El concejal Gonzalo Gerez, presidente del bloque del Frente de Acción Vecinal, difundió un descargo público en respuesta a las publicaciones realizadas por la concejala Elizabeth Cofré y por Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas por Primero Río Negro, en el marco de la controversia generada tras la sesión del Concejo Deliberante en la que se trató el Presupuesto municipal.
En su comunicado, Gerez explicó que la moción de orden que presentó para someter el dictamen a votación se realizó —según afirmó— una vez que todos los bloques habían expuesto sus posiciones. Indicó que la medida se ajustó al reglamento interno del Concejo, en particular a los artículos vinculados al orden de la palabra y a la formulación y trámite de las mociones, y sostuvo que actuó dentro de sus atribuciones como concejal y presidente de bloque.
En relación con las críticas formuladas por Cofré, Gerez cuestionó que se ponga en duda la legalidad de la moción y expresó sorpresa ante lo que consideró un desconocimiento del reglamento por parte de una concejala con trayectoria tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo local.
El presidente del bloque oficialista también respondió a las expresiones públicas realizadas por Rivero, quien había formulado descalificaciones personales en redes sociales. Gerez rechazó esos dichos, remarcó su legitimidad como representante electo por el voto ciudadano y cuestionó el carácter político del cargo que ocupa el integrante del Tribunal de Cuentas.
En el mismo mensaje, Gerez señaló que algunos de los comentarios recibidos reprodujeron miradas estigmatizantes hacia el pueblo mapuche, a partir de su identidad cultural, y expresó su repudio a ese tipo de expresiones.
Finalmente, cerró su comunicado reafirmando su disposición al trabajo institucional y su compromiso con la función que desempeña en el Concejo Deliberante de Catriel.
El anuncio de reparaciones en la Escuela Primaria 281 volvió a visibilizar un malestar persistente entre familias y ex integrantes de la comunidad educativa de Catriel. Lejos de celebrar la intervención, numerosos comentarios públicos expresaron frustración por lo que consideran respuestas parciales frente a problemas estructurales.
Entre los señalamientos se repiten menciones a instalaciones de gas deficientes, filtraciones, falta de espacios adecuados para actos escolares y educación física, y condiciones edilicias que, según relatan, se mantienen sin cambios desde hace más de una década.
Las críticas no se dirigieron únicamente a la obra puntual, sino a la ausencia de soluciones integrales y a una dinámica que describen como repetitiva: trabajos en períodos de receso que no logran modificar la situación general del establecimiento.
El intercambio dejó en evidencia una brecha entre el discurso institucional y las expectativas de quienes transitan la escuela cotidianamente.
Un conflicto entre particulares en Catriel que había llegado a la Justicia penal se resolvió sin condena luego de la restitución de un automóvil denunciado como retenido de manera indebida.
La causa se inició tras la presentación de un vecino que acusó a otro hombre de haberse quedado con su Fiat Palio de tres puertas, luego de un acuerdo verbal por trabajos que no se habrían cumplido. Según la denuncia, pese a los pedidos de devolución, el vehículo no fue entregado.
El imputado fue acusado por retención indebida, pero durante la investigación la fiscal Analía Díaz y el defensor oficial Marcelo Caraballo impulsaron una solución alternativa prevista en la normativa penal, con el consentimiento del damnificado.
El acuerdo incluyó la devolución del automóvil, cuya ubicación fue informada y verificada. Las partes coincidieron en que el hecho no generó daños materiales ni consecuencias personales, por lo que no existió perjuicio económico.
Con esos argumentos, la Defensa solicitó el sobreseimiento, que fue aceptado por el juez Juan Pedro Puntel, quien entendió que el caso encuadraba en los supuestos habilitados por el artículo 96 para prescindir de la persecución penal al tratarse de “un hecho insignificante”.
El concejal de Fernández Oro, Christian Artero, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que el Ministerio Público Fiscal le comunicó el archivo de la denuncia penal presentada en su contra “por no haber podido comprobar” los delitos denunciados. Según su declaración, la decisión llegó luego de 8 meses de investigación.
En su mensaje, Artero sostuvo que la presentación en su contra incluyó señalamientos por presuntos delitos como administración fraudulenta, malversación, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el cargo, entre otros, y afirmó que esas acusaciones no se confirmaron.
El concejal orense atribuyó la denuncia a una decisión política del gobierno de Fernández Oro encabezado por Gustavo Amati y afirmó que el objetivo fue instalar un caso para afectar su imagen pública. En el video agradeció a personas cercanas y dijo que atravesó un proceso que describió como una campaña de desprestigio.
El caso había tomado estado público en mayo, en el marco de una denuncia penal vinculada a una presunta incompatibilidad por el ejercicio simultáneo de funciones y la percepción de ingresos en Catriel y Fernández Oro. En el contexto de esa presentación se mencionaron contratos de locación de servicios con el municipio de Catriel y se incorporaron cifras atribuidas a documentación agregada a la denuncia, entre ellas facturaciones superiores al millón de pesos y una percepción como concejal cercana a esa cifra durante varios meses de 2025.
En junio de este año, desde la Municipalidad de Catriel se difundió una respuesta oficial en la que se rechazó que existiera “doble sueldo” en esa ciudad y se describió el vínculo como un contrato profesional por locación de servicios como asesor municipal sin relación de dependencia, sin asignación horaria y con facturación. En ese marco, se sostuvo que no había observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la documentación presentada. Sin embargo, si se hizo alusión a una «filtración» de documentación oficial desde el órgano de control local hacia los denunciantes en Fernández Oro.
En su momento la intendenta Daniela Salzotto también se expresó públicamente en respaldo del concejal. «Es alguien de mi entera confianza», sostuvo Salzotto.
Finalmente, desde julio de 2025, Artero dejó de ser contratado como asesor por el municipio local.
Tras el anuncio de archivo difundido por el concejal este 30 de diciembre, se reactivó una discusión que atravesó a Fernández Oro y Catriel durante 2024 y 2025: los límites entre un cargo electivo y contrataciones municipales bajo modalidad profesional.
La denuncia penal sostenía que existía una superposición de funciones por la banca de concejal en Fernández Oro y contratos de locación en Catriel. Algo que, según explicó Artero, la Justicia no pudo comprobar.
Además hubo menciones a un rol de Artero en una Fundación vinculada al Polo Tecnológico. En su respuesta, el municipio de Catriel aclaró que la función del concejal orense como tesorero de la Fundación era ad honorem.
En la denuncia también se indicaba que la normativa provincial y municipal impediría acumulación de empleos públicos y que la Justicia debía determinar si correspondía la configuración de delitos. De acuerdo con lo publicado por Artero, la Justicia rionegrina definió que no había probatoria suficiente para configurar un delito.
La discusión no se limitó a la figura de Artero: en el debate público también se planteó el rol de los tribunales de cuentas, el uso de documentación interna y la necesidad de delimitar con precisión cuándo un contrato implica una relación estatal y cuándo se trata de una prestación profesional.
En el cierre de su mensaje, Artero convocó a continuar el trabajo político durante 2026 y afirmó que no buscará sostener el conflicto en términos personales.
La concejala Juana Cárdenas, del bloque Juntos Somos Río Negro, difundió un comunicado en el que fijó su postura sobre el tratamiento del Presupuesto municipal y sobre lo ocurrido durante la última sesión del año en el Concejo Deliberante de Catriel.
En el texto, Cárdenas recordó que a comienzos de diciembre presentó un proyecto de Resolución para exigir un presupuesto analítico y detallado, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer en qué se invierten los recursos municipales y la coparticipación destinada a obras. Si bien la iniciativa fue rechazada en el recinto, señaló que el Ejecutivo incorporó posteriormente un nivel de detalle mayor al presentado originalmente.
La concejala destacó que en el presupuesto aprobado figuran partidas para el asfaltado de la Avenida Rawson, una obra incluida en proyectos que había presentado con anterioridad. Indicó que acompañó ese ítem con su voto y remarcó que su prioridad es que las obras se concreten más allá de la autoría política de las propuestas.
Cárdenas también señaló diferencias con el contenido del Presupuesto. Expresó que acompañó la moción de la Banca del Pueblo para asignar fondos al Presupuesto Participativo, que finalmente fue rechazada, y manifestó preocupación por la disminución de partidas vinculadas a discapacidad, asistencia alimentaria y el comedor del barrio Preiss. Aun así, explicó que decidió votar el presupuesto en general para no obstaculizar la gestión municipal.
En el mismo comunicado, la concejala valoró la aprobación de un proyecto propio que establece la obligación del Ejecutivo de remitir por correo electrónico todas sus resoluciones a los concejales, medida que —según indicó— permitirá mejorar el trabajo legislativo y garantizar el acceso a la información.
Finalmente, Cárdenas expresó su solidaridad con la concejala Elizabeth Cofré por lo ocurrido durante la sesión. Sostuvo que, pese a existir un pedido de palabra vigente y no haberse agotado el debate, se utilizó una moción de orden para llamar a votación e impedir su intervención, y advirtió sobre la necesidad de resguardar el respeto y la voz de todos los integrantes del cuerpo deliberativo.
La concejala Elizabeth Cofré dio a conocer un nuevo comunicado en el que presentó los primeros datos generales del Presupuesto 2026 aprobado para la ciudad de Catriel y anticipó que realizará un análisis detallado de su contenido en los próximos días.
Según informó, el presupuesto municipal previsto para el próximo ejercicio asciende a $26.238.331.555.000, cifra que corresponde al total de gastos proyectados para el año. En ese marco, Cofré señaló que el monto supera los 26 mil millones de pesos y que su difusión busca facilitar la comprensión pública de cómo se distribuyen los recursos municipales.
La concejala indicó que el esquema compartido permite observar la participación relativa de cada jurisdicción y área dentro del total del gasto, así como identificar cuáles concentran mayor asignación presupuestaria y cuáles tienen una incidencia menor. En ese sentido, planteó que el análisis del presupuesto no se limita a los números globales, sino que implica revisar prioridades, criterios de inversión y posibles impactos en la vida cotidiana de la población.
En el comunicado, Cofré adelantó que continuará desglosando distintos componentes del Presupuesto 2026 con el objetivo de que la información sea clara y accesible, y de promover un análisis colectivo con mirada crítica. También vinculó ese proceso con la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información como herramientas centrales para la democracia local.
El estado de la Ruta 151, una vía clave para la conexión entre Catriel y Cipolletti, fue nuevamente puesto en agenda a partir de un video difundido por la intendenta Daniela Salzotto.
El material fue grabado durante un viaje por el sector intermedio del trayecto. Mientras conducía, la jefa comunal explicó que el registro buscaba mostrar tanto el deterioro del asfalto como el tránsito que circulaba en ese momento.
En el video se menciona que la velocidad del vehículo era de 55 km/h, utilizada como referencia durante el recorrido.
La difusión del material se suma a otros planteos públicos sobre el estado de esta ruta, utilizada de manera cotidiana por vecinos y vehículos que conectan distintas localidades de la región.
El Poder Judicial de Río Negro informó que el fuero Civil de Cipolletti ordenó el cese de la actividad nocturna de un salón de eventos ubicado en una zona residencial de Catriel, luego de comprobarse que generaba niveles de ruido superiores a los permitidos y afectaba de manera sostenida el descanso de dos personas.
Según el comunicado oficial, durante más de cuatro años las personas damnificadas convivieron con música a alto volumen durante las noches de fines de semana. Los ruidos provenían de un local comercial conocido como “Juanse”, situado en la intersección de las calles Polonia y Justa Cortez, que funcionaba como salón de fiestas y boliche, con impactos tanto dentro de las viviendas linderas como en la vía pública durante la madrugada.
Ante la persistencia del problema, los vecinos realizaron reclamos ante organismos municipales, enviaron cartas documento y finalmente iniciaron una acción judicial solicitando el cese de los ruidos. En el marco del proceso, se llevó adelante una pericia sonora conforme a la norma IRAM 4062/21, que midió los niveles de sonido tanto en el interior de las viviendas como en el propio salón.
El informe técnico determinó que las emisiones superaban en más de 8 decibeles el nivel de fondo permitido, umbral que la normativa establece para considerar un ruido como molesto. La pericia concluyó que, tanto en el dormitorio de una de las viviendas como en la planta alta de la otra, los niveles registrados excedían los valores admisibles para una zona residencial urbana en horario nocturno.
Si bien el titular del local presentó documentación que acreditaba la habilitación comercial, el expediente municipal incorporó advertencias previas de una especialista en higiene y seguridad, quien había recomendado realizar obras de aislamiento acústico integral en techos, paredes, puertas y ventanas. No se acreditó que esas mejoras se hubieran ejecutado y el informe señaló que el aislamiento parcial existente resultaba insuficiente.
Con base en estas pruebas, el juez ordenó el cese inmediato de los ruidos y estableció que la actividad solo podrá retomarse cuando se realicen las obras de insonorización necesarias y una nueva pericia confirme que los niveles sonoros no superan los límites permitidos dentro de las viviendas. La sentencia es de primera instancia y no se encuentra firme, ya que puede ser apelada.
Además, el fallo reconoció el daño ocasionado por la afectación prolongada de la tranquilidad, el descanso y la vida cotidiana de las personas damnificadas, y fijó una indemnización de $950.000 para cada una, lo que totaliza $1.900.000 en concepto de daño extrapatrimonial.
La concejala Elizabeth Cofré difundió una nueva respuesta pública luego del comunicado emitido por el bloque oficialista del Concejo Deliberante, en el que se sostuvo que el debate por el Presupuesto 2026 había sido extenso y que la moción de orden se ajustó al reglamento interno.
En su pronunciamiento, Cofré afirmó que el punto central del conflicto no fue la duración de la sesión, sino que se le negó el uso de la palabra a pesar de haberla solicitado con anterioridad a la moción presentada por el concejal Gonzalo Gerez. Según señaló, ese pedido seguía vigente al momento en que se decidió cerrar el debate y someter el proyecto a votación.
La concejala sostuvo que solo realizó una intervención durante el tratamiento del Presupuesto y que no pudo evacuar dudas ni profundizar el análisis del proyecto, motivo por el cual votó en contra. En ese sentido, rechazó que su posición responda a una actitud personal o a una estrategia comunicacional posterior a la votación.
Cofré también cuestionó que, mientras su pedido de palabra no fue atendido, se habilitara la exposición del Secretario de Gobierno —quien no integra el cuerpo deliberativo— y que la votación debiera demorarse debido a la ausencia momentánea de una concejala del oficialismo. Según indicó, durante ese lapso volvió a solicitar la palabra sin obtener respuesta.
En relación con las críticas del bloque oficialista a su voto negativo, la concejala rechazó que oponerse al Presupuesto implique “votar contra los vecinos” y planteó que aprobar un proyecto sin debate completo ni respuestas claras representa una falta de responsabilidad institucional.
Finalmente, Cofré reafirmó su postura a favor del control democrático, la transparencia y el debate legislativo pleno, y sostuvo que el uso del reglamento no puede justificar el impedimento de la palabra dentro del recinto.
El bloque de concejales y concejalas del Frente de Acción Vecinal difundió un comunicado para responder a las publicaciones realizadas por la concejala Elizabeth Cofré, en las que denunció que se le impidió expresarse durante la sesión en la que se trató el Presupuesto municipal.
Según el pronunciamiento oficialista, la sesión se extendió por más de tres horas e incluyó intercambio de posturas políticas, consultas técnicas y debate entre los distintos bloques. En ese marco, sostuvieron que el tratamiento del Presupuesto 2026 no fue interrumpido, sino que el debate se dio por agotado antes de someter el proyecto a votación.
El comunicado afirma que la moción de orden presentada por el concejal Gonzalo Gerez y aceptada por la Presidencia del Concejo se realizó conforme al reglamento interno, el cual —según indicaron— prevé este tipo de herramientas cuando los argumentos comienzan a repetirse y el intercambio ya cumplió su instancia democrática.
Desde el bloque también señalaron que todos los espacios políticos contaron con tiempo para expresar sus posiciones y rechazaron que se haya cercenado el derecho a la palabra. En ese sentido, plantearon que la votación se resolvió de manera legítima y mayoritaria.
El Frente de Acción Vecinal vinculó además el voto negativo de Cofré con el rechazo al contenido del Presupuesto aprobado, al que describieron como una herramienta central para la gestión municipal. En el comunicado se enumeran partidas por más de $3.200 millones destinadas a obra pública, infraestructura de servicios y remediación ambiental, así como recursos vinculados al funcionamiento del municipio y a los trabajadores municipales.
Finalmente, el bloque reafirmó su compromiso con la transparencia y el desarrollo de la ciudad, y cuestionó lo que consideró una utilización del conflicto político en redes sociales. El documento lleva la firma de los concejales Nelson Díaz, Carolina Piris, Gonzalo Gerez, Teresa Cardona y Rosa Nievas.
