El conflicto laboral derivado de la quiebra de Madalena Energy Argentina SRL volvió a tensionarse en Catriel. Cuando parecía encaminado un principio de acuerdo para garantizar la continuidad de unos 50 trabajadores petroleros, la firma del acta de traspaso quedó demorada y la negociación seguía abierta al cierre de esta edición.
Según pudo reconstruir VientoSur a partir de distintas fuentes vinculadas a la negociación, el punto que volvió a trabar el cierre del acuerdo es el alcance del reconocimiento de la antigüedad laboral de los empleados que pasarían a desempeñarse bajo el nuevo esquema operativo del área Rinconada–Puesto Morales.
Durante la jornada previa, distintas fuentes habían señalado que existía un principio de entendimiento para sostener puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales. Sin embargo, ese escenario volvió a quedar en revisión durante las últimas horas.
Fuentes vinculadas a los trabajadores sostienen que el acuerdo se habría trabado por diferencias relacionadas con el reconocimiento pleno de la antigüedad acumulada durante los años de prestación laboral en el yacimiento. Desde otros sectores de la negociación, en cambio, relativizan el nivel de tensión y aseguran que las conversaciones continúan abiertas sobre distintos aspectos del esquema laboral.
Fuentes del sector coinciden además en que existe preocupación por evitar que el conflicto escale y garantizar una salida ordenada, especialmente por el impacto que una ruptura podría tener sobre la continuidad operativa del área y el clima social en Catriel.
Sectores involucrados en las conversaciones consultados por este medio señalaron que todavía existen borradores en análisis y que podrían abrirse nuevas instancias formales de negociación si no aparece una definición en las próximas horas.
El punto de fondo sigue siendo el mismo: una cosa es garantizar que los trabajadores sigan ocupados y otra distinta es definir bajo qué condiciones pasan a la nueva operadora. Para los trabajadores, la diferencia puede ser decisiva: no es lo mismo conservar salario y puesto que mantener plenamente la antigüedad y los derechos acumulados durante años de actividad petrolera.
La discusión tiene además un antecedente relevante. El pliego oficial del Concurso Público Nacional e Internacional Nº 02/2025, publicado por la Provincia de Río Negro, establecía que la presentación de una oferta implicaba el compromiso de absorber y colocar bajo relación de dependencia a los trabajadores afectados a la operación del área.
No es lo mismo conservar salario y puesto que mantener plenamente la antigüedad y los derechos acumulados durante años de actividad petrolera.
Ese punto fue interpretado por trabajadores y asesores legales como una garantía de continuidad laboral. Sin embargo, los borradores de actas y propuestas que circularon durante los últimos días abrieron distintas lecturas sobre el alcance jurídico real de esa incorporación.
Abogados laboralistas consultados por VientoSur habían advertido previamente que algunos esquemas preliminares podían implicar un reconocimiento limitado de antigüedad, sin asumir necesariamente continuidad jurídica plena ni pasivos laborales anteriores vinculados a Madalena.
Desde el entorno de la negociación también señalan que el nuevo esquema operativo debe ordenar responsabilidades laborales previas dentro del contexto excepcional generado por la quiebra de la empresa.
Por eso, la pregunta que atraviesa hoy la negociación es simple y sensible para cualquier familia petrolera de Catriel: ¿los trabajadores pasan con todos sus años reconocidos o comienzan una nueva etapa con parte de sus derechos todavía en discusión?
Hasta el momento no hubo una comunicación pública definitiva sobre la firma del acta ni sobre el contenido final del acuerdo. Tampoco hubo precisiones oficiales sobre una eventual convocatoria formal de la Secretaría de Trabajo en caso de que la negociación continúe trabada.
El conflicto se desarrolla en un momento particularmente delicado para Catriel, donde la actividad petrolera sigue siendo parte central de la economía local. La ciudad observa con atención el desenlace de una transición que involucra empleo directo, contratistas, proveedores, regalías y continuidad operativa en una de las áreas históricas del norte rionegrino.
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos públicos del Municipio de Catriel ni de referentes políticos locales sobre las condiciones laborales que podrían regir en el traspaso del área.
Mientras tanto, el caso Madalena vuelve a exponer las tensiones que atraviesan las áreas maduras convencionales en Río Negro: yacimientos con menor inversión, producción en retroceso y alto impacto social cada vez que cambia el operador o se reordena una concesión.
Por ahora, la negociación sigue abierta. Y en Catriel, donde cada puesto petrolero repercute mucho más allá del yacimiento, la definición sobre la antigüedad laboral se convirtió en el punto que puede destrabar —o profundizar— uno de los conflictos más sensibles de la actual transición petrolera rionegrina.
Al cierre de esta edición, las conversaciones continuaban abiertas.
La muerte de Alma Candela Jara, una joven agente de la Policía de Río Negro de 19 años, provocó conmoción en General Roca y abrió nuevamente un debate sensible dentro de la fuerza: la salud mental y el acompañamiento psicológico de quienes integran las instituciones de seguridad.
El fallecimiento de la joven fue confirmado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, que la despidió públicamente con un mensaje cargado de dolor y acompañamiento hacia su familia, seres queridos y camaradas. “Su recuerdo quedará presente en cada guardia, en cada abrazo entre compañeros y en cada acto de entrega hacia los demás”, expresaron desde el organismo.
Alma había iniciado recientemente su carrera dentro de la Policía rionegrina. Por eso, la noticia impactó especialmente entre compañeros e integrantes de la institución, donde en las últimas horas se multiplicaron mensajes de tristeza y conmoción por la muerte de una agente tan joven.
El caso quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, con sede en General Roca, donde se investigan las circunstancias vinculadas al fallecimiento.
Pero más allá del dolor, el caso también dejó expuesto un reclamo interno que comenzó a circular con fuerza dentro de sectores vinculados a la comunidad policial. En el mensaje difundido por el Consejo de Bienestar Policial apareció una frase que no pasó desapercibida: “Que la institución tome nota de la importancia de los controles y seguimientos psicológicos. Nada más”.
El planteo volvió a poner sobre la mesa una discusión compleja y muchas veces silenciosa dentro de las fuerzas de seguridad: el impacto emocional de la actividad policial, las condiciones de salud mental y los mecanismos de contención disponibles para quienes integran la institución.
El reclamo cobró todavía más relevancia por un dato reciente. Apenas semanas antes del fallecimiento de Alma Candela Jara, el propio Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro había impulsado en Viedma una jornada de concientización y prevención del suicidio destinada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Cadetes de la Policía provincial.
La actividad se realizó el pasado 24 de abril y tuvo como objetivo trabajar sobre identificación de factores de riesgo, fases del proceso suicida, mitos vinculados a la problemática e intervención en crisis. La capacitación fue organizada junto a la Asociación Red Argentina de Suicidología y contó con la participación de especialistas en salud mental, intervención comunitaria y prevención.
Entre los ejes abordados estuvieron:
identificación y prevención del suicidio;
factores protectores y factores de riesgo;
intervención institucional;
recomendaciones para la primera respuesta;
y herramientas para actuar ante situaciones críticas.
En ese contexto, la muerte de la joven agente volvió a poner en discusión una problemática que ya había comenzado a ser abordada dentro de ámbitos vinculados a la formación policial y la salud mental en las fuerzas de seguridad.
Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad policial rionegrina despide a una joven agente cuyo fallecimiento dejó una profunda conmoción y un interrogante difícil de evitar: cómo acompañar emocionalmente a quienes también tienen la responsabilidad cotidiana de cuidar a otros.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, pedí ayuda. En Argentina funciona la línea 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o el 0800-345-1435 desde todo el país.
El calendario de farmacias de turno correspondiente a mayo de 2026 en Catriel ya fue difundido, con el objetivo de garantizar la cobertura diaria de atención fuera del horario habitual en la ciudad.
De acuerdo al esquema publicado, cada jornada cuenta con una farmacia asignada, lo que permite a los vecinos saber con anticipación dónde dirigirse ante la necesidad de adquirir medicamentos durante horarios nocturnos, fines de semana o feriados.
El cronograma establece una rotación entre distintas farmacias locales, entre ellas Del Centro, Boulevard, Catriel 1, Catriel 2, Andina, Mosconi y Del Sol, que se distribuyen a lo largo del mes para cubrir la demanda sanitaria.
Durante los primeros días del mes, por ejemplo, el servicio comenzó con Del Centro el viernes 1 de mayo, seguido por Boulevard el sábado 2 y Catriel 1 el domingo 3. El esquema continúa con una rotación diaria que se mantiene de forma sostenida hasta el cierre del mes.
Este sistema de turnos permite ordenar la atención farmacéutica y asegurar el acceso a medicamentos, especialmente en situaciones de urgencia o fuera del horario comercial.
Desde el ámbito sanitario, este tipo de organización resulta clave para sostener la cobertura continua del servicio, evitando superposiciones y garantizando que siempre haya al menos un punto habilitado en la ciudad.
El calendario completo, que detalla día por día qué farmacia se encuentra de turno, ya está disponible para consulta y se recomienda a los vecinos tenerlo a mano para resolver situaciones imprevistas vinculadas a la salud.
Hasta el momento, no se informaron modificaciones en el esquema, por lo que el cronograma se mantiene vigente para todo el mes de mayo.
CALENDARIO COMPLETO DE FARMACIAS DE TURNO MAYO 2026
Viernes 1/5: Del Centro Sábado 2/5: Boulevard Domingo 3/5: Catriel 1
Lunes 4/5: Mosconi Martes 5/5: Catriel 2 Miércoles 6/5: Del Sol Jueves 7/5: Del Centro Viernes 8/5: Boulevard Sábado 9/5: Catriel 1 Domingo 10/5: Andina
Lunes 11/5: Catriel 2 Martes 12/5: Del Sol Miércoles 13/5: Del Centro Jueves 14/5: Boulevard Viernes 15/5: Catriel 1 Sábado 16/5: Andina Domingo 17/5: Mosconi
Lunes 18/5: Del Sol Martes 19/5: Del Centro Miércoles 20/5: Boulevard Jueves 21/5: Catriel 1 Viernes 22/5: Andina Sábado 23/5: Mosconi Domingo 24/5: Catriel 2
Lunes 25/5: Del Centro Martes 26/5: Boulevard Miércoles 27/5: Catriel 1 Jueves 28/5: Andina Viernes 29/5: Mosconi Sábado 30/5: Catriel 2 Domingo 31/5: Del Sol
Un hombre fue condenado por la Justicia de Río Negro por abuso sexual contra una niña en Catriel, en una causa que se extendió durante varios años y que finalmente se resolvió a través de un juicio abreviado en Cipolletti.
La sentencia fue dictada el 11 de marzo de 2026 por el Foro de Jueces Penales de la IV Circunscripción. Según surge del fallo, el acusado reconoció los hechos ante el juez, acompañado por su defensor, y aceptó la pena acordada con la Fiscalía.
De acuerdo a la investigación, los episodios ocurrieron en distintos momentos entre 2022 y 2025. La víctima era una niña y el condenado tenía cercanía con su entorno familiar, ya que era pareja de una tía.
La causa se inició a partir de la denuncia de la madre, y se sostuvo con distintas pruebas: intervención de la Comisaría de la Familia, informes escolares, pericias y la declaración de la niña en Cámara Gesell, donde pudo relatar lo ocurrido.
Según la acusación, el hombre fue declarado culpable de tres hechos de abuso sexual simple y un hecho de abuso sexual con coacción, este último vinculado a amenazas para que la víctima no contara lo sucedido.
El juez dio por válido el acuerdo entre las partes y lo condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional, lo que implica que no irá a prisión siempre que cumpla con una serie de condiciones.
Entre las medidas que deberá respetar están la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, no tener ningún tipo de contacto con ella, fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y presentarse periódicamente ante autoridades judiciales.
Además, deberá realizar un tratamiento psicológico, participar de un curso de masculinidades y someterse a controles durante un período de tres años.
El fallo ya quedó firme, ya que tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron a apelar. A partir de ahora, será la Justicia de Ejecución la encargada de controlar que el condenado cumpla con todas las condiciones impuestas.
Un informe interno de seguridad e higiene laboral volvió a poner en discusión las condiciones edilicias del CET N°37 de Catriel. El documento, fechado el 11 de mayo de 2026 y facilitado a VientoSur por familias de estudiantes que asisten al establecimiento, detalla observaciones vinculadas a electricidad, salidas de emergencia, calefacción, sanitarios y distintos sectores del edificio escolar.
Las imágenes y descripciones incluidas en el relevamiento muestran tableros eléctricos abiertos, cables sin protección aislante, luminarias deterioradas y sectores que, según el propio informe, requieren intervención o mantenimiento.
Uno de los puntos más sensibles aparece en el sistema eléctrico. Según el relevamiento, el tablero principal carece de una térmica magnética tetrapolar para cortar la energía neutra y presenta faltantes de cartelería de riesgo eléctrico, mapa unifilar y mediciones de puesta a tierra.
En otro sector, el documento advierte sobre la existencia de cables sin protección y tableros con tapas faltantes, señalando incluso“peligro de electrocución para los alumnos”. También menciona tubos sin protección con riesgo de caída dentro de áreas de circulación estudiantil.
Las aulas tampoco quedaron fuera del relevamiento. Allí se registraron problemas de iluminación, luminarias sin protección y calefactores fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento. El informe también señala ausencia de llaves de cierre de gas.
En sectores utilizados como depósito y salón de usos múltiples, el documento menciona faltantes de techo y placas de aglomerado “a punto de caerse”, recomendando incluso “clausurar” áreas que no sean utilizadas hasta tanto se intervengan las condiciones edilicias.
El relevamiento también advierte observaciones vinculadas a las salidas de emergencia: puertas que se traban por falta de mantenimiento, ausencia de flechas de evacuación, falta de luces de emergencia y una única salida para sectores del segundo piso.
En paralelo, el documento registra faltante de matafuegos y equipos A, B y C vencidos, además de un matafuego de CO sin identificación ni fijación adecuada.
La situación sanitaria también aparece reflejada en el informe, donde se mencionan baños clausurados, “olores nauseabundos”, falta de iluminación y problemas de limpieza dentro del edificio.
En paralelo, desde UNTER difundieron un comunicado cuestionando el estado de distintos establecimientos educativos recorridos junto a integrantes de la seccional Catriel durante el pasado jueves 7 de mayo.
Según expresaron desde el gremio docente, durante esa recorrida detectaron “escuelas atravesadas por el abandono, la precariedad y la falta absoluta de respuestas del Gobierno Provincial”.
En ese contexto, el sindicato señaló particularmente la situación del CET 37, afirmando que la institución funciona desde hace dos años en un edificio que, según indicaron, “no reúne condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad”.
UNTER también reclamó inversión urgente en infraestructura escolar y la construcción de un edificio propio para la institución técnica.
“No hay calidad educativa posible en escuelas abandonadas por el Estado”, expresaron desde la conducción provincial del gremio docente en un documento firmado por referentes de las áreas de Salud en la Escuela, Nivel Medio, Organización y Prensa.
El informe técnico y el posicionamiento gremial volvieron a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace tiempo a parte de la infraestructura escolar de la provincia: las condiciones edilicias en las que estudiantes y docentes desarrollan actividades diariamente.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación sobre las observaciones incluidas en el relevamiento ni sobre las medidas que podrían adoptarse frente a los puntos señalados en el informe.
Un fuerte estruendo rompió la tranquilidad de la cuadra y segundos después quedó registrado lo que ahora intenta reconstruir el dueño de un Volkswagen Fox dañado: un Renault Megane azul oscuro, con vidrios polarizados, chocó el vehículo estacionado y siguió su camino sin detenerse.
El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona. En una de las grabaciones puede escucharse claramente el impacto y luego observarse al Megane alejándose por la cuadra. Otra cámara logró captarlo doblando en una esquina, aunque hasta el momento no fue posible identificar la patente por la calidad y el ángulo de las imágenes.
El propietario del Volkswagen Fox se encuentra intentando ubicar al conductor para esclarecer lo ocurrido y poder avanzar con los daños ocasionados tras el choque.
Según trascendió, el Renault Megane involucrado sería de color azul oscuro y circularía con vidrios polarizados, datos que ahora podrían resultar clave para intentar reconocer el vehículo.
Las imágenes comenzaron a difundirse con el objetivo de obtener información que permita identificar al conductor o localizar el automóvil involucrado en el hecho.
Quienes crean reconocer el vehículo o tengan algún dato que pueda ayudar pueden comunicarse con este medio mediante mensaje privado o al WhatsApp 2996 12-5157.
El caso volvió a poner sobre la mesa una situación que se repite con frecuencia en distintas ciudades: choques contra vehículos estacionados donde los conductores abandonan el lugar sin dejar datos ni asumir responsabilidad, muchas veces dificultando cualquier reclamo posterior de los damnificados.
Muchas veces, los conflictos más profundos en la infancia no aparecen en un examen, ni en un boletín, ni siquiera en una conversación. Aparecen en silencio. En un dibujo. En una frase escrita. En pequeños gestos que pasan desapercibidos dentro del aula.
Con esa premisa, se realizará en Catriel una jornada de capacitación orientada a docentes bajo el título “Alerta temprana de conflictos en los niños”, una propuesta enfocada en la detección y el acompañamiento de situaciones complejas a través de herramientas vinculadas al análisis de dibujos y escritura infantil.
La convocatoria fue lanzada por el espacio “Catriel Fuerza Rionegrina y Federal” y apunta a brindar recursos para identificar señales tempranas que puedan advertir conflictos emocionales, situaciones de vulnerabilidad o problemáticas que afectan a niños y niñas dentro del ámbito educativo.
La actividad se desarrollará el próximo sábado 16 de mayo a las 9 de la mañana, en el salón de TanGo Energy – Acceso Sur, y será de carácter gratuito. Además, quienes participen podrán acceder a una opción de certificado con resolución nacional.
La jornada contará con la presencia del perito en Psicografología Científica Rubén A. Moreno, quien abordará distintas herramientas de observación y análisis aplicadas a contextos educativos.
El eje de la propuesta gira alrededor de una idea que genera cada vez más atención dentro de ámbitos pedagógicos y de acompañamiento infantil: que muchos niños expresan conflictos, angustias o señales emocionales antes desde lo simbólico que desde la palabra directa.
Por eso, la capacitación buscará trabajar especialmente sobre:
señales de alerta temprana;
indicadores presentes en dibujos y escritura;
herramientas de observación en el aula;
y estrategias de acompañamiento dentro de contextos escolares.
En un contexto donde docentes y equipos educativos enfrentan cada vez más situaciones vinculadas a salud mental, violencia, problemas familiares y dificultades emocionales en niños y adolescentes, este tipo de propuestas empiezan a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la discusión educativa.
La inscripción se realiza a través del número 2995 56-1150 (solo WhatsApp).
Mientras algunas operadoras enfrentan incertidumbre sobre áreas maduras del norte rionegrino, nuevas alianzas shale empiezan a modificar el mapa petrolero cerca de Catriel. En ese escenario, TanGo Energy Argentina sumó concesiones sobre Vaca Muerta y quedó asociada a uno de los movimientos empresariales más relevantes de los últimos meses dentro del sector energético provincial.
La provincia aprobó nuevas concesiones de explotación no convencional para la compañía y extendió hasta 2061 la vigencia de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero provincial. La decisión fue oficializada mediante el decreto provincial 509/26 y contempla concesiones shale sobre las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, bloques ubicados dentro de la formación Vaca Muerta en Río Negro y vinculados al corredor energético del norte provincial.
El movimiento vuelve a colocar a la región dentro del radar de inversiones petroleras, infraestructura energética, servicios especializados y expectativas laborales asociadas al desarrollo no convencional.
Según informó el diario Río Negro, las nuevas concesiones abarcan más de 150.000 acres y serán desarrolladas en asociación con Vista Energy, una de las compañías con mayor crecimiento dentro de Vaca Muerta. El acuerdo establece que ambas firmas compartirán en partes iguales los derechos de explotación, mientras que TanGo quedará como titular y operador de los bloques.
La etapa piloto prevé:
la perforación de seis nuevos pozos shale;
una inversión inicial estimada en 66 millones de dólares;
y el inicio de operaciones durante el primer semestre de 2027.
El avance consolida la participación de TanGo Energy dentro del desarrollo no convencional de Vaca Muerta rionegrina, uno de los objetivos energéticos que la provincia busca acelerar desde hace años para ganar protagonismo dentro del mapa hidrocarburífero nacional.
La empresa ya venía consolidando presencia en Río Negro a través de distintos acuerdos y participaciones vinculadas al norte provincial. Entre sus movimientos más relevantes aparece también su participación en el área Loma Guadalosa, una de las áreas que Río Negro busca posicionar dentro de su estrategia shale y que actualmente se desarrolla junto a Pan American Energy y Continental Resources.
Dentro del sector energético, la llegada de Continental Resources —históricamente ligada al desarrollo del shale en Estados Unidos— fue leída como una señal de interés sobre el potencial no convencional de Río Negro y sobre la viabilidad técnica de nuevos proyectos vinculados a Vaca Muerta fuera de Neuquén.
Ahora, las nuevas concesiones aprobadas sobre Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque profundizan esa estrategia y fortalecen la expansión gradual del shale en el norte provincial.
Catriel continúa siendo uno de los principales nodos petroleros de Río Negro, pese al reciente éxodo de empresas. Su infraestructura energética, la concentración de empresas de servicios, talleres, transportistas, operadoras y mano de obra especializada hacen que cada movimiento sobre áreas hidrocarburíferas genere expectativas económicas y laborales en la región.
Mientras cambian las operadoras, Catriel busca no quedar afuera del nuevo mapa energético de Vaca Muerta.
El crecimiento de TanGo también se inserta dentro de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno provincial para convertir a Río Negro en un actor energético central dentro de la nueva etapa de Vaca Muerta. En los últimos meses, la provincia aceleró proyectos vinculados al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), exportación de petróleo desde Punta Colorada y desarrollos de GNL asociados a mercados internacionales.
En esa línea, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo recientemente que Río Negro será “protagonista” de la nueva transformación energética del país y remarcó que hacia fines de 2026 Argentina comenzará a exportar petróleo desde territorio rionegrino.
Dentro de ese escenario, Catriel busca no quedar relegada frente al avance de otros polos de Vaca Muerta. La intendenta Daniela Salzotto viene planteando desde hace meses la necesidad de integrar a la ciudad al circuito energético regional no solo como zona productiva, sino también como centro de formación, servicios e infraestructura para la actividad hidrocarburífera.
“Con alianzas estratégicas, infraestructura y educación, vamos a ofrecer profesionales y servicios a toda la región de Vaca Muerta”, afirmó Salzotto en una de sus últimas intervenciones públicas vinculadas al desarrollo energético regional.
La jefa comunal también impulsa desde Catriel el denominado corredor Vaca Muerta Norte y distintas gestiones orientadas a fortalecer rutas estratégicas, logística regional y articulación con municipios petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Por eso, el crecimiento de TanGo no se interpreta únicamente como una noticia empresarial. También forma parte de un proceso más amplio que empieza a modificar el esquema petrolero del norte provincial.
Durante décadas, gran parte de la actividad regional estuvo sostenida sobre áreas convencionales maduras. Pero el avance de Vaca Muerta comenzó a cambiar lentamente la lógica de inversiones, el perfil de las operadoras y las perspectivas de desarrollo energético.
Ese proceso también quedó expuesto recientemente con la situación de Madalena Energy, que abrió interrogantes sobre continuidad operativa, empleo petrolero y sostenimiento de áreas maduras en Río Negro. En paralelo, nuevas compañías buscan posicionarse sobre proyectos no convencionales con mayores perspectivas de crecimiento y asociación con capitales externos.
La compañía es encabezada por Pablo Iuliano, ex CEO de YPF y uno de los ejecutivos con mayor trayectoria técnica dentro del desarrollo no convencional argentino. Tras conocerse las nuevas concesiones, Iuliano sostuvo que la empresa trabajó junto a sus accionistas para “desriskear el shale de Río Negro” y afirmó que el objetivo es generar valor energético para la provincia y para el país.
La petrolera proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en cinco años, una meta que muestra la dimensión del plan de crecimiento que busca construir dentro de la Cuenca Neuquina.
La discusión ya no pasa solamente por concesiones o inversiones millonarias. En el norte rionegrino, el debate empieza a ser cuánto de esta nueva etapa de Vaca Muerta podrá convertirse en empleo, servicios, formación técnica y actividad económica para ciudades como Catriel, que construyeron buena parte de su historia alrededor del petróleo.
La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo este 12 de mayo una fuerte expresión en la Patagonia y volvió a mostrar el peso político, social y territorial que tienen las universidades públicas en Río Negro y Neuquén. Lejos de tratarse de una protesta limitada al ámbito académico, las movilizaciones regionales reunieron a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, sindicatos y organizaciones sociales que marcharon bajo una consigna común: exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La jornada llegó además atravesada por un clima de creciente tensión entre el sistema universitario y el Ejecutivo nacional. Horas antes de la movilización, el medio La Política Online informó que el Gobierno dispuso un recorte de 5.300 millones de pesos sobre partidas destinadas a universidades nacionales, principalmente vinculadas a infraestructura del conocimiento y gastos de capital. El dato profundizó el malestar en el ámbito educativo y reforzó la convocatoria federal.
En paralelo, distintas universidades nacionales vienen denunciando un deterioro acelerado del sistema científico y académico. Según publicó La Política Online, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023, en medio de la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste sobre investigación y ciencia.
En Neuquén capital y Viedma se registraron algunas de las principales concentraciones regionales. También hubo convocatorias en General Roca, Bariloche, Cipolletti, Villa Regina y otras localidades donde funcionan sedes universitarias. En Neuquén, la movilización comenzó en el playón central de la Universidad Nacional del Comahue y avanzó luego por el centro de la ciudad con una importante participación social.
La propia UNCo informó que más de 20 mil personas participaron de la movilización en Neuquén capital, en una de las mayores marchas universitarias registradas en la región desde el inicio del conflicto por el financiamiento educativo.
El rol de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue central. Ambas instituciones impulsaron convocatorias conjuntas, conferencias de prensa y actividades coordinadas para defender el financiamiento universitario y advertir sobre el impacto presupuestario en la Patagonia.
La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, encabezaron públicamente el llamado a marchar. Junto a representantes gremiales y estudiantiles, plantearon que la situación ya afecta salarios, investigación, becas, funcionamiento institucional y permanencia estudiantil.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, las autoridades advirtieron además sobre un fenómeno que comenzó a profundizarse durante el último año: la renuncia de docentes y profesionales por deterioro salarial. Según datos difundidos por la propia universidad y replicados por medios regionales, desde 2024 se registraron más de 270 renuncias dentro de la institución.
Ese dato encendió una alarma particular en la Patagonia, donde muchas carreras dependen de perfiles especializados difíciles de reemplazar en el corto plazo. Rectores y gremios sostienen que el problema ya no se limita a una discusión salarial, sino que comienza a afectar la capacidad estructural de las universidades para sostener carreras, investigación científica y extensión territorial.
En Río Negro, la movilización también tuvo fuerte presencia en ciudades intermedias y localidades del interior. La Sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro compartió imágenes de la marcha realizada en Villa Regina, donde estudiantes, docentes y vecinos se sumaron a la convocatoria nacional en defensa de la educación pública.
La protesta además excedió al ámbito estrictamente universitario. En Río Negro, UnTER realizó una “plaza activa” en defensa de la educación pública y contra el ajuste, integrando el reclamo docente provincial al escenario nacional de conflictividad educativa.
La movilización regional también dejó en evidencia otra cuestión de fondo: el papel estratégico que cumplen las universidades públicas en provincias patagónicas con grandes distancias geográficas y fuerte desigualdad territorial. Para miles de familias de Río Negro y Neuquén, la UNCo y la UNRN representan la posibilidad concreta de acceder a educación superior sin abandonar definitivamente sus ciudades o afrontar costos imposibles de sostener en grandes centros urbanos.
La Universidad Nacional del Comahue, con presencia histórica en Neuquén y Río Negro, funciona además como uno de los principales espacios de formación profesional del norte patagónico. La Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2007 y expandida en distintas sedes provinciales, consolidó durante los últimos años una fuerte inserción territorial en ciudades intermedias y localidades del interior.
Por eso, la discusión sobre financiamiento universitario adquirió en la Patagonia una dimensión distinta a la de otros centros urbanos del país. El debate no pasa únicamente por partidas presupuestarias: involucra arraigo, desarrollo regional, acceso a educación pública y continuidad de proyectos científicos vinculados a recursos naturales, energía, ambiente, salud y producción.
Las universidades patagónicas también pusieron el foco en el conflicto judicial abierto con el Gobierno nacional. Tanto la UNCo como la UNRN respaldaron el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron que el Ejecutivo continúe apelando fallos judiciales vinculados al tema.
Mientras la discusión avanza hacia la Corte Suprema, la marcha del 12 de mayo dejó una señal clara en Río Negro y Neuquén: las universidades públicas lograron convertir un conflicto presupuestario en un debate social mucho más amplio sobre el rol del Estado, el acceso a la educación y el futuro del desarrollo regional en la Patagonia.
La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a llenar las calles del país este martes 12 de mayo, pero dejó una señal política más profunda que la foto de una movilización masiva: el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ya no se discute solo en términos presupuestarios. Ahora también se juega en el terreno judicial e institucional.
Bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes, docentes, nodocentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal fue en Plaza de Mayo. En la Patagonia, la convocatoria tuvo fuerte presencia en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con marchas y actividades impulsadas por comunidades universitarias regionales. En Neuquén capital, medios regionales reportaron más de 30 mil personas movilizadas.
En Río Negro y Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro habían convocado en conjunto a la marcha federal. La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, presentaron el llamado como una defensa de la ley de financiamiento y del sistema universitario público en el interior del país.
El dato que diferenció esta marcha de otras protestas universitarias fue el avance del conflicto judicial. Pablo Manili, abogado constitucionalista y patrocinante de la demanda impulsada por 59 universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional, afirmó que se trata de un caso sin antecedentes: “Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”.
Según explicó Manili, la causa comenzó en octubre de 2025, luego de que el Poder Ejecutivo no aplicara la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. En diciembre, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó garantizar los llamados créditos alimentarios, vinculados a salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles. En febrero de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó esa cautelar. Sin embargo, de acuerdo con el planteo de las universidades, el Gobierno volvió a apelar y busca llevar el caso a la Corte Suprema.
Ese punto es central para entender por qué la protesta ya excede el reclamo salarial. Las universidades no solo denuncian falta de recursos: sostienen que el Ejecutivo incumple una ley votada por el Congreso y resoluciones judiciales que ordenan aplicarla. Por eso, el conflicto quedó planteado en tres planos simultáneos: la calle, el Congreso y los tribunales.
El documento difundido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional habló de 203 días sin aplicar la ley y advirtió sobre una situación presupuestaria crítica. Según ese planteo, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. El mismo dato fue retomado por medios nacionales y organismos universitarios como parte del diagnóstico del sector.
La discusión ya no pasa solo por el presupuesto universitario: el conflicto escaló hacia el cumplimiento de una ley votada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
Chequeado también registró el deterioro del financiamiento universitario: en el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado a universidades cayó 7,9 % real interanual y 30,7 % respecto de 2023. Además, señaló que los salarios docentes cayeron 34,2 % desde noviembre de 2023.
El impacto no se limita a las aulas. Rectores y sindicatos advierten que el ajuste afecta salarios, becas, investigación, hospitales universitarios, obras sociales y funcionamiento cotidiano. Las Becas Progresar, las Becas Manuel Belgrano y las becas vinculadas a vocaciones científicas aparecen entre los puntos más sensibles del reclamo, porque inciden directamente en la permanencia de estudiantes de sectores populares dentro del sistema.
En la Patagonia, ese aspecto tiene una dimensión particular. Para muchas localidades del interior, la universidad pública no es solo una institución educativa: es una herramienta de arraigo, movilidad social, formación profesional y desarrollo regional. En ciudades como Neuquén, General Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti, la presencia universitaria permite que miles de jóvenes estudien sin tener que migrar definitivamente a grandes centros urbanos.
Por eso, la marcha del 12 de mayo no puede leerse únicamente como una protesta sectorial. La discusión de fondo es si el financiamiento universitario depende de una decisión discrecional del Gobierno de turno o de una obligación legal aprobada por el Congreso y exigida por la Justicia.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene su política de equilibrio fiscal y cuestiona el impacto presupuestario de la norma. Pero la controversia abierta por las universidades apunta a otro punto: cuando una ley está vigente y existen resoluciones judiciales que ordenan cumplirla, el desacuerdo político no alcanza para suspender su aplicación.
La Corte Suprema aparece ahora como el próximo escenario de una disputa que ya dejó de ser estrictamente universitaria. Lo que comenzó como un reclamo por presupuesto terminó convertido en una discusión sobre educación pública, división de poderes y cumplimiento de la ley.
La marcha mostró volumen en la calle. Pero el conflicto más profundo quedó escrito en los tribunales.
