Catriel

En medio de un clima político cada vez más álgido, la intendenta Daniela Salzotto salió el viernes (04-07) a responder los cuestionamientos lanzados contra el proyecto aprobado por el oficialismo para exigir a los integrantes del Tribunal de Cuentas que acrediten nuevamente su idoneidad.

“Esto no es un atentado contra la democracia, como se quiere instalar. Es simplemente un pedido para que se acredite la formación y capacitación adquirida por los miembros del Tribunal en el último año y medio”, sostuvo Salzotto en conferencia de prensa. En su defensa, remarcó que cuando fueron designados los síndicos del Frente de Acción Vecinal, también debieron presentar antecedentes formativos para ser validados por la junta electoral.

Para la jefa comunal, el accionar del Tribunal ha pasado de ser un ejercicio legítimo de control a una “obstrucción sistemática” de la gestión. “Recibimos tres notas diarias. La Secretaría de Finanzas trabaja más para contestar esas observaciones que para gestionar”, aseguró. También cuestionó que miembros del Tribunal “dejaron de participar en reuniones de concursos y adjudicaciones” desde hace tres meses, y que “han trabado pagos esenciales por observaciones mínimas”.

“Yo quiero que me controlen, pero con criterio, y que me dejen gobernar. No voy a seguir pagando contadores externos ni abogados cuestionados éticamente.”

En un intento de contextualizar la medida impulsada por el bloque oficialista en el Concejo, Salzotto contrastó con la etapa anterior: “Durante 12 años no hubo este tipo de controles, y ahora quieren hacer creer que se está rompiendo la institucionalidad. Lo que se está haciendo es ordenar lo que otros dejaron en deuda”.

La intendenta señaló además que persisten rendiciones sin cerrar desde hace más de una década, lo que impide, por ejemplo, acceder a nuevos créditos provinciales. “No podemos avanzar con obras delegadas porque la provincia no puede cerrar rendiciones de gestiones anteriores. Necesitamos que el Tribunal nos ayude, no que complique más las cosas”, planteó.

También abordó de forma directa los cuestionamientos personales lanzados hacia miembros del Tribunal, mencionando causas judiciales abiertas por presunto ocultamiento de bienes, elementos culturales no entregados, y observaciones sobre conductas previas. “Si hay funcionarios con causas, serán apartados. Pero no estamos hablando de eso, sino de formación. No voy a seguir pagando contadores externos ni abogados que mitigan contra este municipio”, afirmó.

“Esto no es un atentado contra la democracia. El único atentado que debemos combatir es el de los poderosos que manipulan a la gente y la dejan sin trabajo ni oportunidades.”

Finalmente, Salzotto llamó a la oposición a sumarse a los reclamos comunitarios por infraestructura, salud y empleo. “Me sentí amenazada cuando hablaron de judicializar todo. Pero yo sigo rindiendo cuentas. Esto no es un ataque a la democracia. Lo único que la amenaza son los poderosos que manipulan y dejan sin trabajo a la gente”, concluyó.

El cruce político institucional deja en evidencia un conflicto de fondo sobre el rol del Tribunal de Cuentas y los límites del control mutuo entre poderes. Mientras el oficialismo busca reafirmar su capacidad de gestión, la oposición denuncia un avance sobre la autonomía de los órganos de control. La tensión pareciera escalar con cada nuevo capítulo, mientras la comunidad catrielense espera que se habiliten las instancias de diálogo y resolución política que garanticen el equilibrio democrático.

En una sesión atravesada por gritos, cruces y un clima de tensión creciente, la concejala Elizabeth Cofré (Primero Río Negro) lanzó una dura advertencia contra el proyecto aprobado por mayoría por el Frente de Acción Vecinal, mediante el cual se exige acreditar nuevamente la idoneidad de los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal, bajo apercibimiento de revisar sus designaciones.

“¿Y tan dramático es?”, citó Cofré con ironía a su par oficialista Carolina Piris, para responderse de inmediato: “Y sí. Es dramático. Porque acá no se está discutiendo la idoneidad de los integrantes del Tribunal. Se está discutiendo algo mucho más amplio: el avasallamiento a la democracia”.

La edil denunció que la iniciativa del oficialismo es “extemporánea” y fue presentada un año y medio después de la designación de los integrantes del órgano de control. “Hace ruido. Y cómo no va a hacer ruido si las normas, cuando me gustan, soy democrático, y cuando me molestan, el que las impulsa se transforma en enemigo público”, disparó.

“Y como tengo cinco manos y soy mayoría, hago lo que quiero. Lo subo, lo bajo, lo borro. Eso es lo que se está discutiendo hoy: vamos a defender la democracia sin importar el color partidario o solo cuando me conviene, y entonces ya no se llama democracia”, sostuvo.

«Como tengo cinco manos y soy mayoría, hago lo que quiero. Lo subo, lo bajo, lo borro. Eso es lo que se está discutiendo hoy».

La sesión avanzaba con interrupciones desde el público en algunos tramos, pero Cofré continuó: “Esto no es una cuestión de nombres. Es la defensa de la división de poderes. El Concejo no tiene facultades para revisar ni remover miembros del Tribunal de Cuentas. No lo dice la Carta Orgánica, no lo establece la ley. Si alguno hizo algo indebido, vayan a la Justicia”.

A lo largo de su alocución, Cofré citó los artículos 327, 328 y del 329 al 330 de la Carta Orgánica de Catriel para sostener que el Tribunal de Cuentas tiene “autonomía institucional y funciones propias” y que el control sobre su funcionamiento debe surgir del propio órgano, a través del síndico y sus integrantes, no del Concejo.

“El artículo 328 fija los requisitos de idoneidad como requisitos de acceso, no de permanencia. La evaluación se hace en el momento de la designación. Salvo falsedad o causal de remoción, no se puede revisar nada después. Eso no lo puede hacer este cuerpo”, explicó.

En ese punto, apuntó directamente a la legalidad del procedimiento: “Si tanto creen que los integrantes del tribunal han perjudicado al Ejecutivo o han hecho mal su trabajo, hagan la denuncia correspondiente. Pero no vengan acá a jugar a la Justicia con cinco votos”.

¿Vamos a defender la democracia sin importar el color partidario? ¿O vamos a defender la democracia cuando me conviene, y entonces no se llama democracia?

Cuando Cofré intentó defender la designación de Franco Rivero, su representante en el Tribunal —quien ya había sido validado como suplente del síndico por la justicia electoral— el público comenzó a gritar “acosador”, “abusador”, y otros calificativos. La concejal no se amilanó: “Todos los que presentamos listas lo hicimos ante la Junta Electoral de Viedma. Rivero fue oficializado y avalado. Ustedes lo aceptaron de forma unánime en la primera sesión del Concejo”, les dijo a los oficialistas.

Ofuscado por los gritos e interrupciones, exigió al presidente del Concejo, Nelson Díaz, que restableciera el orden. “¿No tiene la autoridad para que el vecino común y corriente no me interrumpa?”, reclamó. El intercambio con Díaz subió de tono cuando ella lo desafió: “¿Qué va a hacer, me va a sacar por la fuerza pública? Acá estoy. Lléveme”.

Cofré cerró su intervención reafirmando su compromiso democrático: “Yo fui expulsada del partido por el que me conocieron. Quise internas, no me dejaron. Y lo acepté porque fue dentro de la ley. Defendí la democracia aunque me doliera. Pero esto no es lo mismo. Esto es otra cosa. Esto es usar la mayoría para someter al poder de control. Y eso no lo voy a permitir”.

La sesión finalmente con la aprobación del proyecto por mayoría del oficialismo (cinco positivos, una abstención de la Banca del Pueblo, dos votos negativos de JSRN y PRN) y marcada por una grieta institucional que probablemente vaya a escalar en las próximas semanas.

Tras la sesión, Cofré reafirmó su postura a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “No me van a callar”, escribió en mayúsculas, denunciando que fue “abucheada y hostigada por funcionarios enviados por la propia intendenta, en un acto de intolerancia política”. La concejal sostuvo que no piensa “claudicar en sus convicciones” ni permitir que se naturalicen estas prácticas. “Sigo firme, defendiendo los valores que nos trajeron hasta acá: respeto por las instituciones, pluralismo y justicia”, concluyó.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Catriel, la concejala Juana Cárdenas (Juntos Somos Río Negro) se pronunció en contra del proyecto aprobado por el Frente de Acción Vecinal que exige a los integrantes del Tribunal de Cuentas acreditar su idoneidad. La edil defendió la conformación actual del órgano de control y advirtió que la iniciativa podría interpretarse como un intento de condicionar su funcionamiento.

Cárdenas señaló que su rol como representante de la primera minoría es cumplir con el mandato que establece la Carta Orgánica Municipal, la cual faculta a los bloques opositores a proponer integrantes para el Tribunal de Cuentas. “No podemos ser, ni creernos con tanto poder de cambiar la Carta Orgánica, que son las reglas que los constituyentes decidieron para nosotros”, remarcó.

Recordó que, al momento de elevar las propuestas para la integración del Tribunal, no se solicitaron antecedentes ni documentación adicional, y que los nombres fueron aprobados por unanimidad del cuerpo. “No me vengan con excusas. Sabíamos que la designación exigía consenso. Ustedes me dijeron: con ellos no hay problema”, indicó.

“¿Qué pretenden? ¿Que les traiga dos personas de mi espacio que no los controle?”

Para la concejala, el cambio de postura del oficialismo obedece a la actividad reciente del Tribunal. “Cuando los informes y dictámenes empezaron a llegar al Concejo, eso empezó a molestar. Ahora quieren ajustar el nivel de control”, sostuvo. Cárdenas expresó su preocupación por lo que consideró una posible “intromisión” en un poder independiente: “Esto no es sobrecontrol. Son las facultades que tiene el Tribunal por Carta Orgánica”.

También cuestionó la falta de respuesta institucional ante los informes presentados por el órgano de control. “No hay relación institucional hoy. Cuando el Tribunal pide explicaciones, se manda todo a archivo. Así no se construye el diálogo”, afirmó.

“No hay relación institucional hoy, porque cuando piden explicaciones se mandan a archivo.”

La legisladora consideró que el proyecto no apunta a mejorar el sistema de control sino a modificar las reglas de juego. “¿Qué pretenden? ¿Que les traiga dos personas de mi espacio que no los controle? ¿Y si no les gusta dentro de un año, también los van a sacar?”, interrogó.

Finalmente, Cárdenas llamó a respetar el principio de autonomía municipal y el rol que cumple cada poder dentro de la institucionalidad local. “La COM es nuestra ley madre. Hay que defenderla respetando las funciones de cada uno”, concluyó.

Una fuerte controversia se desató entre los grupos de desocupados tras la decisión del Concejo Deliberante de suspender la elección de representantes de personas desocupadas, luego de la presentación de una nota con firmas de vecinos que expresaron no sentirse representados por las listas oficializadas. La medida fue cuestionada por el espacio Lucha y Dignidad, encabezado por Alejandra Ávila, quien consideró que se incumplió lo que estaba previsto por ordenanza y adelantó que evalúan recurrir a la vía legal.

Según relató Ávila a Viento Sur Noticias, se presentó “sorpresivamente” sobre tablas una nota firmada por 20 personas solicitando el aplazamiento del proceso. “Gran parte de esas personas estuvieron conmigo desde el comienzo. Pregunté por qué ese cambio de parecer. No obtuve respuesta”, explicó. Indicó además que la moción fue respaldada por los concejales del Frente de Acción Vecinal, quienes votaron que todo el proceso vuelva a comisión para revisión.

Desde Lucha y Dignidad aseguraron que el proceso electoral se venía desarrollando conforme a los plazos y condiciones establecidos por la normativa. “Cumplimos con todo lo que nos pidieron. Nos exigieron presentar antecedentes judiciales hasta el 2 de julio, cuando ellos mismos se tomaron más de dos semanas para revisar avales y listas”, señaló Ávila.

También cuestionó que el cambio de reglas se haya dado sobre la marcha: “Nos parece una falta de respeto. No se entiende cómo ahora cualquier grupo con 20 firmas puede frenar con una presentación sobre tablas un proceso ya iniciado. Es poco serio”.

Ávila expresó además su malestar por lo sucedido en la última sesión del Concejo: “Pensamos que era abierta, pero cuando intenté intervenir, nos mandaron a callar y nos obligaron a retirarnos. Nos dijeron que ese día no se iba a tratar nada de lo nuestro”.

Consultada sobre los pasos a seguir, la referente indicó que analizan vías legales para que se respete lo que establece la ordenanza vigente. “No estamos cuestionando la competencia en sí, sino las formas. Para algunos casos se cumple la ley, para otros se omite”, planteó.

Por el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte del bloque que impulsó la suspensión, ni del Ejecutivo municipal. Tampoco se informó cómo continuará el proceso.

Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Catriel (04-07), uno de los temas centrales fue el tratamiento del proyecto impulsado por el Frente de Acción Vecinal (FAV) para exigir a los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal que acrediten su idoneidad profesional.

La concejala Carolina Piris fue la principal oradora a favor del proyecto y expresó su “preocupación” por lo que consideró una reacción desmedida del Tribunal. “Intentar amedrentar a los concejales del FAV y amenazar con judicializar un dictamen sencillo no es el camino. No estamos pidiendo una destitución, simplemente dar cumplimiento al artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal”, sostuvo.

El mencionado artículo establece requisitos para ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas, entre ellos la idoneidad, concepto que para Piris implica un criterio excluyente. “No hay mucho más para acotar: un requisito es un requerimiento. Es excluyente”, remarcó.

En ese marco, la edil recordó que, antes de la sanción de la Carta Orgánica en 2017, los integrantes del Tribunal eran electos por voto popular. Desde entonces, su conformación quedó a cargo del Concejo, con participación de las minorías. “Por eso se nos exige sensatez, transparencia, responsabilidad y eficacia en cada designación”, afirmó.

“La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”.

Piris también citó como antecedente la Constitución de Río Negro, que para cargos equivalentes en el Tribunal de Cuentas provincial exige título de abogado o graduado en ciencias económicas, además de diez años de ejercicio profesional. “Estamos hablando de quienes deben controlar administrativa y contablemente la empresa más importante para los catrielenses: la Municipalidad”, enfatizó.

Respecto al rol del Tribunal, advirtió sobre una “deriva política” que —según dijo— desnaturaliza su función. “La intendenta quiere que la controlen. Pero el control debe ser eficaz, técnico, no político. Las discusiones políticas se dan en el Concejo, no en el Tribunal”, subrayó.

Desde el bloque del FAV también se planteó que hasta el momento no se presentaron proyectos de ordenanza para reglamentar los artículos de la Carta Orgánica referidos al órgano de control.

En la reunión previa con juntas vecinales —según indicó Piris— los miembros del organismo manifestaron su desacuerdo con el proyecto y deslizaron la posibilidad de una judicialización.

Todavía no hubo respuesta pública de los integrantes del Tribunal de Cuentas, pero se espera que suceda en los próximos días.