País

A partir del próximo mes, los senadores nacionales percibirán un salario bruto superior a los $9,5 millones, como consecuencia de la última actualización paritaria para el personal del Congreso. El ajuste del 1,3% correspondiente a marzo, abril y mayo impactará directamente en las dietas legislativas por una decisión adoptada el año pasado.

En abril de 2024, en una sesión sin debate y con votación a mano alzada, el Senado aprobó un esquema que ata sus aumentos salariales a los que acuerdan los empleados del Poder Legislativo. Esa cláusula, vigente desde entonces, se activó automáticamente tras la firma del acuerdo paritario realizada esta semana por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, junto a los gremios legislativos.

Desde entonces, cualquier mejora para los trabajadores impacta de forma directa en las dietas de los senadores. En este caso, el nuevo aumento eleva el ingreso mensual bruto a $9.504.160, según el valor del módulo que compone el salario legislativo.

La vicepresidenta Villarruel intentó frenar este mecanismo en diciembre de 2024, sin éxito. A través del decreto 27/24, logró que se prorrogara el congelamiento de dietas hasta el 31 de marzo de 2025, con el respaldo de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, Frente Renovador de la Concordia y Las Provincias Unidas. Sin embargo, no hubo acuerdo para sostener esa medida durante 2025, y la falta de definiciones antes del cierre de la liquidación salarial de abril habilitó la actualización automática.

El aumento volvió a reactivar el debate sobre los salarios de la clase política, en un contexto de ajustes y recortes en otros sectores del Estado. Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de senadores ni de los bloques parlamentarios sobre el tema.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. Con este fallo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en 2021 en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El máximo tribunal rechazó por mayoría los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Votaron en ese sentido los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces: Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. La inclusión de Lozano, convocado por sorteo, marcó un hecho poco frecuente: la participación de un juez del Alto Valle en una decisión clave del máximo tribunal del país.

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró que debía intervenir la Procuración General de la Nación antes de dictar sentencia.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Báez encabezó una estructura financiera y societaria destinada a lavar más de 60 millones de dólares provenientes de evasión fiscal, utilizando la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”-. Parte del dinero fue expatriado a cuentas en el exterior y luego reingresado al país mediante maniobras que simulaban inversiones legítimas.

La causa se inició en 2013 tras un informe televisivo del periodista Jorge Lanata. En esas imágenes, que dieron inicio al caso, se veía a personas contando grandes sumas de dinero en efectivo. Ese material fue determinante para el avance de la investigación judicial.

El fallo del TOF 4 condenó también a otros involucrados: Martín Báez (6 años y 6 meses), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (6 años), Jorge Fariña (3 años y 6 meses), Federico Elaskar (3 años en suspenso), entre otros. En total, 17 personas recibieron penas de prisión, algunas de ellas de cumplimiento domiciliario por edad o razones de salud.

Además de las penas, se ratificaron multas por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones (entre 109 y 328 millones de dólares), y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

Aunque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue parte del juicio, la Corte también rechazó sin disidencias recursos vinculados a la reapertura de una investigación en su contra. Su situación continúa en etapa de instrucción.

Con esta resolución, se agotaron las vías de apelación en la causa. El Tribunal Oral Federal 4 deberá ahora definir cómo se cumplen las penas según cada caso: evaluar el tiempo ya cumplido en prisión, las condiciones particulares de los condenados y las medidas a adoptar para quienes permanecieron en libertad durante el proceso.

La participación del juez roquense Mariano Lozano en la decisión subraya el rol que puede tener la justicia federal del interior en causas de gran envergadura. Una conexión inesperada entre el Alto Valle y una de las investigaciones por lavado de dinero más emblemáticas de las últimas décadas en el país.

El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), autoriza la recolección de información sobre personas que puedan “erosionar la confianza” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional o influir negativamente en la opinión pública sobre las políticas del Gobierno.

La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, que accedió al documento reservado. Con un lenguaje amplio y sin definiciones precisas, el texto habilita a los agentes de inteligencia a actuar sobre periodistas, economistas, académicos, influencers y cualquier actor que cuestione las decisiones del presidente Javier Milei o de su gabinete.

El PIN fue elaborado en el segundo semestre de 2024 bajo la dirección de Sergio Neiffert, con supervisión del asesor Santiago Caputo. El plan define como sujetos de interés a quienes propaguen “desinformación”, alteren la “percepción pública” o incidan en los “procesos cognitivos” sociales, incluso mediante el uso de inteligencia artificial o redes sociales.

Aunque también retoma objetivos previos —como el combate al terrorismo, el crimen organizado y la defensa del Atlántico Sur—, el documento introduce nuevas prioridades alineadas con los ejes discursivos del Gobierno. Entre ellas, menciona a actores que puedan generar “pérdida de confianza” en las políticas económicas, sin especificar si se refiere a grupos extranjeros o a críticos locales.

Consultado por LA NACION, el vocero presidencial Manuel Adorni no respondió sobre los alcances del PIN ni sobre los criterios que delimitarán su aplicación.

El plan también identifica como áreas sensibles a los fenómenos derivados de la pobreza, la migración interna y el uso de criptomonedas. Asimismo, fija como prioridad el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Según los datos del Ministerio de Economía, el presupuesto de la SIDE para 2025 supera los $80.000 millones, de los cuales más de $13.000 millones están asignados a “gastos reservados”.

La amplitud de los términos utilizados en el PIN y la falta de mecanismos de control explícitos abren interrogantes sobre el respeto a las garantías constitucionales y sobre el rol de los servicios de inteligencia en un contexto de creciente polarización política.

Paka Paka vuelve a estar en pantalla, pero no como se la conocía. El canal infantil público, creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, relanzó su programación con un giro ideológico que generó controversia. El gobierno de Javier Milei, que había prometido cerrar los medios públicos, ahora apuesta a transformarlos desde dentro, con contenidos que promueven valores libertarios y un enfoque crítico hacia el rol del Estado.

Entre los estrenos anunciados figura “Tuttle Twins”, una serie animada de origen estadounidense que promueve ideas del liberalismo clásico y ridiculiza figuras como Karl Marx. Los protagonistas, dos hermanos gemelos, viajan en el tiempo para conocer pensadores como John Locke y Adam Smith. En uno de los episodios, Locke explica que “la amabilidad obligada por el Estado no es bondad, sino coerción”.

Además, se reeditará la emblemática serie “La Asombrosa Excursión de Zamba”, pero con nuevos contenidos. El personaje animado, conocido por encontrarse con figuras históricas como San Martín o Juana Azurduy, ahora visitará a Julio Argentino Roca, en una reinterpretación que fue criticada por trabajadores del canal y especialistas en comunicación.

Christian Stauffacher, delegado de Paka Paka, denunció recortes en la planta del canal y cuestionó las prioridades presupuestarias: “Tenemos los sueldos congelados desde octubre y están gastando fortuna en adquisiciones como Dragon Ball, que tiene 20 años”. La serie japonesa llega al canal gracias a la diputada libertaria Lilia Lemoine. Según trascendidos, la compra de derechos de esa serie habría costado unos 160 mil dólares.

Desde el sector sindical advierten que el canal perdió un 40% de su personal tras una serie de retiros voluntarios. Algunos de los cargos vacantes fueron ocupados por nuevos funcionarios vinculados al espacio libertario, quienes asumieron funciones jerárquicas y el manejo de redes sociales.

También se denunció el desmantelamiento de la sede de Paka Paka en la Ex Esma, un espacio emblemático cedido por las Madres de Plaza de Mayo bajo la condición de no emitir pauta comercial. El traslado implicó la pérdida de estudios y equipamiento técnico, además de generar preocupación por el sentido simbólico del cambio. “Se parece a una decisión guiada por la idea de quitarle espesor político y cultural al predio de la Memoria”, indicó un trabajador.

La nueva etapa del canal infantil llega en el marco de un reordenamiento general de los medios públicos. Aunque el Gobierno logró un marco legal para cerrarlos, estos continúan funcionando con menos recursos y personal, y con una nueva línea editorial. “Pasamos de Zamba con San Martín a Zamba con Roca y nenitos que hablan con John Locke”, ironizó un extrabajador que aceptó el retiro voluntario.

Para la especialista en comunicación política Eugenia Mitchelstein, la estrategia oficial representa “una operación ideológica disfrazada de neutralidad”. Según explicó, “no existe la desideologización: esta es una producción basada en libros financiados por un think tank libertario”.

La reapertura de Paka Paka suma un nuevo capítulo a la batalla cultural impulsada por el oficialismo, con una propuesta que interpela a las audiencias más jóvenes y reabre el debate sobre los límites del uso de medios públicos con fines pedagógicos e ideológicos.

La crisis previsional volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles, cuando una nueva protesta de jubilados frente al Congreso terminó con represión por parte de las fuerzas federales. Como cada semana, los manifestantes reclamaban por ingresos que les permitan cubrir necesidades básicas y por la reinstauración de una moratoria que incluya a quienes no reúnen 35 años de aportes. Esta vez, la manifestación coincidió con la publicación de los datos de inflación de abril, que habilitan una leve actualización de haberes en junio.

A partir de ese ajuste, la jubilación mínima pasará de $296.396 a $304.695,08, y con el bono previsional de $70.000 (que no se actualiza desde marzo de 2024) alcanzará los $374.695. Para muchos, esta cifra sigue siendo insuficiente frente a una canasta básica para adultos mayores que supera los $400.000 mensuales.

“Lo que nos aumentan se lo lleva el supermercado en una semana”, dijo una jubilada tras la represión. “Queremos una vida digna, no vivir endeudados o pidiendo ayuda”.

Durante la movilización, fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA avanzaron sobre los manifestantes con escudos y gases lacrimógenos. Como resultado, se registraron al menos una decena de heridos —entre ellos el padre Francisco “Paco” Olveira— y dos detenidos. Los jubilados, junto a militantes sociales y religiosos, intentaban realizar una vuelta pacífica alrededor del Palacio Legislativo.

Discusión parlamentaria sin definición

Además de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $237.116,79 a $243.756,06, y la Pensión No Contributiva de $207.477,20 a $213.286,5. En ambos casos, se aplica también el bono de $70.000, siempre que el ingreso total no supere los $374.695.

Dentro del Congreso, bloques opositores continúan discutiendo proyectos para mejorar el sistema previsional. Las propuestas incluyen una nueva moratoria, la actualización automática del bono y una recomposición para las cajas provinciales. Sin embargo, las diferencias internas, especialmente dentro del PRO, complican un dictamen unificado.

La posibilidad de un veto presidencial obliga a buscar acuerdos de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que todavía no se concreta. Mientras tanto, miles de jubilados siguen sin respuestas y con ingresos que, ajustados por inflación, no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.