La Corte Suprema define hoy el futuro político de CFK en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue convocada este martes a las 16 horas para deliberar sobre la causa conocida como «Vialidad», en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución del máximo tribunal podría confirmar o revertir esa sentencia, lo que tendría un fuerte impacto institucional y político.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien decidió adelantar el tratamiento del caso en función de las atribuciones del reglamento judicial. El fallo se da en medio de un clima de creciente tensión política, con sectores que denuncian una posible «proscripción» electoral de la expresidenta y otros que exigen la aplicación efectiva de la condena.

Desde el Frente de Izquierda, los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño rechazaron el posible fallo y lo calificaron como un intento de exclusión política. “Esta justicia actúa al servicio del poder económico y responde a sectores políticos de la derecha”, señalaron en un comunicado. Del Caño sostuvo que “como socialistas, hemos sido oposición a los gobiernos de CFK, pero desde ese lugar convocamos a rechazar cualquier intento de proscripción que limite el derecho de la ciudadanía a elegir libremente”.

En el ámbito del kirchnerismo, la expresidenta se reunió con su bloque de senadores nacionales en la sede del Partido Justicialista, a la espera del fallo. También hubo reuniones sindicales en las que gremios como Smata, la UOM, Luz y Fuerza y Bancarios declararon el “estado de alerta y movilización”. La CGT, en tanto, expresó su “solidaridad y apoyo incondicional” a Fernández de Kirchner.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una comitiva que se hizo presente en la sede partidaria en respaldo a la exmandataria. La delegación incluyó a intendentes y ministros de la provincia, así como referentes del Movimiento Derecho al Futuro, sector interno del peronismo bonaerense.

El tratamiento del caso en la Corte ocurre en un contexto de alta sensibilidad económica. El anuncio de la candidatura de Cristina Kirchner generó movimientos en el mercado financiero y un aumento de las expectativas electorales. Analistas coinciden en que la definición del tribunal marcará un punto clave de inflexión para el futuro del proceso electoral 2025.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado oficialmente si el fallo se conocerá en la misma jornada o si se postergará su publicación. Tampoco se confirmó si contará con el voto de todos los jueces, dado que uno de ellos, Carlos Rosenkrantz, había programado un viaje para este viernes a México que podría demorar su participación.

La expectativa política y mediática es alta. Lo que resuelva la Corte no solo afectará la situación judicial de la expresidenta, sino que también podría redefinir el mapa electoral y las estrategias de los principales espacios políticos de cara a los próximos comicios ¿Vos qué opinás?

«Una persona puede vivir con 360 mil pesos», afirmó la diputada libertaria Juliana Santillán

La diputada nacional Juliana Santillán (La Libertad Avanza) protagonizó un tenso cruce televisivo con residentes del Hospital Garrahan, en medio de un reclamo por mejoras salariales. En el programa «A dos voces» (TN), la legisladora afirmó que “una persona puede vivir con 360 mil pesos”, en alusión al ingreso mensual de profesionales médicos que actualmente perciben menos de 800 mil pesos.

La confrontación se dio cuando la médica residente María Belén Mansilla explicó que el aumento propuesto por el Gobierno consiste en un bono no remunerativo, sin impacto en el recibo de sueldo. “¿Usted podría vivir con $797.000? Somos médicos, trabajamos de lunes a viernes más de ocho horas y hacemos seis guardias de 24 horas”, planteó Mansilla. Santillán respondió con ironías y comparaciones con otras gestiones: “¿Le pedían esto al kirchnerismo?”.

La diputada criticó la postura de los profesionales: “No les queda bien el bono, el aumento, o lo que sea. ¿Qué es lo que necesitan?”. La residente replicó: “Estamos de acuerdo con un aumento que impacte en el recibo. No puedo alquilar con $800.000. Ese no es el sueldo que nos corresponde”.

Luego del intercambio, y ya sin las médicas en el estudio, Santillán intentó desacreditar el reclamo citando una infografía del Indec. Pero malinterpretó los datos: “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en mayo, por el Indec: 360 mil pesos”, dijo, cuando en realidad ese monto corresponde al umbral de pobreza para una sola persona. Para una familia tipo, la cifra supera 1,1 millón de pesos.

Pese a la corrección, Santillán insistió: “Una persona puede vivir con 360 mil pesos, incluso alquilando”.

A sus dichos se sumó la diputada Lilia Lemoine, también de La Libertad Avanza, quien sugirió que los médicos “cambien de trabajo” si buscan un mejor sueldo. “Sos médico y no te sirve el sueldo; tenés la libertad de hacer otra cosa”, dijo. Y añadió: “Se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera”.

El cruce dejó expuestas tanto las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores de la salud como el desconcierto oficialista en el uso de estadísticas públicas.

Multitud frente al Congreso: jubilados, científicos, médicos, feministas y cannábicos en una protesta unificada

Este miércoles 4 de junio, la Plaza de los Dos Congresos fue escenario de una masiva manifestación que reunió a diversos sectores sociales en un reclamo conjunto. Bajo la consigna “Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos”, miles de personas protestaron mientras la Cámara de Diputados debatía proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad, la reforma jubilatoria y el conflicto en el Hospital Garrahan.

La convocatoria incluyó a jubilados, trabajadores de la salud, docentes, científicos del Conicet, prestadores del área de discapacidad, colectivos feministas y también al Movimiento Cannábico Nacional. Se trató de una de las manifestaciones más diversas y numerosas desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Desde las 16, columnas de organizaciones sociales, sindicales y políticas confluyeron frente a un Congreso vallado y rodeado de fuerzas de seguridad. No se registraron incidentes.

Uno de los principales reclamos fue el del personal del Hospital Garrahan, que exige mejoras salariales. “No asistió ningún funcionario con poder de decisión a la audiencia. Está claro que no hay voluntad de resolver el conflicto”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, quien anunció un paro nacional del sector salud para este jueves.

Por su parte, el colectivo Ni Una Menos protagonizó la décima marcha consecutiva, en el aniversario del primer grito masivo contra los femicidios. Denunciaron el cierre del Ministerio de Mujeres, el desfinanciamiento de la línea 144 y la persistencia de los crímenes por motivos de género: en 2024 hubo un femicidio cada 39 horas en el país.

También se destacó la presencia de trabajadores y familias vinculadas a la discapacidad. Denuncian atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y recortes en las prestaciones. “Mi hijo quedó sin atención porque las terapistas no cobran desde enero”, dijo Julia, madre de un niño con autismo. Mientras tanto, el Congreso trata la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de fuertes críticas por la caída del poder adquisitivo y el recorte de pensiones.

El movimiento científico sumó su reclamo ante el ajuste en Ciencia y Tecnología. Desde diciembre de 2023, se perdieron más de 4.000 empleos en el sistema, y el número de investigadores del Conicet cayó por primera vez en 17 años.

El Movimiento Cannábico Nacional también se hizo presente con su consigna: “El ajuste es contra la vida, y nosotrxs cultivamos futuro”. Reclamaron por el acceso al cannabis medicinal y denunciaron que la reciente resolución 1780/25 del Ministerio de Salud impone nuevas trabas al Reprocann, afectando a más de 150.000 pacientes en lista de espera. “El Estado criminaliza y desfinancia mientras exige requisitos imposibles a quienes sostienen la salud comunitaria”, afirmó Federico Sinagra, de la Federación de Clubes Cannábicos.

Mientras tanto, en el Congreso, la oposición impulsó un proyecto para actualizar las jubilaciones, pero desde el Ejecutivo ya anticiparon el veto. “No podemos pagarlo sin emitir o endeudarnos”, declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La marcha de este miércoles fue leída por muchos sectores como un punto de inflexión. “En vez de manifestarnos por separado, es importante estar juntos para poder hacerle nuestra petición al Gobierno”, explicó Graciela, una jubilada. La protesta concluyó sin incidentes, pero con un mensaje unificado: la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen salud, educación, ciencia, justicia social y seguridad económica.

Senadores cobrarán más de $9,5 millones desde julio tras nueva suba automática

A partir del próximo mes, los senadores nacionales percibirán un salario bruto superior a los $9,5 millones, como consecuencia de la última actualización paritaria para el personal del Congreso. El ajuste del 1,3% correspondiente a marzo, abril y mayo impactará directamente en las dietas legislativas por una decisión adoptada el año pasado.

En abril de 2024, en una sesión sin debate y con votación a mano alzada, el Senado aprobó un esquema que ata sus aumentos salariales a los que acuerdan los empleados del Poder Legislativo. Esa cláusula, vigente desde entonces, se activó automáticamente tras la firma del acuerdo paritario realizada esta semana por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, junto a los gremios legislativos.

Desde entonces, cualquier mejora para los trabajadores impacta de forma directa en las dietas de los senadores. En este caso, el nuevo aumento eleva el ingreso mensual bruto a $9.504.160, según el valor del módulo que compone el salario legislativo.

La vicepresidenta Villarruel intentó frenar este mecanismo en diciembre de 2024, sin éxito. A través del decreto 27/24, logró que se prorrogara el congelamiento de dietas hasta el 31 de marzo de 2025, con el respaldo de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, Frente Renovador de la Concordia y Las Provincias Unidas. Sin embargo, no hubo acuerdo para sostener esa medida durante 2025, y la falta de definiciones antes del cierre de la liquidación salarial de abril habilitó la actualización automática.

El aumento volvió a reactivar el debate sobre los salarios de la clase política, en un contexto de ajustes y recortes en otros sectores del Estado. Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de senadores ni de los bloques parlamentarios sobre el tema.

YPF sortea 10 años de nafta gratis: como participar en Río Negro

Con los precios del combustible en alza y su impacto directo en la economía cotidiana, YPF lanzó una promoción que busca fidelizar a sus clientes y aliviar sus bolsillos: el sorteo de 10 años de nafta premium gratis. A nivel nacional, la propuesta contempla además diez premios de un año de combustible sin costo, y en provincias como Río Negro, habrá sorteos adicionales.

En total, los rionegrinos podrán acceder a tres premios exclusivos: un voucher equivalente a una década de YPF INFINIA y dos premios más de un año de nafta. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de la petrolera para fortalecer su vínculo con los usuarios de su App y del programa ServiClub.

¿Cómo participar?

La mecánica del sorteo es simple: entre el 22 de mayo y el 30 de junio, los participantes deben anotar la patente de camiones cisterna de YPF que vean circular por las rutas y cargar esos datos en la App YPF, dentro de la sección “Promo INFINIA”. Se pueden registrar hasta dos patentes por día, con un máximo de veinte en toda la promoción.

Como incentivo adicional, si alguien se cruza con el “Camión Dorado” —una unidad con ploteo especial— y registra su patente, sumará 10 chances para el sorteo, en lugar de una sola.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Residir en Argentina.

Ser socio de YPF ServiClub (la inscripción es gratuita).

Ser usuario de la App YPF.


Los premios, en detalle:

El premio principal consiste en un voucher digital por 12.000 litros de YPF INFINIA, distribuidos en 100 litros mensuales durante 10 años. El valor se ajustará al precio promedio nacional del combustible, y el consumo deberá realizarse en estaciones adheridas al programa YPF Ruta. Los litros mensuales no se acumulan.

Los premios secundarios —diez a nivel nacional y dos en Río Negro— ofrecen 1.200 litros, repartidos en cuotas mensuales de 100 litros durante un año, con las mismas condiciones de uso.

Una oportunidad concreta para usuarios rionegrinos

La inclusión de premios regionales en provincias como Río Negro, Mendoza, Neuquén, Chubut, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego, amplía las posibilidades de los participantes del interior del país. La empresa busca así reconocer la fidelidad de sus usuarios en zonas donde el vehículo no es un lujo, sino una herramienta esencial para la vida cotidiana.

La promoción ya está en marcha y tiene alcance federal. Para quienes cargan nafta con frecuencia, el simple gesto de anotar una patente podría convertirse en un ahorro millonario.

Desde Roca a la Corte: el juez rionegrino que ayudó a condenar a Lázaro Báez

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. Con este fallo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en 2021 en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El máximo tribunal rechazó por mayoría los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Votaron en ese sentido los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces: Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. La inclusión de Lozano, convocado por sorteo, marcó un hecho poco frecuente: la participación de un juez del Alto Valle en una decisión clave del máximo tribunal del país.

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró que debía intervenir la Procuración General de la Nación antes de dictar sentencia.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Báez encabezó una estructura financiera y societaria destinada a lavar más de 60 millones de dólares provenientes de evasión fiscal, utilizando la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”-. Parte del dinero fue expatriado a cuentas en el exterior y luego reingresado al país mediante maniobras que simulaban inversiones legítimas.

La causa se inició en 2013 tras un informe televisivo del periodista Jorge Lanata. En esas imágenes, que dieron inicio al caso, se veía a personas contando grandes sumas de dinero en efectivo. Ese material fue determinante para el avance de la investigación judicial.

El fallo del TOF 4 condenó también a otros involucrados: Martín Báez (6 años y 6 meses), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (6 años), Jorge Fariña (3 años y 6 meses), Federico Elaskar (3 años en suspenso), entre otros. En total, 17 personas recibieron penas de prisión, algunas de ellas de cumplimiento domiciliario por edad o razones de salud.

Además de las penas, se ratificaron multas por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones (entre 109 y 328 millones de dólares), y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

Aunque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue parte del juicio, la Corte también rechazó sin disidencias recursos vinculados a la reapertura de una investigación en su contra. Su situación continúa en etapa de instrucción.

Con esta resolución, se agotaron las vías de apelación en la causa. El Tribunal Oral Federal 4 deberá ahora definir cómo se cumplen las penas según cada caso: evaluar el tiempo ya cumplido en prisión, las condiciones particulares de los condenados y las medidas a adoptar para quienes permanecieron en libertad durante el proceso.

La participación del juez roquense Mariano Lozano en la decisión subraya el rol que puede tener la justicia federal del interior en causas de gran envergadura. Una conexión inesperada entre el Alto Valle y una de las investigaciones por lavado de dinero más emblemáticas de las últimas décadas en el país.

El impuesto al combustible recauda miles de millones, pero las rutas siguen sin mantenimiento

Durante 2024, el Gobierno Nacional recaudó aproximadamente $2,5 billones a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, tributo que los consumidores pagan al cargar nafta o gasoil. Según la Ley 23.966, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y de ese monto, el 50% corresponde a Vialidad Nacional para obras de mantenimiento y mejora de rutas.

Sin embargo, informes oficiales indican que en 2024 solo se transfirieron $149 mil millones a Vialidad Nacional, menos de la mitad de lo estipulado. Así lo reveló una investigación del medio El Ciudadano.

Esta situación genera preocupación en diversas provincias, donde las obras viales están paralizadas y las rutas presentan un deterioro creciente. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su malestar por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan su provincia y adelantó que evalúa acciones legales para exigir la reactivación de obras clave. «No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos», declaró el mandatario, refiriéndose a las rutas 22 y 151. Existe un reclamo histórico por la Ruta Nacional 151, que ningún gobierno nacional supo resolver.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, también cuestionó la falta de inversión en obras viales, a pesar de la recaudación del impuesto a los combustibles. «Lo que se recauda por el impuesto a los combustibles no se destina al arreglo de los caminos por los que sale la producción», afirmó, también citado por Página/12.

La situación motivó a legisladores nacionales a presentar proyectos de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre el destino de los fondos recaudados y el cumplimiento de las leyes que regulan su asignación. Hasta el momento no hubo respuesta.

Mientras tanto, las provincias continúan enfrentando dificultades para mantener y mejorar su infraestructura vial, esencial para la producción, el turismo y la seguridad de los ciudadanos. La falta de cumplimiento en la asignación de fondos destinados por ley al mantenimiento de las rutas nacionales plantea interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Catamarca: una marcha de 20 mil docentes frenó un decreto que alteraba cargos y estabilidad laboral

Más de 20.000 docentes tomaron las calles de San Fernando del Valle de Catamarca el sábado 24 de mayo, en una de las movilizaciones educativas más grandes que se recuerden en la provincia. La masividad del reclamo forzó al gobernador Raúl Jalil a derogar el decreto 884, que modificaba el sistema de cobertura de cargos y transfería competencias al Ministerio de Trabajo, generando un fuerte rechazo en la comunidad educativa.

El decreto, publicado el 16 de mayo, fue interpretado por docentes autoconvocados y gremios como UDA y SUTECA como una amenaza directa a la estabilidad laboral y al funcionamiento de las escuelas. Las asambleas por niveles y el pronunciamiento de miles de educadores desencadenaron una protesta contundente que, en pocos días, logró revertir la medida oficial.

“Fue una movilización histórica y sin precedentes”, definió Bruno Corzo, vocero de los autoconvocados. “El mensaje fue claro: la docencia no va a aceptar retrocesos en sus derechos laborales”. Desde el Ejecutivo, el gobernador Jalil admitió el malestar y anunció que abrirá una instancia de diálogo con los gremios. La derogación fue publicada este martes 27 en una edición complementaria del Boletín Oficial.

La medida anulada alteraba el sistema de designaciones docentes, con impacto en todos los niveles y con una lógica administrativa cuestionada por su falta de perspectiva pedagógica. Nancy Agüero, de UDA, advirtió que el decreto tenía un enfoque “compulsivo y unilateral”, mientras que Juan Godoy, de SUTECA, valoró la movilización como “un punto de inflexión” para el movimiento docente local.

El respaldo político también llegó desde el bloque de diputados del Frente de Todos, que presentó un proyecto para formalizar la derogación y convocar a una mesa multisectorial. Desde la oposición, el radical Alfredo Marchioli criticó el decreto original y reclamó planificación y consenso en la toma de decisiones sobre educación.

La contundencia numérica de la protesta en Catamarca —con cifras que superan ampliamente las de otras movilizaciones docentes recientes en el país— convirtió el episodio en un ejemplo de fuerza colectiva. En un contexto de reclamos y ajustes en distintas provincias, lo ocurrido se proyecta como un antecedente federal de lucha organizada y efectiva en defensa de los derechos laborales del sector educativo.

La SIDE a investiga a quienes critiquen al gobierno

El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), autoriza la recolección de información sobre personas que puedan “erosionar la confianza” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional o influir negativamente en la opinión pública sobre las políticas del Gobierno.

La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, que accedió al documento reservado. Con un lenguaje amplio y sin definiciones precisas, el texto habilita a los agentes de inteligencia a actuar sobre periodistas, economistas, académicos, influencers y cualquier actor que cuestione las decisiones del presidente Javier Milei o de su gabinete.

El PIN fue elaborado en el segundo semestre de 2024 bajo la dirección de Sergio Neiffert, con supervisión del asesor Santiago Caputo. El plan define como sujetos de interés a quienes propaguen “desinformación”, alteren la “percepción pública” o incidan en los “procesos cognitivos” sociales, incluso mediante el uso de inteligencia artificial o redes sociales.

Aunque también retoma objetivos previos —como el combate al terrorismo, el crimen organizado y la defensa del Atlántico Sur—, el documento introduce nuevas prioridades alineadas con los ejes discursivos del Gobierno. Entre ellas, menciona a actores que puedan generar “pérdida de confianza” en las políticas económicas, sin especificar si se refiere a grupos extranjeros o a críticos locales.

Consultado por LA NACION, el vocero presidencial Manuel Adorni no respondió sobre los alcances del PIN ni sobre los criterios que delimitarán su aplicación.

El plan también identifica como áreas sensibles a los fenómenos derivados de la pobreza, la migración interna y el uso de criptomonedas. Asimismo, fija como prioridad el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Según los datos del Ministerio de Economía, el presupuesto de la SIDE para 2025 supera los $80.000 millones, de los cuales más de $13.000 millones están asignados a “gastos reservados”.

La amplitud de los términos utilizados en el PIN y la falta de mecanismos de control explícitos abren interrogantes sobre el respeto a las garantías constitucionales y sobre el rol de los servicios de inteligencia en un contexto de creciente polarización política.

Santiago Caputo.

Paka Paka bajo la lupa: el canal infantil reabre con contenidos libertarios y polémica por adoctrinamiento

Paka Paka vuelve a estar en pantalla, pero no como se la conocía. El canal infantil público, creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, relanzó su programación con un giro ideológico que generó controversia. El gobierno de Javier Milei, que había prometido cerrar los medios públicos, ahora apuesta a transformarlos desde dentro, con contenidos que promueven valores libertarios y un enfoque crítico hacia el rol del Estado.

Entre los estrenos anunciados figura “Tuttle Twins”, una serie animada de origen estadounidense que promueve ideas del liberalismo clásico y ridiculiza figuras como Karl Marx. Los protagonistas, dos hermanos gemelos, viajan en el tiempo para conocer pensadores como John Locke y Adam Smith. En uno de los episodios, Locke explica que “la amabilidad obligada por el Estado no es bondad, sino coerción”.

Además, se reeditará la emblemática serie “La Asombrosa Excursión de Zamba”, pero con nuevos contenidos. El personaje animado, conocido por encontrarse con figuras históricas como San Martín o Juana Azurduy, ahora visitará a Julio Argentino Roca, en una reinterpretación que fue criticada por trabajadores del canal y especialistas en comunicación.

Christian Stauffacher, delegado de Paka Paka, denunció recortes en la planta del canal y cuestionó las prioridades presupuestarias: “Tenemos los sueldos congelados desde octubre y están gastando fortuna en adquisiciones como Dragon Ball, que tiene 20 años”. La serie japonesa llega al canal gracias a la diputada libertaria Lilia Lemoine. Según trascendidos, la compra de derechos de esa serie habría costado unos 160 mil dólares.

Desde el sector sindical advierten que el canal perdió un 40% de su personal tras una serie de retiros voluntarios. Algunos de los cargos vacantes fueron ocupados por nuevos funcionarios vinculados al espacio libertario, quienes asumieron funciones jerárquicas y el manejo de redes sociales.

También se denunció el desmantelamiento de la sede de Paka Paka en la Ex Esma, un espacio emblemático cedido por las Madres de Plaza de Mayo bajo la condición de no emitir pauta comercial. El traslado implicó la pérdida de estudios y equipamiento técnico, además de generar preocupación por el sentido simbólico del cambio. “Se parece a una decisión guiada por la idea de quitarle espesor político y cultural al predio de la Memoria”, indicó un trabajador.

La nueva etapa del canal infantil llega en el marco de un reordenamiento general de los medios públicos. Aunque el Gobierno logró un marco legal para cerrarlos, estos continúan funcionando con menos recursos y personal, y con una nueva línea editorial. “Pasamos de Zamba con San Martín a Zamba con Roca y nenitos que hablan con John Locke”, ironizó un extrabajador que aceptó el retiro voluntario.

Para la especialista en comunicación política Eugenia Mitchelstein, la estrategia oficial representa “una operación ideológica disfrazada de neutralidad”. Según explicó, “no existe la desideologización: esta es una producción basada en libros financiados por un think tank libertario”.

La reapertura de Paka Paka suma un nuevo capítulo a la batalla cultural impulsada por el oficialismo, con una propuesta que interpela a las audiencias más jóvenes y reabre el debate sobre los límites del uso de medios públicos con fines pedagógicos e ideológicos.