también cómplices que se benefician. “El cuatrerismo y la impunidad con que se manejan está haciendo que Catriel sea tierra de nadie. Tristemente”, escribió.
Vecinos exigen control y justicia
Los mensajes de Quero y Retamales reflejan un reclamo que se repite: más controles rurales, sanciones efectivas y acción judicial rápida. Catriel, una localidad ligada a la actividad petrolera y ganadera, enfrenta desde hace años la expansión de delitos vinculados al abigeato.
El Código Penal argentino castiga este delito con hasta 10 años de prisión cuando se realiza con violencia o en despoblado, pero los procesos suelen ser lentos y las penas poco visibles para la población. Las organizaciones locales piden que se avance en políticas de prevención y trazabilidad de la carne para cortar el circuito clandestino que alimenta el negocio.
Mientras la investigación avanza, los vecinos insisten en que los casos de Tordo, Oda y Carlitos no queden impunes. La comunidad vuelve a reunirse en torno a un pedido que atraviesa lo afectivo y lo social: justicia para los animales y seguridad para quienes los cuidan.
El debate ya está abierto en redes: cómo frenar el abigeato y recuperar la confianza en la justicia.
Un adolescente de Viedma perdió un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por un agente policial durante un operativo de seguridad. La Justicia contencioso-administrativa consideró que el uso del arma fue desproporcionado y ordenó una indemnización por los daños sufridos.
El hecho ocurrió cuando el joven regresaba a su domicilio junto a su familia, luego de participar en una actividad religiosa. Según consta en el expediente, al advertir la presencia de móviles policiales y un altercado en la vía pública, la familia se refugió dentro de la vivienda. Desde el interior, observaron que uno de los agentes levantó su escopeta y efectuó un disparo por encima del paredón. Uno de los proyectiles impactó en el rostro del adolescente, provocándole la pérdida total de la visión en el ojo derecho y un daño estético permanente.
Las pericias balísticas confirmaron que el disparo se realizó con una escopeta antitumulto cargada con balas de goma, a una distancia menor a la recomendada por el fabricante y sin evidencia de rebote. El informe médico oftalmológico determinó una incapacidad visual del 33 %.
El agente policial negó haber actuado indebidamente y sostuvo que el disparo respondió a una situación de disturbio. Alegó que utilizó el arma conforme a los protocolos vigentes y cuestionó la versión de la familia, asegurando que el joven participó en los incidentes.
El juez, sin embargo, descartó esa hipótesis tras evaluar el conjunto de pruebas. Determinó que el proyectil fue disparado desde la vereda hacia el interior de la vivienda, sin que existiera amenaza alguna que justificara el uso del arma antitumulto. Destacó además que la intervención policial se originó en un llamado al 911 por una persona extraviada, y no en un contexto de desorden público.
“La presencia policial tuvo su origen en un requerimiento asistencial, y no en un operativo ante manifestaciones públicas o situaciones de disturbio”, señala el fallo. En ese marco, el magistrado consideró que el accionar del agente “revela un exceso y desvío de finalidad, contrario a los estándares de necesidad, proporcionalidad y minimización de daños que deben guiar la actuación policial”.
La sentencia reconoce la indemnización al joven por incapacidad sobreviniente, gastos médicos y tratamiento psicológico, además del daño extrapatrimonial. La condena alcanza tanto al agente involucrado como al Estado provincial. En cuanto al reclamo de la madre del adolescente por daño moral, el juez lo rechazó por falta de legitimación en esta instancia.
La causa penal derivada del hecho concluyó con una suspensión del juicio a prueba. En sede civil, la resolución marca un antecedente relevante sobre el uso indebido de armas antitumulto y la responsabilidad estatal en casos de violencia institucional.
Desde la Fiscalía de Catriel confirmaron que se radicaron dos denuncias vinculadas a un incidente ocurrido el martes 7 de octubre en la sede del Tribunal de Cuentas municipal, ubicada dentro del Punto Digital sobre la Avenida San Martín. Una fue presentada por Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal, en la Comisaría 9ª; y la otra por la intendenta Daniela Salzotto, en la Comisaría de la Familia.
Ambas partes reconocieron que se produjo una discusión con gritos e insultos, aunque difieren en quién inició el altercado y qué motivó la tensión. Según fuentes judiciales consultadas por Viento Sur Noticias, el hecho se originó durante una reunión en la que funcionarias municipales solicitaron explicaciones sobre facturas de proveedores y el procedimiento de control administrativo.
Versión del Tribunal de Cuentas
Peñalba denunció que las funcionarias municipales ingresaron al recinto “de manera prepotente e irrespetuosa”, lo que impidió el normal desarrollo de sus tareas. Afirmó que fue increpado por ejercer su rol de control sobre los gastos municipales. “Querían que aprobemos facturas de un proveedor que todavía no cumplió con una obra. No vamos a hacer nada que no corresponda”, sostuvo.
El funcionario también aseguró que alguien grabóparte del encuentro y que presentó el audio ante la Justicia. “Si no hubiera existido esa grabación, hubiera sido víctima de una operación política. No insulté a nadie, ni eché a la intendenta. Es un intento de desprestigiarme”, expresó luego a su entorno cercano.
La versión del Ejecutivo municipal
Desde el entorno de Salzotto aseguran que la intendenta escuchó gritos desde una oficina contigua y se acercó al lugar para intervenir. Según su declaración, presenció malos tratos y agresiones verbales por parte de Peñalba hacia las funcionarias presentes, entre ellas la secretaria de Hacienda y la asesora legal del municipio. Cuando llegó Salzotto al lugar, la situación habría escalado y Peñalba habría echado a la intendenta del lugar, lo que provocó una reacción de reclamo por parte del resto de las funcionarias. Desde el oficialismo informaron que la jefa comunal “debió ser asistida por una descompensación” luego del episodio.
El bloque de concejales del Frente de Acción Vecinal, fuerza oficialista, emitió un comunicado de respaldo a Salzotto, en el que expresó su “repudio al hecho de violencia y maltrato” y exigió celeridad a la Justicia. También remarcaron que “el respeto a la investidura y a la persona es innegociable” y que las diferencias políticas deben resolverse “por vías institucionales y con diálogo”.
Malestar en el ámbito judicial
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron su preocupación por el tono del conflicto y por el hecho de que se haya judicializado un enfrentamiento político. “Se pelean como chicos y usan la Justicia para resolver cuestiones que son políticas. Es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Tienen que demostrar estar a la altura del cargo que ocupan”, dijo una funcionaria judicial. Otra fuente fue más prudente, pero coincidió en que la disputa “debería resolverse con diálogo institucional y no mediante denuncias que sobrecargan al sistema judicial”.
Un conflicto de larga data
El enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas viene acumulando tensiones desde hace meses. Desde el municipio se cuestiona que el órgano de control realiza observaciones excesivasque obstaculizan la gestión, mientras que desde el Tribunal se sostiene que su función es “garantizar la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos”.
El último episodio que profundizó el desencuentro fue la autorización de pagos anticipados por parte del Ejecutivo para la Fiesta del Petróleo, mediante una resolución firmada por Daniela Salzotto y la secretaria de Economía y Finanzas, Marisa Pérez. La medida permite realizar desembolsos sin la intervención previa del Tribunal de Cuentas, aunque con control posterior, argumentando razones de “oportunidad económica” ante la volatilidad de precios en contrataciones artísticas y técnicas.
Desde el Tribunal consideraron que la resolución contradice el espíritu de la Carta Orgánica, que establece la intervención obligatoria del órgano de control antes de toda erogación. El tema sigue generando debate político e institucional en la ciudad.
Previo a ese episodio, desde el Ejecutivo se impulsó un proyecto en el Concejo para que se exija acreditar idoneidad a los integrantes del Tribunal para el puesto que ocupan. El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista, pero hasta el momento no se implementó porque el Tribunal desconoce esa facultad del Deliberante. Aseguraron que debió realizarse en tiempo y forma y no una vez iniciada la función de los integrantes.
Un llamado al diálogo
El conflicto dejó expuesta la falta de canales efectivos de comunicación entre los distintos poderes locales. Desde distintos sectores comunales, judiciales y políticos se insistió en que “las diferencias deben resolverse con madurez y respeto a la institucionalidad” para evitar que la disputa afecte el funcionamiento del municipio.
