El tiempo corre —literalmente— para quienes quieran ser parte de la Carrera Nocturna Catriel 2026.
La inscripción cierra este viernes 24 de abril a las 22:00 horas sin excepción, y todavía hay vecinos que pueden quedarse afuera de una de las propuestas deportivas más convocantes del calendario local.
El evento se realizará el 25 de abril, en modalidad calle, y contará con dos opciones: 5K participativo para quienes buscan sumarse a la experiencia y 10K competitivo para los que van por el desafío.
Pero hay un dato clave que está marcando el ritmo de las inscripciones.
Las primeras 100 personas con pago confirmado recibirán la remera oficial del evento, un beneficio que no está garantizado solo con la preinscripción. Es decir, anotarse no alcanza: hay que completar el proceso para asegurarlo.
La propuesta no es solo deportiva. Desde la organización invitan a vivir una experiencia distinta, con el atractivo de correr de noche, en comunidad y en un entorno que combina actividad física, encuentro y energía.
Como inscribirte
El proceso es simple, pero requiere completar todos los pasos:
Completar el formulario Realizar el pago Enviar comprobante + nombre completo + DNI al WhatsApp: 2996 157004 (Crono Vázquez)
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La causa ya tiene fecha clave. Un docente de plástica de una escuela primaria de San Antonio Oeste será llevado a juicio oral y público, acusado de presuntos hechos de abuso sexual contra 11 alumnas, según informó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión fue tomada tras la audiencia de control de acusación, donde se definió avanzar a la instancia de juicio y se delimitó la prueba que será analizada durante el proceso.
De acuerdo a la imputación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, en el marco de clases dictadas por el docente. Según la Fiscalía, el hombre se habría valido de su rol para cometer los abusos, en una modalidad que será objeto de análisis durante el debate judicial.
En función de la escala penal prevista —que va de 3 a 12 años de prisión—, el juicio será llevado adelante por un tribunal colegiado integrado por tres jueces.
En la audiencia también se resolvieron aspectos clave sobre cómo se desarrollará el proceso. El magistrado interviniente dispuso limitar el alcance de ciertos testimonios: las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron, pero no podrán reproducir los relatos de las menores por vías indirectas.
En esa misma línea, se establecieron criterios para las declaraciones de directivos y profesionales intervinientes, que deberán centrarse en aspectos técnicos y en las acciones institucionales realizadas.
Además, el juez condicionó la incorporación de parte de la evidencia a que previamente sea puesta a disposición de la defensa, con el objetivo de garantizar el debido proceso.
En cuanto a la prueba testimonial, se prevé la participación de alrededor de 20 testigos, entre integrantes del ámbito educativo, profesionales y personal técnico.
Cabe recordar que, en el inicio de esta etapa, también se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del acusado por dos meses, mientras se avanza hacia el juicio.
El proceso buscará determinar la responsabilidad o no del imputado en los hechos que se le atribuyen, en un caso que pone en foco el ámbito educativo y los mecanismos de protección institucional.
La definición quedará ahora en manos del tribunal, en una instancia donde se evaluarán las pruebas y los testimonios incorporados.
Porque, a partir de este punto, la causa entra en su etapa más decisiva.
Lo buscaban desde hacía meses. Y apareció en plena calle, a plena luz del día.
El domingo, cerca de las 12:45, personal de la Comisaría 9° de Catriel logró interceptar a un hombre que tenía un pedido de captura vigente, luego de ser alertados sobre su presencia en la zona de calle Lima.
Según informaron fuentes policiales, el aviso llegó desde el área de Gabinete, lo que activó un rápido despliegue en el sector. Los efectivos se dirigieron al lugar y, tras identificarlo, procedieron a su demora inmediata para verificar su situación.
Sobre el individuo recaía un requerimiento judicial emitido el 20 de octubre de 2025, por lo que, una vez confirmados los datos, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso su detención formal.
El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la Comisaría 9°, a la espera de nuevas directivas judiciales en el marco de la causa.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre el origen del pedido de captura, aunque el procedimiento se enmarca dentro de las tareas preventivas que realiza la policía en la ciudad.
La detención se dio sin incidentes, pero deja una escena que no pasa desapercibida: alguien que era buscado por la Justicia caminaba por Catriel como si nada.
Desde resolver conflictos entre vecinos hasta firmar autorizaciones y certificar documentos, el rol del juez de Paz atraviesa situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son clave en la vida diaria.
En ese contexto, Catriel tendrá un nuevo titular en ese cargo. El próximo jueves 23 de abril a las 12:30, se realizará el acto de juramento de Daniel Alberto Delgado como juez de Paz de la localidad, según informó oficialmente el Poder Judicial de Río Negro.
La designación no fue directa. De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 293/2026 del Superior Tribunal de Justicia, Delgado fue elegido tras un proceso de concurso en el que participaron otros postulantes y que incluyó evaluación de antecedentes, examen y entrevistas.
Según consta en la documentación oficial, los candidatos fueron evaluados en aspectos como capacidad de análisis, redacción, argumentación y resolución de situaciones, habilidades consideradas clave para el desempeño del cargo.
Finalmente, tras la instancia de entrevistas, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad su designación.
El acto de juramento se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de Catriel y contará con la presencia de autoridades judiciales, en un procedimiento formal que marca el inicio de funciones del nuevo magistrado.
Pero, más allá del acto institucional, el cambio tiene impacto concreto en la comunidad.
El juez de Paz es una figura central en ciudades como Catriel. Interviene en conflictos vecinales, certificaciones, autorizaciones, mediaciones y trámites administrativos, siendo muchas veces el primer contacto entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Se trata de un cargo de dedicación exclusiva, con funciones definidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca garantizar el acceso a la justicia en el ámbito local.
Según lo informado oficialmente, Delgado cumple con los requisitos constitucionales y legales, además de haber sido considerado apto desde el punto de vista técnico y psicofísico para asumir la función.
A partir de su juramento, quedará formalmente a cargo de una institución clave para la resolución de situaciones cotidianas que, aunque no siempre visibles, forman parte de la vida diaria de la comunidad.
Y es ahí donde aparece la dimensión más concreta del cambio: no se trata solo de un nombramiento formal, sino de quién estará al frente de decisiones que impactan directamente en los vecinos.
La pregunta, a partir de ahora, es cómo se traducirá esa responsabilidad en la práctica diaria del juzgado.
Una medida poco habitual comenzó a aplicarse en una de las escuelas secundarias de Catriel y generó impacto inmediato en la comunidad educativa.
A partir del miércoles 22 de abril, los estudiantes de la ESRN N° 78 deberán asistir al establecimiento únicamente con carpeta y lapicera, sin mochilas ni bolsos. La decisión forma parte de una serie de acciones preventivas adoptadas tras una situación de amenazas que requirió la intervención de autoridades.
Según informaron desde el equipo directivo, la medida busca “no minimizar el hecho y garantizar la seguridad de los estudiantes y todo el personal”, en el marco de protocolos activados junto a Supervisión y organismos correspondientes.
El cambio en la dinámica escolar no es aislado.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en los últimos días se registraron situaciones similares en otras instituciones de la ciudad (CET 7 y ESRN 21), lo que llevó a reforzar controles y revisar medidas de seguridad en distintos establecimientos. En algunos casos, como en el CET 7, se dispuso incluso presencia policial en el horario de salida de los estudiantes, como parte de las acciones preventivas.
En ese contexto, el eje pasó a ser la prevención.
La restricción de elementos de ingreso —como mochilas o bolsos— apunta a generar un entorno más controlado dentro de la escuela, mientras se avanza en el análisis de lo ocurrido.
Desde las instituciones educativas remarcan que todas las decisiones se toman en coordinación con el Ministerio de Educación de Río Negro y buscan llevar tranquilidad a las familias, en un escenario donde la prioridad es sostener la actividad escolar en condiciones seguras.
Por el momento, las situaciones se encuentran bajo seguimiento y no se informaron públicamente responsables identificados, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
En paralelo, el impacto ya se siente en la comunidad.
Porque más allá de las medidas, lo que cambia no es solo la forma de ir a la escuela.
Es la manera en que estudiantes, docentes y familias viven el día a día dentro de esos espacios.
Lo que ocurrió en General Roca no fue un evento más. Fue una señal.
Durante años, el cannabis medicinal en Argentina y en la región estuvo atrapado entre el prejuicio, la burocracia y los proyectos aislados. Hoy, ese escenario cambió. El Encuentro Binacional entre Argentina y Brasil lo dejó en evidencia: el desarrollo ya no es marginal, es estructural.
Cuando organismos como INTA y Embrapa se sientan en la misma mesa junto a universidades, organizaciones sociales y actores productivos, lo que aparece no es una moda ni un experimento. Aparece un sistema en construcción. Y eso cambia todo, porque el eje deja de ser si el cannabis va a desarrollarse —eso ya está ocurriendo— y pasa a ser algo mucho más profundo: cómo se organiza ese desarrollo y quiénes participan de él.
Uno de los datos más contundentes que dejó el encuentro es que ese modelo ya existe. No es una hipótesis. Es una realidad en marcha. En la Patagonia se está consolidando una experiencia que integra toda la cadena de valor: desde el mejoramiento genético y la producción primaria, hasta la elaboración de resinas, la formulación de productos y el control desde el sistema de salud. La genética Cannawine, inscripta en el Registro Nacional de Cultivares, el desarrollo de extractos en el Alto Valle, las formulaciones magistrales en la cordillera y la validación sanitaria provincial forman parte de un mismo entramado.
Todo esto ocurre bajo el marco de las leyes 27.350 y 27.669, que no solo habilitan la investigación, sino que ordenan, legitiman y proyectan un sector completo, reconociendo el trabajo que durante años impulsaron cultivadores y organizaciones desde abajo. Hoy, con más de 50 variedades de cannabis registradas y más de una decena de cáñamo industrial, queda claro que el desarrollo dejó de ser informal para convertirse en política científica y productiva.
Ese recorrido marca un cambio de época. Pasamos de la prohibición al reconocimiento. De la persecución a la regulación. De la informalidad a la construcción de conocimiento público.
Pero ese avance abre una nueva discusión. Porque ahora que el cannabis está dentro del sistema, la pregunta ya no es si va a crecer, sino quién lo va a producir y bajo qué lógica.
Ahí es donde el cooperativismo deja de ser un actor secundario y pasa a ocupar un lugar estratégico. La propia naturaleza del cannabis medicinal —su vínculo con la salud, su impacto social, la necesidad de garantizar acceso— exige modelos que no estén definidos exclusivamente por la rentabilidad. Exige organización colectiva, articulación territorial y compromiso con la comunidad.
Eso no es teórico. Es exactamente lo que define al sistema cooperativo: organizar trabajo, producir y generar acceso de forma solidaria y autogestionada . Y es, también, lo que este sector necesita para desarrollarse de manera equilibrada.
En paralelo, el encuentro dejó en claro que el potencial productivo del cannabis no se agota en lo medicinal. El cáñamo industrial abre una dimensión completamente distinta y todavía poco discutida. Hablamos de alimentos, textiles, bioconstrucción, biomasa, cosmética. Hablamos de una planta capaz de integrarse a economías regionales y generar nuevas cadenas de valor.
Sin embargo, ese desarrollo todavía está incompleto. Hoy se permite avanzar sobre fibra y grano, pero falta regulación para etapas clave como el aprovechamiento de biomasa y flores no psicoactivas. A eso se suma un contexto institucional en transición, donde el organismo rector del sector ha otorgado licencias, pero aún no consolida completamente el marco operativo.
Es decir: el potencial está, pero la decisión todavía no es plena.
Quatrifinio Ltda cultivó cáñampo industrial por primera vez en la historia de Catriel.
Hay, además, un dato que no debería pasar desapercibido. El desarrollo del cannabis medicinal en Argentina tiene, en gran medida, rostro de mujer.
No es un detalle menor ni una coincidencia. Son ellas quienes han sido pioneras en la investigación, en la organización social y en la lucha por el reconocimiento del cannabis como herramienta de salud. Desde referentas como Roxana Aguirre —presidenta de Ciencia Sativa y una de las principales impulsoras de la articulación entre investigación pública, cultivo legal y acceso en sistemas de salud—, pasando por la propia intendenta de Roca, María Emilia Soria, que ya desde el Congreso acompañó la sanción de la Ley 27.350 y hoy promueve el desarrollo productivo del sector, hasta las profesionales del INTA y científicas que sostienen este proceso en todo el país, el liderazgo femenino aparece como una constante.
Pero ese protagonismo no se limita a lo institucional. También se construye en los territorios, en espacios colectivos donde el conocimiento circula y se organiza. En Catriel, por ejemplo, esa articulación tomó forma en el primer Festival de Cultura Cannábica, impulsado desde organizaciones locales, donde profesionales de la salud, la agronomía y la investigación acercaron a la comunidad información científica sobre cultivo, marco legal y uso terapéutico.
En ese cruce entre territorio, ciencia y organización aparece con claridad una figura como la de la bióloga Gabriela Calzolari, integrante de Ciencia Sativa, investigadora vinculada al INTA y al CONICET, y parte de una de las articulaciones público-privadas más relevantes del país en el desarrollo de cannabis medicinal. Su recorrido sintetiza algo más amplio: el paso del activismo a la construcción de conocimiento científico aplicado, con impacto directo en la producción, la regulación y el acceso.
Ese liderazgo explica, en gran medida, por qué este sector logró avanzar incluso en contextos adversos: porque siempre estuvo sostenido por una convicción que va más allá de lo productivo —el derecho a la salud y al acceso con calidad y trazabilidad garantizada.
Todo esto nos deja frente a una conclusión inevitable: el cannabis medicinal ya superó la etapa de debate cultural. Ya no se discute si es válido o no. Se discute cómo se produce, quién lo regula y quién accede.
Y esa discusión es profundamente política.
Porque implica decidir si este sector va a concentrarse o distribuirse. Si va a responder a intereses corporativos o a necesidades sanitarias. Si las comunidades van a participar o quedar afuera.
En ese contexto, hay algo que empieza a quedar claro: los territorios que no se involucren activamente en este proceso corren el riesgo de quedar afuera de una de las transformaciones productivas más relevantes de los próximos años.
La experiencia que ya se está desarrollando en la región demuestra que hay otro camino posible: uno basado en articulación, ciencia aplicada, producción local y organización colectiva. Un modelo que incluso puede replicarse en otros territorios, adaptándose a cada realidad e integrando al sistema de salud, a profesionales, a usuarios y a quienes ya tienen capacidad productiva.
El desafío no es menor. Pero tampoco lo es la oportunidad.
El verdadero debate ya no es si el cannabis va a crecer.
El verdadero debate es quién va a construir ese crecimiento y para qué.
Porque el futuro no es inmediato, pero empieza a construirse en decisiones como estas.
El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.
Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.
“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.
Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.
Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.
De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.
Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.
En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.
Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.
“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.
El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.
Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.
En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.
El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.
El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.
En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.
Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.
Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.
“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.
Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.
De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.
Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.
A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.
Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.
También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.
En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.
Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.
Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.
El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.
En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.
Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.
La muerte del mecánico en Catriel ya no es solo un hecho trágico: ahora es materia de investigación.
Con el avance de las primeras pericias, el foco está puesto en un punto clave: qué falló en el momento en que el colectivo cayó sobre el trabajador mientras realizaba una tarea de rutina en plena vía pública.
El hecho ocurrió este lunes en la intersección de Brasil y Mosconi, cuando Guillermo Fabián Guiñazú (56) trabajaba sobre una unidad de transporte de personal vinculada a la actividad petrolera. En ese contexto, y por causas que aún se intentan determinar, el vehículo descendió de forma repentina y lo dejó atrapado debajo.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la principal hipótesis es que el crique hidráulico habría fallado, provocando el desplome del colectivo. No obstante, esa línea aún debe ser confirmada mediante peritajes técnicos.
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Defensa Civil y Criminalística. Para poder retirar el cuerpo, fue necesaria la utilización de una grúa municipal, que permitió levantar la unidad tras varias maniobras.
Durante el procedimiento, los peritos secuestraron el crique y las herramientas utilizadas, elementos que serán analizados para determinar si existió una falla mecánica o algún otro factor que haya incidido en el hecho.
El médico policial estableció que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, compatible con las lesiones sufridas producto del aplastamiento.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ahora busca establecer si se trató de un accidente fortuito o si hubo algún tipo de falla evitable en las condiciones de trabajo o en el equipamiento utilizado.
En ese marco, la investigación también podría avanzar sobre aspectos vinculados a la seguridad en este tipo de tareas, especialmente cuando se realizan fuera de talleres y en espacios abiertos como la vía pública.
El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad, no solo por la forma en que ocurrió, sino porque se trataba de un trabajador conocido en el ámbito local.
Mientras avanzan las pericias, la investigación intenta responder una pregunta central: si lo ocurrido fue un accidente imposible de evitar, o si hubo condiciones que pudieron haber cambiado el desenlace.
En el tablero de la política internacional contemporánea, donde la crisis climática, el colapso de la salud mental y la inseguridad alimentaria dictan la agenda, emerge un actor inesperado desde el subsuelo: el Reino Fungi.
Lo que alguna vez fue materia exclusiva de la biología es hoy un activo estratégico de bioprospección y soberanía, básicamente, es pedirle prestada a la naturaleza su tecnología biológica para resolver problemas humanos. Es encontrar en la naturaleza la solución al plástico, a la contaminación, a la salud humana y a la soberanía alimentaria.
La pregunta es inevitable: ¿Existe en el mundo de los hongos la solución a las problemáticas sistémicas de nuestra era?
Mientras la geopolítica tradicional se basa a menudo en la competencia de suma cero, es decir si gana uno el otro pierde, los hongos operan bajo un modelo de simbiogénesis. El micelio es la red que conecta, distribuye recursos y regenera ecosistemas.
Si bien el mundo siempre se presento como un mercado con disputas de recursos que escasean y generan conflictos y guerras, el universo fúngico emerge como disruptivo, como un diamante en bruto ignorado, accesible a todos y sin ganadores o perdedores.
Para las naciones modernas, el «Poder Fúngico» podría representar un universo de triple impacto: resiliencia biológica, autonomía productiva y estabilidad social con soluciones para la salud.
Hongos como el Reishi o la Melena de León ayudan al organismo a resistir el estrés, y se han convertido en el combustible de la Economía del Estrés, es decir que aquellos países impulsan el desarrollo de adaptogenos están impulsando la preservación de la salud de su fuerza laboral.
China es el gigante indiscutido. Controla más del 70% de la producción mundial. Para Pekín, los hongos son parte de su farmacopea oficial y una herramienta de soft power sanitario. Estados Unidos es el gran laboratorio mundial de la innovación biotecnológica. Lideran el mercado de suplementos de vanguardia y la investigación clínica en nootrópicos para el rendimiento cognitivo.
Finlandia y Rusia mas conocidos como los guardianes del Chaga (el «oro negro» de los bosques boreales), han legislado para proteger y exportar extractos de alta pureza destinados a la inmunidad de élite.
Por su parte, Canadá, es pionero en marcos regulatorios flexibles que permiten la investigación acelerada en salud mental y micología medicinal. Mientras que Bután, es un caso de soberanía única, donde el Cordyceps silvestre es regulado como un recurso nacional precioso, vital para su economía rural.
Para que una nación sea verdaderamente soberana en 2026, debería dominar tres pilares donde los hongos son protagonistas: Salud Pública y Resiliencia, Soberanía Alimentaria y Proteína Descentralizada, Micoremediación y Activos Ambientales
En la arena internacional, la «deuda ecológica» es una moneda crítica. Los hongos capaces de degradar plásticos, hidrocarburos y metales pesados ofrecen una herramienta de regeneración de territorios contaminados. Un suelo sano es un activo estratégico que permite a los países cumplir con los acuerdos climáticos globales mientras recuperan tierras para el cultivo.
La «solución fúngica» plantea un dilema político fundamental ¿Será el Reino Fungi un patrimonio común de la humanidad o el próximo campo de batalla por la propiedad intelectual?
El mundo Fungi se presenta como una solución accesible de bajo costo pero que puede tornarse un peligro para la industria de los medicamentos.
Hay quienes afirman que, así como en el siglo XX luchamos por el petróleo que estaba bajo la tierra; en el XXI, la supervivencia de las naciones dependerá de su capacidad para aliarse con los organismos que conectan la vida sobre ella. La política internacional ya no puede ignorar lo que sucede bajo sus pies: el futuro es, sin duda, micelar.
Si jugamos a pensar en una cartografía del poder biotecnológico fúngico y analizamos la producción global como un tablero de ajedrez, cada hongo es una pieza que revela la identidad, el clima y la ambición económica de la nación que lo abandera.
El Cordyceps es Bután o el Tíbet, El Reishi , conocido como El Hongo de la Inmortalidad, es China, El Chaga, es Finlandia o Rusia, La Melena de León, es Estados Unidos o Canadá, la Psilocybe. el Sanador Ancestral es México o Brasil, el Shiitake o el Maitake es Japón.
Los hongos y las plantas adaptógenas poseen una tecnología biológica intrínseca. A diferencia de una molécula sintética que solo existe si un laboratorio la fabrica, el hongo ya sabe fabricar sus compuestos; solo necesita tierra, humedad y sombra. Esa es la verdadera amenaza para el modelo industrial y la gran oportunidad para la ciudadanía.
A diferencia de producir un antibiótico o una vacuna, que requiere reactores químicos y ambientes estériles de alta complejidad, el cultivo de adaptógenos (especialmente los hongos) es descentralizado por naturaleza.
Una persona puede cultivar Melena de León o Reishi en su cocina usando una bolsa de aserrín o desechos de café. El «laboratorio» es el propio organismo vivo. El ser humano solo actúa como facilitador del entorno. Esto devuelve el poder de la salud al hogar, permitiendo que el ciudadano pase de ser un «consumidor pasivo» a un «productor activo». Frente a lo cual, los resultados empíricos son difíciles de ocultar en la era de la información. Es decir que, cuando miles de personas experimentan una mejora real en su gestión del estrés, su claridad mental o su energía sin los efectos secundarios de los fármacos tradicionales, se crea un mercado de recomendación orgánica.
El mercado farmacéutico tradicional se basa en la patente. Pero no se puede patentar una especie que crece en el bosque. Pueden patentar un método de extracción, pero no el hongo en sí. Esto crea un «punto ciego» para las grandes corporaciones donde la ciudadanía puede moverse con libertad.
De esta manera, la producción personal de adaptógenos rompe la cadena de dependencia: sin logística compleja: No dependes de una farmacia ni de una cadena de suministro internacional que puede colapsar. Es decir, una vez que aprendes a propagar el micelio, el costo de producción tiende a cero.
De alguna manera, la capacidad de identificar, cultivar y consumir tus propios adaptógenos— es un acto de resistencia política. Es recuperar el derecho ancestral a la medicina sin pasar por el peaje del laboratorio. Si el siglo XX fue el siglo de la pastilla comprada, el XXI podría ser el siglo del hongo cultivado.
Y si pensamos que, así como el petróleo definió las fronteras del siglo XX, la geografía del micelio podría definir las potencias del siglo XXI: la nación que hoy siembra el hongo adecuado, mañana cosechara la resiliencia de su pueblo. En esta línea, parece ser que el futuro no será de los más fuertes, sino de los mejor conectados. El Reino Fungi nos enseña que la verdadera potencia es aquella que sabe reciclar sus crisis (sus desechos) en recursos.
En este ajedrez micológico, ¿qué pieza debería empezar a mover una región como América Latina para no ser solo proveedora de materia prima, sino dueña de su propia biotecnología fúngica?
Históricamente, Argentina ha sido definida por su suelo, pero siempre bajo la etiqueta del granero del mundo. Fuimos la nación de la materia prima, la que exporta el volumen para importar el valor. Sin embargo, en este 2026, los adaptógenos presentan una oportunidad que rompe con ese destino inercial: la posibilidad de dejar de ser solo el campo que siembra para convertirnos en el laboratorio que piensa.
El reino fungi no requiere de latifundios infinitos, sino de creatividad infinita. En la intersección entre nuestra rica biodiversidad —desde las selvas del norte hasta los bosques fríos de la Patagonia— y nuestro histórico capital científico, nace una nueva soberanía. Ya no se trata de cuántas toneladas podemos cargar en un barco, sino de cuánta inteligencia podemos encapsular en un extracto.
La verdadera revolución argentina con los adaptógenos no es el cultivo del hongo en sí, sino la fusión de tres mundos: la Sabiduría del Territorio, La Vanguarda Biotecnológica y La Estética de la Salud.
Si el siglo XX fue el de la dependencia del grano, el siglo XXI para Argentina puede ser el de la medicina de diseño natural. Tenemos la oportunidad de liderar una «tercera vía» sanitaria: una que no es solo la pastilla de la gran farmacéutica ni la herboristería del pasado, sino una biotecnología con alma.
Al final, los adaptógenos nos enseñan que la resiliencia no es solo resistir el estrés, sino transformarse con él. Argentina, experta en navegar crisis, tiene hoy en el micelio su mejor metáfora: es hora de dejar de ser solo la tierra que se pisa para ser la red que conecta, crea y sana. El futuro argentino ya no se extrae; se desarrolla
Matías Román Avecilla Lic. en Relaciones Internacionales Magíster en Polícas de Desarrollo Co- Fundador de Tendencia 360
