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La seguridad volvió al centro de la escena en Río Negro tras la presentación de un proyecto que propone un cambio clave en el accionar policial. La iniciativa plantea autorizar el uso de armas “no letales” para intervenir en situaciones de riesgo, con el objetivo de evitar el uso directo de armas de fuego.

La propuesta fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, y apunta a dotar a la Policía de herramientas intermedias para actuar ante conflictos donde el uso de una pistola calibre 9 mm resulte desproporcionado, pero donde aún sea necesario neutralizar una amenaza.

Según el proyecto, existen múltiples escenarios cotidianos —como episodios de violencia o ataques con armas blancas— en los que los agentes enfrentan un dilema: no intervenir o recurrir a un arma letal. En ese punto, la iniciativa busca incorporar dispositivos como pistolas Taser, gas pimienta, proyectiles de goma y granadas de distracción, herramientas ya utilizadas en otras provincias y países.

El texto establece que el uso de estas armas estaría limitado a situaciones de “peligro inminente”, definidas por conductas violentas o escenarios donde la integridad del personal o terceros esté en riesgo. Además, solo podrían portarlas agentes que cuenten con capacitación específica, con un registro obligatorio de personal habilitado.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el control sobre su utilización. Cada intervención en la que se empleen estos dispositivos debería quedar registrada mediante sistemas de audio y video, lo que funcionaría como respaldo tanto para los नागरिकos como para los efectivos ante eventuales investigaciones administrativas o judiciales.

La iniciativa también pone el foco en la necesidad de un uso gradual y racional de la fuerza, buscando reducir situaciones donde el desenlace pueda ser fatal. Sin embargo, la propuesta ya empieza a generar debate en torno a sus alcances, los protocolos de aplicación y los posibles riesgos de abuso.

Por ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Mientras tanto, la discusión queda instalada: hasta dónde debe avanzar la fuerza policial y con qué herramientas intervenir en contextos de creciente conflictividad.

El conflicto salarial en Río Negro suma nuevos capítulos y ya alcanza a tres sectores estratégicos del Estado: salud, educación y seguridad. En los últimos días, distintas organizaciones sindicales y espacios de representación difundieron comunicados y llevaron adelante medidas de visibilización para expresar su preocupación por la situación de los ingresos y el desarrollo de las paritarias.

En el ámbito de la salud pública, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) cuestionó el resultado de la última reunión de la Mesa de la Función Pública realizada en Viedma. Según el gremio, el acta del encuentro no incluyó definiciones sobre aumentos salariales, y señalaron que la discusión fue postergada para próximas instancias. En ese contexto, desde la organización manifestaron su preocupación por el impacto de la inflación en los ingresos del sector y reclamaron la apertura de una mesa paritaria específica.

Además, trabajadores y trabajadoras realizaron asambleas y jornadas de visibilización en hospitales de distintos puntos de la provincia. Entre los planteos difundidos por el sector, se mencionan dificultades vinculadas a la cobertura de cargos, condiciones laborales y liquidación de horas trabajadas.

En paralelo, el gremio docente también expresó cuestionamientos tras la última instancia paritaria. De acuerdo a lo informado por sus representantes, no se presentó una propuesta salarial concreta, aunque se ratificaron compromisos administrativos como el pago de un bono y la elaboración de nuevas grillas salariales. Desde el sindicato señalaron la necesidad de avanzar en una recomposición de los haberes y en la discusión de otros aspectos vinculados al sistema educativo, como infraestructura y organización del trabajo.

Por otra parte, en el ámbito de la seguridad, el Consejo de Bienestar Policial informó que mantiene un acampe sostenido desde mediados de febrero, en reclamo por cuestiones salariales y laborales. Según indicaron en sus comunicaciones públicas, se han presentado notas y petitorios ante distintas autoridades provinciales y organismos institucionales, sin que hasta el momento se haya concretado una instancia de diálogo formal.

En ese mismo marco, el espacio hizo referencia a la situación de uno de sus referentes, Rubén Muñoz, quien se encuentra detenido. Sobre este punto, desde el sector manifestaron su postura respecto del caso, mientras que la situación judicial se encuentra bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Los distintos reclamos, expresados a través de canales formales y medidas de protesta, reflejan un escenario de tensión en el ámbito estatal. Hasta el momento, no se han informado definiciones oficiales que modifiquen el curso de las negociaciones en curso.