Un hombre de aproximadamente 50 años fue trasladado al hospital local luego de verse involucrado en un choque con una camioneta perteneciente a la flota oficial de la Provincia. El hecho se registró minutos después de las 7:00, en la intersección de Cacique Catriel y Bibiana García.
De acuerdo a la información disponible, el impacto provocó que la motocicleta fuera arrastrada varios metros, generando lesiones que requirieron atención médica inmediata. Al momento de la asistencia, el conductor del rodado menor se encontraba consciente.
En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de Tránsito y equipos de Salud Pública, mientras que la circulación fue restringida para permitir las pericias. La camioneta involucrada sufrió daños en su parte frontal. Las actuaciones buscan establecer cómo se produjo el choque y determinar responsabilidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y sacados de Venezuela luego de una operación que describió como un ataque “a gran escala”. Según su mensaje, adelantó que brindará detalles en una conferencia prevista para las 11:00 en Mar-a-Lago.
Mientras tanto, el gobierno venezolano difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como una “agresión militar” contra “territorio y población” y mencionó hechos en la ciudad de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En ese mismo marco, informó la orden de “estado de conmoción exterior” en todo el país y aludió al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para sostener su derecho a la legítima defensa.
Antes y durante esas declaraciones, el texto recoge reportes de explosiones y aeronaves sobrevolando la capital a baja altura. También se mencionan cortes de electricidad en distintas zonas de Caracas, según vecinos y periodistas citados, y se ubica el inicio de las detonaciones “pasadas las 2:00”, con referencias a puntos como la base aérea de La Carlota.
En la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reclamó a Washington una prueba de vida de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y sostuvo que no se informó oficialmente el paradero del presidente. En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió calma a la población y llamó a no facilitarle el escenario al “enemigo invasor”.
En el plano internacional, se señalan reacciones inmediatas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó preocupación por los reportes de explosiones y actividad aérea inusual; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó lo que consideró un ataque; España pidió desescalada y se ofreció para facilitar una salida negociada; y Rusia describió el episodio como un acto de agresión armada y llamó a evitar una escalada mayor.
En Argentina, el presidente Javier Milei celebró el operativo anunciado por Trump y publicó: “La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”.
También se consigna un pronunciamiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, con un llamado a una salida pacífica. Además, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó —según el texto— que Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Allí se enumeran cargos como “Conspiración Narcoterrorista”, “Conspiración para Importar Cocaína” y acusaciones vinculadas a ametralladoras y dispositivos destructivos, sin mayores precisiones documentales en el material.
Dos integrantes de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel fueron convocados por el cuerpo técnico de la Federación Argentina de Tenis de Mesa para distintas instancias de trabajo y competencia durante el año 2026.
La convocatoria fue comunicada el 1 de enero de 2026 y alcanza a Ignacio Serra y Manuela Pereyra, ambos con desempeño destacado durante la temporada anterior.
En el caso de Serra, fue seleccionado para continuar su desarrollo dentro del programa DAR (Desarrollo de Alto Rendimiento), una iniciativa respaldada por el ENARD. Las actividades se desarrollarán entre el 19 y el 31 de enero en el CeNARD, con la participación de 14 atletas de todo el país. Será el único representante de Río Negro en esa instancia.
Por su parte, Pereyra fue convocada por el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Mayores para disputar los selectivos nacionales que se realizarán en Rosario, los días 13 y 14 de febrero de 2026. Allí competirá por una de las cuatro plazas disponibles para integrar el equipo nacional.
Los selectivos serán clasificatorios para el Campeonato Sudamericano de Mayores, previsto del 15 al 21 de junio de 2026 en Santiago de Chile, y también para el Campeonato Mundial por Equipos 2026, que se realizará en Londres.
Actualmente, Manuela Pereyra se ubica entre las primeras posiciones del ranking nacional y ocupa el puesto 712 del ranking mundial en la categoría Mayor.
Desde la Escuela Municipal se destacó el recorrido deportivo de ambos atletas durante 2025 y señalaron que las convocatorias responden al trabajo sostenido desarrollado en el último año.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro resolvió archivar una denuncia por presunto fraude contra la administración pública presentada contra el concejal Christian Martín Artero, al concluir que los hechos investigados no constituyen delito según la legislación penal vigente. La decisión fue firmada el 30 de diciembre de 2025 por la fiscal Alejandra Altamira, en una resolución emitida desde la ciudad de Cipolletti.
La causa se inició a partir de una denuncia que señalaba una presunta incompatibilidad funcional por la percepción simultánea de ingresos provenientes del Municipio de General Fernández Oro y del Municipio de Catriel, situación que —según el denunciante— violaría la Constitución provincial y la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública.
Durante la investigación, la Fiscalía dio por acreditado que Artero asumió como concejal el 10 de diciembre de 2023 y que percibió su dieta bajo distintas modalidades. En una primera etapa, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, cobró su remuneración de forma directa. Luego, entre abril y diciembre de 2024, presentó una nota ante el Concejo Deliberante solicitando donar su dieta, la cual fue incorporada a la caja del propio Concejo mediante resoluciones administrativas. A partir del 1 de enero de 2025, retomó el cobro directo de su sueldo como concejal.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal constató que Artero prestó servicios remunerados para el Municipio de Catriel bajo la modalidad de contratos de locación de servicios como asesor en políticas públicas. Los contratos fueron celebrados en distintas fechas y abarcaron un período comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 y al menos el 13 de junio de 2025, sin interrupciones, con honorarios actualizados y condiciones formales establecidas en resoluciones municipales.
La denuncia también mencionaba el desempeño de Artero como tesorero de la Fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel, rol que la Fiscalía analizó únicamente como parte del contexto funcional, sin atribuirle remuneración ni conductas penalmente relevantes.
Tras analizar la documentación remitida por ambos municipios y el Concejo Deliberante, la fiscal Altamira concluyó que no existe una prohibición penal expresa que impida a un concejal ejercer un cargo electivo y, al mismo tiempo, prestar servicios mediante contratos de locación en otro municipio. En su resolución, remarcó que el derecho penal se rige por el principio de legalidad, que impide sancionar conductas que no estén tipificadas como delito en una ley previa.
Respecto de la Ley Provincial N.º 3550 de Ética en la Función Pública, la Fiscalía señaló que el Municipio de Fernández Oro no adhirió a esa norma, y que aun aplicándola de manera estricta, la conducta investigada no encuadra en las incompatibilidades que la ley prevé, las cuales se refieren a la acumulación de empleos públicos y no a contratos de prestación de servicios.
En relación con la donación de la dieta como concejal, la resolución indica que los fondos no quedaron bajo el dominio ni administración personal de Artero, sino que fueron incorporados a la caja del Concejo Deliberante, órgano colegiado que administra sus recursos de manera autónoma. Por ese motivo, la Fiscalía descartó que hubiera existido disposición indebida de fondos públicos o beneficio personal que permitiera configurar un fraude.
Con estos fundamentos, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar las actuaciones en los términos del artículo 128 inciso 4° del Código Procesal Penal de Río Negro, aclarando que la medida es provisoria y podría reabrirse si surgieran nuevos elementos de prueba.
La Fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel presentó sus Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N.º 9, finalizado el 30 de abril de 2025, en los que declara activos totales por $412.042.748,48 y un superávit anual de $13.585.146,30, según surge de la documentación contable auditada por un profesional independiente.
Del total informado, el activo corriente —es decir, los bienes y recursos de más rápida realización— asciende a $366.230.804,18. Dentro de ese rubro, el balance consigna $5.550.324,33 en caja y bancos, $21.099.709,29 en créditos por ventas, $31.244.387,00 en inversiones financieras y $298.711.288,23 en bienes de cambio, el rubro de mayor peso patrimonial.
El Estado de Flujo de Efectivo permite observar que el ejercicio se inició con $20.283.762,15 disponibles y cerró con $5.550.324,33, lo que representa una disminución neta de $14.733.437,82 durante el período analizado. La documentación no presenta este dato como pérdida, sino como resultado de los movimientos operativos, de inversión y financieros del ejercicio.
En cuanto a la composición de los bienes, el balance detalla que los bienes de cambio están integrados principalmente por maíz a granel y animales porcinos en proceso, mientras que el activo no corriente, que totaliza $45.816.944,30, incluye activos biológicos por $15.695.854,62 y bienes de uso por $30.121.055,69.
Las notas a los estados contables indican que la actividad principal declarada por la Fundación para la generación de recursos es la faena y comercialización de ganado porcino por cuenta propia, con una primera etapa de compra de animales para faena y reventa, y una segunda etapa de cría propia destinada a su posterior faena y comercialización.
En materia de obligaciones, la entidad informa un pasivo total de $51.556.871,06, compuesto mayoritariamente por deudas corrientes vinculadas a proveedores, remuneraciones, cargas sociales y obligaciones fiscales. También se consigna una línea de crédito con el CFI por $1.160.571,07. El patrimonio neto declarado asciende a $360.490.877,42.
El Estado de Recursos y Gastos expone recursos ordinarios por $1.030.839.235,87 y gastos ordinarios por $1.047.182.250,39. A esos resultados se suma un resultado financiero y por tenencia de $37.243.275,60, lo que arroja un resultado antes del impuesto a las ganancias de $20.900.225,08. Tras deducir $7.315.078,78 en impuesto a las ganancias, el ejercicio cerró con el superávit informado de $13.585.146,30.
Los estados contables cuentan con informe de auditoría independiente, firmado por un contador público, quien señaló que la documentación “presenta razonablemente” la situación patrimonial, los resultados y el flujo de efectivo de la Fundación al cierre del ejercicio, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. En el informe también se consigna un pasivo previsional devengado exigible al cierre del período.
En paralelo a la presentación formal de la documentación, el 30 de diciembre de 2025 el Poder Ejecutivo municipal informó que se realizó una reunión en el Concejo Deliberante de Catriel en la que se expusieron y analizaron informes de gestión, económicos y financieros vinculados a la Fundación. Según el comunicado difundido en redes oficiales, del encuentro participó la intendenta Daniela Salzotto, junto a integrantes del equipo de gestión municipal, representantes de la Fundación y actores del sector privado. El texto oficial señala que durante la presentación se habilitó un espacio de debate, intercambio y cuestionamientos, sin detallar los contenidos abordados, las observaciones realizadas ni si quedaron asentadas en registros públicos del cuerpo deliberativo.
La información contenida en el balance permite dimensionar el volumen de recursos y bienes administrados por la Fundación, así como su resultado económico y su nivel de obligaciones al cierre del ejercicio 2024–2025, a partir de datos surgidos exclusivamente de la documentación contable presentada.
La intendenta Daniela Salzotto confirmó gestiones ante la Provincia y la Legislatura de Río Negro para revisar los límites del ejido municipal de Catriel, en un contexto de redefiniciones territoriales que comienza a impactar en el norte del Alto Valle.
El reclamo no es nuevo para la ciudad, pero tomó renovada relevancia a partir de avances territoriales impulsados por otros municipios de la región. Desde el Ejecutivo local señalaron que existen sectores donde Catriel mantiene desde hace años una presencia efectiva, tanto en la prestación de servicios como en la relación administrativa con vecinos que se identifican con la ciudad.
Según explicó Salzotto, el ejido establecido en la Carta Orgánica municipal, respaldado por documentación histórica, es más amplio que el que actualmente se reconoce en la práctica. En esas áreas, detalló, hay superficiarios, provisión de agua, gestiones vinculadas a salud y vecinos con domicilio en Catriel, lo que refuerza el planteo de revisar el esquema vigente.
El Concejo Deliberante de Catriel ya comenzó a trabajar sobre el tema y, en paralelo, el municipio solicitó la convocatoria de la Comisión Provincial de Ejidos, con el objetivo de avanzar en un relevamiento territorial que refleje la situación real sobre el terreno.
En ese marco, el Concejo Deliberante local envió un pedido de informes al cuerpo legislativo de Cinco Saltos para conocer el estado de acuerdos con otros municipios. Desde el Ejecutivo catrielense indicaron que no hubo respuesta formal y que aún no se logró concretar una reunión con el intendente de esa localidad (Enrique Rossi, Avancemos Cinco Saltos).
Desde el municipio aclararon que la postura no apunta a decisiones unilaterales. Salzotto remarcó la necesidad de abrir instancias de diálogo con los intendentes de Cinco Saltos y Fernández Oro(Gustavo Amati, UCR-Todos Somos Oro), con el objetivo de construir acuerdos consensuados que contemplen las realidades de cada localidad.
La discusión adquiere una dimensión estratégica debido a que las áreas en debate concentran intereses productivos relevantes, vinculados al desarrollo no convencional, la minería y otras actividades que inciden directamente en los ingresos municipales y en la capacidad de planificación de obras y servicios.
En ese sentido, la intendenta anticipó que 2026 será un año atravesado por el debate territorial y pidió que el replanteo contemple la situación particular de Catriel, marcada por pasivos ambientales históricos. “Es un tema delicado y hay que abordarlo con responsabilidad”, expresó, al señalar que el objetivo es avanzar hacia una redefinición que reconozca el rol que la ciudad cumple desde hace décadas en la región.
El concejal Gonzalo Gerez, presidente del bloque del Frente de Acción Vecinal, difundió un descargo público en respuesta a las publicaciones realizadas por la concejala Elizabeth Cofré y por Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas por Primero Río Negro, en el marco de la controversia generada tras la sesión del Concejo Deliberante en la que se trató el Presupuesto municipal.
En su comunicado, Gerez explicó que la moción de orden que presentó para someter el dictamen a votación se realizó —según afirmó— una vez que todos los bloques habían expuesto sus posiciones. Indicó que la medida se ajustó al reglamento interno del Concejo, en particular a los artículos vinculados al orden de la palabra y a la formulación y trámite de las mociones, y sostuvo que actuó dentro de sus atribuciones como concejal y presidente de bloque.
En relación con las críticas formuladas por Cofré, Gerez cuestionó que se ponga en duda la legalidad de la moción y expresó sorpresa ante lo que consideró un desconocimiento del reglamento por parte de una concejala con trayectoria tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo local.
El presidente del bloque oficialista también respondió a las expresiones públicas realizadas por Rivero, quien había formulado descalificaciones personales en redes sociales. Gerez rechazó esos dichos, remarcó su legitimidad como representante electo por el voto ciudadano y cuestionó el carácter político del cargo que ocupa el integrante del Tribunal de Cuentas.
En el mismo mensaje, Gerez señaló que algunos de los comentarios recibidos reprodujeron miradas estigmatizantes hacia el pueblo mapuche, a partir de su identidad cultural, y expresó su repudio a ese tipo de expresiones.
Finalmente, cerró su comunicado reafirmando su disposición al trabajo institucional y su compromiso con la función que desempeña en el Concejo Deliberante de Catriel.
El anuncio de reparaciones en la Escuela Primaria 281 volvió a visibilizar un malestar persistente entre familias y ex integrantes de la comunidad educativa de Catriel. Lejos de celebrar la intervención, numerosos comentarios públicos expresaron frustración por lo que consideran respuestas parciales frente a problemas estructurales.
Entre los señalamientos se repiten menciones a instalaciones de gas deficientes, filtraciones, falta de espacios adecuados para actos escolares y educación física, y condiciones edilicias que, según relatan, se mantienen sin cambios desde hace más de una década.
Las críticas no se dirigieron únicamente a la obra puntual, sino a la ausencia de soluciones integrales y a una dinámica que describen como repetitiva: trabajos en períodos de receso que no logran modificar la situación general del establecimiento.
El intercambio dejó en evidencia una brecha entre el discurso institucional y las expectativas de quienes transitan la escuela cotidianamente.
Un conflicto entre particulares en Catriel que había llegado a la Justicia penal se resolvió sin condena luego de la restitución de un automóvil denunciado como retenido de manera indebida.
La causa se inició tras la presentación de un vecino que acusó a otro hombre de haberse quedado con su Fiat Palio de tres puertas, luego de un acuerdo verbal por trabajos que no se habrían cumplido. Según la denuncia, pese a los pedidos de devolución, el vehículo no fue entregado.
El imputado fue acusado por retención indebida, pero durante la investigación la fiscal Analía Díaz y el defensor oficial Marcelo Caraballo impulsaron una solución alternativa prevista en la normativa penal, con el consentimiento del damnificado.
El acuerdo incluyó la devolución del automóvil, cuya ubicación fue informada y verificada. Las partes coincidieron en que el hecho no generó daños materiales ni consecuencias personales, por lo que no existió perjuicio económico.
Con esos argumentos, la Defensa solicitó el sobreseimiento, que fue aceptado por el juez Juan Pedro Puntel, quien entendió que el caso encuadraba en los supuestos habilitados por el artículo 96 para prescindir de la persecución penal al tratarse de “un hecho insignificante”.
El concejal de Fernández Oro, Christian Artero, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que el Ministerio Público Fiscal le comunicó el archivo de la denuncia penal presentada en su contra “por no haber podido comprobar” los delitos denunciados. Según su declaración, la decisión llegó luego de 8 meses de investigación.
En su mensaje, Artero sostuvo que la presentación en su contra incluyó señalamientos por presuntos delitos como administración fraudulenta, malversación, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el cargo, entre otros, y afirmó que esas acusaciones no se confirmaron.
El concejal orense atribuyó la denuncia a una decisión política del gobierno de Fernández Oro encabezado por Gustavo Amati y afirmó que el objetivo fue instalar un caso para afectar su imagen pública. En el video agradeció a personas cercanas y dijo que atravesó un proceso que describió como una campaña de desprestigio.
El caso había tomado estado público en mayo, en el marco de una denuncia penal vinculada a una presunta incompatibilidad por el ejercicio simultáneo de funciones y la percepción de ingresos en Catriel y Fernández Oro. En el contexto de esa presentación se mencionaron contratos de locación de servicios con el municipio de Catriel y se incorporaron cifras atribuidas a documentación agregada a la denuncia, entre ellas facturaciones superiores al millón de pesos y una percepción como concejal cercana a esa cifra durante varios meses de 2025.
En junio de este año, desde la Municipalidad de Catriel se difundió una respuesta oficial en la que se rechazó que existiera “doble sueldo” en esa ciudad y se describió el vínculo como un contrato profesional por locación de servicios como asesor municipal sin relación de dependencia, sin asignación horaria y con facturación. En ese marco, se sostuvo que no había observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la documentación presentada. Sin embargo, si se hizo alusión a una «filtración» de documentación oficial desde el órgano de control local hacia los denunciantes en Fernández Oro.
En su momento la intendenta Daniela Salzotto también se expresó públicamente en respaldo del concejal. «Es alguien de mi entera confianza», sostuvo Salzotto.
Finalmente, desde julio de 2025, Artero dejó de ser contratado como asesor por el municipio local.
Tras el anuncio de archivo difundido por el concejal este 30 de diciembre, se reactivó una discusión que atravesó a Fernández Oro y Catriel durante 2024 y 2025: los límites entre un cargo electivo y contrataciones municipales bajo modalidad profesional.
La denuncia penal sostenía que existía una superposición de funciones por la banca de concejal en Fernández Oro y contratos de locación en Catriel. Algo que, según explicó Artero, la Justicia no pudo comprobar.
Además hubo menciones a un rol de Artero en una Fundación vinculada al Polo Tecnológico. En su respuesta, el municipio de Catriel aclaró que la función del concejal orense como tesorero de la Fundación era ad honorem.
En la denuncia también se indicaba que la normativa provincial y municipal impediría acumulación de empleos públicos y que la Justicia debía determinar si correspondía la configuración de delitos. De acuerdo con lo publicado por Artero, la Justicia rionegrina definió que no había probatoria suficiente para configurar un delito.
La discusión no se limitó a la figura de Artero: en el debate público también se planteó el rol de los tribunales de cuentas, el uso de documentación interna y la necesidad de delimitar con precisión cuándo un contrato implica una relación estatal y cuándo se trata de una prestación profesional.
En el cierre de su mensaje, Artero convocó a continuar el trabajo político durante 2026 y afirmó que no buscará sostener el conflicto en términos personales.
