La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El imputado frente al Tribunal Colegiado reconoció haber cometido los hechos ocurridos a en el 2022, cuando tuvo en su poder fotos e imágenes relacionadas con la temática de abuso infantil, que distribuyó por medios electrónicos en redes sociales.
“La práctica fue denunciada por Google a través de la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), quien posee un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con este Ministerio”, explicó la fiscalía en la audiencia celebrada hoy.
La calificación legal por la cual el hombre reconocidó ser autor es la de “tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal entre si”, según los Artículos 128 párr. 1, 2 y 3; 45 y 54 del Código Penal con afectación de la Ley 26.061 acerca de la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre la prueba enunciada por los fiscales se encuentran los reportes del NCMEC, del Cuerpo de Investigación Judicial de Choele Choel, el allanamiento realizado en la casa del imputado, donde se secuestraron dos celulares, dos tarjetas de memoria, una notebook, una computadora de escritorio, pendrives, un modem. Además el informe fotográfico del Gabinete de Criminalística, los informes de extracción forense concretados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de nuestra provincia, las pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) respecto de las imágenes, la intervención de la psicóloga del CIF.
El Juzgado de Paz de Catriel resolvió imponer una prohibición de acercamiento y de hostigamiento contra un hombre, en el marco de una denuncia presentada el pasado 4 de octubre de 2025 ante la Comisaría de la Familia.
La decisión judicial, dictada el 6 de octubre, busca proteger la integridad física y emocional de una menor de edad y ratifica una orden preventiva telefónica emitida el mismo día de la denuncia.
De acuerdo con la resolución (Expediente CA-00673-JP-2025), el denunciado deberá mantenerse a una distancia no menor a 500 metros de la niña y de su domicilio, así como de los lugares que frecuente, sean públicos o privados. También deberá abstenerse de realizar actos de hostigamiento o comunicación por cualquier medio, según lo previsto en el artículo 27, inciso D, de la Ley 3040 de Protección Integral contra la Violencia.
El Juzgado de Paz dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que continuará con la evaluación del contexto familiar y las condiciones de resguardo de la menor.
La medida regirá hasta que el Juzgado de Familia que resulte sorteado disponga su continuidad o modificación. Ambas partes fueron notificadas de que deberán contar con patrocinio letrado durante la sustanciación del proceso, pudiendo recurrir a la Defensa Pública en caso de no disponer de abogado particular.
El fallo forma parte de las medidas de protección inmediata previstas ante situaciones de riesgo o presunta violencia familiar, con el objetivo de garantizar la seguridad de la menor mientras avanza la investigación judicial.
El Juzgado de Paz de Catriel, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial, dictó una medida de restricción de acercamiento contra un hombre, tras una denuncia presentada el 2 de octubre de 2025 por una mujer en la Comisaría de la Familia de la ciudad.
La decisión, emitida el 6 de octubre de 2025 mediante la sentencia interlocutoria N°285, ratifica la orden telefónica de protección que había sido dispuesta de manera urgente el mismo día de la denuncia, ante la existencia de una situación de riesgo para la víctima.
De acuerdo con el fallo, el denunciado tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la denunciante, su vivienda o cualquier lugar donde ella se encuentre, tanto en espacios públicos como privados. Además, deberá abstenerse de realizar actos de hostigamiento o contacto por cualquier medio, conforme lo establecido en el artículo 27 inciso D de la Ley Provincial N° 3040, de protección integral contra la violencia familiar.
El juzgado dispuso también dar intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), debido a la presencia de una menor involucrada en el contexto de la denuncia.
La resolución indica que la medida tendrá vigencia hasta que el Juzgado de Familia que resulte competente determine su continuidad o modificación, y recuerda que ambas partes deberán contar con patrocinio letrado, pudiendo solicitar asistencia a la Defensa Pública.
El caso se enmarca en las actuaciones habituales del Juzgado de Paz de Catriel, que actúa en la primera respuesta ante denuncias por violencia familiar o de género, aplicando medidas preventivas urgentes orientadas a resguardar la seguridad y el bienestar de las personas denunciantes mientras se desarrolla la investigación judicial.
El Foro de Jueces de Cipolletti dictó el sobreseimiento de un hombre acusado por su presunta participación en el robo de elementos deportivos pertenecientes al Catriel Rugby Club, ocurrido en marzo de 2023. La decisión se tomó el pasado 5 de septiembre de 2025, luego de que la Fiscalía confirmara el cumplimiento total de un acuerdo de reparación económica alcanzado durante el proceso.
Según consta en la resolución judicial (expediente MPF-CA-00377-2023), el hecho se había registrado entre las 22:15 del 15 de marzo y las 8:40 del 16 de marzo de 2023, cuando desconocidos ingresaron a las instalaciones del club, ubicadas en una zona despoblada al sur de Catriel, y sustrajeron indumentaria y equipamiento deportivo.
El 6 de abril de 2023, personal policial de Plottier secuestró en un domicilio una importante cantidad de prendas marca Vlack —entre shorts, calzas, musculosas, remeras y accesorios— además de un bolso deportivo y un palo de hockey. Todo el material fue reconocido por el presidente del Catriel Rugby Club, quien confirmó que pertenecía a la institución.
En base a la investigación, la Fiscalía a cargo de la Dra. Analía Díaz formuló cargos contra el hombre en noviembre de 2023, imputándole haber recibido los elementos robados “en condiciones que podía sospechar que provenían de un delito”.
Meses después, en diciembre de 2024, las partes acordaron una salida alternativa bajo el criterio de oportunidad, previsto en el Código Procesal Penal (arts. 96 y 155). El imputado se comprometió a realizar presentaciones mensuales ante el Juzgado de Paz de Plottier, mantener la prohibición de acercamiento al Catriel Rugby Club y pagar una suma en diez cuotas destinada a reparar el perjuicio ocasionado.
En la última audiencia, la Fiscalía informó que el imputado cumplió con todas las obligaciones del acuerdo, y que no registra nuevos antecedentes. Por ese motivo, solicitó el sobreseimiento, al considerar que el conflicto penal había sido resuelto y que no se afectaba el interés público.
La jueza Sonia Mariel Martín resolvió sobreseer definitivamente al involucrado, declarando además que la tramitación del proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.
El fallo pone fin a una causa que se originó a partir de un robo que había generado preocupación en el ámbito deportivo local, y sienta un precedente sobre la aplicación de mecanismos de reparación alternativa en casos donde el daño material logra ser resarcido y las condiciones legales se cumplen en su totalidad.
La Fiscalía de Catriel confirmó que todavía resta realizar el estudio histopatológico en el marco de la investigación por la muerte de Mariluz Rodríguez, la mujer de 42 años que falleció el pasado 20 de septiembre luego de una cesárea en el hospital Cecilia Grierson.
La Fiscalía de Catriel informó que el análisis ya fue solicitado, pero que aún no se concretó. Recién una vez que se cuente con esos resultados se podrán comunicar avances respecto a la causa, que continúa caratulada como “muerte dudosa”.
En la autopsia preliminar, realizada en la morgue judicial de General Roca, se consignó que la paciente presentaba un edema pulmonar y un trauma abdominoperinial. Estos hallazgos serán clave para determinar si existieron errores en la cirugía o en los controles posteriores.
Rodríguez había ingresado al hospital el 20 de septiembre para una cesárea y, de manera simultánea, se le practicó una ligadura de trompas. Según el director del centro de salud y ginecólogo a cargo de la intervención, Alberto Bellido, la operación se realizó “con normalidad y sin complicaciones”. La mujer falleció horas después en su habitación, pese a los intentos de reanimación.
Mientras tanto, se confirmó que el bebé nació en buen estado de salud y se encuentra bajo el cuidado de familiares.
La investigación continuará en las próximas semanas, a la espera de los estudios complementarios y de las nuevas medidas de prueba que disponga la fiscalía.
El fuero de Familia de Roca determinó la paternidad de dos menores y ordenó que lleven el apellido de su padre biológico, quien nunca los reconoció voluntariamente ni colaboró con el proceso judicial.
La causa comenzó tras la demanda de filiación extramatrimonial presentada por la madre, que relató que conoció al hombre en la secundaria y que tuvieron dos hijos en común. Pese a sus reiterados pedidos, nunca logró que él los reconociera en el Registro Civil.
En el expediente se constató que el hombre fue notificado en varias oportunidades, pero no asistió a las audiencias ni aceptó realizar la prueba genética. Esa actitud fue considerada por la jueza como un indicio grave en su contra.
La magistrada subrayó que el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes está protegido por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa provincial. Remarcó, además, que el demandado tenía pleno conocimiento de la existencia de los niños y de la acción judicial en curso.
Con la sentencia firme, se ordenó que los dos hijos lleven el apellido paterno. La madre, en su presentación, señaló que el hombre nunca construyó un vínculo afectivo ni cumplió con sus obligaciones, y que ella se hace cargo sola de la crianza y los gastos.
En una audiencia realizada en Cipolletti se debatieron las medidas cautelares en la investigación por presuntas estafas vinculadas a viajes educativos al exterior. El caso involucra a una docente de inglés de Catriel y a un familiar suyo.
La querella particular solicitó la prisión preventiva, pero la jueza de Garantías rechazó el planteo por no encontrar fundamentos que justificaran la medida más gravosa prevista en el Código Procesal Penal de Río Negro.
El abogado defensor cuestionó con firmeza el pedido, señalando que el querellante había anticipado públicamente en distintos medios que solicitaría la prisión preventiva.“Si realmente existiera un riesgo de fuga, esa exposición previa habría sido contraproducente al alertar a la persona investigada”, argumentó. Para la defensa, este gesto demostró que el planteo tuvo más un fin mediático que procesal, buscando espectacularidad antes que resguardar el proceso.
El Ministerio Público Fiscal se diferenció de la querella y propuso una alternativa: presentaciones semanales en la comisaría, junto con la prohibición de salida del país.
La defensa también objetó las restricciones de movimiento, argumentando que la imputada desarrolla actividades laborales que requieren traslados internacionales. Limitar esa posibilidad, indicó, afectaría su capacidad de afrontar compromisos civiles vinculados al mismo caso.
La jueza finalmente resolvió una medida intermedia:dispuso la prohibición de salida del país con la posibilidad de solicitar autorización para viajes laborales, fijó una caución de 70 mil dólares y ordenó la inhibición general de bienes. En cambio, rechazó el pedido de embargo económico formulado por la querella.
Con esta resolución, la investigación continuará bajo medidas cautelares que garantizan la sujeción al proceso, sin avanzar en la privación de libertad solicitada inicialmente.
Una jueza de Cipolletti se apartó de garantías procesales en una audiencia por presuntas estafas vinculadas a paquetes turísticos internacionales. La investigación alcanzó a una profesora de inglés de Catriel y a un familiar suyo. Durante el trámite judicial, la magistrada impidió al defensor interponer un recurso de revocatoria, restringió intervenciones de las partes y cerró la instancia sin dar la palabra a los imputados.
La magistrada rechazó que el abogado de la defensa ejerciera la revocatoria prevista en el artículo 223 del Código Procesal Penal. Ese mecanismo, aunque poco utilizado, permite a la parte afectada solicitar en la misma audiencia la revisión de una decisión adoptada por el propio juez. Se trata de una herramienta legal destinada a reforzar el derecho de defensa.
La jueza fundamentó su negativa en que ya disponía de “demasiada” información y expresó su malestar por lo que consideró un “ida y vuelta” excesivo entre las partes. De esa manera, el defensor quedó sin la posibilidad de plantear su recurso.
La tensión continuó en otros pasajes de la audiencia. Antes de dar por formulados los cargos, interrumpió al querellante particular y lo apuró con la frase: “Por favor, sea breve, porque me dicen que son breves y no paran de hablar”. Finalmente, resolvió sin escuchar previamente a los imputados, quienes declararon después de conocer la resolución, siguiendo la recomendación de la defensa.
El trámite se extendió por casi tres horas, un tiempo poco habitual para una formulación de cargos. Tras un cuarto intermedio, la jueza se dirigió al público y dispuso que nadie ingresara ni se retirara mientras la audiencia estuviera en curso: “Acá no es entrar y salir cuando quieran”, señaló en voz alta.
Según la acusación fiscal, la investigación gira en torno a una presunta operatoria internacional en la que se habrían ofrecido viajes educativos y paquetes turísticos que no se cumplieron en las condiciones pactadas. Varias personas denunciaron perjuicios económicos significativos.
La defensa, en tanto, remarcó que la docente investigada cuenta con una trayectoria de más de dos décadas organizando viajes sin inconvenientes, y que ella misma se encuentra entre las afectadas por la maniobra. Explicó que, al igual que otros damnificados, abonó de buena fe su propio viaje, que incluso utilizó ahorros personales y tarjetas de crédito para auxiliar a pasajeros varados, y que durante años anteriores los viajes se realizaron con normalidad.
Como medida cautelar, la jueza dispuso presentaciones periódicas en la comisaría más cercana, la prohibición de contacto con denunciantes, la inhibición general de bienes y una caución económica, además de la prohibición de salir del país.
No es la primera vez que la magistrada enfrenta cuestionamientos. En causas previas ya había sido apartada o recusada tras decisiones polémicas. En 2023, Rita Lucía pidió su propia recusación en el caso del femicidio de Otoño Uriarte, al reconocer que había intervenido como fiscal en el hallazgo del cuerpo en 2007. Durante una feria judicial omitió esa información y llegó a dictar medidas en el expediente antes de apartarse.
En otros procesos también protagonizó episodios cuestionados. En la causa por abuso sexual contra el fallecido sindicalista Rubén López se retiró en medio de la indagatoria contra el exlegislador de Juntos Somos Río Negro. La por entonces funcionaria del Ministerio Público alegó que estaba descompuesta y dejó procedimiento. Ocurrió en 2017 con el antiguo Código Procesal que funciona con juzgados de Instrucción. La jueza de la causa dejó constancia en el acta sobre el comportamiento de la funcionaria.
La actuación en esta audiencia vuelve a poner bajo observación el modo en que la magistrada conduce procesos judiciales. Sus resoluciones, adoptadas en instancias clave, restringieron la participación de las partes y reabren el debate sobre los límites del debido proceso y el respeto a las garantías judiciales.
Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18 horas, la Plazoleta de la Familia ubicada en la confluencia de Av. San Martín y Roca será escenario de una nueva concentración bajo la consigna “Ni quietas ni solas, ni una menos”, en repudio al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
El caso conmocionó al país: las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, habían desaparecido el viernes pasado y fueron encontradas asesinadas este miércoles en una vivienda del conurbano bonaerense. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el crimen fue cometido por una banda vinculada al narcotráfico, en un hecho que expone la dimensión extrema de la violencia de género en contextos atravesados por el crimen organizado.
Hay cuatro personas detenidas por «homicidio agravado» y en la investigación se habla de otros responsables, que forman parte de un grupo narcotraficante transnacional.
Colectivos de mujeres convocaron a marchas en todo el país para pedir justicia: las primeras movilizaciones fueron en La Tablada, en el partido de La Matanza –de donde eran las jóvenes–, en La Plata y en Plaza Flores, barrio porteño en donde trabajaban. Durante la tarde, además, dos hombres dispararon contra la casa de Lara, según denunció su familia a la policía.
Morena, Brenda y Lara estaban desaparecidas desde el viernes pasado a la noche, y sus familias presentaron la denuncia el sábado. Según la reconstrucción que hizo la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, que lleva adelante la investigación, las víctimas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca el viernes alrededor de las 21:30 en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada –en el cruce de las avenidas Monseñor Bufano y Crovara– del municipio de La Matanza. Una cámara de seguridad registró el momento en que las tres jóvenes entraron a la camioneta. El resultado de las autopsias confirmó que fueron asesinadas el mismo viernes, y luego enterradas.
La principal hipótesis de la fiscalía –cuyo titular es Gastón Duplaá– es que se trataba de un ajuste de cuentas con este grupo narco, y por tal motivo interviene también en la causa la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Alonso precisó, además, que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Dos de los detenidos en el marco de la investigación.
Una respuesta nacional y regional
La convocatoria de Ni Una Menos se replicará este fin de semana en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, miles de personas marcharon este miércoles a Plaza Flores bajo la consigna “¡Fue triple femicidio! Justicia por Brenda, Lara y Morena”.
“Hoy hay tres menos. Hoy hay tres familias que están rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que esto no le pasa a cualquiera. Les pasa a las pobres. Son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional. Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. ¡Justicia para las compañeras y que no pase más!”, dijo Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR, frente a la multitud que formó una ronda en el centro de la Plaza Flores.
Orellano continuó: “Justicia es que tomemos la calle y que el feminismo vuelva a hacer carne en la agenda la transversalidad de lo que le pasa a las personas pobres. Pongan el cuerpo, muchachas. Salgan de las redes”.
En la Patagonia y la región, también se confirmaron manifestaciones en plazas y espacios públicos. En Catriel, además de la concentración, las organizaciones feministas anticiparon que se informará sobre la preparación para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se realizará en noviembre en Corrientes. “Necesitamos transformar la rabia en lucha, y hacerlo juntas”, señalaron desde la campaña local.
El mapa de los femicidios en la Argentina
Los datos oficiales muestran la persistencia de la violencia letal contra mujeres y disidencias. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 hubo 228 víctimas directas de femicidio, lo que equivale a una cada 39 horas.
La ONG La Casa del Encuentro contabilizó además 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco.
Si bien la mayoría de los casos se produce en contextos de pareja o expareja, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) advirtió que también se registran femicidios vinculados al crimen organizado, a la trata de personas y a otros escenarios de vulnerabilidad, lo que los vuelve aún más invisibilizados.
Recursos y acompañamiento en Catriel
En la ciudad, las personas que atraviesen situaciones de violencia de género pueden comunicarse con la Subsecretaría de Género, Igualdad y Diversidad (SubsMID), que dispone de una guardia activa las 24 horas al 299 556 0206 o acercarse a su sede en Reconquista 153.
La SubsMID brinda atención psicológica, asesoramiento legal, acompañamiento integral y articulación con el Poder Judicial, SENAF, salud pública y fuerzas de seguridad. También funciona allí el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV).
Además, la Comisaría de la Familia (Juan Benigar 929) atiende de manera permanente en el teléfono 299 576 9055.
En un operativo de prevención realizado este lunes en Catriel, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) secuestró una motocicleta que presentaba dos pedidos de secuestro vigentes en la provincia de Neuquén.
El procedimiento se concretó alrededor de las 19.30 horas, tras una alerta por dos motos que realizaban maniobras peligrosas y corrían picadas en el acceso sur de la ciudad. Los efectivos lograron interceptar a uno de los rodados a la altura del Club Hípico.
El conductor, un adolescente, no contaba con la documentación correspondiente. Al verificar los números de motor y chasis, el sistema confirmó que la motocicleta tenía denuncias por robo: una emitida por la Comisaría 20 y otra por la Comisaría 18 de Neuquén capital.
Con la presencia de testigos, se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado a la Unidad Novena de Catriel. El rodado quedó a disposición de la Fiscalía local, que llevará adelante las actuaciones judiciales correspondientes.
Desde la fuerza policial recordaron que este tipo de controles forman parte de las tareas de prevención habituales en el ejido urbano, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y evitar delitos asociados al uso de vehículos con pedido de secuestro.
