«Geopolítica Fúngica: ¿Está en el Reino Fungi la clave para rescatar un mundo en crisis?»

En el tablero de la política internacional contemporánea, donde la crisis climática, el colapso de la salud mental y la inseguridad alimentaria dictan la agenda, emerge un actor inesperado desde el subsuelo: el Reino Fungi.

Lo que alguna vez fue materia exclusiva de la biología es hoy un activo estratégico de bioprospección y soberanía, básicamente, es pedirle prestada a la naturaleza su tecnología biológica para resolver problemas humanos. Es encontrar en la naturaleza la solución al plástico, a la contaminación, a la salud humana y a la soberanía alimentaria.

La pregunta es inevitable: ¿Existe en el mundo de los hongos la solución a las problemáticas sistémicas de nuestra era?

Mientras la geopolítica tradicional se basa a menudo en la competencia de suma cero, es decir si gana uno el otro pierde, los hongos operan bajo un modelo de simbiogénesis. El micelio es la red que conecta, distribuye recursos y regenera ecosistemas.

Si bien el mundo siempre se presento como un mercado con disputas de recursos que escasean y generan conflictos y guerras, el universo fúngico emerge como disruptivo, como un diamante en bruto ignorado, accesible a todos y sin ganadores o perdedores.

Para las naciones modernas, el «Poder Fúngico» podría representar un universo de triple impacto: resiliencia biológica, autonomía productiva y estabilidad social con soluciones para la salud.

Hongos como el Reishi o la Melena de León ayudan al organismo a resistir el estrés, y se han convertido en el combustible de la Economía del Estrés, es decir que aquellos países impulsan el desarrollo de adaptogenos están impulsando la preservación de la salud de su fuerza laboral.

China es el gigante indiscutido. Controla más del 70% de la producción mundial. Para Pekín, los hongos son parte de su farmacopea oficial y una herramienta de soft power sanitario.
Estados Unidos es el gran laboratorio mundial de la innovación biotecnológica. Lideran el mercado de suplementos de vanguardia y la investigación clínica en nootrópicos para el rendimiento cognitivo.

Finlandia y Rusia mas conocidos como los guardianes del Chaga (el «oro negro» de los bosques boreales), han legislado para proteger y exportar extractos de alta pureza destinados a la inmunidad de élite.

Por su parte, Canadá, es pionero en marcos regulatorios flexibles que permiten la investigación acelerada en salud mental y micología medicinal. Mientras que Bután, es un caso de soberanía única, donde el Cordyceps silvestre es regulado como un recurso nacional precioso, vital para su economía rural.

Para que una nación sea verdaderamente soberana en 2026, debería dominar tres pilares donde los hongos son protagonistas:
Salud Pública y Resiliencia, Soberanía Alimentaria y Proteína Descentralizada, Micoremediación y Activos Ambientales

En la arena internacional, la «deuda ecológica» es una moneda crítica. Los hongos capaces de degradar plásticos, hidrocarburos y metales pesados ofrecen una herramienta de regeneración de territorios contaminados. Un suelo sano es un activo estratégico que permite a los países cumplir con los acuerdos climáticos globales mientras recuperan tierras para el cultivo.

La «solución fúngica» plantea un dilema político fundamental ¿Será el Reino Fungi un patrimonio común de la humanidad o el próximo campo de batalla por la propiedad intelectual?

El mundo Fungi se presenta como una solución accesible de bajo costo pero que puede tornarse un peligro para la industria de los medicamentos.

Hay quienes afirman que, así como en el siglo XX luchamos por el petróleo que estaba bajo la tierra; en el XXI, la supervivencia de las naciones dependerá de su capacidad para aliarse con los organismos que conectan la vida sobre ella. La política internacional ya no puede ignorar lo que sucede bajo sus pies: el futuro es, sin duda, micelar.

Si jugamos a pensar en una cartografía del poder biotecnológico fúngico y analizamos la producción global como un tablero de ajedrez, cada hongo es una pieza que revela la identidad, el clima y la ambición económica de la nación que lo abandera.

El Cordyceps es Bután o el Tíbet, El Reishi , conocido como El Hongo de la Inmortalidad, es  China,  El Chaga, es Finlandia o Rusia, La Melena de León, es Estados Unidos o Canadá, la Psilocybe. el Sanador Ancestral es México o Brasil, el Shiitake o el Maitake es Japón.

Los hongos y las plantas adaptógenas poseen una tecnología biológica intrínseca. A diferencia de una molécula sintética que solo existe si un laboratorio la fabrica, el hongo ya sabe fabricar sus compuestos; solo necesita tierra, humedad y sombra. Esa es la verdadera amenaza para el modelo industrial y la gran oportunidad para la ciudadanía.

A diferencia de producir un antibiótico o una vacuna, que requiere reactores químicos y ambientes estériles de alta complejidad, el cultivo de adaptógenos (especialmente los hongos) es descentralizado por naturaleza.

Una persona puede cultivar Melena de León o Reishi en su cocina usando una bolsa de aserrín o desechos de café. El «laboratorio» es el propio organismo vivo. El ser humano solo actúa como facilitador del entorno. Esto devuelve el poder de la salud al hogar, permitiendo que el ciudadano pase de ser un «consumidor pasivo» a un «productor activo». Frente a lo cual, los resultados empíricos son difíciles de ocultar en la era de la información. Es decir que, cuando miles de personas experimentan una mejora real en su gestión del estrés, su claridad mental o su energía sin los efectos secundarios de los fármacos tradicionales, se crea un mercado de recomendación orgánica.

El mercado farmacéutico tradicional se basa en la patente. Pero no se puede patentar una especie que crece en el bosque. Pueden patentar un método de extracción, pero no el hongo en sí. Esto crea un «punto ciego» para las grandes corporaciones donde la ciudadanía puede moverse con libertad.

De esta manera, la producción personal de adaptógenos rompe la cadena de dependencia:
sin logística compleja: No dependes de una farmacia ni de una cadena de suministro internacional que puede colapsar. Es decir, una vez que aprendes a propagar el micelio, el costo de producción tiende a cero.

De alguna manera, la capacidad de identificar, cultivar y consumir tus propios adaptógenos— es un acto de resistencia política. Es recuperar el derecho ancestral a la medicina sin pasar por el peaje del laboratorio. Si el siglo XX fue el siglo de la pastilla comprada, el XXI podría ser el siglo del hongo cultivado.

Y si pensamos que, así como el petróleo definió las fronteras del siglo XX, la geografía del micelio podría definir las potencias del siglo XXI: la nación que hoy siembra el hongo adecuado, mañana cosechara la resiliencia de su pueblo. En esta línea, parece ser que el futuro no será de los más fuertes, sino de los mejor conectados. El Reino Fungi nos enseña que la verdadera potencia es aquella que sabe reciclar sus crisis (sus desechos) en recursos.

En este ajedrez micológico, ¿qué pieza debería empezar a mover una región como América Latina para no ser solo proveedora de materia prima, sino dueña de su propia biotecnología fúngica?

Históricamente, Argentina ha sido definida por su suelo, pero siempre bajo la etiqueta del granero del mundo. Fuimos la nación de la materia prima, la que exporta el volumen para importar el valor. Sin embargo, en este 2026, los adaptógenos presentan una oportunidad que rompe con ese destino inercial: la posibilidad de dejar de ser solo el campo que siembra para convertirnos en el laboratorio que piensa.

El reino fungi no requiere de latifundios infinitos, sino de creatividad infinita. En la intersección entre nuestra rica biodiversidad —desde las selvas del norte hasta los bosques fríos de la Patagonia— y nuestro histórico capital científico, nace una nueva soberanía. Ya no se trata de cuántas toneladas podemos cargar en un barco, sino de cuánta inteligencia podemos encapsular en un extracto.

La verdadera revolución argentina con los adaptógenos no es el cultivo del hongo en sí, sino la fusión de tres mundos: la Sabiduría del Territorio,  La Vanguarda Biotecnológica y La Estética de la Salud.

Si el siglo XX fue el de la dependencia del grano, el siglo XXI para Argentina puede ser el de la medicina de diseño natural. Tenemos la oportunidad de liderar una «tercera vía» sanitaria: una que no es solo la pastilla de la gran farmacéutica ni la herboristería del pasado, sino una biotecnología con alma.

Al final, los adaptógenos nos enseñan que la resiliencia no es solo resistir el estrés, sino transformarse con él. Argentina, experta en navegar crisis, tiene hoy en el micelio su mejor metáfora: es hora de dejar de ser solo la tierra que se pisa para ser la red que conecta, crea y sana. El futuro argentino ya no se extrae; se desarrolla



Matías Román Avecilla
Lic. en Relaciones Internacionales
Magíster en Polícas de Desarrollo
Co- Fundador de Tendencia 360

Quieren prohibir celulares en cárceles de Río Negro para frenar estafas y delitos

Las llamadas no siempre empiezan en la calle. Y ese es el problema que buscan atacar. En Río Negro, un proyecto de ley propone prohibir el uso de celulares, tablets y acceso a internet dentro de las cárceles, con el objetivo de evitar que —según se advierte— se sigan organizando delitos desde el interior de los penales.

La iniciativa ya ingresó a la Legislatura y plantea eliminar de forma expresa la tenencia de estos dispositivos por parte de personas privadas de la libertad. En su lugar, propone un sistema de comunicación más controlado.

Según el autor del proyecto, el legislador César Domínguez, la idea es que el Estado recupere el control sobre las comunicaciones. De acuerdo a lo que señala en los fundamentos, los teléfonos pueden ser utilizados para cometer estafas, amenazas o extorsiones, entre otros delitos.

En ese sentido, desde el proyecto se sostiene que las medidas que se flexibilizaron durante la pandemia —cuando se permitió el uso de celulares en algunos casos— hoy ya no tendrían justificación.

Pero el cambio no es solo prohibir. También plantea una nueva forma de comunicación.

Si avanza la ley, los internos solo podrían comunicarse a través de teléfonos fijos, en horarios determinados, con llamadas de hasta cinco minutos y bajo supervisión. Además, cada comunicación debería informar al receptor que proviene de una cárcel e identificar a la persona que llama.

Incluso, según el texto del proyecto, se prevé habilitar un número gratuito para hacer denuncias en caso de que la llamada genere sospechas o esté vinculada a algún intento de delito.

Para que esto funcione, la propuesta también establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia debería implementar bloqueadores de señal dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde el planteo oficial, la medida no se presenta como una restricción de derechos, sino como una herramienta de prevención. De todos modos, el proyecto recién comienza su recorrido legislativo y podría generar debate.

Por ahora, la discusión está abierta. Pero deja una pregunta que no es menor: si desde una celda se puede seguir delinquiendo, qué tan controlado está hoy el sistema.

Exclusión del hogar y restricción de 500 metros en un caso de violencia en Catriel

La decisión ya fue tomada y refuerza medidas urgentes.

La Justicia de Río Negro ratificó una serie de disposiciones en el marco de una causa por violencia familiar iniciada días atrás en Catriel, donde se dispuso la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia una mujer que realizó la denuncia.

Según consta en la resolución emitida por la Unidad Procesal N° 7 de Cipolletti, las medidas alcanzan a un hombre identificado en el expediente y establecen que deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea público o privado.

De acuerdo a lo indicado en el fallo, la denuncia fue radicada el 2 de abril de 2026, y ese mismo día el Juzgado de Paz de Catriel dispuso las primeras medidas de protección, que ahora fueron ratificadas por la Justicia.

La resolución también establece que el acusado deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Incluso se advierte que acciones como insistencia en la comunicación, seguimiento o intimidación podrían ser consideradas incumplimientos de la orden judicial.

Según el texto oficial, el objetivo de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la persona denunciante, en el marco de la legislación vigente sobre violencia familiar y de género.

Además, se dispuso la realización de rondines policiales durante 15 días en el domicilio de la mujer, como medida adicional de resguardo.

En paralelo, tanto la denunciante como la persona denunciada deberán concurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel, donde deberán iniciar un tratamiento en cumplimiento de lo establecido por la normativa provincial.

La Justicia también dejó constancia de que las medidas son de carácter provisorio y que su eventual modificación dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas, incluyendo el tratamiento correspondiente.

Asimismo, se advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una nueva instancia judicial.

Por ahora, la prioridad está puesta en la protección.

Y en garantizar que las medidas se cumplan.

Piris defendió la solución del oficialismo y rechazó la nulidad por “agravar el conflicto”

La discusión por la ordenanza 384/24 sumó una nueva postura desde el oficialismo. La concejala Carolina Piris se refirió a la situación generada por la normativa y sostuvo que el conflicto ya fue abordado mediante una nueva herramienta legislativa, al tiempo que cuestionó el planteo de nulidad impulsado desde la oposición.

A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó: “Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24”.

En ese sentido, agregó: “Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, según manifestó públicamente.
Piris también se refirió al enfoque adoptado desde su espacio político. “Tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos”, sostuvo.

Además, se refirió al proyecto interbloque impulsado por las concejalas Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré, que propone declarar la nulidad de la ordenanza. “No solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba”, expresó.

De acuerdo a su publicación, avanzar con esa alternativa implicaría consecuencias institucionales y legales. “Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (…) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores del oficialismo y la oposición por la validez de la ordenanza que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.

Mientras desde el oficialismo se sostiene que el conflicto fue corregido mediante un nuevo dictamen, desde la oposición se mantiene el planteo de nulidad de la norma original.

Por el momento, la decisión adoptada en el Concejo pareciera cerrar la cuestión de fondo, pero introduce un nuevo escenario en el tratamiento público del tema, mientras se mantienen distintas posturas sobre el camino jurídico y político elegido. En ese marco, la concejala Carolina Piris atribuyó al oficialismo la resolución de la situación. “Quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros”, expresó en su publicación.

Cofré afirmó que “teníamos razón” y destacó la derogación de la ordenanza 384/24

“Quedó demostrado que teníamos razón”. Con esa frase, la concejala Elizabeth Cofré se pronunció tras la derogación de la Ordenanza N.º 384/24, vinculada al Banco de Tierras en Catriel.

A través de una publicación en redes sociales, la edil sostuvo que la norma presentaba irregularidades desde su origen. “Veníamos sosteniendo que la ordenanza presentaba un vicio grave: no había alcanzado la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica para la desafectación de terrenos públicos”, expresó, según manifestó públicamente.

En ese sentido, recordó que desde su espacio impulsaron un proyecto para declarar la nulidad de la ordenanza. “Por eso impulsamos un proyecto solicitando su nulidad”, indicó. Según expresó en su publicación, a partir de esa iniciativa se abrió el debate dentro del Concejo Deliberante y se avanzó en la decisión adoptada en la última sesión. “Se revisó lo actuado y finalmente hoy se avanzó en la derogación de dicha ordenanza”, afirmó.

Cofré también se refirió al mecanismo adoptado. “Si bien nuestra propuesta planteaba la anulación y no la derogación, entendemos que esta decisión representa un avance concreto en el camino de restablecer la legalidad”, señaló.

Además, destacó el impacto de la medida sobre las tierras involucradas. “Hoy se recuperan 5 de las 9 reservas fiscales, volviendo a estar protegidas como patrimonio de todos los catrielenses”, expresó.

En su publicación, la concejala se refirió al cumplimiento de la normativa vigente. “Lo importante es que se logró reconocer que las cosas no se habían hecho correctamente y corregirlo”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores de la oposición y el oficialismo sobre la validez de la ordenanza, que había habilitado la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.

Mientras desde el oficialismo se sostiene que la situación fue abordada mediante una nueva herramienta legislativa, desde la oposición se venía cuestionando el procedimiento original y reclamando su nulidad.

En ese marco, Cofré también atribuyó a la oposición el resultado alcanzado. “Quedó demostrado que teníamos razón”, expresó en su publicación, y vinculó la derogación de la ordenanza con el planteo impulsado desde su espacio Primero Río Negro junto a JSRN.

La Justicia frenó el traslado de un niño desde Catriel a otra ciudad y lo dejó a cargo de su padre provisoriamente

La disputa venía creciendo y terminó con una definición judicial de fuerte impacto familiar. Un juzgado de Familia de Cipolletti resolvió hacer lugar a una medida cautelar y dispuso, de manera provisoria, que un menor continúe viviendo en Catriel, bajo el cuidado personal unilateral de su padre, mientras se tramita el expediente principal.

La resolución, firmada el 15 de abril de 2026 por la Unidad Procesal N° 5, también prohibió trasladar al menor fuera de Catriel sin autorización judicial o sin el consentimiento expreso de ambos progenitores. Además, ordenó no modificar el establecimiento educativo en el que actualmente cursa sus estudios.

Según surge del fallo, el padre promovió la medida cautelar al sostener que el niño reside en Catriel desde julio de 2025, donde habría consolidado su vida cotidiana, su escolaridad y su red afectiva. De acuerdo a su planteo, existía un riesgo cierto de que la madre concretara un traslado a otra ciudad petrolera, lo que implicaría —según argumentó— una alteración unilateral del centro de vida del menor.

Del otro lado, la madre pidió el rechazo de la cautelar. Según sostuvo en su presentación, la permanencia del niño en Catriel durante el segundo semestre de 2025 habría respondido a un acuerdo transitorio entre ambos progenitores y no a un cambio definitivo de residencia. También cuestionó que se consolidara cautelarmente una situación que, según su postura, aún debía resolverse en el expediente principal de cuidado personal.

En el análisis del caso, el juzgado remarcó que el eje rector debía ser el interés superior del niño. Y sobre esa base entendió, al menos en esta etapa provisoria, que el menor ya tiene configurado su centro de vida en Catriel.

Para llegar a esa conclusión, la sentencia valoró especialmente un informe de la Escuela Primaria de Catriel, donde consta que el niño ingresó a la institución en agosto de 2025, cursó allí el ciclo lectivo y mantuvo asistencia regular, con avances en su proceso de aprendizaje. El fallo también tomó en cuenta que lleva alrededor de nueve meses residiendo en esa ciudad, donde mantiene vínculos escolares, sociales y afectivos.

En ese marco, el juez consideró que un eventual traslado podría implicar un cambio abrupto en sus condiciones de vida, su escolaridad y su entorno cotidiano, con un posible daño de difícil reversión. También señaló que el riesgo de traslado no era meramente hipotético, ya que estaba acreditada la gestión de una vacante escolar en una escuela de otra provincia.

Con esa base, la resolución hizo lugar a la cautelar y dispuso tres medidas concretas: el cuidado personal provisorio a cargo del padre, la prohibición de mover al niño fuera de Catriel sin acuerdo o autorización judicial, y la imposibilidad de modificar su escuela actual.

De todos modos, el fallo no clausura el conflicto de fondo. La propia sentencia aclara que se trata de una medida provisoria, sujeta a cambios si varían las circunstancias o cuando se dicte resolución definitiva en la causa principal. También ordena que el vínculo con la madre se mantenga de forma amplia y flexible, y que el padre facilite activamente ese contacto.

Así, la decisión judicial no define de manera definitiva con quién deberá vivir el niño, pero sí fija una prioridad inmediata: preservar, por ahora, la estabilidad de la vida que ya viene desarrollando en Catriel.

Buscan cambiar el ingreso docente en Río Negro y dar prioridad a quienes viven en la provincia

La forma en que se accede a un cargo docente en Río Negro podría cambiar.

En la Legislatura provincial se están analizando proyectos que buscan modificar los criterios de ingreso, sumando un punto clave: la residencia en la provincia.

Una de las propuestas, impulsada por los legisladores Juan Martín y María Laura Frei, plantea dar más puntaje a quienes viven en Río Negro y tienen trayectoria dentro del sistema educativo local.

Según explican en el proyecto, la idea surge de una situación que consideran injusta: docentes formados en la provincia que no logran acceder a cargos porque quedan por debajo de otros postulantes con más puntaje, pero que vienen de otras jurisdicciones.

“No cerramos puertas, sino que abrimos oportunidades para quienes han sido postergados durante décadas”, señalan en los fundamentos.

La propuesta incluye sumar puntos por residencia efectiva y agregar más puntaje según los años trabajados dentro del sistema rionegrino. También se busca dar un incentivo mayor a quienes trabajen en zonas rurales o alejadas, con la intención —según el proyecto— de fomentar la continuidad y no solo ingresos temporales.

Por otro lado, hay otra iniciativa, presentada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, que va un paso más allá: propone que sea obligatorio acreditar al menos dos años viviendo en la provincia para poder ingresar a la docencia.

Por ahora, ambos proyectos están en discusión y no implican cambios vigentes.

Como suele pasar con este tipo de temas, las posturas pueden ser distintas. Algunos ven estas medidas como una forma de fortalecer el arraigo y darle más oportunidades a quienes viven en la provincia. Otros plantean que puede abrir un debate sobre las condiciones de acceso al trabajo docente.

Además, uno de los proyectos también propone exigir el Certificado de Antecedentes Penales a nivel nacional, tanto para docentes como para personal de apoyo, con el objetivo de reforzar los controles en las escuelas.

La discusión recién empieza y todavía puede tener cambios en el tratamiento legislativo.

Pero el tema ya está sobre la mesa.

Y vuelve a instalar una pregunta que no es solo técnica: quién debería tener prioridad a la hora de enseñar en Río Negro.

Catriel reclama por regalías y pide “reconocimiento histórico” por más de 60 años de actividad petrolera

Más de 60 años de actividad petrolera en Catriel podrían no tener el peso esperado en el nuevo esquema de reparto de regalías que analiza la Provincia.

Ese es el eje del reclamo que el Municipio puso sobre la mesa: no se trata solo de cuánto se produce hoy, sino de todo lo que esa producción dejó en el territorio.

Según el planteo oficial, el modelo en discusión prioriza los niveles actuales de extracción, pero deja en segundo plano el impacto acumulado de décadas de explotación. Un punto que —advierten— podría traducirse en una reducción significativa de los ingresos para la ciudad.

En ese marco, la intendenta Daniela Salzotto buscó marcar el tono del planteo. “No pretendo hoy seguir confrontando con el gobierno provincial, es un proyecto de resarcimiento económico, de reconocimiento histórico”, expresó en diálogo con Diario Río Negro.

La definición no es menor. Porque ese “reconocimiento histórico” es, según el Municipio, el corazón de la propuesta.

Catriel no solo produce petróleo. Es una ciudad atravesada por más de seis décadas de actividad hidrocarburífera, con más de 280 pozos, infraestructura instalada y un territorio que —según señalan— sigue cargando con las consecuencias de esa explotación.

Ahí aparece la diferencia de enfoque.

«No pretendo hoy seguir confrontando con el gobierno provincial, es un proyecto de resarcimiento económico, de reconocimiento histórico«.

Daniela Salzotto, intendenta.

Mientras el esquema provincial pone el foco en el presente, la contrapropuesta local busca incorporar lo que quedó: el desgaste del territorio, la densidad de pozos y los pasivos ambientales que se acumularon con el tiempo.

En otras palabras, no solo medir cuánto se extrae, sino también quién sostiene el impacto de esa actividad.

Desde el Municipio sostienen que este criterio no busca romper el diálogo, sino aportar una mirada más completa al debate. Y remarcan que no todas las localidades parten del mismo punto.

El modelo que analiza la Provincia, en cambio, amplía el reparto a municipios dentro de un radio de hasta 100 kilómetros, incluso sin actividad directa. Un cambio que, según la mirada local, podría diluir el peso de quienes históricamente sostuvieron la producción.

En ese contexto, el reclamo de Catriel apunta a una idea simple, pero de fondo: no es lo mismo producir que no producir, ni tampoco soportar durante décadas lo que esa producción deja.

La discusión ahora deberá resolverse en el ámbito provincial. Pero en la ciudad, el debate ya dejó de ser técnico.

Y se transformó en una pregunta más directa: si más de 60 años de actividad petrolera cuentan, o no, a la hora de repartir.

Alertan que despidos en el Servicio Meteorológico podrían afectar pronósticos y alertas en todo el país

La advertencia no es menor. Y, según quienes trabajan dentro del sistema, podría tener consecuencias directas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa horas de tensión ante la posibilidad de nuevos despidos en el marco del plan de reducción del Estado. Según expresaron trabajadores del organismo, entre 150 y 200 empleados podrían recibir telegramas de cesantía en los próximos días, lo que profundizaría un escenario que ya consideran crítico.

La preocupación no se centra únicamente en la pérdida de puestos de trabajo. De acuerdo a lo señalado por especialistas del sector, la reducción de personal podría impactar directamente en la calidad de los pronósticos y las alertas meteorológicas, herramientas clave para anticipar fenómenos climáticos.

“Se estarían complicando de manera muy fuerte los pronósticos del tiempo y las alertas a nivel nacional y local”, advirtió el meteorólogo Sergio Jalfin, quien explicó que el problema radica en el posible debilitamiento de la red de observación y medición.

Según detalló, estas tareas no pueden ser reemplazadas completamente por sistemas automatizados. “Hay información que solo puede ser procesada por personal calificado”, sostuvo, en referencia a la experiencia técnica acumulada por los trabajadores del organismo.

Actualmente, el SMN cuenta con alrededor de 950 empleados, cuando —según indicaron— debería tener unos 1250 para funcionar con normalidad. En ese contexto, una nueva reducción podría implicar, según estimaciones, entre un 20% y un 30% menos de personal, lo que —de acuerdo a las fuentes consultadas— pondría en riesgo su operatividad.

El impacto, advierten, no se limita al pronóstico cotidiano. También podría afectar áreas sensibles como la aviación, donde la información meteorológica es clave para el despegue y aterrizaje de vuelos, así como sectores productivos como el agro, la industria y la navegación.

En un contexto atravesado por el cambio climático y el aumento de eventos extremos, los trabajadores sostienen que la pérdida de capacidad operativa podría tener consecuencias más amplias. “Tragedias que hoy son evitables podrían dejar de serlo”, alertaron.

Desde el Gobierno nacional, que no convalida la existencia del calentamiento global, el proceso se enmarca en un plan de modernización del Estado. Sin embargo, desde el sector aseguran que no hubo instancias de diálogo claras ni precisiones sobre el alcance de las medidas.

Mientras tanto, los trabajadores se encuentran en asamblea permanente y ya iniciaron acciones de visibilización, como un “abrazo simbólico” en la sede central. No descartan nuevas protestas en los próximos días.

Por ahora, el escenario sigue abierto. Pero puertas adentro del organismo, la preocupación es concreta: no se trata solo de una estructura.
Se trata de la información que, todos los días, permite anticiparse a lo que viene.

Trabajo en el Duplicar Norte: qué puestos buscan y cómo anotarse paso a paso

Las oportunidades laborales vinculadas al Proyecto Duplicar Norte en Catriel continúan vigentes y abarcan distintos perfiles relacionados con obra, maquinaria pesada y tareas específicas del sector energético.

Las postulaciones se realizan a través del Servicio de Empleo Rionegrino, mediante un formulario online donde cada persona debe cargar su currículum y sus datos laborales.

En este contexto, hay un punto clave que remarcan desde el sector: no alcanza con anotarse, es importante completar correctamente el perfil para poder ser considerado en las búsquedas.

Actualmente, las vacantes apuntan principalmente a perfiles técnicos y operativos. Entre los puestos requeridos se encuentran operadores de retroexcavadora, side boom, excavadora, zanjadora, tractor, curvadora, boring machine, vacuum lift y topadora.

También se buscan perfiles técnicos como soldador API Pipeline, pipe welder, revestidor, rigger AT y acopladorista doble junta. A esto se suman choferes de vehículo pesado.

Las personas interesadas pueden postularse escaneando el código QR difundido por el organismo o ingresando directamente a la web trabajo.rionegro.gov.ar, donde deberán completar el formulario de carga de CV.

El sistema solicita información completa para armar el perfil laboral, incluyendo datos personales, nivel de estudios, experiencia laboral detallada, ocupación actual y referencias laborales. Además, se debe adjuntar documentación en formato PDF, como DNI (frente y dorso), currículum actualizado, certificaciones o cursos, y en caso de corresponder, carnet de conducir, LINTI o IERIC.

Al tratarse de un sistema que centraliza búsquedas actuales y futuras, cuanto más completo y claro esté el perfil, mayores serán las posibilidades de ser tenido en cuenta. También se recomienda detallar tareas concretas realizadas en experiencias anteriores y adjuntar toda certificación disponible.

En proyectos de esta escala, donde hay oportunidades reales, la diferencia no siempre está únicamente en la experiencia, sino en cómo se presenta el perfil al momento de postularse.