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El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Esto significa que aún no es ley: ahora el proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados.

La reforma cambia aspectos centrales de la vida laboral diaria. Estos son los principales puntos y cómo impactan en los trabajadores:

Indemnizaciones más bajas en caso de despido

Se mantiene la fórmula de un sueldo por cada año trabajado, pero cambia la base de cálculo. El aguinaldo ya no se tendrá en cuenta y tampoco se sumarán ciertos beneficios como vales de comida o reintegros. Además, se fija un tope: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio.

Esto puede significar indemnizaciones más bajas, especialmente para quienes tienen adicionales o salarios variables.

Posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional

Se habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio colectivo.

En la práctica, esto puede modificar el sistema actual y reducir el monto que un trabajador recibe al ser despedido.

Banco de horas y cambios en la jornada

Se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas de más en un día con menos horas en otro, sin pagarlas como extras.

Esto puede traducirse en jornadas más largas sin cobrar horas adicionales.

También se permite promediar la jornada según la actividad, siempre respetando descansos mínimos.

Puede generar semanas con más carga laboral sin aumento proporcional del salario.

Vacaciones fraccionadas

Las vacaciones podrán dividirse en períodos de al menos 7 días corridos, y otorgarse fuera del período tradicional, por acuerdo.

El descanso anual podría quedar fragmentado y perder continuidad.

Menor salario en algunas licencias médicas

Si una enfermedad o accidente ocurre en el marco de una actividad voluntaria considerada riesgosa, el trabajador cobrará el 50% del salario durante la licencia; en otros casos, el 75%.

Esto implica una reducción del ingreso durante el período de recuperación.

Cambios en los convenios colectivos

Cuando un convenio venza, no se mantendrán todas sus condiciones hasta que haya uno nuevo, como ocurre actualmente.

Esto puede debilitar la posición de los trabajadores en negociaciones salariales.

Además, se fortalecen los convenios por empresa, que podrán imponerse sobre acuerdos más amplios de la actividad.

Podría fragmentar condiciones laborales dentro de un mismo sector.

Nuevas reglas para asambleas sindicales

Las reuniones dentro de los lugares de trabajo requerirán autorización del empleador respecto al horario y espacio.

Esto puede limitar la organización interna de los trabajadores.

Período de prueba más largo en casas particulares

En ese régimen, el período de prueba se amplía a 6 meses.

Durante ese tiempo, el empleador puede despedir con menor protección.

Mientras se debatía el proyecto en el recinto, sindicatos y organizaciones se movilizaron frente al Congreso. Según los datos informados, alrededor de 300 personas fueron alcanzadas por gases y balas de goma, 31 resultaron detenidas y 70 demoradas.

Con la media sanción en el Senado, la reforma laboral ahora pasa a la Cámara de Diputados. Solo si allí se aprueba, el proyecto se convertirá en ley y entrará en vigencia.

El Observatorio Mumalá, de Mujeres de la Matria Latinoamericana, registró 266 femicidios en todo el país durante 2025, lo que representa 11 casos más que en 2024, según el relevamiento difundido al cierre del año. De acuerdo con esos datos, la tasa nacional se ubicó en 1 femicidio cada 100.000 mujeres, un indicador que se mantiene estable desde hace cuatro años.

Desde la organización señalaron que estas cifras reflejan la persistencia de las formas más extremas de violencia de género y reforzaron el pedido de declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, como herramienta para recuperar y ampliar políticas de prevención, asistencia y protección.

En ese marco, Aballay advirtió que “seguimos en emergencia y se siguen desfinanciando todos los programas para contener a las mujeres víctimas de violencia” y remarcó la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de los dispositivos de atención, con guardias activas y personal suficiente.

El informe vuelve a poner en agenda la relación entre la continuidad de los femicidios y el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género, en un contexto en el que los indicadores no muestran mejoras sostenidas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes y fondos por un total actualizado de $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad. La resolución, firmada el 18 de noviembre de 2025, se aplica sobre activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, integrantes de ambas familias y sociedades comerciales asociadas.

La sentencia que habilitó la confiscación quedó firme el 10 de junio de 2025. En su versión original, el monto ascendía a poco más de $84.800 millones, pero fue actualizado tras un informe técnico elaborado por peritos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Luego de la revaluación, los condenados fueron intimados a cubrir la cifra, aunque ninguno cumplió con el requerimiento judicial.

El decomiso abarca propiedades y activos de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles transferidos a los hijos de la exmandataria. El tribunal dispuso que, si estos bienes no alcanzan a cubrir el monto fijado, se avance con el remate de activos de otros condenados, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

A pedido de los jueces, la Fiscalía detalló el origen del patrimonio en cuestión e identificó bienes adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Las defensas de Báez, Kirchner y los demás involucrados solicitaron anular la medida al considerar que no se acreditó la relación directa entre los bienes alcanzados y las maniobras investigadas. También objetaron la inclusión de activos previos al ejercicio de cargos públicos y el alcance sobre propiedades ya analizadas en causas con sobreseimientos.

El tribunal sostuvo que la sentencia firme demostró que tanto Báez como la familia Kirchner obtuvieron beneficios económicos directos e indirectos vinculados a la adjudicación irregular de contratos viales, y que la confiscación responde al objetivo de resarcir el daño ocasionado a la administración pública.

Los bienes serán incorporados a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, y la Corte Suprema definirá su destino según el reglamento vigente. La resolución deja abierta la posibilidad de sumar nuevos activos durante la etapa de ejecución, siempre que se ajusten a los parámetros establecidos por el tribunal.

Los 15 diputados opositores de la Comisión Investigadora Libra presentaron este martes el informe final sobre el caso $LIBRA, donde concluyen que “los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El documento, leído por el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro, sostiene que la evidencia reunida vincula directamente a actores financieros que habrían operado para monetizar la imagen presidencial.

Según Ferraro, “la información y el material probatorio reunidos confirma los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales”. El análisis técnico sobre movimientos en blockchain registró flujos de fondos coincidentes con los montos y fechas detectados en investigaciones previas, lo que —según el informe— describe un presunto acuerdo de cooperación destinado a promover y capitalizar la criptomoneda.

El texto señala que los hechos son compatibles con los establecidos en el artículo 172 del Código Penal, que tipifica la estafa, y afirma que “el Presidente habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”. Uno de los elementos centrales es que “el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público”, y cuya procedencia —según el informe— “sigue sin explicar”. Para los legisladores, ese dato refuerza la hipótesis de un contacto previo con los desarrolladores de $LIBRA.

Los diputados también sostienen que el caso no se trataría de un episodio aislado. El secretario de la comisión, Juan Marino, apuntó que existen antecedentes que siguen un patrón similar: CoinX, Vulcano y Kit Protocol, donde se repiten nombres vinculados al caso actual. Para Marino, el denominado Criptogate “no es solo una presunta estafa sino un modus operandi que podría determinar otros tipos penales”.

La comisión revisó además la resolución de octubre de 2025 de la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, que menciona que “los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei”. Para los diputados, esto exige “una respuesta institucional acorde” por parte de los poderes del Estado argentino.

En el cierre del informe, los legisladores afirman que los hermanos Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados al caso y piden que el Congreso determine si corresponde avanzar en un planteo formal por mal desempeño presidencial. También anticiparon que iniciarán acciones penales contra funcionarios que obstaculizaron el acceso a la información, y que presentarán un recurso ante la Corte Suprema por la negativa de agentes judiciales a colaborar con pedidos de auxilio de la fuerza pública para asistir a la comisión.