Lo buscaban desde hacía meses. Y apareció en plena calle, a plena luz del día.
El domingo, cerca de las 12:45, personal de la Comisaría 9° de Catriel logró interceptar a un hombre que tenía un pedido de captura vigente, luego de ser alertados sobre su presencia en la zona de calle Lima.
Según informaron fuentes policiales, el aviso llegó desde el área de Gabinete, lo que activó un rápido despliegue en el sector. Los efectivos se dirigieron al lugar y, tras identificarlo, procedieron a su demora inmediata para verificar su situación.
Sobre el individuo recaía un requerimiento judicial emitido el 20 de octubre de 2025, por lo que, una vez confirmados los datos, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso su detención formal.
El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la Comisaría 9°, a la espera de nuevas directivas judiciales en el marco de la causa.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre el origen del pedido de captura, aunque el procedimiento se enmarca dentro de las tareas preventivas que realiza la policía en la ciudad.
La detención se dio sin incidentes, pero deja una escena que no pasa desapercibida: alguien que era buscado por la Justicia caminaba por Catriel como si nada.
Desde resolver conflictos entre vecinos hasta firmar autorizaciones y certificar documentos, el rol del juez de Paz atraviesa situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son clave en la vida diaria.
En ese contexto, Catriel tendrá un nuevo titular en ese cargo. El próximo jueves 23 de abril a las 12:30, se realizará el acto de juramento de Daniel Alberto Delgado como juez de Paz de la localidad, según informó oficialmente el Poder Judicial de Río Negro.
La designación no fue directa. De acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 293/2026 del Superior Tribunal de Justicia, Delgado fue elegido tras un proceso de concurso en el que participaron otros postulantes y que incluyó evaluación de antecedentes, examen y entrevistas.
Según consta en la documentación oficial, los candidatos fueron evaluados en aspectos como capacidad de análisis, redacción, argumentación y resolución de situaciones, habilidades consideradas clave para el desempeño del cargo.
Finalmente, tras la instancia de entrevistas, el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad su designación.
El acto de juramento se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de Catriel y contará con la presencia de autoridades judiciales, en un procedimiento formal que marca el inicio de funciones del nuevo magistrado.
Pero, más allá del acto institucional, el cambio tiene impacto concreto en la comunidad.
El juez de Paz es una figura central en ciudades como Catriel. Interviene en conflictos vecinales, certificaciones, autorizaciones, mediaciones y trámites administrativos, siendo muchas veces el primer contacto entre la ciudadanía y el sistema judicial.
Se trata de un cargo de dedicación exclusiva, con funciones definidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca garantizar el acceso a la justicia en el ámbito local.
Según lo informado oficialmente, Delgado cumple con los requisitos constitucionales y legales, además de haber sido considerado apto desde el punto de vista técnico y psicofísico para asumir la función.
A partir de su juramento, quedará formalmente a cargo de una institución clave para la resolución de situaciones cotidianas que, aunque no siempre visibles, forman parte de la vida diaria de la comunidad.
Y es ahí donde aparece la dimensión más concreta del cambio: no se trata solo de un nombramiento formal, sino de quién estará al frente de decisiones que impactan directamente en los vecinos.
La pregunta, a partir de ahora, es cómo se traducirá esa responsabilidad en la práctica diaria del juzgado.
Una medida poco habitual comenzó a aplicarse en una de las escuelas secundarias de Catriel y generó impacto inmediato en la comunidad educativa.
A partir del miércoles 22 de abril, los estudiantes de la ESRN N° 78 deberán asistir al establecimiento únicamente con carpeta y lapicera, sin mochilas ni bolsos. La decisión forma parte de una serie de acciones preventivas adoptadas tras una situación de amenazas que requirió la intervención de autoridades.
Según informaron desde el equipo directivo, la medida busca “no minimizar el hecho y garantizar la seguridad de los estudiantes y todo el personal”, en el marco de protocolos activados junto a Supervisión y organismos correspondientes.
El cambio en la dinámica escolar no es aislado.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en los últimos días se registraron situaciones similares en otras instituciones de la ciudad (CET 7 y ESRN 21), lo que llevó a reforzar controles y revisar medidas de seguridad en distintos establecimientos. En algunos casos, como en el CET 7, se dispuso incluso presencia policial en el horario de salida de los estudiantes, como parte de las acciones preventivas.
En ese contexto, el eje pasó a ser la prevención.
La restricción de elementos de ingreso —como mochilas o bolsos— apunta a generar un entorno más controlado dentro de la escuela, mientras se avanza en el análisis de lo ocurrido.
Desde las instituciones educativas remarcan que todas las decisiones se toman en coordinación con el Ministerio de Educación de Río Negro y buscan llevar tranquilidad a las familias, en un escenario donde la prioridad es sostener la actividad escolar en condiciones seguras.
Por el momento, las situaciones se encuentran bajo seguimiento y no se informaron públicamente responsables identificados, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
En paralelo, el impacto ya se siente en la comunidad.
Porque más allá de las medidas, lo que cambia no es solo la forma de ir a la escuela.
Es la manera en que estudiantes, docentes y familias viven el día a día dentro de esos espacios.
Lo que ocurrió en General Roca no fue un evento más. Fue una señal.
Durante años, el cannabis medicinal en Argentina y en la región estuvo atrapado entre el prejuicio, la burocracia y los proyectos aislados. Hoy, ese escenario cambió. El Encuentro Binacional entre Argentina y Brasil lo dejó en evidencia: el desarrollo ya no es marginal, es estructural.
Cuando organismos como INTA y Embrapa se sientan en la misma mesa junto a universidades, organizaciones sociales y actores productivos, lo que aparece no es una moda ni un experimento. Aparece un sistema en construcción. Y eso cambia todo, porque el eje deja de ser si el cannabis va a desarrollarse —eso ya está ocurriendo— y pasa a ser algo mucho más profundo: cómo se organiza ese desarrollo y quiénes participan de él.
Uno de los datos más contundentes que dejó el encuentro es que ese modelo ya existe. No es una hipótesis. Es una realidad en marcha. En la Patagonia se está consolidando una experiencia que integra toda la cadena de valor: desde el mejoramiento genético y la producción primaria, hasta la elaboración de resinas, la formulación de productos y el control desde el sistema de salud. La genética Cannawine, inscripta en el Registro Nacional de Cultivares, el desarrollo de extractos en el Alto Valle, las formulaciones magistrales en la cordillera y la validación sanitaria provincial forman parte de un mismo entramado.
Todo esto ocurre bajo el marco de las leyes 27.350 y 27.669, que no solo habilitan la investigación, sino que ordenan, legitiman y proyectan un sector completo, reconociendo el trabajo que durante años impulsaron cultivadores y organizaciones desde abajo. Hoy, con más de 50 variedades de cannabis registradas y más de una decena de cáñamo industrial, queda claro que el desarrollo dejó de ser informal para convertirse en política científica y productiva.
Ese recorrido marca un cambio de época. Pasamos de la prohibición al reconocimiento. De la persecución a la regulación. De la informalidad a la construcción de conocimiento público.
Pero ese avance abre una nueva discusión. Porque ahora que el cannabis está dentro del sistema, la pregunta ya no es si va a crecer, sino quién lo va a producir y bajo qué lógica.
Ahí es donde el cooperativismo deja de ser un actor secundario y pasa a ocupar un lugar estratégico. La propia naturaleza del cannabis medicinal —su vínculo con la salud, su impacto social, la necesidad de garantizar acceso— exige modelos que no estén definidos exclusivamente por la rentabilidad. Exige organización colectiva, articulación territorial y compromiso con la comunidad.
Eso no es teórico. Es exactamente lo que define al sistema cooperativo: organizar trabajo, producir y generar acceso de forma solidaria y autogestionada . Y es, también, lo que este sector necesita para desarrollarse de manera equilibrada.
En paralelo, el encuentro dejó en claro que el potencial productivo del cannabis no se agota en lo medicinal. El cáñamo industrial abre una dimensión completamente distinta y todavía poco discutida. Hablamos de alimentos, textiles, bioconstrucción, biomasa, cosmética. Hablamos de una planta capaz de integrarse a economías regionales y generar nuevas cadenas de valor.
Sin embargo, ese desarrollo todavía está incompleto. Hoy se permite avanzar sobre fibra y grano, pero falta regulación para etapas clave como el aprovechamiento de biomasa y flores no psicoactivas. A eso se suma un contexto institucional en transición, donde el organismo rector del sector ha otorgado licencias, pero aún no consolida completamente el marco operativo.
Es decir: el potencial está, pero la decisión todavía no es plena.
Quatrifinio Ltda cultivó cáñampo industrial por primera vez en la historia de Catriel.
Hay, además, un dato que no debería pasar desapercibido. El desarrollo del cannabis medicinal en Argentina tiene, en gran medida, rostro de mujer.
No es un detalle menor ni una coincidencia. Son ellas quienes han sido pioneras en la investigación, en la organización social y en la lucha por el reconocimiento del cannabis como herramienta de salud. Desde referentas como Roxana Aguirre —presidenta de Ciencia Sativa y una de las principales impulsoras de la articulación entre investigación pública, cultivo legal y acceso en sistemas de salud—, pasando por la propia intendenta de Roca, María Emilia Soria, que ya desde el Congreso acompañó la sanción de la Ley 27.350 y hoy promueve el desarrollo productivo del sector, hasta las profesionales del INTA y científicas que sostienen este proceso en todo el país, el liderazgo femenino aparece como una constante.
Pero ese protagonismo no se limita a lo institucional. También se construye en los territorios, en espacios colectivos donde el conocimiento circula y se organiza. En Catriel, por ejemplo, esa articulación tomó forma en el primer Festival de Cultura Cannábica, impulsado desde organizaciones locales, donde profesionales de la salud, la agronomía y la investigación acercaron a la comunidad información científica sobre cultivo, marco legal y uso terapéutico.
En ese cruce entre territorio, ciencia y organización aparece con claridad una figura como la de la bióloga Gabriela Calzolari, integrante de Ciencia Sativa, investigadora vinculada al INTA y al CONICET, y parte de una de las articulaciones público-privadas más relevantes del país en el desarrollo de cannabis medicinal. Su recorrido sintetiza algo más amplio: el paso del activismo a la construcción de conocimiento científico aplicado, con impacto directo en la producción, la regulación y el acceso.
Ese liderazgo explica, en gran medida, por qué este sector logró avanzar incluso en contextos adversos: porque siempre estuvo sostenido por una convicción que va más allá de lo productivo —el derecho a la salud y al acceso con calidad y trazabilidad garantizada.
Todo esto nos deja frente a una conclusión inevitable: el cannabis medicinal ya superó la etapa de debate cultural. Ya no se discute si es válido o no. Se discute cómo se produce, quién lo regula y quién accede.
Y esa discusión es profundamente política.
Porque implica decidir si este sector va a concentrarse o distribuirse. Si va a responder a intereses corporativos o a necesidades sanitarias. Si las comunidades van a participar o quedar afuera.
En ese contexto, hay algo que empieza a quedar claro: los territorios que no se involucren activamente en este proceso corren el riesgo de quedar afuera de una de las transformaciones productivas más relevantes de los próximos años.
La experiencia que ya se está desarrollando en la región demuestra que hay otro camino posible: uno basado en articulación, ciencia aplicada, producción local y organización colectiva. Un modelo que incluso puede replicarse en otros territorios, adaptándose a cada realidad e integrando al sistema de salud, a profesionales, a usuarios y a quienes ya tienen capacidad productiva.
El desafío no es menor. Pero tampoco lo es la oportunidad.
El verdadero debate ya no es si el cannabis va a crecer.
El verdadero debate es quién va a construir ese crecimiento y para qué.
Porque el futuro no es inmediato, pero empieza a construirse en decisiones como estas.
El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.
Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.
“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.
Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.
Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.
De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.
Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.
En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.
Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.
“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.
El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.
Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.
En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.
El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.
El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.
En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.
Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.
Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.
“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.
Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.
De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.
Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.
A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.
Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.
También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.
En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.
Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.
Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.
El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.
En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.
En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.
Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.
La muerte del mecánico en Catriel ya no es solo un hecho trágico: ahora es materia de investigación.
Con el avance de las primeras pericias, el foco está puesto en un punto clave: qué falló en el momento en que el colectivo cayó sobre el trabajador mientras realizaba una tarea de rutina en plena vía pública.
El hecho ocurrió este lunes en la intersección de Brasil y Mosconi, cuando Guillermo Fabián Guiñazú (56) trabajaba sobre una unidad de transporte de personal vinculada a la actividad petrolera. En ese contexto, y por causas que aún se intentan determinar, el vehículo descendió de forma repentina y lo dejó atrapado debajo.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la principal hipótesis es que el crique hidráulico habría fallado, provocando el desplome del colectivo. No obstante, esa línea aún debe ser confirmada mediante peritajes técnicos.
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Salud, Defensa Civil y Criminalística. Para poder retirar el cuerpo, fue necesaria la utilización de una grúa municipal, que permitió levantar la unidad tras varias maniobras.
Durante el procedimiento, los peritos secuestraron el crique y las herramientas utilizadas, elementos que serán analizados para determinar si existió una falla mecánica o algún otro factor que haya incidido en el hecho.
El médico policial estableció que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, compatible con las lesiones sufridas producto del aplastamiento.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ahora busca establecer si se trató de un accidente fortuito o si hubo algún tipo de falla evitable en las condiciones de trabajo o en el equipamiento utilizado.
En ese marco, la investigación también podría avanzar sobre aspectos vinculados a la seguridad en este tipo de tareas, especialmente cuando se realizan fuera de talleres y en espacios abiertos como la vía pública.
El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad, no solo por la forma en que ocurrió, sino porque se trataba de un trabajador conocido en el ámbito local.
Mientras avanzan las pericias, la investigación intenta responder una pregunta central: si lo ocurrido fue un accidente imposible de evitar, o si hubo condiciones que pudieron haber cambiado el desenlace.
El sonido de las sirenas rompió la calma y anticipó lo peor. Un operario murió de forma trágica este lunes (20-04) en Catriel, luego de quedar aplastado por un colectivo mientras realizaba tareas de mantenimiento en plena vía pública.
El hecho ocurrió hace instantes en calle Brasil, casi Mosconi, donde el trabajador —cuya identidad aún no fue difundida— se encontraba cambiando el neumático delantero derecho de una unidad que presta servicio a una empresa petrolera. En ese momento, y por causas que todavía no están claras, el vehículo habría cedido repentinamente, cayendo sobre él sin darle posibilidad de reacción.
El impacto fue devastador. Según las primeras informaciones, el operario murió en el lugar, antes de que pudieran asistirlo. La escena generó una fuerte conmoción entre vecinos y compañeros, mientras los servicios de emergencia trabajaban intensamente en el lugar.
“Fue cuestión de segundos”, deslizaron de manera preliminar fuentes cercanas al operativo, en medio de un clima de profundo dolor y desconcierto.
Ahora, la investigación busca determinar qué ocurrió exactamente: si hubo una falla mecánica, un problema en los elementos de sujeción o algún otro factor que provocó el fatal desenlace. Personal policial y peritos trabajan para reconstruir la secuencia y establecer responsabilidades.
El hecho dejó a toda la comunidad de Catriel golpeada por la tragedia. Se espera que en las próximas horas haya información oficial que permita esclarecer este episodio que terminó de la peor manera.
La decisión ya fue tomada y refuerza medidas urgentes.
La Justicia de Río Negro ratificó una serie de disposiciones en el marco de una causa por violencia familiar iniciada días atrás en Catriel, donde se dispuso la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia una mujer que realizó la denuncia.
Según consta en la resolución emitida por la Unidad Procesal N° 7 de Cipolletti, las medidas alcanzan a un hombre identificado en el expediente y establecen que deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la denunciante, su domicilio y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea público o privado.
De acuerdo a lo indicado en el fallo, la denuncia fue radicada el 2 de abril de 2026, y ese mismo día el Juzgado de Paz de Catriel dispuso las primeras medidas de protección, que ahora fueron ratificadas por la Justicia.
La resolución también establece que el acusado deberá abstenerse de cualquier tipo de contacto, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio. Incluso se advierte que acciones como insistencia en la comunicación, seguimiento o intimidación podrían ser consideradas incumplimientos de la orden judicial.
Según el texto oficial, el objetivo de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo y garantizar la integridad de la persona denunciante, en el marco de la legislación vigente sobre violencia familiar y de género.
Además, se dispuso la realización de rondines policiales durante 15 días en el domicilio de la mujer, como medida adicional de resguardo.
En paralelo, tanto la denunciante como la persona denunciada deberán concurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital de Catriel, donde deberán iniciar un tratamiento en cumplimiento de lo establecido por la normativa provincial.
La Justicia también dejó constancia de que las medidas son de carácter provisorio y que su eventual modificación dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas, incluyendo el tratamiento correspondiente.
Asimismo, se advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la intervención del Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una nueva instancia judicial.
Por ahora, la prioridad está puesta en la protección.
La discusión por la ordenanza 384/24 sumó una nueva postura desde el oficialismo. La concejala Carolina Piris se refirió a la situación generada por la normativa y sostuvo que el conflicto ya fue abordado mediante una nueva herramienta legislativa, al tiempo que cuestionó el planteo de nulidad impulsado desde la oposición.
A través de una publicación en redes sociales, la edil expresó: “Hoy se votó el dictamen 013/26 con el acompañamiento del bloque de concejales del FAVC y la Banca del Pueblo, un proyecto que subsanó el error administrativo que implicó la hoy derogada ordenanza 384/24”.
En ese sentido, agregó: “Para no confundir a vecinos y vecinas, es necesario aclarar: quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros; quienes recuperamos las reservas fiscales, también”, según manifestó públicamente. Piris también se refirió al enfoque adoptado desde su espacio político. “Tengo la plena convicción de que la política solo es útil cuando tiene la madurez necesaria para reconocer sus fallos y la capacidad técnica para resolverlos”, sostuvo.
Además, se refirió al proyecto interbloque impulsado por las concejalas Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré, que propone declarar la nulidad de la ordenanza. “No solo no resolvía el conflicto sino que lo agravaba”, expresó.
De acuerdo a su publicación, avanzar con esa alternativa implicaría consecuencias institucionales y legales. “Declarar la nulidad hacia atrás invadiría facultades del Poder Judicial (…) y dejaría sin sustento legal las operaciones ya realizadas, desprotegiendo a los adquirientes de buena fe”, afirmó.
Las declaraciones se producen en el marco del intercambio entre sectores del oficialismo y la oposición por la validez de la ordenanza que habilitó la desafectación de tierras públicas para su incorporación al Banco Municipal de Tierras.
Mientras desde el oficialismo se sostiene que el conflicto fue corregido mediante un nuevo dictamen, desde la oposición se mantiene el planteo de nulidad de la norma original.
Por el momento, la decisión adoptada en el Concejo pareciera cerrar la cuestión de fondo, pero introduce un nuevo escenario en el tratamiento público del tema, mientras se mantienen distintas posturas sobre el camino jurídico y político elegido. En ese marco, la concejala Carolina Piris atribuyó al oficialismo la resolución de la situación. “Quienes resolvimos el conflicto fuimos nosotros”, expresó en su publicación.
