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“¿Van a decir que miento?”: Cofré redobló la apuesta y pidió explicaciones por la desafectación de una reserva fiscal para una empresa

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“¿Van a decir que miento?”. Con esa frase, la concejala Elizabeth Cofré volvió a encender la discusión en Catriel al anticipar un nuevo planteo que llegará al Concejo Deliberante en la próxima sesión.

Según expresó en sus redes sociales, incorporó por interbloque un pedido de informe al Poder Ejecutivo Municipal vinculado a actuaciones administrativas relacionadas con la desafectación de una reserva fiscal para la empresa Deinos SRL.

El anuncio se dio en el marco de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se definieron los temas que se tratarán este viernes. Entre ellos, Cofré destacó que hay varios puntos en agenda —como la ordenanza fiscal 2026 y nuevos proyectos—, pero advirtió que hay uno que “no pasa desapercibido”.

“No es un tema menor. Estamos hablando de información que el Ejecutivo tiene que explicar”, sostuvo, de acuerdo a su publicación.

En ese contexto, la concejala planteó que su intervención apunta a garantizar transparencia en decisiones que, según señaló, impactan sobre bienes públicos. “Hay decisiones que impactan directamente en el patrimonio de todos los catrielenses… y hay cosas que la comunidad tiene derecho a saber”, afirmó.

Cofré también se refirió al alcance de su postura frente al tema. “No voy a acusar a nadie sin pruebas, pero cuando las pruebas aparecen siempre las voy a mostrar”, expresó, y agregó: “los vecinos tienen derecho a saber la verdad”.

El planteo se suma a un escenario de debate en torno a la gestión de tierras públicas en la ciudad, en el que distintos sectores vienen expresando posiciones sobre el uso y la administración de reservas fiscales.

Por el momento, el pedido de informe deberá ser tratado en la sesión prevista para este viernes, donde se definirá si avanza y qué respuestas deberá brindar el Ejecutivo.

La discusión sigue abierta.

Violencia en una liga petrolera de Catriel: Iban a jugar al fútbol y terminaron a las trompadas con el árbitro

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Lo que empezó como un partido más terminó en una escena de violencia que ahora llegó a la Justicia. Tres futbolistas fueron imputados en Catriel por atacar al árbitro y al juez de línea durante un encuentro de una liga local vinculada a empresas petroleras.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2025, cerca de las 15:20, en plena disputa entre los equipos Transporte Hernández y Medanito.

Todo se desató cuando el árbitro decidió expulsar a un jugador tras una agresión previa contra el juez de línea. La sanción no frenó el conflicto: lo escaló.

Según la acusación fiscal, otro jugador del mismo equipo se sumó inmediatamente y le dio un golpe de puño en el rostro al árbitro, acompañado de insultos. La situación se volvió aún más grave segundos después. El árbitro recibió otro golpe en la nuca, cayó al suelo y, mientras estaba arrodillado, fue alcanzado por una patada en el cuerpo, lo que le provocó una lesión en la boca.

El juez de línea, que intentó intervenir para defender a su compañero, también fue blanco de la violencia. Uno de los jugadores le dio un golpe de puño en el pómulo izquierdo, lo que hizo que cayera y se golpeara contra el suelo, sufriendo una lesión en esa zona.

Las lesiones de ambos fueron certificadas como leves, con un tiempo de curación menor a 30 días, pero el episodio dejó expuesto un nivel de violencia que excede lo deportivo.

La causa avanzó este miércoles en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscalía de Catriel formuló cargos contra los tres hombres por el delito de lesiones leves en el contexto de un espectáculo deportivo, en calidad de autores. Un dato clave: el defensor oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formalizada la imputación y habilitó la apertura de la etapa penal preparatoria por cuatro meses, período en el que se reunirán pruebas para definir el rumbo del caso.

El partido terminó hace meses. Pero lo que pasó dentro de la cancha ahora se juega en otro terreno: el judicial. Y todavía no está definido cómo termina.

Amenazas de tiroteos en escuelas de Catriel: advierten que pueden terminar en causas penales desde los 14 años

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No fue un mensaje aislado. Tampoco quedó en un grupo. En los últimos días, frases sobre supuestos tiroteos empezaron a circular entre estudiantes de escuelas secundarias de Catriel y encendieron una alarma real.

Lo que para algunos fue una “joda”, para otros generó miedo. Y para las autoridades, activó protocolos. La reacción no tardó: desde Educación difundieron un mensaje claro y sin matices. No es un juego. Es un delito.

Los textos que se viralizaron incluían advertencias como “mañana hay tiroteo en la escuela”, “no se salva nadie” o “voy a ir armado”. Aunque no haya un plan concreto detrás, el solo hecho de difundirlos puede derivar en consecuencias legales.

Según explicaron, estas conductas pueden encuadrarse como intimidación pública, amenazas o apología del delito, y alcanzan a jóvenes desde los 14 años, edad en la que -desde septiembre proximo- ya existe responsabilidad penal en Argentina.

Pero el punto más fuerte del mensaje es otro: no solo responde quien escribe. También puede quedar involucrado quien comparte. En ese circuito, lo que sigue no es virtual: puede haber intervención policial, identificación del autor, secuestro de celulares y citaciones a las familias.

El caso también dejó expuesto cómo funcionan estas cadenas. Un mensaje se reenvía, alguien lo toma como cierto, el miedo escala y el sistema responde. En ese proceso, la intención queda en segundo plano. “No importa si era broma. La ley no distingue cuando se genera pánico”, remarcaron.

Frente a este escenario, el pedido fue directo: cortar la circulación. No reenviar, no amplificar y avisar a adultos o autoridades ante cualquier contenido de este tipo.

Porque en contextos como este, lo que empieza como un mensaje más puede escalar rápido. Y cuando eso pasa, las consecuencias dejan de ser virtuales.

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.

No pagó la cuota alimentaria y la Justicia lo frenó: no puede salir del país, manejar y ahora van por su dinero digital

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La decisión fue directa y sin margen: un hombre quedó inhabilitado para salir del país y conducir por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos. Pero eso fue solo el comienzo. La Justicia fue más allá y activó un mecanismo cada vez más frecuente: rastrear su dinero en plataformas digitales para intentar cobrar una deuda que ya supera los 7 millones de pesos.

El caso se tramita en una Unidad Procesal de Familia de Bariloche, donde se dictó una sentencia monitoria tras constatar que el progenitor acumuló la deuda durante meses sin realizar los pagos correspondientes. Frente a ese escenario, la jueza avanzó con una batería de medidas para forzar el cumplimiento.

Además de prohibirle salir del país y ordenar la retención de su licencia de conducir, el fallo puso el foco en sus finanzas digitales. Se enviaron oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas, movimientos y posibles saldos que puedan ser embargados. El objetivo es claro: detectar cualquier ingreso oculto o disponible que permita cubrir la deuda.

La investigación no quedó ahí. El expediente también reveló obstáculos en el proceso: la empresa donde trabaja el hombre no respondió a los requerimientos judiciales para informar sobre posibles retenciones salariales. Esa falta de datos impidió conocer si existían descuentos o embargos previos.

Ante esa situación, la Justicia endureció su postura. Se le dio a la empleadora un plazo de cinco días para responder, bajo apercibimiento de una multa diaria en caso de incumplimiento.

La información es clave para avanzar en la ejecución del crédito alimentario.

En paralelo, se ordenó consultar al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el deudor tiene participación en herencias. Si aparecen derechos hereditarios a su favor, también podrán ser alcanzados por la ejecución.

Las medidas se enmarcan en las facultades de los juzgados de familia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

En este caso, la estrategia fue clara: cerrar todas las salidas posibles —del país, del volante y del sistema financiero— hasta que la deuda se pague.

Buscan evitar que familias tengan que ir a la Justicia para escolarizar a chicos con TEA en Río Negro

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En Río Negro, conseguir una vacante escolar para un chico con discapacidad no siempre es un trámite más.

En muchos casos, termina en la Justicia.

Ese es el punto de partida de un proyecto presentado en la Legislatura que busca cambiar esa situación y garantizar, en la práctica, el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras diversidades cognitivas.

Según el proyecto impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN), la propuesta apunta a modificar la Ley de Educación 4819 para eliminar barreras que —de acuerdo a los fundamentos— todavía persisten dentro del sistema educativo.

Uno de los cambios centrales es la creación de un Registro Público de Vacantes, que obligaría a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, a publicar de manera actualizada la disponibilidad de cupos por grado.

La medida, según lo planteado, busca transparentar el acceso y evitar situaciones en las que las familias no obtienen respuestas claras o enfrentan rechazos sin justificación.

De acuerdo a lo expuesto en el proyecto, estas dificultades no responden únicamente a cuestiones administrativas, sino también a barreras institucionales y culturales que terminan limitando el derecho a la educación.

Otro eje clave es la formación obligatoria en discapacidad y TEA para todo el sistema educativo. La iniciativa propone que estas capacitaciones sean gratuitas y formen parte de las responsabilidades de los trabajadores de la educación.

El objetivo, según se detalla, es avanzar hacia entornos escolares que no solo integren, sino que realmente incluyan.

Además, el proyecto plantea mayores exigencias para las instituciones privadas. Para mantener su reconocimiento oficial, deberán demostrar que sus reglamentos de admisión no contradicen principios de inclusión.

Esto implicaría, en la práctica, un mayor control sobre posibles restricciones o condiciones de ingreso.

El contexto no es menor.

Según expresó el legislador Pica, a pesar de que existe un marco legal que reconoce estos derechos, muchas familias todavía deben recurrir a instancias judiciales para que se cumplan.

En ese sentido, el proyecto toma como referencia fallos recientes que plantean que el problema no está en la discapacidad, sino en los obstáculos que impone el entorno.

Por ahora, se trata de una iniciativa en etapa legislativa.

Pero abre una discusión que excede lo técnico.

Porque más allá de la ley, la pregunta sigue siendo concreta: si el sistema educativo está preparado para incluir… o si todavía obliga a muchas familias a pelear por un derecho básico.

Buscan limitar celulares e inteligencia artificial en escuelas de Río Negro: qué cambiaría en las aulas

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El uso del celular en el aula —y ahora también de la inteligencia artificial— podría cambiar de forma significativa en Río Negro.

Un proyecto presentado en la Legislatura propone establecer reglas claras sobre cuándo, cómo y para qué se pueden usar dispositivos digitales y herramientas tecnológicas en las escuelas.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI), busca —según el texto oficial— ordenar un escenario que hoy crece sin regulación: el uso cotidiano de celulares, aplicaciones e inteligencia artificial por parte de estudiantes.

En términos concretos, el proyecto plantea límites claros.

En los niveles Inicial y Primario, los alumnos no podrían utilizar dispositivos personales durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales autorizados. En el Nivel Secundario, el uso del celular quedaría restringido únicamente a situaciones en las que el docente lo habilite con fines pedagógicos.

Pero el punto más novedoso está en la inteligencia artificial.

Según el proyecto, se prohibiría su uso cuando reemplace de manera generalizada la producción de los estudiantes o impida a los docentes verificar si realmente hubo aprendizaje. También se limitaría en casos donde pueda afectar evaluaciones, vulnerar datos personales o generar situaciones de acoso o discriminación.

Además, se establecen restricciones específicas sobre la grabación o difusión de imágenes y audios dentro de las escuelas, que solo podrían realizarse con autorización institucional y consentimiento.

Desde la fundamentación, se aclara que la intención no es prohibir la tecnología, sino regularla. “No se trata de restringir el acceso, sino de ordenar su uso bajo criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos”, señala el proyecto.

El planteo surge en un contexto donde el uso intensivo de dispositivos en el aula genera preocupación. Según se cita en la iniciativa, informes de organismos internacionales como UNESCO y OCDE advierten que el uso sin control de tecnología puede impactar negativamente en el rendimiento académico, especialmente en áreas básicas.

El proyecto también apunta a problemas concretos que ya se registran en las escuelas, como la distracción en clase, el acceso a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso.

Por ahora, se trata de una propuesta legislativa que deberá avanzar en su tratamiento y debate dentro de la Legislatura.

Pero la discusión ya está planteada.

Hasta dónde regular el uso de la tecnología en el aula, y cuánto espacio dejar a una herramienta que, para muchos, ya forma parte natural del aprendizaje.

Más de 150 chicos jugaron un torneo en Catriel que vuelve a poner en foco el rol del deporte en los barrios

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Más de 150 niños y niñas participaron de un encuentro de fútbol infantil en Catriel que tuvo como eje el juego, el compañerismo y la integración.

La actividad se desarrolló en el predio de la Escuela Municipal Roma, con la participación de distintas escuelas de fútbol de la ciudad.

Según lo informado oficialmente, el evento contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, quien acompañó la jornada junto a organizadores y familias.

El encuentro fue impulsado por la Escuela de Fútbol Roma y se enmarca en una serie de actividades que buscan fortalecer el deporte como herramienta de inclusión social.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios para el desarrollo de las infancias, no solo desde lo físico sino también en términos de valores y construcción comunitaria.

Este tipo de iniciativas cobra relevancia en un contexto donde el acceso al deporte puede marcar una diferencia en la vida cotidiana de muchos chicos.

En ese escenario, el desafío pasa por sostener estas propuestas en el tiempo y ampliar su alcance a más sectores de la ciudad.

Vuelven las sanciones a las escuelas de Río Negro: un proyecto pone en la mira el ausentismo y el bullying

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El esquema actual de convivencia escolar en Río Negro quedó bajo fuego y un nuevo proyecto busca cambiarlo de raíz. Con críticas directas a la normativa vigente, legisladores impulsan una reforma que vuelve a instalar sanciones concretas frente al ausentismo y los conflictos dentro de las aulas.

La iniciativa apunta a derogar una resolución clave que, según sus autores, dejó a las escuelas sin herramientas reales para enfrentar situaciones críticas. “Se debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”, sostienen, al tiempo que advierten sobre un aumento de las inasistencias y casos de violencia escolar.

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la vuelta de un límite estricto: hasta 25 faltas justificadas o 20 en total. Superado ese número, el estudiante perderá la regularidad y no podrá promocionar de forma directa. Además, tres llegadas tarde o retiros anticipados contarán como una falta, lo que endurece el control diario.

Pero el foco no está solo en la asistencia. El proyecto también reconfigura el sistema disciplinario en un contexto marcado por denuncias de bullying, agresiones y conflictos dentro de las escuelas. Se establecen tres niveles de inconducta —leves, graves y muy graves— con consecuencias que van desde llamados de atención hasta suspensiones de hasta 10 días.

En los casos más delicados, como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, incluso se contempla la posibilidad de reubicar al estudiante en otra institución. Un dato que no pasa desapercibido: cada dos amonestaciones se transformarán en una inasistencia injustificada, impactando directamente en la permanencia escolar.

Según los impulsores, el sistema no busca expulsar a los alumnos, sino corregir conductas. Por eso, junto a las sanciones, se plantean medidas de reparación como tareas comunitarias, talleres reflexivos o disculpas formales. “No es un enfoque punitivo, sino formativo”, remarcan.

El proyecto ya ingresó en la Legislatura y abre una discusión de fondo: hasta dónde deben llegar las sanciones en la escuela y si endurecer las reglas es la respuesta frente a problemas que, para muchos, exceden el aula.

Las próximas semanas serán clave. Porque detrás de este cambio hay algo más que una norma: se juega el modelo educativo que Río Negro quiere sostener.

El día que casi trasladan la Capital del país a Río Negro y por qué el tema vuelve a hablarse ahora en la Legislatura de Río Negro

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Hubo un momento en la historia argentina en el que la Capital Federal pudo haber dejado Buenos Aires.

No es una teoría ni una idea reciente. Fue un proyecto concreto, impulsado en 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que proponía trasladar el centro político del país al sur, al eje Viedma–Carmen de Patagones–Guardia Mitre.

La iniciativa no solo se anunció: llegó a convertirse en ley. La Ley Nacional 23.512 formalizó ese plan que buscaba cambiar la lógica histórica de concentración en Buenos Aires y redistribuir el poder territorial.

Pero nunca se concretó.

Cuatro décadas después, esa idea vuelve a aparecer, aunque en otro formato.

Según lo informado por la Legislatura de Río Negro, se lanzó el concurso de ensayos “Argentina Descentralizada: 40 años después”, una convocatoria abierta que busca reactivar el debate sobre el federalismo y la organización del país.

La propuesta no implica una política concreta ni un nuevo intento de traslado inmediato. Se trata, en esta etapa, de una iniciativa académica y ciudadana que apunta a revisar aquel proyecto desde una mirada actual.

El objetivo, de acuerdo a lo planteado oficialmente, es reflexionar sobre una Argentina que sigue concentrando población, recursos y decisiones en pocos puntos, y discutir alternativas posibles.

El certamen está dirigido a estudiantes, profesionales y público en general de todo el país. Los trabajos deberán ser individuales, inéditos y presentados bajo seudónimo, con una extensión de entre 1.500 y 3.000 palabras, y se recibirán de manera digital durante 90 días desde su lanzamiento.

Entre los ejes propuestos se incluyen el análisis histórico del proyecto original, su viabilidad actual, el impacto en la Patagonia y el debate sobre el federalismo en Argentina.

Además, según se indicó, el proceso estará acompañado por conferencias, paneles y actividades que buscan ampliar la discusión más allá del concurso.

El trasfondo es claro.

La idea de trasladar la Capital nunca desapareció del todo. Quedó suspendida en el tiempo, como uno de esos proyectos que marcaron una época pero no lograron avanzar.

Hoy, en un contexto distinto, vuelve como pregunta.

No sobre si se puede hacer de inmediato.

Sino sobre algo más profundo: si Argentina sigue funcionando con el mismo esquema que hace 40 años… o si, en algún momento, ese debate pendiente va a volver a tomar forma real.

Impulsan dar ventaja en los cargos a docentes formados en Río Negro: cómo podría cambiar el sistema

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Conseguir un cargo docente en Río Negro podría depender, en el futuro, no solo de la formación o la experiencia, sino también de dónde se estudió.

Un proyecto presentado en la Legislatura propone otorgar puntaje adicional a maestros y profesores que se hayan formado en instituciones educativas de la provincia, lo que podría modificar el orden en el acceso a cargos y suplencias.

Según el texto impulsado por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN), la iniciativa busca reformar el Estatuto del Personal Docente para incorporar un criterio de arraigo territorial en la clasificación de los profesionales.

En términos concretos, el proyecto plantea sumar cuatro puntos a egresados de Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro y a quienes acrediten domicilio en la provincia. Además, prevé otorgar tres puntos a graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y de carreras dictadas en territorio provincial por la Universidad Nacional del Comahue.

Según lo expuesto en el proyecto, el objetivo es priorizar a docentes que conozcan el contexto local y que hayan desarrollado su formación en vínculo con la realidad sociocultural y productiva de la provincia.

El argumento central apunta a que ese conocimiento permitiría una enseñanza más adaptada a los estudiantes. “Los años de residencia en la provincia facilitan el conocimiento del contexto cultural y socioproductivo”, se señala en los fundamentos.

Pero el impacto no es solo pedagógico.

De aprobarse, la medida podría alterar el sistema de puntajes que define quién accede primero a un cargo, lo que introduce una diferencia concreta entre docentes según su lugar de formación.

El proyecto también se enmarca, según el texto oficial, en un contexto de caída de matrícula escolar, vinculada a las bajas tasas de natalidad, lo que obliga —según se argumenta— a repensar políticas educativas con mayor arraigo territorial.

La propuesta modifica el artículo 143 de la Ley L N° 391 y se presenta como una herramienta para fortalecer el vínculo entre educación y territorio.

Sin embargo, abre una discusión de fondo.

Por un lado, plantea la posibilidad de priorizar a docentes locales. Por otro, introduce un criterio que podría generar diferencias en la competencia por los cargos.

Por ahora, se trata de un proyecto en etapa legislativa.

Y la decisión final no solo definirá cambios en el sistema educativo, sino también cómo se entiende el equilibrio entre igualdad de oportunidades y arraigo en la provincia.