La advertencia empezó a circular puertas adentro del cooperativismo, pero en las últimas horas tomó otra dimensión. Un proyecto impulsado por el Gobierno nacional podría modificar una de las bases sobre las que funcionan miles de cooperativas en todo el país.
Según un comunicado difundido por la Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN), en línea con la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), la iniciativa conocida como “ley de hojarasca” propone derogar la Ley 11.380, una norma histórica que hoy mantiene un tratamiento impositivo diferencial para el sector.
El punto que genera mayor preocupación es concreto. De acuerdo a lo expresado por las entidades, si la derogación avanza, las cooperativas deberían comenzar a incluir el valor de sus edificios, instalaciones e infraestructura en el cálculo del capital sobre el que tributan. Esto, explican, podría traducirse en un aumento significativo de la carga impositiva.
Aunque se trata de una discusión técnica, el posible impacto excede lo contable. Las cooperativas sostienen servicios esenciales en numerosas localidades —energía, provisión de bienes, redes comunitarias— y gran parte de su estructura está asentada justamente en esos activos que hoy no se computan de la misma manera. Por eso, advierten que un cambio en las reglas podría afectar su capacidad de inversión, mantenimiento y expansión.
Desde el Gobierno, la propuesta se inscribe en un paquete de desregulación que busca eliminar normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. En ese marco, la Ley 11.380 fue incluida bajo el argumento de que parte de su contenido original habría perdido vigencia con el paso del tiempo.
Sin embargo, desde el sector cooperativo sostienen que esa interpretación es incompleta. Según indican, el artículo que establece beneficios fiscales continúa vigente y fue sostenido en distintas actualizaciones del marco legal. “No es una ley sin efecto, sino una herramienta que acompañó el desarrollo de las cooperativas durante décadas”, remarcan.
El debate también alcanza el destino de los recursos. De acuerdo a datos citados por las entidades, la recaudación actual vinculada al sector superaría ampliamente los niveles de gasto previstos para el organismo correspondiente, lo que —según plantean— abre interrogantes sobre la necesidad de incrementar esa carga.
En este contexto, distintas organizaciones cooperativas ya iniciaron gestiones con diputados y senadores nacionales. El objetivo es frenar la derogación o, al menos, abrir una instancia de revisión que contemple el impacto real de la medida.
Por ahora, el tema avanza sin gran exposición pública. Pero dentro del sector, la señal es clara: si el esquema cambia, advierten, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de las propias cooperativas.
