Son las 8:50 de la mañana. En minutos, la intendenta Daniela Salzotto abrirá el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. Es muy probable que el debate por la coparticipación y las regalías sea uno de los ejes centrales de su discurso. No es un tema menor. Puede redefinir buena parte del presupuesto de la ciudad.
Hay discusiones que parecen técnicas hasta que uno hace la cuenta en voz alta.
La Provincia de Río Negro anunció que va a actualizar los índices de coparticipación y regalías. El argumento es claro: el sistema actual utiliza parámetros desactualizados. El 40% del índice se calcula con datos poblacionales de 1991, otro 40% con recaudaciones de 1987, 1988 y 1989, y las regalías con criterios de 2004. Además, el Gobierno informó que se abrirán mesas técnicas con participación de intendentes y legisladores.
Actualizar reglas de hace más de tres décadas puede ser razonable.
El problema no es actualizar. El problema es cómo impacta en Catriel.
Según lo difundido por el Municipio tras la reunión de intendentes, la Secretaría de Energía provincial propuso reemplazar el índice actual por una ecuación que combine tres variables: producción, distancia y cantidad de pozos dentro del ejido municipal.
En esa presentación se informó que, con la aplicación de ese nuevo índice, la participación de Catriel bajaría del 60% al 29,18%, lo que implicaría una pérdida del 30,82%.
Ahora bien, ¿por qué esa combinación podría afectar específicamente a Catriel?
Porque no todas las ciudades productoras tienen la misma configuración territorial.
Catriel tiene un ejido amplio y una historia de producción extendida en el territorio. Si la ecuación prioriza métricas puntuales —como densidad de pozos en determinadas áreas o cercanía a ciertos nodos operativos— el peso territorial integral podría diluirse.
Aquí aparece un punto clave que todavía no está del todo claro: ¿qué territorio se va a considerar al momento de medir producción y pozos? ¿La totalidad del ejido municipal o únicamente áreas hidrocarburíferas delimitadas dentro de un perímetro más acotado?
Si el cálculo se restringe a zonas operativas específicas y no contempla el conjunto del territorio donde históricamente se desarrolló la actividad, el impacto sobre Catriel podría ser considerable. No es un planteo político. Es una consecuencia técnica del diseño de la ecuación.
En otras palabras: si la fórmula privilegia la concentración puntual y no la extensión territorial productiva, municipios con áreas más compactas podrían ganar peso relativo, mientras ciudades con ejidos más amplios podrían perder participación.
No es una cuestión emocional. Es una cuestión de diseño técnico.
Si ese criterio se aplicara tomando como referencia los ingresos del año pasado, la ciudad pasaría de percibir aproximadamente $2.104 millones a alrededor de $1.052 millones. En números simples: cerca de $1.000 millones menos al año.
Es importante aclararlo: no se publicó oficialmente la ecuación completa ni el peso exacto de cada variable, ni se difundieron simulaciones oficiales municipio por municipio. La información conocida surge de la presentación realizada en el encuentro con intendentes.
Pero el escenario planteado existe.
Entonces vayamos a algo concreto.
El presupuesto 2026 de Catriel ronda los $26.238 millones. Una pérdida cercana a los $1.000 millones representaría casi el 4% del total anual.
En términos municipales, 4% no es marginal. Es margen de inversión. Es capacidad de respuesta.
En 2025, Catriel recibió $720 millones del bono petrolero por la prórroga de concesiones. Con esos fondos se terminaron las siete cuadras que faltaban en la colectora de Mosconi, se realizaron cordones cuneta y badenes en Cuatro Esquinas y se adquirió un camión compactador de residuos.
No fue un anuncio. Fue asfalto y equipamiento real.
Hoy una cuadra asfaltada en la región puede costar —según la complejidad de la obra— entre 45 y 60 millones de pesos. Con ese rango como referencia, $1.000 millones equivalen aproximadamente a entre 16 y 22 cuadras por año. Redondeando: unas 20 cuadras.
Veinte cuadras menos cada año.
Eso cambia la dimensión del debate.
Catriel no es un número.
Es una ciudad que durante más de seis décadas fue uno de los principales territorios productores de hidrocarburos de la provincia. Y esa historia tuvo ingresos y progreso, pero también desgaste y postergaciones: la Ruta 151 durante años en mal estado, un hospital que todavía necesita mayor complejidad, falta de especialistas, infraestructura escolar que no siempre acompañó el crecimiento, servicios que quedaron por debajo de la demanda.
Y está el plano ambiental. Más de medio siglo de actividad extractiva dejó huella en el territorio. No existen informes públicos consolidados que permitan evaluar con claridad el grado de remediación ambiental en el ejido catrielense ni el balance histórico entre extracción e inversión compensatoria. Si la nueva ecuación prioriza variables operativas actuales sin considerar esa historia territorial y ambiental, la discusión queda incompleta.
No se trata de confrontar. Se trata de claridad.
Si se va a modificar el esquema de regalías, la ciudadanía necesita conocer:
- La ecuación completa del nuevo índice.
- El peso específico de cada variable.
- Cómo se mide cada componente.
- Qué territorio se toma como base de cálculo.
- Qué impacto concreto tendría en cada municipio.
- Si habrá un esquema de transición ante una reducción abrupta.
La discusión empieza en una ecuación. Pero termina en el modelo de federalismo interno que la provincia quiere construir.
Porque cuando se habla de $1.000 millones menos, no se habla solamente de un porcentaje. Se habla de infraestructura. Se habla de servicios. Se habla de futuro.
Y eso es demasiado importante como para discutirlo sin todos los números sobre la mesa.
Elio Carrasco
Director de VientoSur Noticias
