El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de agredir a su hermana con un machete en una vivienda del barrio Obrero A, en una ciudad del Alto Valle de Río Negro. La jueza de Garantías dispuso un mes de prisión preventiva y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses.
El hecho ocurrió el lunes 16 de febrero de 2026, alrededor de las 21, en el interior de una vivienda familiar. Según expuso la fiscal en la audiencia realizada este miércoles 18 de febrero, en medio de una discusión el hombre atacó a la mujer con un machete, provocándole una herida cortante profunda en el antebrazo derecho que requirió sutura y otra lesión en la zona del tórax.
La calificación legal es la de lesiones leves agravadas por el contexto de género, en carácter de autor.
Como sustento probatorio, la fiscalía detalló la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Familia, el certificado médico que acredita las lesiones sufridas y el informe elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI).
La defensora oficial no se opuso a la calificación legal, aunque cuestionó la versión de los hechos al señalar que su asistido declaró haber sido agredido previamente por la mujer. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de un mes, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función del vínculo familiar entre las partes y la cercanía de sus viviendas.
El oficialismo decidió eliminar el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas dentro de la reforma laboral, luego de reconocer que no contaba con los votos suficientes para sostenerlo en la Cámara de Diputados. La medida se adoptó horas antes del tratamiento del proyecto y en paralelo a la convocatoria a un paro general de 24 horas impulsado por la CGT.
El punto cuestionado habilitaba la posibilidad de reducir entre un 25% y un 50% el salario de trabajadores con licencias por enfermedad no laboral, además de acotar plazos. La iniciativa había sido defendida por el oficialismo tras su aprobación en el Senado, pero el rechazo de bloques aliados y la presión sindical forzaron su retiro.
La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, obtuvo dictamen de mayoría en Diputados luego de que el Ejecutivo aceptara eliminar ese capítulo. Sin embargo, el conflicto político no se disipó.
En paralelo, la CGT ratificó el paro nacional y advirtió que la medida “paralizará al país de punta a punta”. La UTA confirmó que no habrá colectivos, lo que garantiza un alto impacto en el transporte urbano y de larga distancia. Desde la central obrera sostienen que la reforma implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y cuestionan que se modifiquen derechos laborales consolidados.
El debate también dejó expuestas diferencias dentro de la Patagonia. En la votación del Senado sobre el título que incluía el artículo de licencias médicas, la posición de los representantes rionegrinos fue dividida. El senador Enzo Fullone (La Libertad Avanza) acompañó la iniciativa, mientras que Ana Marks y Martín Soria votaron en contra.
En el resto de la región hubo escenarios dispares. Neuquén fue la única provincia patagónica que no aportó votos negativos al artículo, mientras que en Santa Cruz todos sus representantes rechazaron tanto el capítulo de licencias como la reforma en general. La eliminación del artículo no cierra el debate de fondo. Gobernadores nucleados en el espacio Provincias Unidas ya manifestaron su rechazo a otros puntos del proyecto, particularmente aquellos vinculados a la centralización de facultades laborales en un organismo nacional. Si bien Río Negro no firmó la carta de intención difundida por ese bloque, el planteo vuelve a instalar la discusión sobre el alcance del federalismo en materia de control del empleo.
Con el artículo de licencias fuera del texto, el oficialismo busca aprobar la reforma en Diputados y enviarla nuevamente al Senado si hubiera modificaciones. El conflicto sindical, las diferencias provinciales y la tensión interna dentro del oficialismo anticipan que el tratamiento parlamentario seguirá atravesado por negociaciones contrarreloj.
El Foro de Jueces y Juezas Penales del 4° Circunscripción Judicial de Cipolletti resolvió el 3 de diciembre de 2025 el sobreseimiento en el expediente MPF-CA-00543-2024, iniciado por un hecho ocurrido en Catriel.
La causa se originó por un episodio registrado el 7 de abril de 2024, cuando el imputado se presentó junto a su madre en una vivienda de la ciudad y, tras un intercambio verbal con un menor le propinó un golpe de puño en el rostro. El móvil habría sido una agresión previa de la víctima hacia un hermano del agresor.
De acuerdo con el certificado médico emitido el 7/04/2024 a las 23:53 por el médico policial, la lesión fue clasificada como leve y consistió en “herida cortante de 0.3 cm en parte interna de labio inferior izquierdo”. La imputación fue encuadrada en los artículos 45 y 89 del Código Penal.
En audiencia, la fiscal adjunta Dra. Marcela Marchetti solicitó el sobreseimiento al informar que, durante el trámite del proceso, se aplicó un criterio de oportunidad que habilitó una instancia de conciliación. En ese marco, se impuso al imputado una prohibición de acercamiento al menor y a su domicilio, así como la prohibición de todo tipo de contacto.
La Fiscalía indicó que, cumplidas las pautas y alcanzada una conciliación conforme al artículo 96 inciso 5 del Código Procesal Penal, se prescindió de la acción penal por considerarla extinguida, en los términos del artículo 97 del CPP.
El defensor particular Angelo Zamataro Amaranto adhirió al planteo.
La jueza de Garantías hizo lugar al pedido y dispuso el sobreseimiento, declarando además que el proceso no afecta el buen nombre y honor del imputado, conforme al artículo 157 del CPP, y ordenó el archivo de las actuaciones sin costas.
Efectivos activos y retirados de la Policía y el Servicio Penitenciario de Río Negro elevaron un petitorio dirigido al gobernador Alberto Weretilneck, en el que detallan 14 puntos vinculados a salarios, condiciones laborales y garantías institucionales.
El documento plantea como eje central un haber inicial de $1.800.000 desde el cargo base de agente, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria del personal policial y penitenciario. También solicita que se respete la Ley de Sueldos N° 679, que regula la composición salarial.
Entre los puntos incluidos, se exige el pago de juicios con sentencia firme vinculados a la zona desfavorable, la reducción de los tiempos de demora en el pago de reajustes al sector pasivo y el cumplimiento del cronograma para ese adicional.
El petitorio reclama además el respeto a la pirámide salarial del 6 a 1 y el reconocimiento económico a funciones que implican mayor responsabilidad y riesgo, como choferes, jefes de calle y oficiales de servicio.
De acuerdo con los últimos parámetros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la línea de pobreza para un hogar tipo —dos adultos y dos menores— supera el millón de pesos mensuales a nivel nacional. En la región patagónica, por el mayor costo de vida, ese umbral es más alto, lo que incrementa el impacto de la inflación sobre los ingresos de las familias. En ese contexto, el Consejo sostiene que los salarios actuales no alcanzan a cubrir el costo de vida en la región.
En materia laboral, el documento solicita garantizar la movilidad gratuita para quienes prestan servicios lejos de su residencia, el cumplimiento estricto de los horarios de descanso y la provisión permanente de uniformes para todo el personal.
También incluye el pedido de tratamiento digno para quienes asisten a gabinetes psicológicos, con la premisa de que esa situación no afecte su carrera profesional.
En sus puntos finales, el texto reclama el pago retroactivo a pensionadas por la aplicación de la Ley 5505, la creación de una mesa de diálogo permanente con participación del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, y que no se adopten medidas administrativas ni represalias contra el personal que se manifieste.
El documento fue presentado en el marco del reclamo salarial que mantiene desde hace años un sector de la fuerza.
El anuncio del acampe se produce luego de que el Ejecutivo informara una actualización salarial del 6,79% para febrero, compuesta por un ajuste por inflación y un adicional específico, además de una suma fija de $250.000 en dos cuotas.
El Consejo anticipó que la permanencia en la capital provincial será por tiempo indeterminado hasta que se habilite una instancia de negociación directa con el Gobierno.
El proceso paritario 2026 entre el Ejecutivo municipal y los gremios que representan a los trabajadores comenzó el 6 de febrero, en una reunión encabezada por la intendenta Daniela Salzotto junto a referentes de ATE, SOYEM y UPCN.
Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la situación actual del personal municipal y se establecieron ejes de trabajo para el año en curso.
En materia salarial, el Ejecutivo presentó una propuesta que prevé un incremento del 1,5% mensual desde enero hasta junio inclusive, lo que implica un 9% acumulado al salario básico en el primer semestre de 2026.
Además, se planteó el otorgamiento de un incentivo escolar de $50.000, a abonarse en el mes de marzo, destinado a acompañar el inicio del ciclo lectivo.
Entre los lineamientos definidos para este año se incluyen instancias de capacitación para el personal municipal, con formación en manejo de flota, tareas administrativas y otras áreas, así como acciones orientadas a la reducción del ausentismo.
Las partes acordaron dar continuidad al diálogo en el marco de la negociación paritaria.
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió la inscripción a dos nuevas capacitaciones virtuales destinadas a vecinos y vecinas de Catriel, con inicio en la primera semana de marzo.
Una de las propuestas es “Herramientas digitales para el diseño digital”, orientada al uso de Adobe Illustrator y Photoshop, que comenzará el jueves 05/03 a las 18:00 horas.
La segunda capacitación, “Cómo hacer streaming en casa”, iniciará el martes 03/03, también a las 18:00 horas, con modalidad completamente virtual.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de febrero y se realizan de manera presencial en el Punto Digital, de lunes a viernes, en los horarios de 6:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Las clases se desarrollarán en formato online, ampliando el acceso a herramientas vinculadas al diseño y la producción de contenidos digitales para la comunidad local.
La reforma laboral que avanza en el Congreso no es un ajuste técnico: cambia las reglas del juego. El punto más fuerte está en los despidos.
Desde ahora, la indemnización por despido sin causa se calculará solo sobre el sueldo mensual normal y habitual. Quedan afuera conceptos como aguinaldo y vacaciones. Eso, en términos simples, significa que el monto final a cobrar puede ser más bajo que el actual.
Además, la ley establece que la indemnización será la única reparación posible. Se busca cerrar la puerta a reclamos adicionales.
A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Las empresas aportarán todos los meses un porcentaje del salario (1% grandes empresas, 2,5% pymes) para cubrir futuros despidos. En los hechos, el costo del despido deja de ser un golpe fuerte al final y pasa a estar “prorrateado” en el tiempo. Para el empleador, eso da previsibilidad. Para el trabajador, puede hacer más sencilla la decisión de despedir.
Otro cambio clave es que los convenios de empresa podrán imponerse sobre los convenios nacionales. Esto rompe con la lógica histórica argentina, donde los acuerdos sectoriales marcaban un piso común. Ahora una empresa podría pactar condiciones distintas —salarios, jornadas, adicionales— aunque el sector tenga un convenio más favorable. El impacto dependerá del poder real que tenga cada trabajador o sindicato en esa empresa.
La jornada laboral también se flexibiliza. Se habilita el “banco de horas”: se pueden compensar horas trabajadas de más en un período con menos horas en otro, por acuerdo entre partes. En teoría es voluntario. En la práctica, en un mercado laboral con desempleo y salarios deteriorados, el margen de negociación individual no siempre es equilibrado.
Las vacaciones podrán fraccionarse con un mínimo de siete días y se amplía el período para otorgarlas entre octubre y abril. Más flexibilidad para organizar el trabajo; menos rigidez en el descanso.
En licencias por enfermedad se refuerza el control médico y las juntas médicas. La empresa tendrá más herramientas para verificar certificados y discutir diagnósticos. Esto puede reducir abusos, pero también endurecer conflictos en casos reales de enfermedad.
En cuanto a los juicios laborales, se redefine qué conceptos entran en el cálculo y se establece una fórmula de actualización basada en inflación más un 3% anual. El objetivo declarado es frenar la litigiosidad. El efecto concreto dependerá de la inflación real: si la fórmula queda corta, el trabajador podría perder poder de cobro con el tiempo.
En el plano sindical, se mantiene el 6% de aporte patronal a obras sociales. Los aportes solidarios seguirán siendo obligatorios por dos años (con tope del 2%) y luego pasarán a ser voluntarios. También se fijan topes a ciertos aportes derivados de convenios colectivos. No es un desmantelamiento sindical, pero sí una regulación más estricta.
La reforma también promete reducción de cargas sociales para incentivar empleo formal y crea regímenes de incentivo a la formación y a la inversión. El Gobierno sostiene que esto generará más trabajo registrado. No hay garantías: dependerá del contexto económico.
¿A quién puede afectar más?
Un trabajador con empleo estable y antigüedad puede ver reducida su protección ante un despido. Un empleado de pyme con alta rotación podría enfrentar desvinculaciones más previsibles para la empresa. En sectores con sindicatos fuertes, el impacto podría amortiguarse. En empresas pequeñas o con representación débil, los convenios por firma pueden cambiar condiciones a la baja.
En síntesis: la reforma no elimina derechos básicos, pero redefine el equilibrio. Reduce el peso económico del despido para la empresa, amplía márgenes de flexibilidad y pone más énfasis en acuerdos individuales o por empresa. Si genera más empleo formal o si termina debilitando la posición del trabajador dependerá menos del texto y más de la economía real y de la capacidad de negociación en cada lugar de trabajo.
La convocatoria pública realizada este 9 de febrero en la Plaza de la Familia para reclamar soluciones de fondo por el servicio de agua potable dejó una imagen elocuente: solo unas 30 personas se acercaron a firmar el petitorio impulsado por el Concejo Deliberante.
La actividad se desarrolló en medio de reclamos sostenidos por cortes, baja presión y falta de información oficial, una situación que se repite desde hace años en distintos barrios de la ciudad. Vecinos aseguran que los reclamos son registrados, pero que el servicio continúa funcionando de manera irregular.
Desde la organización señalaron que la convocatoria se difundió con poco margen de anticipación, lo que pudo haber incidido en la asistencia. No obstante, la baja participación volvió a reflejar una dificultad persistente en Catriel para construir acciones colectivas frente a problemáticas estructurales que afectan a amplios sectores de la población.
La crisis del agua no es un fenómeno reciente. Registros y antecedentes locales indican que las fallas en el sistema de abastecimiento se arrastran desde 2003, atravesando distintas gestiones y planes de obra que no lograron resolver el problema de manera definitiva. Pese al escenario, desde el Ejecutivo municipal ratificaron que el reclamo continuará por los canales institucionales, con gestiones ante organismos provinciales y el seguimiento desde el Concejo Deliberante, insistiendo en la necesidad de concretar la nueva planta potabilizadora para la ciudad.
En las primeras horas del día siguiente a la convocatoria, el servicio comenzó a normalizarse parcialmente. Sectores como Lote 15 y Cuatro Esquinas fueron de los primeros en recuperar la provisión, aunque persiste la expectativa por una solución estable y de largo plazo.
El malestar por el servicio de agua se mantiene desde hace años en Catriel. En casa oportunidad, vecinos y vecinas denuncian cortes prolongados, baja presión y agua turbia, y aseguran que, si bien los reclamos formales son asentados, el servicio no se regulariza de manera sostenida.
Hasta el momento, Aguas Rionegrinas S.A. y el Gobierno de Río Negro no emitieron comunicados oficiales explicando las causas de las fallas de un servicio que tiene una evidente deficiencia por falta de infraestructura adecuada.
Docentes del Nivel Inicial y la seccional local de UnTER Catriel manifestaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Educación de Río Negro de avanzar con el cierre de salas en los jardines independientes 42 y 43 de Catriel, una medida que consideran perjudicial para las infancias, las familias y las instituciones educativas.
Según explicaron desde las comunidades educativas, el comienzo del ciclo lectivo 2026 estuvo marcado por resoluciones administrativas que afectan el normal funcionamiento de ambos jardines y generan incertidumbre laboral entre las docentes. El reclamo se centra en la aplicación del Documento Orgánico Marco de la Educación Inicial (DOMEI), recientemente incorporado como reglamentación para el nivel.
De acuerdo a lo informado, el nuevo marco normativo contempla la posibilidad de incluir niños y niñas de 3 años ante la baja natalidad y la disminución de matrícula en las edades obligatorias de 4 y 5 años. Sin embargo, las docentes señalaron que, pese a existir inscripciones, no se garantiza la continuidad de las salas existentes y se avanza en el cierre de cargos.
Esta situación implica la reubicación de docentes en otros puestos, lo que —según indicaron— provoca un efecto en cadena que perjudica a otras trabajadoras del nivel y debilita los proyectos institucionales. Desde las escuelas remarcaron que el cierre de salas vulnera el derecho a la educación desde la primera infancia y profundiza desigualdades.
Desde UnTER Catriel difundieron un pronunciamiento público en el que expresaron: “Nunca sobra la seño de mi jardín. Para contener y acompañar a nuestras infancias”, y reafirmaron su posición de defensa de la escuela pública y del Nivel Inicial como una prioridad educativa.
En los últimos tiempos, el término “therian” comenzó a circular con más frecuencia en redes sociales, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Videos, debates y comentarios cruzados despertaron curiosidad, dudas y, en algunos casos, reacciones cargadas de prejuicio. ¿De qué se trata realmente esta cultura? ¿Es una moda, un riesgo, una identidad? Y, sobre todo, ¿por qué vale la pena entenderla incluso en una ciudad como Catriel?
Qué es la cultura therian
La cultura therian refiere a personas que expresan una identificación interna, psicológica o simbólica con un animal no humano, al que suelen llamar theriotype. No se trata de creer que el cuerpo físico sea animal ni de negar la condición humana. Tampoco implica, en la gran mayoría de los casos, conductas visibles en el espacio público.
Es, ante todo, una forma de nombrar una vivencia subjetiva: sensaciones, rasgos de personalidad, emociones o modos de percibir el mundo que la persona asocia a un animal. Para algunos es una experiencia profunda; para otros, un marco simbólico que ayuda a entenderse mejor.
De dónde surge y por qué aparece
El concepto empezó a tomar forma en comunidades digitales angloparlantes en los años 90, pero su expansión real llegó con las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram o Discord facilitaron el encuentro entre personas con experiencias similares y aceleraron la visibilidad del fenómeno. No es casual que aparezca con fuerza en adolescentes y jóvenes. Psicólogos y especialistas en educación señalan que muchas expresiones therian se inscriben en procesos normales de exploración identitaria, búsqueda de pertenencia y necesidad de lenguaje para expresar emociones complejas. En ese sentido, la cultura therian no puede separarse del contexto actual: identidades más flexibles, fuerte presencia digital y comunidades que se construyen en línea.
Desde una perspectiva más amplia, el fenómeno therian puede leerse como una expresión contemporánea de una idea mucho más antigua: el teriantropismo o teriomorfismo, presente en múltiples culturas a lo largo de la historia. Este concepto refiere a la representación simbólica o espiritual del vínculo entre lo humano y lo animal, visible en mitologías, cosmovisiones originarias y prácticas chamánicas. A diferencia de esas formas tradicionales —colectivas y rituales—, los therians actuales expresan esa conexión como una vivencia identitaria individual, sin plantear transformaciones físicas ni constituir una religión o práctica institucionalizada, sino como una manera personal de explicar sentimientos, percepciones o rasgos profundos de identidad.
Lo que no es (y conviene aclarar)
Parte de la confusión pública surge por asociaciones erróneas. La cultura therian: No es una enfermedad mental ni un diagnóstico clínico. No implica delirio ni pérdida de contacto con la realidad. No es lo mismo que la subcultura furry, que es artística y recreativa. No está ligada al maltrato animal ni a conductas violentas. Informar sin estas aclaraciones básicas suele llevar al ridículo o al alarmismo, dos atajos que empobrecen el debate.
Cómo se vive en lo cotidiano
La mayoría de las personas therian estudian, trabajan y se vinculan socialmente sin dificultades. Su identidad no suele ocupar el centro de la vida diaria ni reemplaza otros roles. En muchos casos, se expresa de forma íntima, creativa o en espacios virtuales seguros.
Desde las ciencias sociales, se la analiza como una expresión cultural contemporánea, más cercana a un lenguaje simbólico que a una ruptura con la realidad. No hay una única explicación, pero sí un consenso: patologizar automáticamente no ayuda a comprender.
¿Y qué tiene que ver con Catriel?
Aunque la cultura therian se visibiliza sobre todo en grandes plataformas digitales, no es ajena a ciudades pequeñas o medianas. Catriel, como muchas localidades, tiene adolescentes hiperconectados, escuelas atravesadas por debates nuevos y adultos que, muchas veces, reciben estos temas sin herramientas para interpretarlos.
El desafío local no es “estar a favor” o “en contra” de una identidad, sino saber cómo abordarla. En el aula, en la familia o en la comunidad, la clave está en escuchar sin burlas, no sobreactuar, observar si hay malestar real y, sobre todo, cuidar a la persona antes que discutir la etiqueta.
Una lectura desde lo local
Aunque no se registraron convocatorias formales en Catriel, el impacto regional del tema atraviesa a la comunidad. Escuelas, familias y espacios juveniles se ven interpelados por debates que no siempre cuentan con herramientas para ser abordados con serenidad. Referentes educativos remarcan que escuchar, no patologizar de forma automática y observar posibles situaciones de vulnerabilidad real es más efectivo que reaccionar desde el rechazo o la burla.
La cultura therian no define a una generación ni constituye un fenómeno masivo, pero sí funciona como un síntoma de época: identidades más flexibles, centralidad de lo digital y nuevas formas de nombrar experiencias subjetivas. Entenderla no implica promoverla ni negarla, sino informar con responsabilidad.
En un contexto regional donde el tema ya salió de las pantallas y llegó a las plazas, el desafío para comunidades como la nuestra es evitar respuestas simplistas. Comprender antes de juzgar sigue siendo una de las claves para convivir en sociedades cada vez más diversas y atravesadas por transformaciones culturales profundas.
