Locales

El municipio de Catriel elevará una serie de exigencias al Gobierno provincial para la prórroga de los contratos petroleros en Río Negro. Entre las principales demandas se encuentra la incorporación de la categoría de «municipios maduros» con un incremento porcentual en las regalías que reciben las localidades productoras de hidrocarburos.

Esta categoría busca reconocer a aquellos municipios con una larga trayectoria en la actividad hidrocarburífera, como Catriel que es la principal en la historia de la provincia. Se trata de otorgar un ítems extra a la mesa de comunas productoras que la integran 9 municipios, entre ellos Catriel.

Otra de las solicitudes destacadas incluye un porcentaje específico de las regalías destinado a la remediación ambiental, el cual estaría a cargo de los municipios productores. Esta medida pretende garantizar que los fondos necesarios para abordar los impactos ambientales de la actividad petrolera estén disponibles y se gestionen a nivel local. En la Comisión de Planificación que se concretó la semana pasada en Cipolletti, la intendenta Daniela Salzotto reclamó más recursos para el saneamiento de la explotación petrolera.

El municipio de Catriel también insiste en el respeto de las condiciones de incorporación de mano de obra local en los contratos petroleros. Esta exigencia busca asegurar que los empleos generados por la actividad petrolera beneficien directamente a los habitantes de las localidades productoras.

La jefa comunal expuso que muchas de las operadoras no cumplen con el «espíritu» de la normativa vigente que es un 80% de mano de obra local.

Además, se solicitó la incorporación directa de Catriel en la comisión de seguimiento de la actividad hidrocarburífera, destacando su relevancia histórica y actual como el municipio con mayor producción en la provincia. La participación de Catriel en esta comisión permitiría una supervisión más cercana y efectiva de las actividades petroleras y sus impactos en la comunidad local.

Por último, desde el Ejecutivo local se propuso la creación de una mesa de inversión que incluya a las empresas, el municipio y la provincia. Esta mesa tendría como objetivo coordinar y planificar inversiones estratégicas en la región, asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad hidrocarburífera.

Las demandas presentadas por Catriel reflejan su intención de fortalecer su posición y asegurar beneficios concretos para la comunidad local a través de la renegociación de los contratos petroleros. La respuesta del Gobierno provincial a estas exigencias será determinante para el futuro de la actividad hidrocarburífera en la región.

A principios de este mes, el Ejecutivo municipal de Catriel emitió un preaviso de finalización de contrato para varios empleados municipales bajo la modalidad de contratados, interpretado por algunos como despidos o desvinculaciones. Según fuentes del Ejecutivo, se trata de 50 casos en análisis, de los cuales 10 están siendo revisados debido a un historial recurrente de ausentismo y licencias médicas. Parte de estos empleados son exfuncionarios del gobierno de la ex intendenta Viviana Germanier, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a VientoSur Noticias.

En un primer momento, versiones mediáticas y trascendidos mencionaron 80 desvinculaciones de empleados municipales. Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas por el Ejecutivo municipal, que aclaró que el número total de casos en análisis es de 50. La situación de estos empleados debería resolverse a fin de mes, determinando si sus contratos serán renovados o si serán desvinculados definitivamente. Diez de esos casos están bajo la mira por el ausentismo y la regularidad de presentación de carpétas médicas. Otro de los motivos para la reducción de personal, es la necesidad que manifestó la intendenta Daniela Salzotto de recortar los gastos y adecuar el funcionamiento presupuestario del Poder Ejecutivo.

El análisis de los contratos y las posibles desvinculaciones despertaron controversia en los pasillos municipales, generando expectativa en los empleados estatales y reflejando en parte las tensiones persistentes entre la actual administración y la anterior. Varios empleados esperan la resolución para estos casos, que impactará tanto en la estructura municipal como en la percepción pública de la gestión actual.

El Juzgado de Paz de Catriel adoptó medidas cautelares en respuesta a una denuncia de violencia presentada por una mujer contra un otra. La denuncia, interpuesta el 18 de junio de 2024, condujo a la implementación de una serie de restricciones para proteger al denunciante.

El tribunal resolvió mantener el cese de hostigamiento contra la denunciada quien debe abstenerse de cualquier tipo de incidente, agravio, acto molesto o de hostigamiento. Esta prohibición incluye comunicaciones a través de mensajes de texto, Facebook, WhatsApp u otros medios, salvo los canales legales correspondientes.

Asimismo, el tribunal intimó a M.G. a cumplir estrictamente con estas medidas, advirtiéndole que cualquier desobediencia podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, según el artículo 154 del Código Penal Federal.

Para la tramitación de las actuaciones, ambas partes deberán contar con asistencia letrada. En caso de no disponer de recursos para contratar un abogado particular, podrán recurrir a la Defensoría General de Catriel o al Centro de Atención para la Defensa Pública en Cipolletti, que ofrecen servicios gratuitos.

El tribunal también ordenó que, si la notificación dirigida al denunciado resulta negativa, se libre oficio a la comisaría correspondiente al último domicilio conocido para localizarlo y notificarlo de las medidas dispuestas. Además, se facultó a la Oficina de Tramitación Integral de Familias (OTIF) para realizar notificaciones telefónicas o por correo electrónico, de ser necesario.

Las partes fueron notificadas de estas decisiones y el tribunal instó a la OTIF a cumplir con los despachos ordenados.

La Cámara de Apelaciones rechazó la apelación presentada por una ciudadana contra la Municipalidad de Catriel. La demandante buscaba el reconocimiento de la posesión veinteañal de un inmueble en la localidad.

La ciudadana, que interpuso la demanda para obtener la posesión del inmueble ubicado en la calle San Martín, alegó haber recibido dos manzanas de la Municipalidad en el año 2000 para establecer un vivero. Según la demandante, la Municipalidad le otorgó las tierras mediante una resolución, pero tuvo dificultades para desarrollar el proyecto debido a la falta de provisión de servicios.

Afirmó que desde entonces había poseído pacíficamente las parcelas y, en 2012, solicitó la compra de las mismas. Posteriormente, con el cambio de autoridades, enfrentó una causa penal por usurpación, la cual fue desestimada.

La Municipalidad de Catriel negó los hechos y presentó una reconvención por reivindicación del inmueble, defendiendo su calidad de titular registral. La actora respondió que la relación contractual comenzó con un contrato de comodato en 2000, extendido por un año, y que desde entonces había poseído el bien con «animus domini», realizando diversas obras en el terreno.

La sentencia de primera instancia desestimó la acción de prescripción adquisitiva, argumentando que la actora no presentó pruebas suficientes para demostrar la interversión del título y que siempre reconoció a la Municipalidad como propietaria de los lotes. La resolución también mencionó que el contrato de comodato fue rescindido en 2005 por incumplimiento de la actora.

En su apelación, la demandante argumentó que la prueba documental presentada por la Municipalidad fue tardía y contenía falsedades. También cuestionó la validez del contrato de comodato por falta de firma del funcionario correspondiente, sosteniendo que, al no existir un contrato válido, los plazos para la prescripción veinteañal continuaban corriendo.

La Cámara de Apelaciones evaluó los argumentos y concluyó que la demandante no logró desvirtuar la valoración de los hechos y pruebas realizada por la sentencia de primera instancia. Resaltaron que la incorporación de pruebas por parte de la Municipalidad fue oportuna y que la validez del acto administrativo no fue impugnada en tiempo y forma. Además, señalaron que la propia demandante fundamentó su acción en el contrato de comodato, adjuntando la resolución que autorizaba la cesión del bien.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, rechazando el recurso de apelación y ordenando a la recurrente el pago de las costas. La decisión judicial deja el inmueble en poder de la Municipalidad de Catriel, manteniendo la titularidad registral y desestimando la demanda de prescripción adquisitiva.